28 de septiembre de 2026

Participan académicos, investigadores, especialistas y representantes de organizaciones, institutos y colegios

Al participar en las audiencias públicas sobre la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (Morena) dijo que la realidad exige evolucionar, ya que se enfrenta una crisis climática global, una pérdida acelerada de biodiversidad y desafíos complejos en la gestión del agua y territorio.

“Legislar hoy tiene que ser un acto de responsabilidad científica; por ello, la presencia de la comunidad académica e investigación es un motor central y soporte técnico para que esta nueva ley sea viable, justa y transformadora”, señaló.

Por su parte, el diputado Luis Humberto Aldana Navarro (Morena) agradeció a las y los ponentes de comunidades indígenas y rurales, defensores, activistas ambientales y organizaciones de la sociedad civil, y a representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su participación en este primer día de audiencias.

Se desarrollaron dos mesas de trabajo; la primera, “Academia, investigadoras e investigadores”, donde se llevó a cabo un análisis técnico y jurídico de la nueva Ley. En la segunda mesa se abordó el tema “Participación social y protección del medio ambiente” por parte de representantes de comunidades indígenas y rurales, defensores y activistas ambientales y organizaciones de la sociedad civil.

En ambas mesas hicieron uso de la palabra representantes e integrantes de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), Autónoma del Estado de México (UAEM), Autónoma Metropolitana (UAM) de Azcapotzalco, Anáhuac, Autónoma de Guerrero, Autónoma de la Ciudad de México, de Guadalajara, así como la Benemérita Universidad de Oaxaca.

Además, de los Institutos de Ecología de la UNAM, Nacional de Salud Pública y de los colegios de Abogados, de Ingenieros Civiles, de Médicos Veterinarios Zootecnistas y de Biólogos de México.

También, de la Alianza Nacional Apícola, Consultores Ambientales, Unión Nacional de Avicultores, Consejo Mexicano para la Evaluación de Impactos, al igual que de los centros universitarios de Ciencias Sociales y Humanidades, Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), y de la empresa ecológica Tsikini.

Se contó con la intervención de representantes de asociaciones civiles como la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, The Tree School, Rescate de los Pueblos, CeIBA, Gubernaturas Autónomas Indígenas, Costasalvaje, OCEANA, Libros Prehispánicos, Fundación Bienestar Verde, Organización Fundar, PRECONJAGUARH, así como de Territorios Diversos para la Vida (TERRAVIDA) y Capítulo Juvenil del WFF.

Plantearon propuestas, externaron distintas problemáticas que existen en el sector ambiental, dieron sus opiniones y observaciones a esta reforma que se propone. Manifestaron que se debe incluir el término “justicia ecológica”, el uso de herramientas como plataformas de monitoreo satelital, y sostener e incrementar los presupuestos.

Pidieron reformar los artículos 58 y 173 para restablecer los plazos de subsanación de hasta 60 días naturales en impacto ambiental, eliminar los privilegios de equivalencia para proyectos públicos garantizando equidad, una sola categoría de áreas que integren zonas geovolcánicas y geoparques, entre otros.

Señalaron que faltan definiciones en términos de algunas áreas protegidas, que es necesario generar un espacio de diálogo entre las federaciones, instituciones y organizaciones; que la biodiversidad, los recursos naturales no se pueden comprender sin el patrimonio geológico ya que México tiene espacios únicos cuyo conocimiento y preservación son base para la sustentabilidad no solo del país sino del planeta.

Destacaron la necesidad de garantizar la información ambiental comprensible y accesible y cuando corresponda en lenguas originarias, un presupuesto suficiente para medio ambiente, conservar la biodiversidad, restaurar los ecosistemas degradados y asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras, establecer el derecho humano a la alimentación y el principio de proporcionalidad para que las obligaciones correspondan al riesgo real.

Además, una Integración de cosmovisiones autóctonas en leyes nuevas, búsqueda de discurso amplio con diferentes grupos de interés, y la normativa y política de protección a los polinizadores.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados