Ciudad de México, 24 de junio de 2026

La cancelación abrupta de millones de líneas telefónicas móviles que no hayan sido registradas por sus usuarios al 30 de junio, como lo estipula la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, afectaría la comunicación personal y también el acceso a los servicios bancarios, gubernamentales, educativos e, incluso, de salud que dependen de la conectividad móvil.

Así lo advirtió el senador Clemente Castañeda Hoeflich, quien insistió en que “las implicaciones de una desconexión masiva de esta magnitud son de la mayor gravedad social. En México, el teléfono celular es el principal medio de acceso a internet para la mayoría de la población, particularmente para los sectores de menores ingresos y para quienes habitan en zonas rurales y comunidades indígenas”.

En este contexto, el legislador de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para reformar el artículo trigésimo transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión a fin de ampliar, de 120 a 360 días hábiles, la fecha para la suspensión de líneas telefónicas que no hayan sido asociadas a un usuario final identificado, es decir, para que esto no surta efecto el próximo 30 de junio.

En la exposición de motivos de la propuesta, turnada a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, Castañeda Hoeflich reconoce que el Registro Nacional de Líneas Móviles, operado por Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), tiene el objetivo legítimo de fortalecer la seguridad pública y combatir el uso de líneas anónimas en actividades delictivas.

No obstante, señaló que la implementación de dicho registro enfrenta una “crisis operativa de proporciones mayores”, pues al 13 de mayo la CRT había reportado únicamente 48 millones de líneas registradas, mientras que el ritmo actual de registro es de 750 mil líneas diarias, por lo que se estima que sólo 84 millones de las 144 millones de líneas activas de telefonía celular estarán dadas de alta en el padrón para el 30 de junio, por lo que se cancelarían cerca de 60 millones.

Detalló que empresas como Telcel, AT&T, Telefónica México, Bait, Altán Redes y más de 150 Operadores Móviles, al igual que la CRT, han intensificado campañas para difundir el registro de líneas de los usuarios, pero estos esfuerzos “no han sido suficientes para alcanzar el volumen de registros requerido en el tiempo disponible”.

El legislador señaló que la CRT ha descartado en reiteradas ocasiones la posibilidad de otorgar una prórroga para el registro, a pesar de la evidencia de que el ritmo de registro es insuficiente para cumplir el plazo vigente.

“Esta postura, aunque comprensible desde el interés en mantener la presión sobre operadores y usuarios, omite considerar que la consecuencia directa de mantener el plazo sin flexibilidad será la desconexión involuntaria de millones de ciudadanos”, acotó.

Clemente Castañeda Hoeflich insistió en que el Estado tiene la obligación de garantizar que la implementación de políticas de seguridad no derive en la exclusión digital de la ciudadanía, además de que un “apagón telefónico” de esta magnitud no puede ser el resultado de una fecha administrativa inamovible frente a una realidad operativa que la supera.

“La protección del derecho a las telecomunicaciones exige que las autoridades actúen con racionalidad, proporcionalidad y sensibilidad social, adoptando las medidas necesarias para que ningún ciudadano pierda el acceso a un servicio indispensable para su vida cotidiana”, sostuvo.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores