Ciudad de México, 17 de junio de 2026

La diputada Lorena García señaló que la autonomía de la autoridad fiscal debe demostrarse con hechos y no sólo con declaraciones.

Cuestionó qué garantías existirán para que las auditorías a grandes contribuyentes se realicen sin interferencias políticas.

Afirmó que el Congreso tiene la obligación de revisar la idoneidad de quienes encabezan instituciones estratégicas para el país.

Durante la reunión de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, la diputada del Grupo Parlamentario del PAN, Lorena García Jimeno Alcocer, sostuvo que la responsabilidad de ratificar a la próxima titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria exige revisar no sólo la legalidad del nombramiento, sino también la independencia y solidez técnica del perfil propuesto.

La legisladora subrayó que la Administración General de Grandes Contribuyentes es una de las áreas más sensibles del Estado mexicano, debido a que tiene bajo su responsabilidad la recaudación fiscal más importante del país, por lo que debe estar guiada por criterios estrictamente profesionales.

“La independencia que usted representa debe demostrarse, no es exclusivamente mencionarla”, expresó.

Lorena García aclaró que Acción Nacional no cuestiona la legalidad del nombramiento, sino que considera indispensable que la autoridad fiscal mantenga autonomía frente a cualquier interés político.

“Estamos hablando de una institución responsable de recaudar los recursos con los que funciona el Estado mexicano. El SAT debe ser un SAT fuerte, debe ser un SAT profesional y debe ser técnicamente autónomo”, afirmó.

La diputada panista señaló que el Congreso tiene la obligación de formular preguntas legítimas sobre la experiencia técnica y las garantías de independencia de quienes aspiran a ocupar cargos estratégicos para el país.

En ese sentido, planteó diversos cuestionamientos relacionados con la experiencia especializada en fiscalidad internacional y con las garantías para que las auditorías a grandes contribuyentes se realicen con absoluta imparcialidad.

Asimismo, preguntó si existe el compromiso de rechazar cualquier recomendación o intervención de carácter político en las decisiones institucionales relevantes y qué garantías concretas pueden ofrecerse para asegurar que las revisiones a contribuyentes vinculados al poder político se desarrollen con plena independencia.

Finalmente, Lorena García reiteró que fortalecer las instituciones fiscales implica garantizar que sus decisiones se encuentren respaldadas por criterios técnicos, profesionales y alejados de cualquier presión política.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados