En Comisión aprueban reforma constitucional para aplazar elección judicial del 2027 al primer domingo de junio de 2028

Ciudad de México, 26 de mayo de 2026

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de reformas a la Constitución Política para aplazar la siguiente elección judicial del año 2027, a fin de que se celebre el primer domingo de junio de 2028, y que la revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del año que corresponda de forma coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.

Con 29 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones, la instancia avaló dicho dictamen, que deriva de una iniciativa enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y diversas propuestas de diputadas, diputados, senadoras y senadores de Morena, PAN y MC, y lo remitió a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa.

Fija cambios respecto a la operación de los Comités de Evaluación y del proceso de evaluación y selección de personas aspirantes, reducción de candidaturas, simplificación y blindaje del voto, y principio de paridad de género; organización territorial de la elección judicial por circuito y especialidad, y estructura de los distritos electorales.

También, la asignación de candidaturas por especialidad y distrito, cargos asignados a dos o más distritos, adecuación del marco geográfico en cada proceso electoral, fortalecimiento de la función jurisdiccional, creación de secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y elección de poderes judiciales locales.

El documento, avalado en la Comisión presidida por el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), modifica los artículos constitucionales 35, fracción IX, párrafo segundo, numeral 3; 94, párrafos tercero, cuarto y quinto; 96, párrafo primero, fracciones I, II, incisos b) y c), III, párrafo primero, y IV, y párrafos segundo y tercero; 98, párrafos primero y tercero; 100, párrafos noveno y décimo; 116, párrafo segundo, fracción III, párrafo cuarto, y 122, apartado A, fracción IV, párrafo primero, y adiciona los artículos 96, los párrafos noveno, décimo y décimo primero; 98, el párrafo cuarto, y 122, apartado A, fracción IV, el párrafo segundo y, se recorren los subsecuentes en su orden.

Además, los artículos transitorios Segundo, párrafo cuarto; Cuarto, párrafos primero, tercero y sexto, y Octavo, párrafo segundo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, relativos al cambio de la fecha de la elección judicial.

Intervenciones de diputadas y diputados

En la primera ronda, la diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena) dijo que mover la elección judicial al 2028 ayudará a tener mejores procedimientos, además se reduce el número de candidaturas finales, incorpora medidas para mejorar el diseño de la boleta y tener magistrados mejor capacitados. “Esta reforma tiene el sentir de la ciudadanía”.

La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) expresó que el dictamen es la apreciación y el reconocimiento del fracaso de la reforma judicial y contempla riesgos al no garantizar la independencia del Poder Judicial. Se requiere de técnica y especialización y no de improvisación, no contempla la participación ciudadana ni a la academia, y mover la fecha no resuelve nada.

Ana Erika Santana González, diputada del PVEM, argumentó que la reforma no solo ajusta tiempos y procedimientos sino incorpora mecanismos orientados a ampliar la participación ciudadana, transparentar los procesos de selección y fortalecer la legitimidad democrática de quienes desempeñan funciones judiciales.

La diputada Irma Yordana Garay Loredo (PT) argumentó que se perfeccionan los mecanismos de selección, evaluación y desempeño de quienes harán realidad la justicia y se garantiza la participación igualitaria de mujeres y hombres. “El pueblo exige servidores públicos cercanos, sensibles y comprometidos con la ética, honestidad y el bienestar colectivo”.

Para el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) este intento de corrección es el reconocimiento de que la reforma judicial no funciona en el país y trajo perjuicios operativos, y con el cambio de fecha para la elección judicial de 2027 a 2028 se está en la posibilidad de juntarla con la revocación de mandato. “Vamos en contra de este intento de corrección”.

Claudia Ruiz Massieu Salinas, diputada de MC, comentó que el dictamen es el reconocimiento de que la reforma al Poder Judicial era defectuosa e inviable; aplazar la elección judicial no va a resolver los problemas de fondo y no se corrige el diseño institucional. “Vamos a votar en contra porque perpetúan errores, no se requieren parches”. 

En la segunda ronda, de Morena, el diputado Carlos Hernández Mirón, dijo que se va revisando en el transcurso del tiempo de la elección del Poder Judicial algunas situaciones que son inconvenientes; por ello, se reduce hoy el número de participantes con los elementos más precisos para evaluar la capacidad y legitimidad.

El diputado Fernando Torres Graciano (PAN) señaló que la reforma judicial debe ser técnica y autónoma, tener mecanismos para la selección de los perfiles, participación de universidades y colegios, el fortalecimiento de la carrera judicial y de los criterios para el mérito que garantice la plena independencia del Poder Judicial.

Juan Luis Carrillo Soberanis, diputado del PVEM, indicó que esta iniciativa tiene aspectos como reducir el número de candidaturas por boleta y hacer claro su diseño, lo cual contribuye a que el proceso electoral sea más comprensible para las y los ciudadanos. También, el fortalecimiento de mecanismos de selección de candidatos.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) comentó que presentarán una reserva que tiene que ver con la insaculación como el ultimo método que no debe ser utilizado para una cosa tan seria como nombrar un juez o magistrado. “Nosotros sabemos que las normas son perfectibles y es lo que hoy estamos viniendo a hacer”.

En su intervención, el diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que (PRI) manifestó que esta situación sobre mandar al 2028 la elección va a costar más dinero, unos 10 o 15 mil millones de pesos más, los cuales pueden ser utilizados para los hospitales, clínicas, universidades, carreteras, campo y mecanización.

La diputada Laura Hernández García (MC) mencionó que para garantizar la justicia en México es necesario priorizar acciones que garanticen la independencia del Poder Judicial, reducir el control político y no darle un golpe al federalismo, y realmente representar a las víctimas y hacer una revisión de las fiscalías.

Nulidad de elecciones por intervención extranjera

Por otra parte, la Comisión avaló con 28 votos a favor, 9 en contra y dos abstenciones, el proyecto de dictamen por el que se adiciona un inciso a la base VI del artículo 41, de la Constitución Política, para introducir como una nueva causal de nulidad de elecciones la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales.

El régimen transitorio del dictamen, que deriva de una iniciativa presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), precisa que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco normativo para adecuarlo al contenido de este decreto, antes del 5 de junio de 2026.

Además, el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de las entidades federativas revisarán y adecuarán sus disposiciones normativas y administrativas para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el presente decreto.

Participación de diputadas y diputados

En la primera ronda, la diputada Clara Cárdenas Galván (Morena) afirmó que la reforma refleja un paso histórico hacia el blindaje de la República. Sostuvo que permitir que agentes foráneos, gobiernos extranjeros o intereses corporativos transnacionales intervengan en las campañas, es traicionar el principio de independencia de la vida democrática. Votar a favor significa un compromiso con la soberanía.

La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) consideró que el dictamen tiene diversas ambigüedades y omite abordar otros fenómenos que afectan la autenticidad de los procesos electorales en el país, como es la intervención del crimen organizado, la violencia política, la coacción territorial y la infiltración criminal en campañas y gobiernos locales. 

Por el PVEM, la diputada Ruth Maricela Silva Andraca calificó como coherente incluir una nueva causal de nulidad de elecciones federales y locales; es una reforma moderna, acorde a los desafíos de los nuevos tiempos y de ninguna manera abre la puerta a interpretaciones discrecionales. “Respaldamos una democracia libre, auténtica y soberana, sin injerencias extranjeras”.

Mary Carmen Bernal Martínez, diputada del PT, se manifestó para que en la reglamentación de la reforma constitucional quede debidamente acotado y establecido lo que se adiciona hoy en el artículo 41, y que la armonización en los congresos locales sea correcta, no haya interpretación y se vigile la regulación.

En opinión del diputado Alejandro Domínguez (PRI) el dictamen nace del miedo, la intolerancia, de debacle político y un concepto torcido de soberanía. En la redacción –dijo– hay ambigüedad, porque no define qué es intervención extranjera, se violan diversos principios, limita la libertad de expresión y es una reforma intolerante.

La diputada de MC, Irais Virginia Reyes De la Torre externó que se está haciendo una reforma que “supuestamente busca blindar a México de la intervención extranjera en procesos electorales, pero solamente es bonito el discurso a la soberanía, cuando se usa para anular elecciones cuando hay críticas contra políticos mexicanos o contra el gobierno”.

Al participar en la segunda ronda, la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano (Morena) refirió que la democracia pierde sentido cuando intereses ajenos a la nación intentan influir en la voluntad popular. “Resulta necesario fortalecer nuestras instituciones y cerrar cualquier espacio que permita que actores externos vulneren nuestros procesos democráticos”. 

Del PAN, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala comentó que es necesario ir a las sierras de los estados de Guerrero, Chiapas, Jalisco, Zacatecas y Michoacán donde los habitantes no pueden elegir libremente quién los gobierne. “Si quieren soberanía vayamos y veamos cómo están; eso se llama soberanía”.  

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) explicó que la reforma que se está discutiendo tiene que ver con proteger la soberanía nacional y democrática del país. “La democracia se debe defender de todos aquellos intereses externos o presiones ajenas que pueden influir en una elección que es la voluntad de las y los mexicanos”.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) manifestó que la intervención extranjera es una realidad en el país. “Si pierden la mayoría en la cámara de representantes del país vecino, entonces, es el futuro de Trump el que está en la mira y quieren utilizar a México; por ello es importante que sea nuestro país el que decida y resuelva”.

Del PRI, la diputada Nadia Navarro Acevedo consideró que se tiene un sistema judicial debilitado, con recursos humanos y de presupuestos limitados; pero, además preocupa el nivel de conocimiento tan bajo que se ve en la Suprema Corte o en distintos niveles de este sistema. “Hoy garantizar el Estado de derecho y la certeza jurídica incide en todos los aspectos”.

Laura Hernández, diputada de MC, explicó que la realización de actos de intervención extranjera debe ser directa o indirecta mediante amenaza, ciberataques u otras conductas graves atribuibles a gobiernos, entidades, organizaciones, personas extranjeras o agentes que actúen por cuenta de estos cuando dichos actos tengan por objeto beneficiar o perjudicar una candidatura.

El diputado Leonel Godoy informó que la junta directiva determinó que los votos particulares y reservas de los proyectos de decreto se presentarían en la sesión del Pleno, y los remitió a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados