Nassau, Bahamas, 26 de abril de 2026

México apoyó el fortalecimiento de los órganos de cumplimiento y la creación de dos nuevos grupos de trabajo: el primero sobre Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y el segundo sobre acceso a la justicia ambiental, incorporando la participación de la sociedad civil y la perspectiva de género para una aplicación efectiva en la región

La delegación mexicana presentó los avances de la ruta nacional de implementación del Acuerdo, que será desarrollada con la participación de la sociedad civil, y reiteró su compromiso con la protección de las personas defensoras ambientales

La Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú concluyó con avances decisivos para la implementación efectiva del tratado en América Latina y el Caribe. Con la aprobación por consenso de 10 decisiones clave, la COP4 marca el tránsito de los compromisos a la acción, reafirmando la voluntad de los 19 Estados Parte con la implementación efectiva del Acuerdo en América Latina y el Caribe, convirtiéndolo en el principal instrumento regional para garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quién participa como secretariado del Acuerdo, subrayó la importancia de fortalecer la cooperación regional y el multilateralismo como base para enfrentar la crisis climática y ambiental, destacando al Acuerdo de Escazú como una herramienta clave para garantizar la transparencia, la participación pública y la justicia ambiental en la región.

México presentó los avances del plan de implementación del Acuerdo en México, una estrategia interinstitucional que articula acciones a corto, mediano y largo plazo para garantizar los derechos de acceso y fortalecer la justicia ambiental como política de Estado, y que será sometida a un proceso de consulta pública para asegurar un proceso participativo desde su diseño como implementación a nivel territorial.

De igual forma, reconoció la labor del Comité de Apoyo para la Aplicación y el Cumplimiento (CAAC) y resaltó la importancia de fortalecer su marco normativo para dar mayor certeza a su actuación, reconociendo su labor como un órgano subsidiario fundamental para avanzar de los compromisos establecidos en el Acuerdo hacia su implementación efectiva.

La Conferencia también registró avances en temas clave como la conformación de un grupo de trabajo ad hoc sobre RETC y otro sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales, que tendrán la encomienda de registrar, sistematizar y reportar a las Partes las mejores prácticas disponibles en ambas materias.

Al respecto, México expresó su interés por compartir su experiencia y participar activamente en ambos grupos, reafirmando su liderazgo como uno de los países con avances sustantivos en la implementación del RETC, así como su compromiso con la justicia ambiental, compartiendo medidas como las recientemente desarrolladas por la Profepa para determinar y  reparar el daño ambiental. De igual forma, México apoyó la inclusión de los representantes de la sociedad civil en la conformación de ambos grupos, por ser un elemento central para garantizar una  participación efectiva en la toma de decisiones y en la implementación del Acuerdo en ambas materias.

De manera complementaria, se comprometió a fortalecer la incorporación de la perspectiva de género como un eje transversal en las políticas ambientales, para garantizar un acceso equitativo a la información, la participación pública y la justicia ambiental, contribuyendo a reducir las brechas de vulnerabilidad en la región.

En el plano institucional, se aprobó y entró en vigor la nueva Mesa Directiva del Acuerdo, por un periodo de dos años encabezada por el país caribeño San Cristóbal y Nieves como Presidencia; con Bahamas, Belice, Colombia y Panamá como Vicepresidencias. Asimismo, se anunció la disposición de Panamá para albergar la próxima Conferencia de las Partes (COP5) prevista para abril de 2028.

La delegación mexicana conformada por ocho delegados, 50% de gobierno y 50% de sociedad civil (en la misma proporción mujeres y hombres), fue encabezada por la procuradora federal de protección al ambiente, Mariana Boy Tamborrell, y contó con la participación del subprocurador de prevención ambiental de Profepa, Alberto Rojas Rueda; la titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Semarnat, Camila Zepeda Lizama; y el director de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la SRE, Efraín Dávila González.

Asimismo, la delegación se fortaleció con la integración de cuatro representantes electos por las organizaciones de la sociedad civil: Raquel Jiménez Acosta de Reforestamos México; Andrea Gómez Chiu de Laboratorio de Transpolíticas del Hábitat; Eduardo Alejandro Reyes Caballero, de Escazú Ahora México, y Mauricio Limón Aguirre, de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en congruencia con el carácter participativo, inclusivo y multiactor que distingue al Acuerdo de Escazú.

Los resultados de la COP4 confirman que la región avanza hacia una nueva etapa del Acuerdo de Escazú, centrada en la implementación efectiva, la protección de derechos y el fortalecimiento de la cooperación regional. La democracia ambiental deja de ser una aspiración para convertirse en una condición indispensable para la justicia en América Latina y el Caribe.

El Gobierno de México reafirma su compromiso con la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú para fortalecer la protección de las personas defensoras ambientales y los derechos de acceso a la información, la participación y justicia ambiental.

Texto y Fotografía: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales