Ciudad de México, 1 de abril de 2024

La propuesta de reforma reconoce la necesidad y demanda histórica de las comunidades originarias de ser consultadas de manera libre, previa e informada en asuntos que le afecten, señaló la diputada Irma Juan Carlos.

La reforma constitucional al artículo segundo presentada por el titular del Ejecutivo salda una deuda histórica pendiente, al reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, lo que permite a su vez que ejerzan la libertad de ser consultados de manera libre, previa e informada, advirtió la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Irma Juan Carlos.

Lo anterior, como parte de la difusión y análisis del paquete de reformas legales y constitucionales enviadas por Presidente de la República, que ha emprendido la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

En esta ocasión se celebró el “Foro estatal: Autonomía y libertad indígena”, en el que se estudió el proyecto competente a la consulta a pueblos indígenas, mismo que se celebró en Oaxaca.

Al respecto, Irma Juan Carlos calificó de histórica la divulgación del proyecto de reforma, en un momento en el que, dijo, las comunidades originarias ya participan de manera activa y directa en la incidencia de legislación y políticas públicas.

En ese contexto, recordó que la iniciativa recoge una propuesta que fue construida por las propias comunidades, en más de 100 foros de consulta que se celebraron a nivel nacional.

Este antecedente, explicó, se origina del pendiente que el propio Estado Mexicano tiene con los pueblos indígenas desde la firma de los acuerdos de San Andrés Larraínzar.

Al reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, la reforma en comento, refirió la legisladora, también reconoce sus sistemas normativos; obliga a consultas libres, previas e informadas; a la promoción de su patrimonio cultural y lingüístico; a la expansión de la medicina tradicional, entre otros derechos.

Por su parte, el diputado federal, Hamlet García Almaguer, comentó la perspectiva internacional que traería el reconocimiento jurídico de los pueblos originarios, del que destacó la conexión del territorio y los recursos naturales para la supervivencia física y cultural de estas comunidades, el cual ya fue abordado por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Apuntó que es exactamente lo que se precisa proteger con la reforma al artículo segundo constitucional, “son aquellos recursos naturales que han usado tradicionalmente y que son necesarios para la propia supervivencia, desarrollo y continuidad del estilo de vida de estos pueblos”.

Además, agregó que “la aprobación de esta reforma implicaría el fortalecimiento de su capacidad de goce y ejercicio de derechos (de los pueblos indígenas)”.

El foro reunió a representantes de las comunidades originarias, titulares de instituciones que atienden a estos grupos de población; quienes abogaron por la aprobación de la reforma que no solo dota de derechos, sino de los mecanismos de ejercicio.

Texto y Foto: Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados