Ciudad de México, 2 de agosto de 2026

En el foro “Una aproximación multidisciplinaria al fracturamiento hidráulico”, convocado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), especialistas de la academia, la industria y organizaciones de la sociedad civil analizaron los retos, oportunidades e implicaciones económicas, ambientales y regulatorias del desarrollo de yacimientos no convencionales en México.

José Antonio Escalera Alcocer, exdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP), sostuvo que México cuenta con el potencial y la necesidad de explotar los yacimientos no convencionales o de aceite y gas lutita, ya que su aprovechamiento contribuiría a fortalecer la seguridad energética, atraer inversiones y reactivar la industria.

Afirmó que, pese al potencial del subsuelo mexicano, la industria petroquímica nacional permanece rezagada y recordó que desde 2010 México comenzó la evaluación del potencial de los recursos no convencionales mediante metodologías de análisis de cuencas y sistemas petroleros.

Consideró necesario establecer un régimen fiscal flexible y mecanismos que permitan recuperar con mayor rapidez las inversiones, debido a que “entre 60 y 70 por ciento de la producción de estos yacimientos se obtiene durante los dos primeros años de operación”.

Advirtió que la alta dependencia de las importaciones de gas natural procedente de Estados Unidos representa un riesgo para el país, sobre todo ante el incremento de las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado hacia otros mercados.

Sostuvo que México debe impulsar de manera sustentable la exploración de yacimientos de aceite y gas de lutitas para fortalecer su soberanía energética.

Señaló que el desarrollo de estos proyectos requerirá asociaciones entre Petróleos Mexicanos y empresas privadas con experiencia técnica y capacidad financiera, debido a que la explotación de este tipo de recursos demanda inversiones intensivas y la perforación continua de nuevos pozos para mantener los niveles de producción.

En tanto, Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), anotó que antes de decidir una explotación masiva de yacimientos no convencionales mediante fracturamiento hidráulico (“fracking”), es indispensable contar con mayor información geológica e hidrogeológica de las cuencas, así como evaluar con precisión la viabilidad económica de estos proyectos.

Señaló que, en países como Estados Unidos y Argentina, el desarrollo del “fracking” ha requerido subsidios gubernamentales y ha mostrado una rentabilidad variable, incluso con empresas que quebraron durante la caída de los precios del petróleo en 2014 y la disminución de la demanda durante la pandemia de Covid-19.

Planteó la necesidad de fortalecer el marco regulatorio y la capacidad de supervisión del Estado, así como lo indispensable de dotar de mayores recursos y capacidades a las autoridades competentes en materia ambiental y crear instancias independientes que vigilen las actividades relacionadas con el “fracking”, a fin de garantizar un adecuado control de sus impactos.

Propuso analizar alternativas para disminuir la dependencia del gas natural, mediante una mayor participación de energías renovables en la matriz eléctrica, políticas de ahorro y uso eficiente del energético, principalmente en el sector industrial, así como una estrategia de reconversión productiva que priorice las necesidades internas del país.

Advirtió que el mayor consumo de gas en México proviene del sector industrial y de actividades orientadas a la exportación, por lo que el país termina importando energía para fabricar bienes que posteriormente son exportados, principalmente a Estados Unidos.

Sostuvo que el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales suele ocurrir cuando los recursos convencionales se han agotado, por lo que llamó a evaluar cuidadosamente los costos, beneficios y alternativas energéticas antes de impulsar este tipo de explotación.

Talía Contreras, representante del Natural Resource Governance Institute (NRGI), sostuvo que el debate sobre el “fracking” no debe centrarse únicamente en aumentar la producción de gas natural o en regular esta actividad, sino en definir primero cuál es el problema energético que México busca resolver.

Indicó que la discusión debe orientarse a reducir la dependencia estructural del sistema energético respecto de un solo combustible y no únicamente a disminuir las importaciones de gas provenientes de Estados Unidos.

Explicó que, de acuerdo con un análisis reciente elaborado por el NRGI, el principal desafío no radica únicamente en la dependencia de las importaciones, sino en que la infraestructura, la regulación y la planeación energética del país se han construido alrededor del gas natural, lo que incrementa la vulnerabilidad del sistema ante la volatilidad de precios y los riesgos geopolíticos.

Señaló que la seguridad energética debe entenderse como la capacidad de reducir la vulnerabilidad del sistema en su conjunto y no solo como un incremento en la oferta de gas. Destacó la importancia de diversificar la matriz energética para disminuir los riesgos asociados a depender de un solo combustible.

Aseveró que las inversiones en infraestructura para la explotación y uso del gas generan incentivos económicos, regulatorios y políticos que pueden prolongar su utilización durante varias décadas, fenómeno conocido como “lock in”.

Por ello, llamó a evaluar con una visión de largo plazo los riesgos económicos y climáticos, antes de comprometer recursos públicos y privados en nuevos proyectos, a fin de determinar si esas inversiones seguirán siendo convenientes dentro de los próximos 20 o 30 años.

Alfonso Reyes Pimentel, representante de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (MEXHI), señaló que, a partir del análisis realizado por especialistas sobre el desarrollo de yacimientos no convencionales, la industria elaboró una propuesta técnica, legal, regulatoria y económica para evaluar cómo México podría aprovechar estos recursos en beneficio del país, manteniendo una postura objetiva sobre el tema.

Explicó que el estudio incluyó ejercicios de modelación basados en proyectos de gas no asociado en la frontera con Estados Unidos, con el propósito de identificar las condiciones necesarias para desarrollar el potencial de los hidrocarburos no convencionales en México.

Indicó que la propuesta se sustenta en tres ejes: el primero, fortalecer la competitividad mediante un régimen fiscal que incentive la inversión; el segundo plantea un esquema regulatorio integral, con mayor coordinación entre las autoridades y procedimientos que permitan el desarrollo de los proyectos con certeza jurídica y sin obstáculos administrativos innecesarios.

El tercer eje prioriza la estabilidad social, la seguridad física y la protección ambiental, mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, Pemex, la industria y las comunidades, a fin de atender las preocupaciones sociales y garantizar que las decisiones se sustenten en evidencia técnica y científica.

“Estos foros no son para romper son para construir y para encontrar la mejor solución para nuestro país”, remató.

Genoveva Roldán Dávila, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, afirmó que la decisión de utilizar o no el “fracking” como herramienta de política energética debe evaluarse a partir de sus implicaciones económicas, sociales y ambientales.

Aseveró que ninguna fuente de energía está exenta de impactos ambientales, por lo que el objetivo debe ser reducir al mínimo sus efectos negativos, al tiempo que reconoció que existen avances tecnológicos que han hecho menos agresivos algunos procesos respecto a décadas anteriores.

Advirtió que una expansión de la explotación de hidrocarburos no convencionales implicaría un incremento considerable en el número de pozos y requeriría inversiones estimadas entre 22 mil y 42 mil millones de dólares.

Además, se necesitaría personal altamente capacitado, supervisión permanente y disciplina operativa, por lo que añadió que, aunque México cuenta con un amplio marco legal en la materia, persisten deficiencias en los mecanismos para vigilar y garantizar el cumplimiento de la regulación.

Señaló que si el país opta por impulsar el “fracking” con capital extranjero, éste deberá sujetarse a reglas claras y estrictas, como ocurre en otras economías, para equilibrar la rentabilidad privada con el interés público y la protección de la sociedad.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados