Ciudad de México, 22 de junio de 2026

La diputada Amalia López de la Cruz (Morena) busca reformar el artículo 2 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para armonizar esta legislación con lo establecido en el artículo 2° de la Constitución Política, incorporando la definición vigente de pueblos indígenas.

La reforma plantea actualizar el concepto de lenguas indígenas para incluir que son aquellas que “proceden de las colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas o parte de ellas”.

También de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación, como está señalado en el artículo dos de la actual Ley.

En su exposición de motivos, la legisladora señala que las lenguas indígenas constituyen uno de los principales patrimonios culturales del país, ya que representan formas de conocimiento, tradiciones, cosmovisiones y sistemas de organización que han sido transmitidos de generación en generación.

Destaca que México es una nación pluricultural con una de las mayores riquezas lingüísticas del mundo, al contar con 68 lenguas indígenas nacionales agrupadas en 11 familias lingüísticas y más de 364 variantes, por lo que la pérdida de una lengua implica también la desaparición de una forma única de comprender y relacionarse con el mundo.

En el documento, turnado a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, explica que, aunque la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas reconoce y protege las lenguas originarias, actualmente contiene una definición del término “pueblos” que no coincide plenamente con la establecida en el artículo 2° de la Constitución. Esta diferencia genera ambigüedades en la interpretación de los derechos lingüísticos y puede limitar el alcance de las acciones destinadas a garantizar su protección.

Subraya que las reformas constitucionales aprobadas en las últimas décadas han ampliado progresivamente el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, particularmente la reforma de 2024 que los reconoce como sujetos de derecho público con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio. Sin embargo, la legislación secundaria aún requiere ajustes para reflejar plenamente estos avances.

La propuesta también retoma datos que muestran la relevancia de la población indígena en México. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más de 39 millones de personas se identifican como indígenas y alrededor de 7.4 millones hablan alguna lengua originaria. No obstante, diversas lenguas enfrentan riesgos de desaparición debido a la disminución de hablantes y al debilitamiento de su transmisión entre generaciones.

Con esta modificación se busca fortalecer la certeza jurídica, eliminar inconsistencias normativas y consolidar un marco legal que garantice de manera más efectiva los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos originarios de México, puntualiza.

https://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/66/2026/may/20260529-II.html#Iniciativa20

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados