Ciudad de México, 3 de mayo de 2026

La diputada Juana Acosta Trujillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, con el propósito de fortalecer el sistema de trazabilidad ganadera en México y elevarlo a la categoría de instrumento de seguridad nacional sanitaria. La propuesta busca cerrar brechas normativas y tecnológicas que actualmente permiten prácticas ilegales que afectan la sanidad, la economía y la seguridad alimentaria del país.

En la exposición de motivos, la legisladora advirtió que el sistema vigente ha sido superado por la realidad operativa, al señalar que “la falta de controles estrictos y de una base de datos centralizada con protocolos de seguridad institucional ha permitido el florecimiento de un mercado negro de dispositivos de identificación”. Esta situación, agregó, facilita el abigeato y el “lavado” de ganado, al permitir que animales robados o de procedencia irregular sean incorporados al circuito legal mediante aretes obtenidos ilícitamente.

Subrayó que esta problemática trasciende el ámbito administrativo, al convertirse en un factor que debilita la seguridad patrimonial de los productores. “Esta vulnerabilidad no es solo administrativa; es el motor logístico del abigeato”, afirmó, al tiempo que destacó la urgencia de establecer mecanismos que garanticen la trazabilidad completa, confiable y verificable de cada semoviente en el país.

En materia zoosanitaria, la iniciativa pone énfasis en los riesgos asociados a la falta de control sobre la procedencia del ganado, particularmente frente a amenazas como el gusano barrenador. La diputada alertó que “la incapacidad de garantizar la procedencia exacta de los semovientes pone en riesgo inminente el estatus zoosanitario de México ante socios comerciales”, lo que podría derivar en cierres fronterizos generalizados. En contraste, explicó que un sistema robusto permitiría aplicar medidas focalizadas, como regionalización o cuarentenas específicas, evitando afectaciones a todo el territorio nacional.

Desde el punto de vista económico, la propuesta advierte consecuencias severas ante la inacción. México exporta más de 1.2 millones de cabezas de ganado al año, con un valor superior a mil 500 millones de dólares. En ese contexto, la legisladora señaló que un embargo sanitario “desplomaría los precios domésticos hasta en un 40 por ciento, provocando la quiebra técnica de miles de Unidades de Producción Pecuaria”, además de generar distorsiones en el mercado interno y encarecimiento de alimentos básicos para las familias mexicanas.

La iniciativa plantea una reforma integral basada en tres ejes: el blindaje tecnológico del sistema, la trazabilidad operativa total y un régimen punitivo disuasorio. En ese sentido, propone centralizar la base de datos bajo estándares de seguridad avanzados, con encriptación, controles de acceso, bitácoras de auditoría inalterables y protección de datos personales, reconociéndola como un instrumento estratégico del Estado mexicano.

Asimismo, se establece la obligatoriedad de registrar cada etapa del ciclo de vida del ganado, desde su nacimiento hasta su destino final, incluyendo todas las transacciones comerciales, cambios de propiedad y movilizaciones. “Al demostrar fehacientemente el origen, tránsito y destino de cada animal, el Estado mexicano puede proteger las exportaciones de las zonas libres de riesgo y encapsular cualquier amenaza sanitaria en horas”, sostuvo.

En el ámbito sancionador, la propuesta distingue entre faltas administrativas y conductas delictivas, con el objetivo de no criminalizar a los productores que incurran en omisiones menores. Sin embargo, establece sanciones severas contra quienes manipulen el sistema con fines ilícitos, al contemplar penas de cinco a diez años de prisión para el tráfico, clonación o uso indebido de dispositivos de identificación, así como por la alteración de la información en la base de datos.

Finalmente, la diputada destacó que la reforma no implica una carga presupuestaria adicional, ya que se sustenta en la modernización de la infraestructura tecnológica existente. “Es una inversión estratégica que representa menos del 0.1 por ciento del valor de las exportaciones en riesgo, pero garantiza la permanencia en mercados globales, combate el crimen organizado y protege la economía de miles de familias mexicanas”, concluyó.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados