7 de octubre de 2026

La diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias, sin partido, solicitó, por medio de un punto de acuerdo, exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) a ejercer la facultad de atracción sobre la investigación del homicidio del expresidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

En conferencia de prensa, acompañada por diputadas y diputados de MC y del PAN, así como de Grecia Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan y viuda de Manzo Rodríguez, explicó que esta petición busca que se realice “una investigación exhaustiva, objetiva, independiente, con perspectiva de derechos humanos y libre de presiones o intereses ajenos a la justicia”.

Explicó que “este caso reúne todas las condiciones legales para que la Fiscalía General de la República ejerza la facultad de atracción. La presunta relación con la delincuencia organizada, la complejidad del caso, la duda sobre la imparcialidad local, el riesgo de politización y la petición directa de los familiares”.

Agregó que deben protegerse los derechos de las víctimas, el debido proceso y la presunción de inocencia. “La investigación penal no puede convertirse en un instrumento de confrontación política, ni de juicio mediático. Las declaraciones y señalamientos públicos deben someterse exclusivamente a criterios de licitud y prueba”.

En su intervención, el diputado Germán Martínez Cázares (PAN) respaldó “absolutamente cada una de las palabras de la diputada independiente solicitando se atraiga el caso de Carlos Manzo a la FGR y se le arrebate a la Fiscalía de Michoacán.

“Al mismo tiempo, anuncio que mi bancada, la del PAN, lo aprobaría, de llevarse al Pleno ese punto de acuerdo; he conversado con mis compañeros y están absolutamente de acuerdo”, afirmó.

Reiteró que la presunta vinculación de la delincuencia organizada al caso sustenta la competencia federal. “La fiscalía local no está encargada de perseguir el crimen organizado”.

Recordó que también están los casos del activista Homero Gómez y el del líder limonero, Bernardo Bravo Manríquez, que requieren transparencia y esclarecimiento.

En su oportunidad, la diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de MC, respaldó la solicitud de atracción, y recordó que su bancada “exigió formalmente al Gobierno Federal que le brindara protección, y un mes después Carlos Manzo fue asesinado”.

Cuestionó el trato que las autoridades han dado a Grecia Quiroz por parte de la autoridad estatal; por ello, “queremos que la Fiscalía General de la República haga su trabajo, que atraiga esta investigación y esclarezca la cadena de mando y, sobre todo, castigue a todos los culpables”.

De igual forma, la diputada Laura Ballesteros Mancilla (MC) señaló que las víctimas deben contar con la reparación del daño, acceso a la verdad y garantías de no repetición.

Denunció que hay un presunto conflicto de interés “obsceno, a la vista de todos” en la Fiscalía Estatal, pues “está, a modo, armando expedientes para frenarle el paso al movimiento del sombrero en Michoacán”.

Acusó que el fiscal Carlos Torres Piña inició “una carpeta de persecución política contra Grecia Quiroz”, y “ahora, convenientemente, es el coordinador de Morena, en estos cargos ‘hechizos’ que están inventando para adelantar procesos electorales”.

Por su parte, Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, solicitó la intervención de la Federación para dar con el responsable que ordenó el homicidio. Y aclaró que su visita a la Cámara de Diputados es en condición de víctima y negó cualquier aspiración electoral.

Expuso que ha enfrentado señalamientos que buscan desacreditarla y afectar el nombre de su esposo. “Además del dolor de la pérdida, he tenido que enfrentar señalamientos infundados, filtraciones y versiones sin sustento que buscan desacreditarme y manchar el nombre y el legado de Carlos Manzo”.

En lo referente al acceso al expediente, afirmó que, a 11 meses del homicidio, sus abogados no han recibido la totalidad de la información solicitada, otra razón para pedir la atracción de la FGR.

“He solicitado de manera general toda la información que se ha recabado sobre la carpeta de investigación. No he obtenido al 100 por ciento esa carpeta de investigación, me lo han dado en partes”.

Respecto de la solicitud de entregar el teléfono celular de Manzo, aseguró que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, le informó que ya contaban con los datos necesarios del aparato y no tenía la obligación de entregarlo.

“Lo que debe saber la fiscalía es que sí puede obtener esa información siempre y cuando sea a través de un control judicial previo, pero con un juez precisamente federal, no local, porque ese juez es el único que puede autorizar la intervención de un teléfono”.

Se dijo convencida de que “detrás del homicidio de Carlos hubo una línea política. Entonces, es importante señalarlo, hoy ya nadie lo menciona y es importante seguir esa línea política hasta el final de las consecuencias”.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados