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Sheinbaum Pardo firma decreto de nacionalidad única mexicana para aspirantes a la Presidencia, Gubernaturas y Jefatura de Gobierno
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto de reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política que establece que a partir de 2028 quien busque ocupar el cargo de Presidenta, Presidente, Gobernador, Gobernadora, Jefe o Jefa de Gobierno solo tenga una nacionalidad: la mexicana; el cual será publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Los despojos no representan solamente la pérdida de un inmueble, sino una, sino una amenaza directa al patrimonio, la seguridad y la tranquilidad de las familias, en especial cuando las autoridades no actúan oportunamente, aseguró el diputado local Andrés Atayde Ruilobo, coordinador de la bancada de Acción Nacional, al presentar ante el pleno una de las iniciativas que forman parte de un paquete que impulsarán sobre el tema en el Congreso de la Ciudad de México.
Explica el legislador que la propuesta pretende que las denuncias que se presenten, no queden guardadas en el escritorio y en caso de ser así, obligar a las autoridades a dar seguimiento o en todo caso reclamar responsabilidad patrimonial a las autoridades.
Los anuncios no sustituyen los derechos exigibles, los compromisos administrativos no sustituyen las obligaciones legales, y una autoridad que llega tarde puede permitir que el daño se vuelva irreparable, subrayó el legislador.
La iniciativa plantea que las denuncias sean registradas y asignadas el mismo día en que se presentan y que, cuando exista el riesgo de que el despojo se consume, continúe o se agrave, la autoridad analice de manera inmediata las medidas que correspondan, como inspecciones, medidas de protección o solicitudes de aseguramiento.
Como rendición de cuentas, se plantea además la publicación trimestral de estos indicadores en datos abiertos, para que la ciudadanía, congreso y órganos de control puedan conocer el desempeño institucional, indico.
El diputado Atayde Ruilobo precisó qué la propuesta no crea nuevos delitos ni establece sanciones automáticas para las personas servidoras públicas, sino que fija obligaciones y mecanismos de supervisión, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Igualmente establece que cuando una omisión de la autoridad contribuya a la consumación, continuación o agravamiento del despojo, las personas afectadas puedan reclamar responsabilidad patrimonial del estado, siempre que acrediten el deber legal incumplido, el daño y la relación directa entre la omisión y el perjuicio.
“Esta no es una iniciativa contra la fiscalía. Es una iniciativa para fortalecerla. No pretende castigar por castigar. Pretende prevenir, supervisar y corregir”, afirmó el coordinador de la bancada de Acción Nacional.
