9 de septiembre de 2026

La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) planteó dar una ampliación presupuestal a los recursos destinados a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas durante el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, así como modificar la metodología del FAISPIAM para que se ajuste al artículo segundo constitucional.

“Sí se exige, y le digo desde acá como diputada federal de la Comisión de Pueblos Indígenas, que nosotros solicitemos una ampliación presupuestal para los pueblos indígenas y que se analice a detalle el anexo 10”, manifestó en conferencia de prensa.

Cruz Jiménez explicó que el Anexo 10 del PEF contempla recursos dirigidos a rubros como salud, educación, cultura, infraestructura y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, por lo que consideró necesario revisar cuánto dinero llegará a las comunidades.

“Ya está el anexo, lo vamos a estudiar, a analizar de manera muy minuciosa, adecuada, para ver cuánto realmente se va a destinar a estos pueblos indígenas y cuánto nada más sirve para justificar que va a ir para pueblos indígenas”.

Además, sostuvo la disponibilidad presupuestaria debería formar parte del análisis del proyecto de Ley General de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas, porque la normativa no garantiza por sí misma incrementos en los recursos.

“Debería de venir en ese articulado que se tiene que aumentar de acuerdo por lo menos a la inflación anual, ese debe ser el aumento, pero también que nunca debe ser menor al ejercicio anterior que se le haya dado al anexo 10”.

Indicó que en 2025 se asignaron 221 millones de pesos, con un aumento de 3.69 por ciento respecto del año anterior, mientras que para 2026 el incremento fue de 1.36 por ciento.

“En el año 2026 tuvo un aumento nominal también muy pequeño del 1.36 por ciento, realmente fue muy bajito lo que se aumentó y me preocupa, porque ahorita se está discutiendo, se está llevando a cabo el análisis de la Ley General de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas”, afirmó.

Planteó revisar las reglas de operación y la metodología del FAISPIAM, al considerar que actualmente no respeta la libre autodeterminación de los pueblos indígenas ni la elección de sus autoridades comunitarias.

“El FAISPIAM viola, como está ahorita, el artículo segundo constitucional, porque no respeta la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y tampoco la elección de sus autoridades”, sostuvo.

Explicó que en distintas comunidades, particularmente de Oaxaca, ya existen agentes de policía, municipales o cabildos electos en asamblea para administrar los recursos, por lo que cuestionó que se convoque nuevamente para integrar comités de administración y vigilancia.

“No hay necesidad de volver a convocar a una asamblea como lo hacen los servidores de la nación y que lo convocan de un día para otro y cuando las comunidades indígenas no logran reunir el quórum, se hace lo que ellos indican, levantan una nueva acta de asamblea”.

La diputada pidió “modificar la Ley de Coordinación fiscal en los artículos 33 y 34, así como la Ley General de Desarrollo social para medir de diferente forma la pobreza o el rezago social en nuestras comunidades indígenas o afromexicanas”.

Asimismo, propuso que para determinar qué comunidades acceden a los recursos se considere el catálogo de pueblos indígenas, y no únicamente los criterios relacionados con rezago social que se utilizan actualmente.

Señaló que hace un año presentó iniciativas para modificar la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Desarrollo Social, a partir de problemas que, dijo, identificó en la aplicación del FAISPIAM.

Consideró pertinente que esas propuestas sean retomadas durante el análisis del Paquete Económico para que los lineamientos correspondientes a 2027 sean acordes con el artículo 2 constitucional.

“Necesitamos darle garantía a nuestros pueblos y comunidades indígenas, porque no podemos seguir en el discurso cuando no les estamos dando, haciendo realidad esos compromisos que tenemos como legisladores al elaborar nuestras leyes y nosotros mismos estamos violando la ley”.

La diputada también señaló que el FAISPIAM constituye una política pública que, a su juicio, debió ser consultada con los pueblos indígenas antes de su implementación.

“El FAISPIAM no se consultó a los pueblos indígenas, otra norma que infringe y que por lo tanto está violando el artículo segundo constitucional, que también lo dice en el apartado B, que toda política pública se tiene que consultar con los pueblos indígenas”, expresó.

Respecto de los foros de análisis de la Ley General de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas, Cruz Jiménez consideró que los artículos deben explicarse con mayor detalle y en un lenguaje comprensible para las autoridades participantes.

“Yo lo que les he dicho a los funcionarios, tienen que desmenuzar y en un lenguaje que entendamos los que no somos abogados, pues se nos explique a qué se refiere dicho articulado y cómo impacta positivamente y negativamente en la vida comunitaria”.

También manifestó que existe un sesgo en la metodología de los foros porque no se consideró a las asambleas comunitarias para revisar la ley y únicamente se entregaron cuadernillos a las autoridades.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados