El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para cerrar el paso a las campañas automatizadas de desinformación que buscan intervenir y manipular los procesos electorales desde el entorno digital.
Ciudad de México, 22 de mayo de 2026
Para garantizar la inclusión laboral a personas con discapacidad, el senador Virgilio Mendoza Amezcua, del Partido Verde, presentó una iniciativa para establecer como obligación de las personas empleadoras destinar al menos el tres por ciento de las plazas de trabajo a este sector poblacional.
Explicó que la autoridad competente para verificar el cumplimiento de la cuota establecida será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de sus inspectores laborales; mientras que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad fungirá como órgano técnico de apoyo en los procedimientos de certificación y acreditación de la discapacidad.
Argumentó que si bien México ha asumido compromisos internacionales firmes en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad, la realidad muestra una brecha estructural que la legislación vigente no ha logrado cerrar.
Destacó que según datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Registro de Información de Personas con Discapacidad (ENRIPED 2023), el 55.7 por ciento de las personas con discapacidad en edad laboral se encuentra fuera del mercado de trabajo formal; mientras que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 68 por ciento de este sector que sí trabaja, lo hace en la informalidad, sin acceso a seguridad social, sin contrato ni prestaciones de ley.
Aseguró que una de las causas es la ausencia de incentivos y obligaciones jurídicas para los empleadores, ya que la legislación actual solamente obliga a las empresas a contar con instalaciones accesibles en centros de trabajo con más de 50 trabajadores, es decir, garantiza el acceso físico, pero no la contratación.
Hizo énfasis en la necesidad de modificar la ley en este sentido, ya que la ausencia de una cuota legal de empleo para personas con discapacidad y de mecanismos claros de acreditación, genera que la inclusión laboral formal dependa exclusivamente de la voluntad del empleador.
Añadió que la cuota de contratación que se sugiere no constituye discriminación contraria a la igualdad formal, sino una medida de igualdad sustantiva en beneficio de las personas con discapacidad, ya que esta omisión legislativa genera consecuencias como ingresos familiares disminuidos, dependencia de transferencias sociales, exclusión del sistema de pensiones y reproducción intergeneracional de la pobreza asociada a la discapacidad.
INICIATIVA:
Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PVEM en Cámara de Senadores