19 de septiembre de 2026

Persisten vacíos normativos que limitan la capacidad para actuar frente a proveedores extranjeros que operan en el entorno digital, sin una presencia física verificable, señala el Senador

Las reformas en materia de protección al consumidor incorporaron disposiciones específicas para las transacciones electrónicas; sin embargo, persisten vacíos normativos que limitan la capacidad institucional para actuar frente a proveedores que operan en el entorno digital sin una presencia física verificable en territorio mexicano, advirtió el senador Luis Donaldo Colosio Riojas.

Señaló que la legislación vigente en materia de protección al consumidor fue diseñada en un contexto predominantemente presencial y territorial, lo que ha generado la imposibilidad práctica de notificar reclamaciones o aclaraciones a los proveedores digitales, particularmente a aquellos constituidos en el extranjero.

Por ello, el legislador de MC propuso incorporar la obligación de los proveedores extranjeros que realizan transacciones por medios electrónicos, de proporcionar un domicilio físico en territorio nacional, para efectos del procedimiento conciliatorio ante la Procuraduría Federal del Consumidor, a fin de recibir notificaciones.

Se trata de una iniciativa que propone reformar diversas disposiciones de las leyes federales de Protección al Consumidor, de Procedimiento Administrativo y de Competencia Económica, con el objetivo de proteger los derechos de los compradores en plataformas digitales, particularmente para garantizar que puedan, de manera presencial, presentar quejas o solicitar aclaraciones sobre los productos adquiridos.

Colosio Riojas planteó que, en caso de que los proveedores no proporcionen un domicilio, pueda utilizarse como domicilio supletorio el registrado ante el RFC o, en su defecto, cualquier medio que permita hacerles saber de la existencia del procedimiento.

“Cuando una empresa extranjera le vende a un mexicano por Internet y le queda mal, ese consumidor choca contra un muro: presenta reclamos ante la Profeco, la instancia intenta notificar a la empresa y no hay a dónde ir, porque la ley exige una notificación personal en un domicilio físico y muchas de estas plataformas no tienen dirección en México o señalan una en su país de origen, que a la autoridad no le sirve”, comentó.

De esta manera, continuó el Senador, el procedimiento conciliatorio se derrumba antes de comenzar y el consumidor se queda solo, con la razón de su lado, pero sin que nadie se la reconozca.

En su exposición, Luis Donaldo Colosio explicó que hay más de 270 plataformas digitales extranjeras que están inscritas ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), con representante legal y domicilio localizable, porque la ley fiscal se los exige desde 2020, lo que implica que el Estado ya sabe dónde encontrarlas a la hora de cobrarles.

“Lo que propongo es de sentido común: que ese mismo domicilio sirva también para defender al consumidor, de manera que quien vende en México tenga una dirección en nuestro país, donde pueda responder por lo que vende”, apuntó.

Es indispensable, insistió, que el proveedor tenga la obligación de proporcionar al consumidor, antes de celebrar la transacción, su domicilio físico en territorio nacional, números telefónicos y demás medios a los que se pueda acudir para presentar quejas.

El senador Colosio Riojas afirmó que, de acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026, de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el valor del comercio electrónico minorista en México alcanzó 941 mil millones de pesos durante 2025, lo que representa un crecimiento anual de 19.2 por ciento respecto del año anterior.

Tal cifra posiciona a nuestro país en el octavo lugar a nivel mundial en ventas minoristas en línea, por encima de economías con mayor grado de desarrollo digital como Estados Unidos, Dinamarca y Singapur.

Además, durante 2025, 77.2 millones de personas realizaron al menos una compra en línea en México, cifra que duplica los niveles registrados en 2018.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Economía, de Defensa de los Consumidores y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores