El portal de noticias donde los políticos se miden y son medidos.
INE arranca el Proceso Electoral Federal 2026-2027
Con la celebración de una sesión extraordinaria, como lo dispone la Ley, hoy se puso en marcha el Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027, en el que se renovarán más de 20 mil cargos de elección popular, entre el Congreso de la Unión, Gubernaturas, Legislaturas locales y autoridades municipales.
En Cámara de Diputados se lleva a cabo el foro “Ley Trasciende: Rumbo al derecho a la muerte digna en México”
10 de septiembre de 2026
La diputada Estela Carina Piceno, de Morena, indica que el propósito es generar un espacio plural para analizar el marco jurídico ético, médico y social del derecho a la muerte digna en México, la despenalización y regulación de la ayuda médica
La diputada Estela Carina Piceno Navarro (Morena) realizó el foro “Ley Trasciende: Rumbo al derecho a la muerte digna en México” para dar seguimiento a las iniciativas “Trasciende” y sobre el derecho constitucional de una muerte digna.
Lo anterior, en un espacio plural para analizar el marco jurídico ético, médico y social del derecho a la muerte digna en México, la despenalización y la regulación de la ayuda médica.
Al dar bienvenida, la diputada sostuvo que las iniciativas no buscan imponer ninguna decisión, sino ampliar las opciones de las personas sobre el final de su vida.
Señaló que el Estado debe garantizar “el acceso oportuno, tanto de cuidados paliativos, medicamentos, acompañamientos psicológicos y de toda índole para que todas las personas que así lo desean puedan acceder a los mecanismos de muerte asistida.
“Absolutamente a nadie se le está obligando a tomar ninguna decisión, solo se abre la vía para que quien, libremente lo decida, pueda tener más opciones de cuándo morir, pero sobre todo cómo hacerlo”, afirmó.
Por su parte, Samara Martínez, paciente, promotora de la iniciativa y representante de la coalición Muerte Digna, cuestionó el tiempo que ha tomado el proceso legislativo para la aprobación de dichas iniciativas.
Indicó que durante el último año han muerto personas mientras esperaban una legislación en la materia. “Cuánto más vamos a estar criminalizando la compasión?”
Mencionó que la iniciativa “no promueve la muerte, promueve la dignidad hasta el último momento de vida”. Por ello, es necesario avanzar en su dictaminación, porque hay personas con enfermedades incurables que enfrentan diariamente condiciones de sufrimiento y deben ser consideradas por quienes legislan.
A su vez, la diputada Patricia Mercado Castro (MC) apuntó que existe una alianza entre organizaciones de la sociedad civil y legisladoras y legisladores para impulsar la “Ley Trasciende”.
Puntualizó que el periodo que resta del año representa una oportunidad para alcanzar acuerdos sobre la propuesta, que contempla reformar el Código Penal Federal para que la eutanasia deje de ser considerada delito y regularla en la legislación.
Planteó que las Comisiones de Salud, de Justicia y de Puntos Constitucionales construyan una propuesta para que continúe su proceso legislativo en ambas cámaras del Congreso de la Unión, y luego enviarlo al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En su oportunidad, la diputada Julieta Villalpando Riquelme (Morena), secretaria de la Mesa Directiva, destacó que corresponde al Poder Legislativo estudiar y analizar las propuestas relacionadas con la “Ley Trasciende” en las comisiones involucradas y que la discusión debe conducir a una legislación que permita a las personas ejercer su decisión sobre el final de la vida de manera digna y responsable.
“Nos quedamos con esa responsabilidad y con esa gran tarea de hacer todo lo posible para que esta lucha en el Congreso de la Unión tenga eco, pero también tenga un final con una ley que pueda ser aplicada para todas las personas que buscan esa trascendencia de una manera digna, de una manera amorosa y también de una manera muy responsable”.
Durante su intervención, el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), presidente de la Comisión de Justicia, aseveró que cualquier reforma en materia de muerte digna y eutanasia debe responder a cuestiones concretas sobre quién puede solicitarla, bajo qué condiciones y cómo garantizar que la decisión sea libre, consciente, informada y reiterada.
