Ciudad de México, 22 de marzo de 2024

Legisladores, académicos, expertos y alumnos de Derecho expusieron sus puntos de vista

En el marco de los Foros de Diálogo Nacional para analizar las iniciativas de reformas constitucionales y legales propuestas por el Ejecutivo Federal y otras más, se realizó en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí un Foro de Diálogo Estatal, donde legisladores, académicos, expertos y alumnos de Derecho abordaron las eventuales reformas al Poder Judicial y a la Guardia Nacional.

En el auditorio de posgrados de dicha universidad, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), explicó que este es uno de los muchos foros convocados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, a fin de discutir propuestas de reformas constitucionales.

Enfatizó que este encuentro tiene como propósito principal abrir el espacio para que las propuestas e iniciativas se discutan por sus propios medios hasta donde sea posible, deslindando la posición partidista.

En su turno, el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) indicó que la Constitución está por encima de la convencionalidad, como ocurre en el caso de a prisión preventiva oficiosa y que es un falso debate la elección de jueces y magistrados, pues quienes quieran postularse deben reunir los requisitos de idoneidad. “No es así como se plantea, no es como elegir a un presidente municipal o a un diputado”.

Enfatizó que el tema de la elección debe verse con reservas, pero el tema real de fondo es el de las atribuciones de la Corte, pues no puede legislar ni contravenir lo que señala la Constitución. “No creo que pueda, a través de un juez de amparo, anular la decisión de ministros de la Corte que resolvieron un tema de constitucionalidad de una ley”. 

Del PAN, el diputado Xavier Azuara Zúñiga sostuvo que la reforma al Poder Judicial lo que busca es invadir su autonomía, a pesar de que el origen de la división de poderes es que exista un contrapeso. “Es importante que los ciudadanos puedan conocer un poco más el contexto de qué representará este cambio en las iniciativas planteadas por el Presidente.

Celebró la realización del foro, pues consideró que se requieren de más parlamentos abiertos, ya que se necesita más diálogo sobre lo que se está definiendo en la Cámara de Diputados.

El diputado Hamlet García Almaguer, de Morena, exhibió el Acuerdo de la Judicatura Federal por el que se establece el Plan Integral de Combate al Nepotismo, el cual da cuenta que existen cientos de familiares de jueces y magistrados en cargo relevantes dentro del Poder Judicial Federal.

Criticó la venta de exámenes para postulantes a jueces de distrito, uno de los escándalos más graves dentro del Poder Judicial, en las que se ofertaban desde 25 mil, 50 mil y hasta 186 mil pesos.

Al inaugurar el evento, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Javier Zermeño Guerra, mencionó que en este tipo de encuentros debe prevalecer el diálogo por la justicia, no hay mejor lugar para este tipo de intercambios de ideas que el ámbito académico, se acepten y se discutan de una forma propositiva las opiniones de cada uno de los participantes, en beneficio de todo el pueblo.

Germán Pedroza Gaytán, director de la Facultad de Derecho de dicha universidad y moderador del primer panel, aseguró que esta casa de estudios es un espacio para expresarse, donde puedan ser escuchadas las ideas, pensamientos y puntos de vista.

En su ponencia, la académica Renata Turrent dijo que el Poder Judicial tiene rezagos y presenta casos como empresarios que no quieren pagar impuestos y delincuentes de cuello blanco; además, que atiende a intereses de poderes fácticos, mientras que para la justicia local hay abandono y falta de presupuesto.

En tanto, Angelina Acosta, catedrática de la Facultad de Derecho de la universidad potosina, comentó que a través de una reforma no se puede violentar el artículo 1º constitucional ni violar derechos humanos de servidores públicos que actualmente son titulares de los órganos judiciales, para que, a través de un plumazo, se le dé el adiós “¿Qué pasa con su estabilidad en el empleo, sus 20, 25, 30 años de antigüedad y prestaciones?”.

Eduardo Andrade Sánchez, doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pidió hacer a un lado las distintas posiciones políticas y ver cuál es la realidad del Poder Judicial y cómo se puede corregir. Aseguró que no existe nada que no se pueda cambiar en la Constitución y el Constituyente Permanente tiene esas facultades de manera absoluta. Advirtió que los jueces no deben ser activistas de las causas judiciales, sino que están para resolver los casos concretos que se les plantea aplicando la ley.

Salvador Ávila Lamas, catedrático de la Facultad de Derecho de la UASLP, afirmó que el Poder Judicial no es un controlador arbitrario del Poder Ejecutivo ni del Legislativo, pues lo único que hace es cumplir las atribuciones que le otorga Constitución y en ello no hay exceso. “La función de los juzgadores no es convertirse en un protector del Estado, sino hacer que se respete la Constitución, incluso cuando otros poderes lo violentan”.

El también catedrático de dicha facultad, Gustavo Barrera López, advirtió que para querer modificar la Constitución “les debe temblar la mano”, ya que este texto no es broma, representa la conjugación de los factores reales del Poder y sirve de columna toral para la organización política del país. “Mi postura es que debemos evitar la captura política de la Corte. Esta serie de diálogos debe prescindir de posicionamientos partiditas”.

Guardia Nacional

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, expuso que la iniciativa para que la Guardia Nacional (GN) tenga una naturaleza jurídica mixta entre militar y civil busca modificaciones a 12 artículos constitucionales para que esta institución se fortalezca y cumpla su función de salvaguardar la seguridad pública.

“Se propone convertir a la Guardia en una fuerza de seguridad pública integrada por personal militar con formación policial, encargada de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, manifestó.

Aseguró que la GN ha logrado consolidarse, tiene el respaldo del 74 por ciento de la población, según cifras del Inegi, no solo tiene funciones de seguridad, sino que también actúa frente a fenómenos naturales mediante labores de prevención, auxilio y recuperación, así como asistencia a la sociedad en emergencias, como ocurrió con el huracán Otis.

El diputado local de San Luis Potosí, Alejandro Leal Tovías, cuestionó que las carreteras carecen de vigilancia y son controladas ahora por el crimen organizado, por lo que los mexicanos ya no pueden circular por el país.

El senador suplente, Eli César Eduardo Cervantes Rojas (Morena) apuntó que la percepción del pueblo es que, si no tiene recursos económicos, difícilmente verá la justicia, por lo que existe una deuda y para ello se debe reformar al Poder Judicial.

El diputado local Cuauhtli Fernando Badillo Moreno avisó que dentro de la reforma se establecen plazos máximos para los asuntos fiscales y penales, pues hoy en día no ha habido una resolución pronta de estos asuntos; además, busca que los juzgadores tengan empatía y sean más cercanos con la ciudadanía.

Fernando Robledo, jefe de División del Posgrado en Derecho de la UASLP, señaló que el querer vincular a jueces a la mal llamada democratización del Poder Judicial, violenta la necesaria apoliticidad del juzgador.

Jorge Chessal, académico de esta casa de estudios, manifestó que lo que está a debate no es una cuestión instrumental, sino el Estado mexicano. Abundó que la percepción de justicia que tiene el pueblo tiene que ver más con los tribunales locales que con los federales, algo de lo que no se ha mencionado el día de hoy y donde se requiere mayor atención.

La académica Urenda Navarro expresó que no se ha puesto sobre la mesa de los derechos sociales de las y los trabajadores, ni la facultad que en algún momento tuvo el Poder Ejecutivo de poder disolver una compañía como fue Luz y Fuerza del Centro, sin pensar en los transitorios que incluían a los miles de trabajadores que tenían hasta 30 años laborando.

Jorge Carmona Cruz, también académico de esta universidad, apuntó que no es que falten voces, sino oídos que escuchen. Coincidió en que se ha olvidado el tema de la justicia cotidiana, la que se aplica en todos los días en los tribunales.

Texto y Foto: Cámara de Diputados