Ciudad de México, 13 de mayo de 2026

Integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debatieron sobre la situación política actual, particularmente la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo realizado en Chihuahua y la propuesta para desaparecer poderes en Sinaloa.

Al presentar el tema, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, señaló que la oposición quiere construir una narrativa “tramposa” para que una acusación extranjera contra el gobierno de Sinaloa se traduzca en una “sentencia política, mientras que en el caso de Chihuahua se quiera absolver a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Añadió que en tanto en Sinaloa se habla de acusaciones que sin duda ya se están investigando de acuerdo con las leyes mexicanas y con el debido proceso; en Chihuahua, señaló, se habla de un hecho en territorio nacional que toca soberanía, seguridad y al mando político actual, así como de una gobernadora que desconocía lo que ocurría en su estado.

También de Morena, la senadora Julieta Ramírez Padilla sostuvo que hay una gran diferencia entre los casos de Chihuahua y Sinaloa, pues el primero es un caso de violación directa a la soberanía nacional desde un gobierno estatal; en tanto que el segundo, es una acusación formulada y dada a conocer desde un gobierno extranjero.

Al respecto, el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del mismo partido, indicó que lo ocurrido en Chihuahua es inédito y grave por ser el más grande de los estados, en extensión territorial, pero también por su valor histórico y su gente, de ahí que sea lamentable que tenga una mandataria estatal “descuidada, que es omisa”, pero, sobre todo, que ha transgredido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, calificó como un “parteaguas” la solicitud de Estados Unidos para extraditar al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, pues consideró que con ello el país se comenzará a “limpiar” de la “narcopolítica” que, señaló, ha aumentado su presencia desde la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En tanto que su compañera de partido, la diputada Verónica Pérez Herrera señaló que los procesos electorales de 2021 y de 2024 fueron en realidad unas “narco elecciones”, pues hubo presencia de la delincuencia organizada en las casillas para influir en la decisión de los electores; “¿creen que se vota libre cuando en una mano te ponen un billete y en la otra una pistola?”, cuestionó.

Anabell Ávalos Zempoalteca, senadora del PRI, lamentó que la situación política del país sea una “tragedia”, ya que la administración federal “está rebasa por la violencia”, algo que ha generado “narco gobiernos” y que ha provocado que las autoridades se encuentren “acorraladas y atemorizadas”.

Su compañero de la Cámara de Diputados, Rubén Ignacio Moreira Valdez, criticó que el gobierno federal haya propuesto recortar el calendario escolar, algo que, señaló, la ley no lo permite; señaló que esa medida afectaría la educación de jóvenes y menores del país, cuyas capacidades lectora y matemática han disminuido, según la prueba internacional PISA.

Por el PT, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre destacó la reducción del 40 por ciento de homicidios dolosos en el país y al referirse al operativo realizado por agentes de la CIA en Chihuahua, manifestó que no existe cooperación internacional institucional transparente en ese estado y lo sucedido no puede reducirse a la renuncia de algún funcionario público.

Mary Carmen Bernal Martínez, diputada del PT, mencionó que nadie cuestiona la necesidad de combatir al crimen, lo que se cuestiona es cómo se llevaron a cabo las acciones en Chihuahua. De ser necesario, pidió, se solicite a la Cámara de Diputados el inicio de procedimiento de declaración de procedencia para retirar la inmunidad constitucional a la gobernadora de esa entidad y que pueda ser sujeta a proceso penal correspondiente por el probable delito de traición a la patria.

El senador, José Clemente Castañeda Hoeflich de MC, manifestó que en las últimas horas se han dado una serie de mensajes por parte de funcionarios de Estados Unidos, en los que esbozan entre otras cosas el término “limpieza de las ciudades”, lo que debería poner en alerta máxima al Estado mexicano, obligar a una respuesta a la altura de las circunstancias, no minimizar el problema o inventar distractores.

Del mismo partido, el diputado Gibrán Ramírez Reyes planteó, ante la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump realice una “extracción” de Rubén Rocha Moya, la necesidad de responder con otra operación de Estado por parte de México, no con una operación partidista, sino impulsar un proceso de justicia que cambie las condiciones en que se procesa a las personas que se dedican a la actividad política.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores