Ciudad de México, 12 de abril de 2024

La Jucopo y la Comisión de Hacienda y Crédito Público organizaron los Foros de Diálogo Estatal sobre ambas temáticas

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por el diputado Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), llevó a cabo, en Tapachula, Chiapas, los Foros de Diálogo Estatal donde funcionarios, académicos y especialistas abordaron los temas relativos a la “Reforma en materia de Remuneraciones” e “Inclusión laboral”.

Ello, en el marco de los Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales y otras que se discutirán en el Congreso Federal, organizados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

Melgar Bravo destacó la importancia de cumplir con la misión que les da la República e hizo mención que el pasado 27 de febrero, se dio cuenta del acuerdo la Jucopo para estos foros que permiten socializar, analizar y debatir la política económica y social del paquete de reformas constitucionales y legales presentadas por el Ejecutivo Federal y otras de los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión.

Recordó que estos diálogos buscan privilegiar la pluralidad, la inclusión, la publicidad, la oportunidad, la máxima difusión, transparencia, escrutinio, discusión y deliberación, por lo que, derivado de ello, a la Comisión de Hacienda le correspondió la planeación, organización y desarrollo de los diálogos estatales respecto a las reformas en materia de remuneraciones e inclusión laboral.

Evitar usos desmedido de los recursos

Edgar Eduardo Córdova Zamudio, titular de la oficina de Representación Federal del Trabajo en Chiapas expuso que, para poder fijar el importe de los salarios, se debe tomar en consideración la cantidad y calidad del trabajo en el que desea establecerlo, y ese marco referencial es un apoyo en el ejercicio de las funciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Consideró que el proyecto de reforma es un referente importante para establecer un tope máximo en los tabuladores y salarios en el servicio públicos; su objetivo es poner reglas claras para determinar un tope salarial, evitando un libre albedrío de la determinación de este y un posible uso discriminado de los recursos públicos. Con ellos, dijo, se estarían cumpliendo a cabalidad los presupuestos en el manejo de los recursos públicos.

La fiscalización, fundamental para garantizar cumplimiento

El titular de Servicios de Afiliación y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social de Chiapas, José Alberto Zamora Díaz, calificó de atinada la reforma sobre la regulación de los salarios en la función pública, pues impactaría a los tres ámbitos de gobierno.

Pidió analizar las remuneraciones para que, de acuerdo con el nivel de responsabilidad, estos salarios tengan una identificación en particular, sin que sean superiores al que percibe el titular del Ejecutivo Federal. No basta con tener una ley en la materia, sino que esta se consolide, es decir que su aplicación sea real. Planteó que el papel de la fiscalización sea un elemento prioritario para garantizar su cumplimiento.

La reforma busca limitar excesos

David Fonseca Corral, presidente del Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México, señaló que hay un sector de la Administración Pública federal que tienen que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial, los órganos autónomos, gobernadores y presidentes municipales, que ganan más que el presidente de la República. La reforma busca limitar los excesos de un grupo de funcionarios, con los cuales “no se está de acuerdo que tengan ese nivel de percepción”.

Mencionó que no puede haber una clase trabajadora aportando impuestos al erario público y con una percepción de menos de tres salarios mínimos, cuando hay funcionarios que ganan mil veces lo que gana un trabajador en el campo. “Esa es la esencia de esta reforma”. Por ello, expresó su respaldo a la iniciativa.

Sí al tope salarial, pero con transparencia

Sara M. Anton Cabrera, de la Consultoría Integral “Financiera Romero Anton”, expuso que la iniciativa que establece que nadie pueda ganar más que el Presidente, en particular en el Poder Judicial, es de gran trascendencia en el panorama social y político de México, ya que cada poder es independiente, lo cual garantiza que jueces y magistrados puedan ejercer sus funciones de manera imparcial, sin interferencias externas ni temor a represarías.

Limitar las remuneraciones del Poder Judicial, en comparación con la del presidente de la República, dijo, podría dar interrogantes sobre la independencia de ese poder y la capacidad de actuar de manera autónoma y libre de presiones. Se manifestó a favor de poner un tope al salario tomando como referencia al Poder Legislativo siempre y cuando vaya conforme a la responsabilidad, compromiso e investidura; se habla de 73 veces la UMA, que equivale a 96 mil pesos, pero es necesario que haya transparencia y rendición de cuentas. 

La reforma en materia de remuneraciones otorga justicia social

Heriberto Cosme Molina, representante de Asesoría Económica & Indicadores, S.A de C.V., expuso que la reforma sobre remuneraciones da elementos para mejorar las herramientas técnicas y los procedimientos de acceso a la información pública. Desde una perspectiva económica, contribuye a reducir las remuneraciones de ciertos sectores onerosos y, con ello, generar un ahorro y fortalecer rubros como salud, educación y seguridad.

Resaltó que, si bien los ingresos de los funcionarios públicos deben ser suficientes y no superfluos, es necesario que estén apegados a la justicia social y legitimidad laboral, con la única finalidad de terminar con excesos y abusos de los sectores burocráticos; de ahí se proponga ajustar las remuneraciones para que no estén por encima del ingreso del Ejecutivo Federal.

Inclusión laboral, principio fundamental por la igualdad

El director de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Economía y del Trabajo del estado de Chiapas, Bruno Román Zúñiga de León, consideró que la inclusión laboral constituye un principio fundamental en la lucha por la igualdad de oportunidades y la no discriminación en cualquier entorno de trabajo.  Reconoció el valor y potencial de las personas con discapacidad y estimó que es fundamental brindar las condiciones necesarias para que puedan desempeñarse plenamente en el mercado laboral.

Enfatizó que es imperativo que esta iniciativa no solo busque promover la inclusión laboral en un aspecto general, sino también garantizar la igualdad de género dentro de este contexto, lo que permitiría disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Afirmó que la implementación de estímulos fiscales para las empresas que contraten a personas con discapacidad es una estrategia efectiva y justa.

Texto y Foto: Cámara de Diputados