Ciudad de México, 16 de julio de 2026

Informa que el Congreso está a la espera del proyecto que anunció la titular del Ejecutivo Federal

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que una de las cuestiones básicas para combatir el feminicidio es la homologación del tipo penal, así como la posibilidad de que este ilícito se juzgue con perspectiva de género.

En entrevista, informó que la Comisión Permanente se mantiene a la espera de la iniciativa que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el Delito de Feminicidio.

Dijo que con ello se busca acabar con ese flagelo que tanto daña a las mujeres y a sus familias, por lo que se espera recibir el proyecto para iniciar su análisis y, en su caso, enriquecer la propuesta para que la nueva ley sea sólida y que su aplicación ayude a la prevención del delito.

Cabe destacar que, de acuerdo con la información que dio a conocer el Ejecutivo Federal, la iniciativa incluye cinco ejes principales: penas y agravantes; responsabilidades adicionales; investigación del feminicidio; derechos de las víctimas y reparación integral; prevención y atención de la violencia feminicida.

Sobre el tipo penal, las penas y los agravantes, el proyecto señala la importancia de homologar dicho delito, ya que en las entidades del país se regula de manera diferenciada, no hay protocolos de actuación en las fiscalías, se clasifican los delitos de manera diversa y se carece de mecanismos de información.

Además, plantea penas de 50 a 70 años de prisión para quien cometa el delito, y fija 19 agravantes, entre ellas, que la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor; que el feminicidio lo cometa una persona servidora pública, que la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, o que presente signos de violencias como ataques con ácido o sustancias inflamables.

Además, propone que, junto con la pena privativa de libertad, el responsable también pierda derechos sucesorios, así como la tutela, guardia y custodia, y, en su caso, sea destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público.

Respecto de la investigación, refiere que se hará con perspectiva de género y con la aplicación de protocolos especializados; asimismo, toda muerte violenta se deberá investigar bajo la hipótesis de feminicidio.

Dicha investigación, adelantó el Ejecutivo, tiene que ser de oficio y de manera inmediata, y tanto la Fiscalía General de la República como las fiscalías locales deben contar con unidades especializadas que garanticen la investigación y atención continua y permanente.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores