Ciudad de México, 26 de mayo de 2026

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC externaron sus posturas respecto al dictamen de reforma constitucional que aplaza la siguiente elección judicial de 2027 para el primer domingo de junio de 2028, y precisa que la revocación de mandato se realice de forma coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.

Se busca mejorar las elecciones judiciales

El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) comentó que este dictamen tiene seis iniciativas, dos de Morena, una del PAN y dos de MC, además la de la presidenta. “Estamos haciendo una propuesta de reforma que busca no solo cambiar la fecha que era suficiente sino también mejorar la calidad de quienes van a ir a la elección judicial en el 2028; por eso, hay varias reformas que se harán”.

Mencionó que no solo está la Comisión de Verificación de la Integridad de los Candidatos que le va a corresponder al INE sino la capacitación permanente, las certificaciones que se deben de dar, y la búsqueda que los comités de evaluación tengan un mejor nivel y sepan además que hacer y reducir el número de los que irán a la tómbola.

Necesitamos una reforma técnica y autónoma, con mecanismos de participación ciudadana

Del PAN, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá consideró que con la aprobación de la reforma al Poder Judicial en 2024 se politizó al poder que no debe ser representante de nadie. “El Poder Judicial existe para impartir justicia de manera técnica, objetiva, neutral y profesional”. Agregó que la carrera judicial debe privilegiar la impartición de justicia y no democratizar un proceso tan delicado como lo es elegir a una o un ministro, magistrado o juez.

También del PAN, el diputado Fernando Torres Graciano resaltó que es necesario corregir de manera profunda la justicia en México y lograr una reforma al Poder Judicial que brinde independencia, autonomía, profesionalismo y el estatus que México requiere en la impartición de justicia. “Necesitamos una reforma técnica y autónoma, que contenga mecanismos de participación ciudadana independiente para le selección de los mejores perfiles”.

Necesario, fortalecer la participación ciudadana y al Poder Judicial

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) explicó que lo que hoy se plantea no es detener la transformación del Poder Judicial; al contrario, es perfeccionarla, fortalecerla y darle bases más firmes para que pueda consolidarse con legitimidad y confianza social. Asimismo, respaldó la propuesta de recorrer la elección judicial de 2027 al 2028.

La diputada Ana Erika Santana González (PVEM) indicó que entre los aspectos relevantes de esta reforma destacan la incorporación de mecanismos orientados a ampliar y fortalecer la participación ciudadana, mejorar procedimientos de organización electoral, y reglas más claras para garantizar condiciones de equidad en la contienda. 

También del PVEM, el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, refirió que el propósito central de esta propuesta es fortalecer los mecanismos para que la voluntad popular se exprese con absoluta eficacia, permitiendo que el nuevo Poder Judicial se consolide bajo una legitimidad incuestionable. Además, se avanza en el diseño de boletas claras que faciliten el ejercicio del voto.

La iniciativa representa una transformación profunda y necesaria

Irma Yordana Garay Loredo, diputada del PT, opinó que la iniciativa enviada por la titular del Ejecutivo representa una trasformación profunda y necesaria con los tiempos actuales que vive el país. “Esta reforma propone reducir el número de candidaturas para garantizar que lleguen a las boletas perfiles verdaderamente preparados, evaluados, con responsabilidad, capacidad y compromiso con la nación”.

Del mismo grupo parlamentario, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez señaló que la función de las y los legisladores es satisfacer las necesidades de la población, a través de modificaciones a la ley. Por ello, explicó que es necesario realizar correcciones como cambiar la fecha de 2027 a 2028, mejorar mecanismos de organización para la autoridad electoral y un proceso electoral más eficiente y confiable.

A su vez, Lilia Aguilar Gil, diputada del PT, mencionó que el reconocimiento de las fallas legislativas hoy los lleva a realizar dichas correcciones. “Es una iniciativa que pretende fortalecer una apuesta que ha hecho este gobierno, que tiene que ver con que el Poder Judicial esté en manos de la gente, eso es inédito. Fortalezcamos las instituciones, en lugar de dar discursos vacíos en esta tribuna”. 

La impartición de justicia requiere un alto nivel de conocimiento

Del PRI, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez consideró que esta iniciativa reconoce el fracaso de la reforma judicial de 2024 porque ahora pretende posponer las elecciones, rediseñar procedimientos y corregir contradicciones que jamás debieron de ser aprobados; sin embargo, no corrige los problemas de fondo. “Una reforma judicial sí, pero, que garantice lo técnico sobre lo político”.

La diputada del PRI, Nadia Navarro Acevedo, señaló que la nueva Suprema Corte hoy registra una caída del 40 por ciento de productividad y el Tribunal de Disciplina Judicial ha recibido más de 4,500 quejas contra juzgadores y juzgadores recién electos. “México necesita jueces que trabajen y un gobierno que rinda cuentas y construya una visión de Estado”.

La reforma no responde a la realidad de una nación sedienta de justicia

Para la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (MC) aplazar la elección de juzgadores de 2027 a 2028 es una medida temporal que no resolverá el problema de fondo, la concurrencia electoral volverá en los próximos años, la nominación seguirá siendo un proceso político y la insaculación llevará a los juzgados y tribunales a candidatos controvertidos, con nexos y antecedentes cuestionables, que pondrán en entredicho su idoneidad, independencia y profesionalismo.

De MC, la diputada Laura Hernández García consideró que la reforma no responde a la realidad de una nación sedienta de justicia, ante la gran cantidad de violaciones a los derechos humanos de toda índole, como consecuencia de la falta de capacidad del Poder Judicial, que se reformó sin saber realmente que se requería para su fortalecimiento.

También de MC, la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre advirtió que la iniciativa no resuelve el problema estructural, ya que desfasan la elección judicial de 2027 a 2028, mantienen como mecanismo decisivo “la tómbola”, vuelve a incluir “mañosamente” la revocación de mandato, que permitirá coincidir con elecciones locales o federales y obliga a los estados a copiar exactamente el modelo federal, aunque sus realidades sean distintas.

Posturas a favor y en contra

El diputado Oscar Iván Brito Zapata (Morena) resaltó que el dictamen busca mejorar y perfeccionar la reforma al Poder Judicial, ya que la elección pasará a junio de 2028, simplifica la forma en que se elegirán las candidaturas, habrá una comisión coordinadora encargada de evaluar los trabajos y mejora la boleta. “Hoy la justicia ya no está destinada para uno cuantos”.   

Para la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer (PAN) esta reforma no es una muestra de fortaleza sino la confesión pública de que se improvisó la justicia en México. “Se quiere vender como un ajuste técnico pero los datos demuestran lo contrario. Continúa intacta la politización de la justicia, no elimina la elección popular solo hace más administrable el modelo”.

Ruth Maricela Silva Andraca, diputada del PVEM, comentó que la finalidad es fortalecer los procesos electorales judiciales venideros y dotar de mayor eficacia, certeza y viabilidad operativa al nuevo modelo democrático; por ello, se reprograman las elecciones de personas juzgadoras, homologa tiempos y que los procesos se realicen en las casillas donde haya elecciones federales y locales.

A su vez, la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez (MC) indicó que hoy se discute nuevamente la posibilidad de que mexicanas y mexicanos tengan una reforma al Poder Judicial, y “estamos en contra en congruencia con lo que Movimiento Ciudadano ha enarbolado: la enorme deuda que hay de justicia con los más débiles y más pobres”.

El diputado José Luis Téllez Marín (PT) señaló que esta iniciativa fortalece las bases constitucionales para consolidar un nuevo modelo de justicia con mayor transparencia, evaluación permanente, procesos homologados, mecanismos públicos de selección y con una auténtica rendición de cuentas.

Del PRI, el diputado Yerico Abramo Masso externó que la iniciativa tiene como objetivo corregir un ajuste de calendario, y que la reforma de septiembre de 2024 al Poder Judicial ha causado una incertidumbre jurídica que está frenando el desarrollo económico de México.

José Alejandro Peña Villa, diputado de Morena, refirió que con esta reforma se establecen reglas claras, se garantiza la transparencia, la legitimidad de la democracia y que exista una mejor evaluación. Asimismo, lo principal que se plantea es el cambio de fecha de la elección que pase al 2028 y esto se lleve a cabo en lo federal y local.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Omar Antonio Borboa Becerra (PAN) comentó que la gente está inconforme porque no hay justicia y los tratados internacionales se están cayendo porque no hay certeza jurídica. “Esta reforma hoy la están tratando de hacer un poco mejor que la pasada; sin embargo, no está bien”.

Del PVEM, el diputado Alejandro Pérez Cuéllar afirmó que el dictamen fortalece principios fundamentales como la certeza, trasparencia, imparcialidad y seguridad jurídica, mediante reglas más claras para la elección de personas juzgadoras, mecanismos de evolución más estrictos y procesos electorales accesibles para la población.

En tanto, el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla (PRI) dijo que “mientras el país se encienda, aquí quieren discutir, por enésima vez, cómo repartirse el control del Poder Judicial. México no está hablando de jueces en las calles, está hablando de muertos, fosas clandestinas y crematorios como en los peores momentos de la historia de la humanidad”.

De Morena, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar cuestionó por qué “se niegan a aceptar que es un acierto haber concluido con la disminución de las y los candidatos a los puestos de representación de juzgadores y juzgadoras, casi el 60 por ciento de los puestos a elegir ahora se disminuyen. Explicó que esto permite una mayor claridad para la ciudadanía y así puedan conocer la trayectoria y experiencia de quienes aparecen en la boleta

Al hablar en contra, el diputado Luis Agustín Rodríguez Torres (PAN) dijo que hoy pueden comprobar “el rotundo fracaso del modelo de reforma judicial” que se llevó a cabo en 2024.

Para rectificación de hechos participaron los diputados Pablo Vázquez Ahued (MC) y Francisco Arturo Federico Ávila Anaya (Morena).

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados