Ciudad de México, 14 de abril de 2026

Con su venia, presidenta.

Tomo la palabra en nombre de todas aquellas que no pueden hacerlo, en nombre de María Lima, que tardó 4.745 días en obtener el reconocimiento judicial de que no se había suicidado, sino que la habían matado, en nombre de Vivian Aispuro, una joven de Culiacán que fue levantada y asesinada después de acudir a una fiesta. En nombre de Debanhi Escobar, cuya investigación permanece pausada mientras su familia sigue esperando. En nombre de Sandra, de Paulina, Guadalupe, María y de Kenia, asesinadas la semana pasada en Sinaloa.

En nombre de las 12 millones y medio de mujeres mexicanas que vivieron violencia sexual en la infancia y que aprendieron a callar porque el sistema les enseñó que no les creerían, subo a esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del PRI para expresar nuestro voto a favor de esta reforma, pero antes que con una agenda, subo porque estoy convencida, convencida de que en México una mujer no recibe la misma protección en Sinaloa que en la Ciudad de México, porque les recuerdo que Sinaloa ocupa el primer lugar en feminicidios de todo el país.

Que la misma conducta que constituye abuso sexual puede calificarse como atentados al pudor o simplemente no encontrarse tipificada en otro estado, subo convencida de que mientras nuestro país siga teniendo 33 códigos distintos, la impunidad no es un accidente, es una consecuencia inevitable de su propia arquitectura.

Las cifras son brutales, en una década se denunciaron 330 mil delitos sexuales, es decir, cuatro agresiones sexuales cada hora contra las mexicanas, 28 Mil obtuvieron sentencia condenatoria, es decir, el 91% quedó impune. En feminicidio el número no mejora, el 76% de los casos no termina en condena y esas cifras, que ya son inaceptables, solo reflejan lo que se denuncia, porque el INEGI reporta que el 92% del total de delitos no fue ni siquiera investigado.

Podría quedarme en esos números y ya sería escandalosos, pero esas cifras son la evidencia de algo más preciso, son el resumen de cada expediente archivado de cada fiscalía que interrogó a la víctima en lugar del agresor, de cada peritaje mal levantado, de cada carpeta que no avanzó porque el tipo penal era tan vago que no permitía acreditar la conducta.

La impunidad no es negligencia individual, es el resultado predecible de un sistema que fue diseñado desde el principio sin pensar en las víctimas, porque gracias a las investigaciones y al trabajo de mujeres valientes sabemos que el feminicidio no comienza con el asesinato, sino mucho antes, comienza con el primer acoso que nadie sancionó, con la primera violación que quedó impune, con el primer expediente archivado porque nadie le creyó a la víctima.

La ineficiencia frente a la violencia contra las mujeres no es una omisión neutral, es un mensaje. Le dice al agresor que puede seguir y a la víctima que está sola, tenemos que construir el andamiaje legal que le permita al Estado intervenir en esta cadena antes de que culmine en la muerte, México tiene la capacidad para cambiar eso, lo tiene porque ya lo ha usado antes. Cuando la trata de personas y el secuestro se desbordó la capacidad de los estados, el Congreso expidió una ley general en cada uno de los casos, la ley general hizo lo que ningún código estatal podía hacer, solo fijó tipos penales únicos, distribuyó competencias con claridad, estableció protocolos nacionales y creó mecanismos de coordinación entre instituciones.

La violencia contra las mujeres exige exactamente la misma respuesta y exige desde hace mucho tiempo, es una deuda que el Congreso lleva años acumulando, esta reforma constitucional para crear una ley general en materia de feminicidio es un paso que celebro y que acompaño porque obliga al Estado a actuar.

Solas llegamos más rápido, dice el dicho, pero juntas llegamos más lejos y en esto no podemos conformarnos con llegar rápido. Tenemos que llegar muy lejos.

Termino donde empecé con las víctimas. Mariana Lima, Vivian Aispuro, Debanhi Escobar, Sandra, Paulina, Guadalupe, María Kenia y junto a ellas, los nombres que no ocuparon portadas y que los golpes, las amenazas, el acoso, los abusos y la violencia feminicida nos arrebató, por todas aquellas que fueron olvidadas por las fiscalías, por las autoridades, por sus familias que no dejan de exigir justicia en su memoria, son demasiados nombres, son todos los nombres.

Esta reforma no les devuelve la vida, ninguna ley podría hacer eso, pero puede hacer algo que el sistema mexicano no ha podido hacer hasta garantizarles a cada mujer que desde el primer acoso hasta el último aliento, el Estado está ahí con un solo protocolo, con un solo tipo penal, con una sola ley, las mujeres de México y de Sinaloa necesitan esta ley y nosotras podemos construirlas juntas.

Es cuanto, presidenta.

Texto: Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Senadores | Fotografía: Cámara de Senadores