11 de noviembre de 2026

La adjudicación directa será la excepción y tendrá que estar plenamente justificada

Las compras garantizarán el cierre del ejercicio 2026 y la preparación del Proceso Electoral Federal 2026-2027

Las medidas derivan del Acuerdo INE/CG728/2026, aprobado por el Consejo General del 5 de noviembre

Para fortalecer la integridad institucional, prevenir irregularidades y consolidar la transparencia y la rendición de cuentas, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizará la adquisición de bienes y servicios indispensables para garantizar su operación y la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027 con reglas más estrictas y priorizando las licitaciones públicas.

Frente a las preocupaciones sobre el uso de los recursos públicos, el INE reitera su compromiso para establecer mayores controles en cada contratación, sin que ello frene las tareas institucionales que exigen el cumplimiento de tiempos precisos para dar desarrollo a las actividades que garanticen la organización de las elecciones.

Las contrataciones observarán siete criterios:

1. Legalidad e integridad. Cada procedimiento se apegará estrictamente a la normativa y estará libre de conflictos de interés.
2. Necesidad justificada. Sólo se adquirirá lo que responda a una necesidad acreditada, con prioridad para lo indispensable.
3. Racionalidad y eficiencia. Se buscarán las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, sin gastos innecesarios.
4. Transparencia y máxima publicidad. Se ampliará la información pública sobre el objetivo, el procedimiento y el resultado de cada contratación.
5. Licitación pública como regla. Será el procedimiento prioritario en todas las áreas; la adjudicación directa deberá justificarse.
6. Competencia en igualdad de condiciones. Los proveedores participarán con las mismas reglas, sin ventajas indebidas.
7. Supervisión y rendición de cuentas. Cada decisión quedará documentada, con responsables identificados y seguimiento al cumplimiento de los contratos.

Esta responsabilidad alcanza a cada persona servidora pública que interviene en una contratación, desde que se identifica la necesidad hasta que se recibe el bien o servicio. Además de que se deberá informar oportunamente cualquier posible conflicto de interés, rechazar beneficios indebidos, tratar con imparcialidad a los proveedores y sustentar sus decisiones en criterios verificables, conforme al Código de Ética y al Código de Conducta del Instituto.

El INE también instalará el Grupo de Trabajo Técnico para el Fortalecimiento Normativo y de Controles Institucionales en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 2026-2029, colaborará con las autoridades fiscalizadoras competentes y revisa ya su normativa de adquisiciones y arrendamientos para blindar estos procesos.

Estas medidas dan cumplimiento al Acuerdo INE/CG728/2026, aprobado por el Consejo General en sesión extraordinaria del 5 de noviembre de 2026 para fortalecer la integridad institucional, prevenir irregularidades y consolidar la transparencia y la rendición de cuentas.

Texto y Fotografía: Instituto Nacional Electoral