Ciudad de México, 7 de agosto de 2026

El legislador señaló que la iniciativa permitirá identificar riesgos críticos, como trata o violencia sexual, desde el inicio de la investigación.

Dijo que la coordinación obligatoria entre autoridades y consulados es clave para reducir tiempos en las primeras horas de búsqueda.

El diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez presentó una iniciativa para reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. El objetivo es fortalecer la capacidad institucional del Estado mexicano para investigar la desaparición de mujeres migrantes, mediante la incorporación de obligaciones específicas que atiendan las particularidades de estos casos desde la primera actuación.

El legislador priista explicó que, al integrar formalmente un enfoque de movilidad humana, perspectiva de género y criterios diferenciados, la propuesta otorgará mayor certeza jurídica a las autoridades. Esto favorecerá respuestas más oportunas y coordinadas, alineadas con el contexto de alta vulnerabilidad que enfrentan estas víctimas.

Subrayó que la reforma permitirá trascender los esquemas generales de investigación para considerar, desde el inicio, factores de riesgo críticos como la posible intervención de redes de trata de personas, violencia sexual, explotación, tráfico ilícito o delincuencia organizada. Según el diputado, esto facilitará el agotamiento de líneas de investigación relevantes, aumentando las posibilidades de localizar a las víctimas y sancionar a los responsables.

La iniciativa contempla, además, mecanismos de coordinación obligatoria entre fiscalías especializadas, Comisiones de Búsqueda, autoridades migratorias, instituciones de seguridad, servicios periciales y, cuando sea necesario, autoridades consulares. Esta sinergia busca optimizar el intercambio de información y reducir los tiempos de respuesta, un factor determinante durante las primeras horas de búsqueda.

Asimismo, Alejandro Domínguez destacó que la reforma fortalecerá los derechos de las familias de las víctimas, especialmente de aquellas que se encuentran en el extranjero y enfrentan barreras para acceder a las instituciones mexicanas.

“Una investigación especializada facilitará la comunicación institucional, reducirá la fragmentación de las actuaciones y garantizará un mejor acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral”, afirmó.

Finalmente, el legislador señaló que esta propuesta permitirá armonizar la legislación nacional con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y diversos tratados internacionales.

De este modo, México podrá consolidar un modelo de investigación que reconozca la complejidad de los flujos migratorios —donde el país funge simultáneamente como origen, tránsito, destino y retorno— y responda de manera eficaz a una de las manifestaciones más graves de la crisis humanitaria en la región.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Diputados