Ciudad de México, 5 de agosto de 2026

Dan a conocer iniciativa para crear Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que preside la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vázquez (Morena), organizó el conversatorio virtual “Legislando con los pueblos”, a fin de dar a conocer y analizar iniciativa para crear la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Al dar la bienvenida, Jiménez Vázquez dijo que este espacio de diálogo tiene por objeto establecer puentes de comunicación y coordinación entre el Legislativo, la sociedad y los pueblos indígenas y afromexicanos; para la Comisión constituye un escalón más en la construcción de la iniciativa, por ser de mayor relevancia para la vida pública el país.

Destacó que con la creación de esa ley se busca saldar una gran deuda histórica de justicia, visibilidad y dignidad con los pueblos indígenas que representan la raíz de la comunidad nacional, por lo que el conversatorio tiene el propósito de enriquecer la propuesta de lo que será un nuevo cuerpo normativo.

Dio a conocer que este proyecto consta de 453 artículos organizados en ocho libros que abordan temas trascendentales como la libre determinación y autonomía de los pueblos, el derecho de consulta y el consentimiento previo libre e informado.

Contempla los derechos de diversos grupos vulnerables, como mujeres, niñez, juventud, personas adultas mayores, migrantes y personas indígenas y afromexicanas, y con discapacidad; contiene un régimen de responsabilidades y procedimientos que permitan la implementación efectiva y el ejercicio más amplio de los derechos colectivos.

De igual forma, incorpora al sistema jurídico el amparo indígena que opera bajo los principios de acceso a la justicia, pluralismo jurídico, pertinencia cultural y lingüística, suplencia total de la queja con flexibilidad procesal, dando certeza jurídica a más de 25 millones de personas pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano.

La presidenta de la Comisión hizo un llamado para que durante la etapa de información las personas interesadas hagan llegar sus propuestas a la Comisión, cuyo plazo inicia el 7 de agosto y vence el 25 de septiembre.

Ponencia

Al dar a conocer el proceso de elaboración de la propuesta, el director de Armonización Normativa del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Olac Aquino, expuso que derivado de la aprobación y publicación de la reforma al artículo 2º de la Constitución Política se inició la construcción de esta Ley General.

Comentó que en este momento se está en la etapa informativa de actos y acuerdos previos, de consenso entre el equipo técnico redactor, el comité técnico de expertas y expertos, así como del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que empezó el uno de julio y concluye este seis de agosto, para posteriormente arrancar la fase informativa el día siete.

Señaló que esta fase consiste en visitar cada una de las comunidades del país reconocidas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, así como las que no estén registradas pero que reúnen los elementos objetivos y subjetivos del artículo segundo, para informarles y convocarlas a las asambleas regionales que se llevarán en la etapa de consulta. 

 Olac Aquino subrayó que al día de hoy se tiene registro de 16,681 comunidades convocadas y notificadas de un total de 16,728, lo que significa un 99 por ciento, y en algunas partes del país por cuestiones de seguridad no se ha podido convocar a algunas regiones.

Agregó que en estas visitas que ha hecho el INPI, además de entregar la convocatoria, se les ha explicado a las autoridades y a las asambleas comunitarias el contenido de la iniciativa y se han entregado la convocatoria, un protocolo, el texto de la iniciativa y un cuadernillo con un resumen, y en un lenguaje más accesible se explican los contenidos y temas de la propuesta de iniciativa.

Puntualizó que a partir de este siete de agosto y hasta el próximo 13 de septiembre, se iniciará la etapa consultiva o de propuestas, recomendaciones y conclusiones, constituida por 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo en distintas sedes de las entidades federativas del país.

En cada una de estas asambleas regionales se harán siete mesas de trabajo y conforme a cada uno de los libros se van a analizar y se harán propuestas y al término del proceso el INPI, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Gobernación tendrán la obligación de sistematizar y con base en el deber de acomodo incorporar las observaciones que realicen los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Participación de diputadas y diputados

La diputada Gloria Sánchez López (Morena) se congratuló de que los derechos y demandas de los pueblos indígenas y afromexicanos por fin estén plasmados en la Constitución Política, por lo que consideró importante la participación de las comunidades dentro de este periodo informativo para que conozcan la propuesta que se ha venido construyendo con la ayuda de muchas instituciones.

A su vez, la diputada Ciria Yamilé Salomón Durán (PVEM) estimó que la Ley General debe tener como eje principal el fortalecimiento de la libre determinación y de las formas propias de organización de los pueblos indígenas. Propuso adicionar en el artículo 44 que se brinde la oportunidad de ser una unidad de observación y deliberación para decisiones que consideren contrarias al bien comunitario.

También del PVEM, el diputado Jonathan Puertos Chimalhua pidió que todos los pueblos indígenas tengan la información de la iniciativa para que puedan participar y ser escuchados, pues muchas comunidades se encuentran apartadas. Solicitó apoyar la propuesta que envió al INPI para que se amplíen las consultas y los foros puedan llegar a sedes estrategias.

La diputada María de Fátima García León (MC) agradeció la realización de este foro, toda vez que otorga la oportunidad a las personas de opinar sobre la reglamentación del artículo 2º constitucional y externar sus puntos de vista para que se reflejen en la iniciativa que se presentará primero en la Comisión y, posteriormente, ante el Pleno de la Cámara de Diputados. 

En su oportunidad, la diputada Rosa María Castro Salinas (Morena) indicó que esta Ley General representa una gran oportunidad para los pueblos que durante mucho tiempo habían sido invisibilizados y por eso es importante que se conozca la propuesta y se ponga en acción.

A su vez, la diputada Leide Avilés Domínguez (Morena) mencionó que en la construcción de la Ley General todos deben escuchar y atender a nuestros hermanos indígenas y seguir trabajando sobre esa justicia social que en algún momento los olvidó.

También de Morena, el diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán demandó que se profundice más sobre la información de esta iniciativa debido a que existen comunidades que todavía tienen dudas y se deben atender, ya que las condiciones de cada región son diferentes.

El diputado Víctor Samuel Palma César (PRI) subrayó que es menester que las comunidades indígenas y afromexicanas tengan una relación directa con los municipios y las entidades federativas para que puedan transitar como sujetos de derecho; es decir, que tienen personalidad y capacidad para intervenir e interactuar con los distintos órdenes de gobierno para plantear sus demandas.

Comentarios sobre los ocho libros

Como parte del conversatorio se revisó cada uno de los libros que conforman el proyecto de la iniciativa. El primero reconoce a los sujetos de derecho público y en el segundo ya se establecen los derechos que van a ejercer esos sujetos.

El tercer libro contempla constitucionalmente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, estableciendo con claridad las obligaciones de las autoridades para garantizar este cumplimiento. El libro cuarto ubica a las mujeres indígenas y afromexicanas como sujetas prioritarias de derechos para erradicar el racismo y la violencia estructural.      

A su vez el libro quinto destaca que existen personas que por distintas circunstancias pueden enfrentar mayores condiciones de vulnerabilidad y por lo tanto requieren que sus derechos sean garantizados y atendidos en su lengua, identidad, su cultura y su vínculo con sus comunidades.

 El libro sexto se refiere a la consulta libre, previa e informada, destacando que las comunidades indígenas y afromexicanas tienen el derecho a ser consultadas cuando se pretendan adoptar medidas que impacten o afecten su vida en su entorno.

A su vez, en el libro séptimo contempla la distribución de competencias y coordinación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. El libro octavo contiene las responsabilidades, procedimientos, delitos, sanciones y juicio de amparo indígena y afromexicano. 

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados