Ciudad de México, 14 de abril de 2026

El Senado de la Republica emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia electoral, conocida como “Plan B”, luego de que este proyecto recibió el respaldo de 19 congresos locales, con lo que se alcanza la mayoría necesaria que requiere la modificación a la Carta Magna.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó a la Asamblea que se recibió de la Cámara de Diputados el expediente con Proyecto de Declaratoria por el que se modifican los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El documento incluye los votos aprobatorios de los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México.

Luego de dar cuenta de ello, Castillo Juárez emitió la declaratoria correspondiente e instruyó para que la reforma constitucional se remita al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

La senadora enfatizó que esta modificación a la Constitución Política parte de la convicción de que es necesario acabar con privilegios y hacer más eficientes las instituciones, además de reducir gastos excesivos, ordenar el uso de los recursos públicos y corregir inercias burocráticas que durante mucho tiempo se apartaron del sentido profundo del servicio público.

También fortalece la legitimidad del Instituto Nacional Electoral, pues impulsa medidas de austeridad, racionalidad administrativa y responsabilidad en su ejercicio del gasto, mientras que los recursos que se ahorren podrán orientarse a obras públicas, a programas sociales y al respaldo de las familias mexicanas, particularmente de quienes más lo necesitan.

“Deseo que esta declaratoria de validez constitucional sea reconocida como la culminación de un proceso democrático, federal y republicano orientado a poner a las instituciones al servicio del pueblo de México”, subrayó Castillo Juárez al reconocer el trabajo legislativo realizado en el Congreso de la Unión y los congresos locales.

El pasado 17 de marzo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Senado de la República la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 115, 116 y 134 constitucionales en materia electoral y se proponen nueve disposiciones transitorias para su entrada en vigor.

La modificación al artículo 115 de la Constitución General fija el límite de una sindicatura y hasta quince regidurías en la integración de los ayuntamientos del país, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.

El límite del presupuesto anual de las legislaturas locales se plantea con la reforma al 116 constitucional, que estipula que las constituciones estatales deben establecer que dicho gasto no debe exceder del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.

Asimismo, la disposición precisa que se deberán garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género, en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales.

La reforma al artículo 134 de la Constitución Política precisa que las remuneraciones de consejeros electorales, magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas no podrán exceder de la remuneración que percibe el presidente de la República.

Tampoco podrán adquirir o contratar, con recursos públicos, seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

En el tercero transitorio del proyecto también se establece que el presupuesto anual autorizado para el Senado de la República deberá ajustarse de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes, con el objeto de alcanzar, al término de ese periodo, una reducción acumulada equivalente al quince por ciento.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores