Ciudad de México, 23 de junio de 2026

También, sobre “violencia” por ataques con ácido y sustancias corrosivas

Por unanimidad, reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias

La Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada Karina Margarita del Río Zenteno (Morena), avaló por unanimidad dictámenes que reforman la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, sobre cohabitación forzada y para establecer los ataques con ácido y sustancias corrosivas como forma de violencia hacia las mujeres.

El primero, relativo a la iniciativa que adiciona el artículo 6 Bis, un tercer párrafo al artículo 7 y un segundo párrafo al artículo 16, de la citada legislación, plantea considerar violencia familiar la cohabitación forzada cuando sea ejercida por personas con quienes la víctima tenga o haya tenido relación de matrimonio, concubinato o mantengan una relación de hecho.

También propone instaurar que la cohabitación forzada es la forma de violencia contra las mujeres que consiste en obligar, coaccionar, inducir, solicitar, gestionar u ofertar a una o varias mujeres, niñas o adolescentes a unirse informal o consuetudinariamente con o sin su consentimiento con alguien de su mismo grupo etario o con persona mayor de dieciocho años de edad, mediante cualquier tipo de violencia o forma de presión, con el fin de convivir con una persona en una unión de hecho, de forma constante y equiparable a la de un matrimonio.

Además, se considera violencia en la comunidad la cohabitación forzada en términos de lo dispuesto en dicha ley, cuando sea ejercida por personas o grupos en el entorno social o comunitario de la víctima.

La diputada del Río Zenteno señaló que nombrar jurídicamente la cohabitación forzada permitirá mejorar la identificación de casos, facilitar la actuación de autoridades, evitar la fragmentación normativa y garantizar medidas de protección oportuna. “Esta instancia coincide con el objeto de la propuesta sobre visibilizar y combatir la cohabitación forzada como una forma de violencia de género”.

En tanto, la diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena) dijo que se trata de un avance porque permitirá reconocer jurídicamente la cohabitación forzada como una forma específica de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. “Esta ocurre cuando se obliga, induce o gestiona a una o varias mujeres, niñas y adolescentes a que viva con una persona de su edad o mayores mediante violencia, presión familiar, económica, cultural o cualquier otra forma de cohesión”.

También de Morena, la diputada Clara Cárdenas Galván indicó que se esta dando un paso importante en el reconocimiento de la voz de miles de niñas, adolescentes y mujeres que ven su futuro arrebatado por una práctica normalizada como la cohabitación forzada, ya que someterlas a una convivencia o unión conyugal contra su voluntad escudándose a menudo en usos, costumbres o dinámicas de control familiar es una violación a sus derechos humanos.

Del PAN, la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza manifestó que se debe seguir luchando y trabajando para que las mujeres, niñas y adolescentes realmente se sientan protegidas. “Debemos estar unidas a fin de que esto llegue al Pleno y sea tomado en cuenta a la brevedad”.

Por su parte, la diputada Vanessa López Carrillo (PT) comentó que desde un inicio de los trabajos de esta Legislatura se han esforzado por demostrar en la práctica su compromiso con las niñas y mujeres del país. “Todo lo que estamos logrando dará un buen resultado. Aplaudo esta iniciativa y, por supuesto, nos sumamos”.

Mildred Concepción Ávila Vera, diputada de Morena, resaltó que ninguna niña, adolescente o mujer debe ser obligada a vivir con una persona o permanecer en una relación que no eligió libremente. Explicó que este dictamen no se limita a sancionar una conducta, permite prevenirla, identificarla y atenderla; asimismo, fortalece las obligaciones del Estado para proteger a las víctimas y evitar que estas prácticas sigan reproduciéndose.

De Morena, la diputada Claudia García Hernández refirió que la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia no puede ser conceptos abstractos sino deben ser realidades palpables en cada comunidad, y poner fin a estas uniones tempranas impuestas es saldar una deuda con las generaciones que esperan la justicia y protección.

Violencia por ataques con ácido y sustancias corrosivas

El segundo dictamen, reforma la fracción VII del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, a fin de establecer los ataques con ácido y sustancias corrosivas como forma de violencia hacia las mujeres.

Asimismo, cualquier ataque de manera directa o indirecta que cause lesiones a otra utilizando ácido, álcalis o cualquier otra sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica, inflamable o cualquier otra combinación de agentes químicos que provoquen daños internos, externos o ambos afectando la integridad física, psicológica o funcional de la víctima.

La Comisión refiere que acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, los ataques con ácido son una forma extrema y específica de violencia de género que, en la legislación federal, se señala inadecuadamente como un “delito de lesiones”. Esta clasificación no refleja la gravedad real del acto ni la intención subyacente del agresor.

Agrega que clasificarlo como “lesiones” no refleja la magnitud del daño ni la intención de aniquilación del perpetrador. Las lesiones comunes prescriben o se sancionan con penas leves, en contraste con las que causa un ácido o cualquier sustancia corrosiva, que causa daño que no sana y que afecta la vida de la víctima de manera integral e irreversible.

Este enfoque no garantiza la perspectiva de género en el proceso legal, minimiza la gravedad real del daño, el impacto físico y psicosocial de la víctima y, sobre todo, la intención de feminicidio. Además, da paso a la impunidad y no garantiza la no repetición del acto, enfatiza.

La diputada del Río Zenteno aclaró que reconocer los ataques con ácidos y sustancias corrosivas como una forma específica de violencia obliga a los tres órdenes de gobierno a diseñar protocolos especializados de atención y reparación integral.

La diputada Ávila Vera subrayó que los ataques con ácido y sustancias corrosivas son actos de violencia extrema que buscan destruir el rostro, cuerpo, identidad y proyecto de vida de las mujeres. “Cuando una mujer sobrevive a un ataque de esta naturaleza no solo enfrenta una herida física sino también cirugías, dolor permanente, trauma psicológico, discriminación e impunidad”.

A su vez, la diputada Vences Valencia dijo que después de que las mujeres sufren un ataque pasan por muchas cirugías, buscan instituciones que puedan donar recursos para que se puedan hacer una cirugía estética porque en el sector salud no las hacen, y al solicitar empleo sufren discriminación y no les dan trabajo por como luce su rostro. 

Del PVEM, la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo manifestó que es importante el visibilizar y legislar sobre este tema tan doloroso que afecta y lastima a las mujeres. “Me siento orgullosa de que todas dentro de la Comisión estemos aprobando esto que beneficia a las mujeres del país”. 

La diputada García Hernández destacó que esta iniciativa cierra huecos legales por donde se podían escabullir con esos términos de solamente “lesión” y que hoy quedan blindados. “Es un acto de justicia para todas aquellas mujeres que han sido atacadas”.

Asuntos generales

La presidenta de la Comisión informó que la diputada local de Chiapas, Wendy Arlet Hernandez Ichin (Morena), ha presentado en el Congreso de ese estado una iniciativa sobre la igualdad sustantiva de las mujeres indígenas en aspectos como el derecho a la propiedad, posesión, transmisión de bienes en igualdad de condiciones con los hombres, y su participación plena en la vida comunitaria incluyendo los órganos de representación de las mismas. 

La diputada Hernández Ichin explicó que su iniciativa surgió porque había mujeres que seguían enfrentando obstáculos para acceder a la tierra o al patrimonio familiar. Asimismo, del acompañamiento y escucha constante de casos reales de mujeres indígenas que han enfrentado esta situación.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados