Ciudad de México, 7 de mayo de 2026

Nota Informativa

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aclara que el estudio del IMCO publicado en Reforma ofrece una interpretación incompleta porque mezcla conceptos de naturaleza distinta y omite las fuentes de financiamiento y los activos disponibles para hacer frente a las obligaciones de deuda y pensiones.

Las pensiones contributivas no pueden analizarse como gasto sin respaldo; derivan de derechos laborales adquiridos y están asociadas con aportaciones a la seguridad social, reservas y mecanismos financieros diseñados para cubrir obligaciones presentes y futuras. Entre enero y marzo de 2026, las contribuciones a la seguridad social ascendieron a 178 mil millones de pesos, mientras que las reservas actuariales y financieras de los institutos de seguridad social se ubicaron en 543.2 mil millones de pesos. Además, los recursos administrados por las Afores ascienden a 8.3 billones de pesos, equivalentes a 24% del PIB, y se estima que superen 30% del PIB hacia 2030.

Por ello, presentar sólo el monto de gasto, sin reconocer contribuciones, reservas y activos financieros, ofrece una visión parcial del sistema. Además, por la transición demográfica y de régimen pensionario, la presión de las pensiones contributivas tenderá a disminuir hacia 2042, cuando la mayoría de las pensiones sean financiadas mediante cuentas individuales.

Las pensiones no contributivas tienen una naturaleza distinta; son un derecho Constitucional legitimado con el voto popular, el Congreso de la Unión y los Congresos Estatales. Están dirigidas a personas adultas mayores y grupos vulnerables que, en muchos casos, ya no están en condiciones de trabajar y no tuvieron acceso a una pensión contributiva. Esta situación refleja una estructura laboral heredada con alta informalidad y precariedad de los salarios, aunado a trayectorias laborales interrumpidas y normas sociales que históricamente no reconocieron ni remuneraron el trabajo doméstico y de cuidados, realizado principalmente por mujeres.

Por ello, las pensiones no contributivas deben evaluarse también por su impacto social. Han sido un instrumento central para reducir la pobreza entre personas adultas mayores. Entre 2018 y 2024, la pobreza extrema en adultos mayores se redujo de 8.8% a 3.8%, mientras que la pobreza en general de este grupo disminuyó de 43.2% a 23.6%, equivalente a 1.3 millones de personas menos. Presentar únicamente el gasto aislado ignora su función redistributiva, su contribución a reducir vulnerabilidad y su papel en fortalecer el ingreso de hogares con menor capacidad de generar recursos laborales.

También es necesario corregir la lectura sobre deuda pública. Utilizar únicamente la deuda bruta puede sobredimensionar la posición financiera del sector público, porque no reconoce que el Estado cuenta con activos financieros, reservas actuariales, fondos de estabilización y otros instrumentos que generan rendimientos y permiten afrontar pasivos. Al cierre de marzo de 2026, la deuda neta en sentido amplio (SHRFSP) se ubicó en 50.4% del PIB, por debajo del 53.9% del PIB de la deuda bruta, debido al efecto de los activos financieros del sector público, equivalentes a 3.5% del PIB.

Texto e Imagen: Secretaría de Hacienda y Crédito Público