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Monreal Ávila aseguró que se debatirá a fondo cada tema del Paquete Económico
El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que el Paquete Económico 2027 se empezará a analizar ya en unas semanas más, “quizás la tercera semana de septiembre, octubre y, si es necesario, noviembre, para que quede muy claro a toda la población”.
Herrera Villavicencio lleva a cabo el foro “Democracia sin barreras. Derechos políticos de las personas con discapacidad”
9 de septiembre de 2026
La diputada de Morena, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, indica que el propósito es generar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias sobre la garantía de los derechos político electorales de las personas con discapacidad
La diputada Mónica Herrera Villavicencio (Morena), secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, realizó el foro “Democracia sin barreras. Derechos políticos de las personas con discapacidad”, con el propósito de generar un espacio de diálogo, análisis e intercambio de experiencias sobre el ejercicio y la garantía de los derechos político electorales de las personas con discapacidad.
Al dar la bienvenida, planteó fortalecer los mecanismos de verificación de las candidaturas registradas mediante acciones afirmativas, garantizar la accesibilidad de las casillas electorales y reconocer la violencia política por razón de discapacidad, a fin de asegurar la participación plena de este sector de la población en la vida democrática del país.
En el encuentro, organizado con la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (Renacedi), señaló que las acciones afirmativas son un derecho y no una concesión.
Anotó que actualmente las personas con discapacidad representan 16.5 por ciento de la población, pero su presencia en la Cámara de Diputados continúa siendo reducida, por lo que propuso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los tribunales locales establezcan un mecanismo de verificación real de las candidaturas de personas con discapacidad, con participación de las organizaciones de este sector, para evitar simulaciones.
Recordó que durante el proceso electoral de 2024 hubo candidaturas que se acreditaron como personas con discapacidad, sin serlo. “Así que yo les pido con mucho respeto que desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales locales se cree un mecanismo de verificación real con la participación de las organizaciones de personas con discapacidad”.
Pidió garantizar la accesibilidad de las casillas y que esta condición sea considerada una causal de nulidad, ya que de poco sirve que una persona con discapacidad pueda ser candidata si quienes integran este sector no pueden ejercer su derecho al voto en condiciones de igualdad, autonomía y secrecía.
También propuso reconocer y sancionar la violencia política por razón de discapacidad, al relatar que durante sus campañas enfrentó comentarios relacionados con su condición física y cuestionamientos sobre su capacidad para legislar, por lo que planteó trabajar en conjunto para generar mecanismos que permitan sancionarla.
En su oportunidad, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, subrayó que una democracia plena significa garantizar los derechos políticos de las personas con discapacidad, además de reconocer que la participación no es un privilegio, sino un derecho fundamental.
Afirmó que la inclusión no es un favor que se otorga desde el poder, ni una cuota que se cumple por cumplir, sino que es una cuestión elemental de justicia y respeto de los derechos humanos, ya que, desde la perspectiva de la transformación nacional, se debe partir con la convicción de que no puede hablarse de un México avanzado si se deja fuera a tanta gente de las decisiones públicas.
“Por eso celebro la realización de este foro, organizado por la Renacedi, por la democracia incluyente. Necesitamos escuchar, entender qué falta por hacer desde el Congreso. Hago votos para que lo que se hable hoy no quede únicamente en el papel, sino que se contribuya de manera activa para abrir puertas y derribar los muros que dividen todavía a la sociedad”, expresó.
Por su parte, el diputado Favio Castellanos Polanco (Morena), secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que “los derechos políticos de las personas con discapacidad no son una concesión ni un acto de buena voluntad, sino un derecho que se debe garantizar en igualdad de condiciones para todas y para todos”.
Reconoció el trabajo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio y sostuvo que no basta con abrir las puertas de las instituciones si persisten barreras físicas, de comunicación, tecnológicas o sociales.
“La inclusión exige accesibilidad, ajustes razonables, información comprensible y condiciones efectivas para votar y ser votado”.
A través de un videomensaje, el senador Emmanuel Reyes Carmona (Morena), presidente de la Comisión de Economía en el Senado, sostuvo que una democracia plena requiere que todas las personas puedan participar, decidir, ser escuchadas, votar y ser votadas.
También destacó la importancia de incorporar a las personas con discapacidad en las decisiones que les afectan.
“Los derechos político electorales de las personas con discapacidad no son concesiones ni actos de buena voluntad, son derechos humanos reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales suscritos por México”, afirmó.
El senador recordó que recientemente presentó un punto de acuerdo para solicitar al INE fortalecer los mecanismos de verificación de las candidaturas registradas mediante acciones afirmativas destinadas a personas con discapacidad, con el propósito de evitar simulaciones.
“Desde el Poder Legislativo tenemos la responsabilidad de fortalecer nuestro marco jurídico, garantizar presupuestos con perspectiva de inclusión y promover condiciones para una participación política plena y efectiva”.
En tanto, Iliana Aracely Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que el instituto ha asumido la responsabilidad de contribuir a que ninguna barrera física, institucional, cultural, tecnológica o social impida el ejercicio de los derechos político-electorales.
“La accesibilidad no significa solamente poder entrar a una casilla, significa poder ejercer el derecho al voto en condiciones de dignidad, autonomía, seguridad, privacidad y libertad”.
Explicó que el INE ha avanzado en mecanismos como el voto anticipado y en la construcción de condiciones de accesibilidad en las casillas, además de impulsar herramientas y apoyos destinados a favorecer la autonomía y la secrecía del voto.
Destacó también la consolidación de las acciones afirmativas para garantizar la participación de personas con discapacidad en candidaturas a cargos de elección popular, aunque reconoció que existen retos pendientes de cara al proceso electoral concurrente 2026-2027, particularmente en materia de discapacidad visual, accesibilidad electoral e incorporación de una perspectiva interseccional.
Por su parte, Pedro Ortega Fonseca, director general para el Bienestar de las Personas con Discapacidad de la Secretaría del Bienestar, destacó que México forma parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y recordó que su artículo 29 establece la obligación de garantizar los derechos políticos de este sector en igualdad de condiciones.
Señaló la necesidad de contar con espacios accesibles bajo un enfoque de diseño universal, realizar ajustes razonables y disponer de materiales en braille, lectura fácil y pictogramas y resaltó la importancia de sensibilizar al personal encargado de brindar atención a las personas con discapacidad.
En su intervención, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, presidente de la Renacedi, señaló que la estructura social y política del país se ha construido sin considerar las necesidades de las personas con discapacidad, por lo que llamó a trabajar para modificar esa realidad.
Finalmente, María Cecilia Guevara y Herrera, magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, afirmó que “la accesibilidad consiste en que nadie tenga que pedir aquello que ya le corresponde”.
Planteó la necesidad de analizar el recorrido completo de la participación política, desde el acceso a información comprensible hasta el ejercicio del cargo y la posibilidad de acudir a la justicia.
“La autoridad debe identificar las barreras que enfrenta cada persona preguntar qué apoyo requiere y adoptar una respuesta que preserve su autonomía”, concluyó.