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Mier Velazco llama a esperar resultados de consulta pública sobre lineamientos de derechos de las audiencias
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, consideró que antes de emitir un juicio anticipado sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, es necesario participar en la consulta pública para externar los diferentes planteamientos respecto al tema y, en su caso, enriquecer las propuestas.
Ávila Anaya rechaza que nuevos lineamientos de protección a las audiencias sea censura
Ciudad de México, 29 de julio de 2026
El diputado de Morena señala que la oposición desinforma
El diputado Arturo Ávila Anaya, vocero del Grupo Parlamentario de Morena, rechazó que los nuevos lineamientos de protección a las audiencias representen un mecanismo de censura; aseguró que su propósito es garantizar información veraz, distinguir entre noticias y opiniones, fortalecer el derecho de réplica y ampliar los derechos de las audiencias.
En declaraciones a representantes de medios de comunicación, en el marco de la Comisión Permanente que sesiona en el Senado, afirmó que lo que hace la oposición es poner sobre la mesa un “falso debate” en torno a la regulación. Aseguró que “no hay censura. La gente que emite una opinión lo va a poder seguir haciendo ¿Cómo lo va a poder seguir haciendo? En los espacios que existen”.
Ávila Anaya explicó que los lineamientos buscan que los medios distingan con claridad entre contenidos informativos, opiniones y publicidad.
Señaló que los lineamientos contemplan evitar la difusión de información falsa, identificar cuando un contenido corresponde a una opinión y diferenciar la publicidad del contenido informativo, por lo que estas disposiciones únicamente fortalecen “los derechos de las audiencias”.
“¿Quién podría estar en contra de que no se difunda información falsa?”, cuestionó.
Indicó que el mecanismo previsto es de autorregulación, ya que cada medio de comunicación designará a su propio defensor de la audiencia, quien será el encargado de recibir las quejas y emitir recomendaciones cuando considere que existe una afectación a los derechos de las personas.
Sólo en caso de que el medio no atienda dichas recomendaciones, indicó, podría iniciarse un procedimiento administrativo.
El diputado negó que exista discrecionalidad en la aplicación de los lineamientos. “La discrecionalidad no existe porque el parámetro o la variable más importante para adoptar una determinación jurídica dentro de un procedimiento administrativo —si esta deriva en una sanción específica— tiene que ver con el argumento que presenta el defensor de la audiencia”.
Recordó que el defensor será nombrado por el propio medio de comunicación y destacó que el proyecto se encuentra en consulta pública, por lo que cualquier persona u organización puede presentar observaciones.
“Se está estableciendo un periodo de consulta en el que pueden participar todas y todos los mexicanos. Me parece que esto fortalece estos lineamientos”.
Ávila Anaya acusó al PRI y al PAN de utilizar la desinformación como estrategia política y sostuvo que ambos partidos se oponen a ampliar los derechos de las audiencias.
“Van a inventar que vamos hacia una dictadura, que es lo que ellos siempre representaron. Van a inventar que estamos censurando. Es falso”.
Por otra parte, sobre la situación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ávila Anaya consideró que están haciendo lo correcto al integrar un comité de especialistas para investigar las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de admisión y determinar las medidas necesarias para garantizar la transparencia.
Añadió que una de las alternativas podría ser repetir el examen, aunque dijo que primero deben conocerse los resultados de la investigación.
“Creo que se deben ofrecer todas las garantías a los futuros estudiantes y a la comunidad universitaria de que estas pruebas no se realizan mediante instrumentos fraudulentos, que no existe venta de exámenes y que verdaderamente se garantiza la transparencia de los procesos”.
En otro tema, el legislador se refirió a las investigaciones relacionadas con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y sostuvo que existen elementos que lo vinculan con un presunto esquema de contrabando de combustibles.
Afirmó que el exmandatario “era secretario del Consejo de Administración (de la empresa investigada). Se benefició de los recursos que son materia de esta investigación”, por lo que consideró que la indagatoria podría revelar uno de los mayores daños al erario por este delito, además de una red de responsabilidades que incluso alcanzaría a personas en Estados Unidos.