Ciudad de México, 6 de mayo de 2026

El diputado federal Christian Castro Bello presentó una iniciativa para inhabilitar de manera permanente a todo funcionario público, al que se le compruebe su participación en actividades de delincuencia organizada, con el objetivo de cerrar definitivamente el paso a la infiltración criminal en el servicio público.

El legislador del PRI señaló que esta situación no se limita a la ocupación de cargos, sino que también incluye el financiamiento ilícito de campañas políticas y redes de corrupción institucional.

Ejemplo de ello, expuso, son diversos casos documentados, como el del denominado “Cártel de la Barredora” en Tabasco, la detención de autoridades municipales por vínculos con el crimen organizado, y esquemas de contrabando de combustibles, “huachicol fiscal”, que han generado pérdidas millonarias al erario.

El político de Campeche indicó que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el país ha registrado más de 30 mil homicidios anuales en los últimos años, mientras que informes internacionales estiman que más del 70 por ciento del territorio presenta algún grado de presencia del crimen organizado.

Castro Bello destacó que organismos internacionales como el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada han alertado sobre la posible participación, apoyo o aquiescencia de funcionarios públicos en casos de desaparición, lo que agrava la percepción internacional sobre el Estado mexicano.

“Estamos ante una situación que rebasa el ámbito interno y afecta la credibilidad de México en el mundo. Se requiere un golpe de timón firme para garantizar que el servicio público esté libre de cualquier vínculo con la delincuencia organizada”, sostuvo.

Por ello, el diputado Christian Castro propone que cualquier persona a la que se le compruebe su participación en delincuencia organizada sea inhabilitada de manera permanente para ocupar o ejercer cargos públicos, sin importar si su acceso fue por elección popular, designación, nombramiento u otro mecanismo legal.

“El Estado mexicano debe ser garante de paz, legalidad y justicia. No podemos permitir que quienes deben proteger a la ciudadanía sean parte del problema. Esta reforma busca recuperar la confianza pública y fortalecer nuestras instituciones desde su raíz”, concluyó Christian castro Bello.

La propuesta adiciona un párrafo séptimo al artículo 109 de la Constitución Política, en materia de inhabilitación permanente para el acceso y ejercicio de un cargo público.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Diputados