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Proponen garantizar descenso seguro nocturno de mujeres, adolescentes y niñas usuarias del transporte público
La diputada María Teresa Ealy Díaz (Morena) impulsa una iniciativa que plantea garantizar el descenso seguro nocturno de las mujeres, adolescentes y niñas usuarias en el transporte público colectivo de pasajeros que circule en tránsito mixto, prestado mediante concesión, permiso o autorización o directamente por organismos públicos, entre las veinte horas y las seis horas del día siguiente.
Abramo Masso propone reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para garantizar entornos seguros y dignos
19 de octubre de 2026
La iniciativa plantea la creación del Registro Nacional de Centros de Atención para Personas Adultas Mayores y la obligatoriedad de realizar inspecciones anuales a asilos y casas hogar.
Se busca homologar estándares de atención, capacitación continua del personal y la aplicación de sanciones ante casos de maltrato o negligencia.
Con el objetivo de fortalecer la protección integral de las y los adultos mayores en el país, el diputado Jericó Abramo Masso presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. La propuesta busca atender la creciente demanda de servicios de cuidado mediante mecanismos efectivos de supervisión y control de los establecimientos públicos, privados y sociales destinados a su atención.
Explicó que los puntos clave de su iniciativa es crear un Registro Nacional de Centros de Atención, con el fin de establecer la obligatoriedad para que todas las casas hogar, albergues, residencias y centros de día del país se inscriban en un padrón oficial administrado por el INAPAM. Este registro, dijo, contendrá datos sobre capacidad, personal capacitado, autorizaciones sanitarias y antecedentes de inspección.
Además, expuso el legislador del PRI, se plantea que las autoridades realicen visitas de inspección ordinarias cuando menos una vez al año a cada establecimiento, además de inspecciones extraordinarias inmediatas ante denuncias o indicios de irregularidades. Asimismo, los centros deberán contar con personal suficiente y formado en gerontología, geriatría, primeros auxilios, prevención del maltrato y derechos humanos.
Destacó que su iniciativa faculta al DIF y autoridades competentes para adoptar medidas cautelares urgentes en caso de riesgo a la integridad física o emocional de los residentes, contemplando sanciones que van desde multas y suspensiones hasta la clausura definitiva y denuncias penales.
“La protección de nuestras personas adultas mayores no debe quedarse en el reconocimiento formal de sus derechos; requiere instrumentos jurídicos claros para evitar el maltrato, la negligencia y el abandono en los lugares donde reciben cuidados”, puntualizó Jericó Abramo.
La iniciativa contempla un periodo transitorio de 180 días naturales para la puesta en marcha del Registro Nacional y la adecuación de los lineamientos por parte de las autoridades competentes una vez aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Diputados