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Crisis de personas desaparecidas en México, una de las más delicadas y dolorosas: Colosio Riojas
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas consideró la crisis de personas desaparecidas en México como una de las más delicadas y dolorosas, porque representa una grave violación a múltiples derechos humanos y a la dignidad de las personas.
Las decisiones sobre nuevos partidos políticos se sustentan en evidencia y cumplimiento legal
Ciudad de México, 17 de junio de 2026
La etapa final del procedimiento para constituir un Partido Político Nacional consiste en la revisión integral de los expedientes presentados por las organizaciones interesadas y en la emisión de las resoluciones correspondientes. Durante esta fase, las áreas técnicas del Instituto Nacional Electoral (INE) verifican el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables.
La revisión comprende el análisis de afiliaciones, asambleas, documentos básicos, obligaciones de fiscalización y demás elementos previstos por la normatividad electoral.
Entre los aspectos que el Instituto verifica se encuentran el cumplimiento de requisitos legales, la validez de las afiliaciones, la ausencia de doble afiliación, el cumplimiento de obligaciones de fiscalización, la legalidad de las asambleas y la integridad de los documentos básicos.
Con base en los resultados de estas revisiones, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos elabora los proyectos de dictamen que posteriormente son analizados por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.
Finalmente, corresponde al Consejo General determinar la procedencia o improcedencia de cada solicitud de registro.
Es importante destacar que el Instituto Nacional Electoral no evalúa ideologías, programas políticos, propuestas de gobierno o posiciones partidistas.
La función de la autoridad electoral consiste exclusivamente en verificar si las organizaciones cumplen o no los requisitos previstos por la ley.
Gracias a este modelo institucional, la ciudadanía puede tener la certeza de que las resoluciones se sustentan en evidencia documental, análisis especializados y criterios jurídicos previamente establecidos.