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Iniciativa busca constituir un sistema nacional de registro y verificación de ofertas y entrevistas laborales seguras
A fin de crear un sistema nacional de registro y verificación de ofertas y entrevistas laborales seguras, como mecanismo de carácter obligatorio para garantizar la autenticidad, trazabilidad y seguridad en los procesos de reclutamiento y selección de personal en el territorio nacional, el diputado Favio Castellanos Polanco (Morena) impulsa iniciativa que adiciona la Ley Federal del Trabajo.
Comisión de Trabajo y Previsión Social aprueban dictamen a la minuta sobre reducción de la jornada laboral
Ciudad de México, 21 de abril de 2026
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (Morena), aprobó tres dictámenes que modifican las leyes Federal del Trabajo, Orgánica de la Administración Pública Federal y de Comercio Exterior, en materia de reducción de la jornada laboral, constancias, certificación para la exportación, protección de ecosistemas forestales y uso indebido de datos personales en procesos de contratación.
El primero se refiere a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 58, 59, 61, 66, 67, 68, 69, 132 y 994 de la Ley Federal del Trabajo, para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral.
La diputada Gómez Maldonado resaltó que la Comisión ha escuchado a representantes de los sectores interesados para sacar adelante este importante tema. Indicó que desde 1917 no había una reforma en ese sentido, y en vísperas del 1 de mayo “estamos a punto de materializar una conquista laboral en beneficio de las y los trabajadores. Nos tocó participar en este proceso de transformación”.
El diputado Yericó Abramo Masso (PRI) manifestó que este es un buen logro, pero aún está pendiente el tema de los dos días de descanso. Se pronunció por seguir construyendo mejores condiciones para las y los mexicanos, en pro del fortalecimiento, el crecimiento económico y la dignificación del trabajo.
Del PT, la diputada Margarita García García afirmó que es tiempo de las y los trabajadores y con esta reforma se salda una deuda, además se armoniza con la reforma constitucional aprobada el 25 de febrero. Esto es justicia laboral, dijo, porque permanecer más tiempo en el trabajo no siempre significa más productividad, y trabajar menos horas tiene beneficios para las personas trabajadoras y las empleadoras.
Gabriela Benavides Cobos, diputada del PVEM, señaló que una jornada laboral menor mejora la salud y calidad de vida, evita las afectaciones de la salud mental y los riesgos sicosociales. Además, la reforma alinea a México con los estándares internacionales. Se manifestó a favor de la justicia laboral para millones de trabajadoras y trabajadores
Enseguida el diputado Theodoros Kalionchiz De la Fuente (PAN) se pronunció a favor de la reforma, aunque consideró que habría sido mejor aprobar cinco días de trabajo por dos de descanso, brindar incentivos fiscales y la reducción de las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social. Afirmó que la reforma beneficiará al país e hizo votos para que se complemente con otras modificaciones que beneficien a todos.
El diputado Gilberto Daniel Castillo García (Morena) expresó que se dio respuesta a un reclamo de más de 50 años, y es un paso agigantado hacia el futuro, porque en otros países ya están trabajando sobre las 36 horas o menos, pero es un gran avance. Dijo que se ha trabajado de manera responsable para el trabajador y los empresarios en beneficio de ambos sectores
El dictamen a la minuta establece que la jornada laboral podrá distribuirse de común acuerdo por las personas empleadoras y trabajadoras; su duración máxima será de 40 a horas a la semana y ocho al día, podrá prolongarse por situaciones extraordinarias y se abonará como salario por ese tiempo 100 por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias. El tiempo extraordinario no excederá de doce horas en una semana.
Precisa que las personas trabajadoras no están obligadas a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido y que se pagará doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria y que la suma de ambas jornadas no podrá ser mayor a doce horas diarias. También estipula que por cada seis días de trabajo se deberá otorgar, por lo menos, un día de descanso con goce de salario íntegro.
También establece como obligación de las personas empleadoras registrar de manera electrónica la jornada laboral de cada persona trabajadora, incluyendo el horario de inicio y finalización y proporcionarlo a la autoridad cuando se le requiera.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedirá las disposiciones de carácter general que determinen el ámbito de aplicación y excepción a la obligación establecida en el párrafo que antecede. El contenido del registro electrónico hará prueba plena si se acredita que fue acordado entre la persona trabajadora y empleadora.
Además, impone multa de 250 a cinco mil Unidades de Medida y Actualización a la persona empleadora obligada que incumpla con esta disposición.
En los artículos transitorios precisa que la duración de la jornada laboral se alcanzará de manera gradual, hasta alcanzar las 40 horas. A partir del 1 de enero de 2026, serán 48 horas; en 2027, 46; en 2028, 44; en 2029, 42; y, finalmente, en 2030, 40.
Por lo que se refiere a la jornada extraordinaria, también se alcanzará de manera gradual para llegar a las 12 horas. En 2026 y 2027, serán nueve horas; en 2028, 10; en 2029, 11 y en 2030, 12.
Además, el periodo del 1 mayo al 31 de diciembre de 2026 permitirá a las personas trabajadoras y empleadoras ajustar los procesos de trabajo.
Certificación laboral
El segundo dictamen aprobado corresponde a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la Orgánica de la Administración Pública Federal y la de Comercio Exterior, en materia de certificación laboral.
El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que (PRI) señaló que la certificación brinda instrumentos para llegar a la primera línea de acción en ese sector. Propuso realizar una campaña de comunicación para socializar la nueva certificación y no se convierta en un conflicto, sino en bienestar, oportunidades, prestaciones y mejores condiciones laborales de colaboradores, exportadores y productores del campo.
Daniel Murguía Lardizábal, diputado de Morena, afirmó que la producción agrícola es de gran importancia para la economía del país por su aportación al Producto Interno Bruto, la generación de empleos, la sustentabilidad y la seguridad alimentaria. De ahí la necesidad de brindar protección laboral y priorizar el esfuerzo de productores y comunidades de las exportaciones agrícolas.
La reforma plantea adicionar el artículo 283 Quater a la Ley Federal del Trabajo, para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pueda expedir un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emitan las autoridades competentes.
También, el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que dicha dependencia pueda expedir certificaciones de conformidad con la normativa aplicable, y el artículo 15 de la Ley de Comercio Exterior, para precisar que las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación de mercancías, se podrán establecer cuando se trate de o prevenir la deforestación y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización.
Uso indebido de datos personales en procesos de contratación
Enseguida se avaló el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de uso indebido de datos personales en procesos de contratación.
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) se pronunció a favor de las reformas que benefician a la clase trabajadora y afirmó que garantizar la protección de sus datos sensible es fundamental pues es un derecho que no se haga mal uso de los mismos.
De Morena, el diputado Manuel Valdenebro explicó que hay prácticas en las que los datos de personas trabajadoras que hayan defendido y exigido sus derechos laborales, se integran a una lista para que ninguna empresa las contrate. Se busca, dijo, saldar una deuda histórica con muchas personas que fueron despedidas injustamente y no contratadas.
Mediante esa modificación se plantea prohibir a las personas empleadoras utilizar el sistema de registro que consiste en el uso o difusión de datos personales sensibles, en términos de la Ley en la materia, sobre las personas trabajadoras que se separen o sean separadas del trabajo, a fin de limitar o condicionar el acceso o permanencia al empleo. También estipula que no se podrán imponer condiciones que impliquen discriminación entre las personas trabajadoras.
Constancias laborales
Finalmente se avaló el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de constancias laborales.
Del PAN, la diputada Ana María Balderas Trejo expresó que la reforma tiene efectos muy profundos, porque es la prueba de años de esfuerzo, responsabilidad y compromiso con una empresa y es necesaria para poder rentar una casa, solicitar becas, créditos o acreditar su experiencia ante un nuevo empleo y acceder a mejores oportunidades. Muchas personas enfrentan obstáculos para obtener el documento y esta reforma elimina las barreras.
La diputada Petra Romero Gómez (Morena) destacó que es un avance de los derechos laborales, pues la falta de constancias provoca incertidumbre y limita el acceso a nuevas oportunidades laborales, por lo que la reforma da certeza jurídica a quienes tienen dificultades para comprobar su experiencia, antigüedad y trayectoria.
El dictamen impone la obligación de las personas empleadoras de expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa, en un término de cinco días, una constancia laboral en el formato oficial que para tal efecto emita la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, misma que deberá tener como mínimo los datos generales del trabajador, puestos desempeñados y tiempo laborado y podrá expedirse en formato físico o electrónico, teniendo la misma validez oficial, siempre que permita verificar la autenticidad de la información contenida.
Una vez aprobados, los dictámenes fueron remitidos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para sus efectos legislativos correspondientes.