Subrayó que se debe determinar cómo se comprobará médicamente que una enfermedad es irreversible, cuál será el papel del personal médico y cómo se protegerá a personas adultas mayores, con discapacidad, problemas de salud mental o que pudieran estar bajo presión económica o familiar.
Dijo que es indispensable garantizar previamente el acceso efectivo a cuidados paliativos y atención médica de calidad, además de definir la objeción de conciencia del personal sanitario.
Expresó que la Comisión de Justicia continuará el análisis conjuntamente con la Comisión de Salud para brindar certeza jurídica a pacientes, familias y profesionales de la salud.
Por su parte, el diputado Carlos Arturo Madrazo Silva (PVEM) resaltó que la discusión debe incorporar las perspectivas jurídica, médica, ética y humana, así como las experiencias de las personas enfermas, sus familias y el personal médico.
Anotó que debe analizarse el sufrimiento que enfrentan quienes padecen enfermedades terminales o crónico-degenerativas y sus familiares cuando las alternativas médicas son limitadas.
“Hablar de este tema no significa solamente hablar de las leyes, que aquí tenemos la encomienda de debatir y de aprobar, significa hablar de personas que enfrentan enfermedades terminales o padecimientos crónico degenerativos”.
Por su parte, la diputada Irma Juan Carlos (Morena) se pronunció por impulsar el reconocimiento constitucional del derecho a la muerte digna y por despenalizar la práctica médica que permita a las personas recurrir a esta herramienta cuando la necesiten.
Señaló que continuará presentando e impulsando las iniciativas relacionadas con este tema, al considerar necesario “insistir” para que la propuesta de la “Ley Trasciende” pueda avanzar, y destacó la importancia de que cada vez existan más voces y grupos parlamentarios a favor de la muerte digna.
En su oportunidad, María del Pilar González Barrera, investigadora de la Cátedra de Laicidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que la muerte digna implica construir un derecho a partir del reconocimiento de que el proceso de morir forma parte de la vida y de la protección de los derechos humanos.
Subrayó que una legislación integral debe contemplar distintas decisiones y derechos relacionados con el final de la vida, entre ellos recibir información, aceptar o rechazar tratamientos, acceder a cuidados paliativos, expresar voluntades anticipadas y contar con la posibilidad de recibir asistencia médica para morir.
Destacó que, en sociedades plurales, el Estado debe garantizar que las personas puedan tomar estas decisiones bajo un marco de derechos, cuidados, igualdad y libertad de conciencia, reconociéndolas como sujetos de derechos hasta el final de su vida.
Por otro lado, Jessica Rubí Rodríguez Balderas, directora ejecutiva de Proyectos e Investigación de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, sostuvo que promover la muerte digna implica defender los derechos humanos, la dignidad, la igualdad y la inclusión.
Consideró que una legislación en la materia permitiría a México avanzar hacia una política con enfoque de derechos. Propuso que, para implementar la ley, se realice una armonización del marco normativo y se fortalezca la formación bioética en la región.
En ese sentido, planteó “que se financie la universalización de los cuidados paliativos” y fortalecer el registro digital de voluntades anticipadas para facilitar que el personal médico pueda consultar esta información y garantizar un acceso universal.
Finalmente, Federico Preve Cocco, diputado del Frente Amplio e impulsor de la Ley N° 20.431 de Muerte Digna en Uruguay, que legaliza y regula la eutanasia, señaló que los derechos relacionados con el final de la vida deben construirse también desde las asociaciones civiles y a partir de casos e historias de vida en situaciones complejas.
Explicó que en Uruguay recogieron experiencias y evidencia internacional, así como elementos humanos, filosóficos y culturales, para impulsar una reforma integral.
Sostuvo que es importante evitar que el tema sea partidizado o sectorializado y llamó a que la discusión y las votaciones sean transversales entre los distintos partidos políticos, así como entre concepciones conservadoras y progresistas, porque esto permite que el debate se enfoque “estrictamente hacia lo humano”.