13 de septiembre de 2026

En el foro “Democracia sin barreras. Derechos políticos de las personas con discapacidad”, convocado por la diputada Mónica Herrera Villavicencio, participantes plantearon la necesidad de transformar las instituciones para que la inclusión y la accesibilidad estén garantizadas desde su diseño.

Asimismo, que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos políticos en condiciones de igualdad, autonomía y sin barreras.

En su oportunidad, el diputado Carlos Sánchez Barrios (Morena) señaló que, además de garantizar acciones afirmativas, es necesario modificar las prácticas institucionales de la Cámara de Diputados para que las iniciativas presentadas por legisladoras y legisladores sean efectivamente analizadas y dictaminadas.

Como ejemplo, dijo que ha presentado en cinco ocasiones una iniciativa sobre el derecho a la verdad relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sin que haya sido dictaminada.

Por ello, pidió que desde la comisión correspondiente se impulse que todas las iniciativas sean dictaminadas, positiva o negativamente, y no permanezcan en la “congeladora”.

Consideró que éste sería un cambio institucional que permitiría una mayor incidencia de la participación de las personas con discapacidad y de las diputadas y diputados en general.

En su oportunidad, Adolfo Cortés Veneroso, magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Veracruz, afirmó que es necesario modificar la “mentalidad de la ciudadanía” y en las instituciones respecto de las personas con discapacidad cuando ejercen sus derechos político-electorales.

Dijo que deben dejar de ser vistas únicamente como un grupo vulnerable y reconocerse como ciudadanos con derechos, facultades, capacidades y limitaciones.

Advirtió que, mientras no cambie esta percepción, las leyes, reglamentos y tratados internacionales pueden quedarse únicamente como disposiciones escritas, debido a obstáculos como la falta de presupuesto, personal capacitado e infraestructura para atender a este sector.

Por su parte, Jesús Miguel Armendáriz Olivares, consejero del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua, consideró que hace falta voluntad para avanzar hacia una democracia verdaderamente incluyente.

Anotó que las instituciones no fueron diseñadas originalmente bajo criterios de inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad.

En este contexto, informó que se realizaron mesas de diálogo sobre discapacidad para analizar la manera en que se abordará esta materia en el estado.

Finalmente, Zoad Jeanine García González, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), sostuvo que las instituciones deben” dejar de considerar la inclusión como una medida extraordinaria y asumirla como una condición ordinaria del diseño institucional”.

Aseveró que la participación política debe planearse desde el inicio considerando la diversidad humana, la accesibilidad y la inclusión, tanto en políticas públicas como en elecciones, consultas, procesos administrativos, espacios físicos y herramientas tecnológicas, con el propósito de que las personas con discapacidad puedan participar en condiciones de igualdad y autonomía, sin enfrentar barreras que pudieron ser previstas y evitadas.

Destacó que en Jalisco todavía existe una brecha para lograr que las personas con discapacidad ocupen espacios de toma de decisiones, aunque se han adoptado medidas para fortalecer sus condiciones de competitividad en el Congreso estatal y ampliar las postulaciones para integrar los ayuntamientos.

Señaló que el IEPC Jalisco diseñó lineamientos para el próximo proceso electoral que contemplan la obligatoriedad de candidaturas de grupos históricamente excluidos de la representación política, entre ellos las personas con discapacidad.

Detalló que, para la elección del Congreso de Jalisco, el Código Electoral establece que los partidos políticos deben postular en las listas de representación proporcional a personas pertenecientes a cinco grupos de participación prioritaria, entre ellos las personas con discapacidad.

Añadió que los lineamientos establecen medidas adicionales para que estas postulaciones se ubiquen dentro de los primeros ocho lugares de las listas y evitar que los grupos sean concentrados en posiciones con menores posibilidades de triunfo.

Con ello, “se busca que la inclusión no se limite a la existencia de una candidatura, sino que genere condiciones favorables para que ésta pueda convertirse en una representación efectiva”.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados