Ciudad de México, 15 de abril de 2026

Con 442 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó reformas para que, en las sociedades cooperativas de consumidores y productores, se fomente la cultura organizacional de los pueblos indígenas y afromexicanos, respetando siempre sus usos u costumbres.

El dictamen, avalado en lo general y en lo particular, adiciona un artículo 29 Bis a la Ley General de Sociedades Cooperativas. Fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Considera que la reforma se alinea con el Eje Transversal 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, relativo a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, al incorporar un enfoque intercultural que obliga al Estado mexicano a integrar los principios de libre determinación, autonomía y participación efectiva en todas sus políticas públicas.

Asimismo, cumple con la obligación estatal de transformar estructuralmente las normativas económicas para respetar sus usos y costumbres, evitando cualquier forma de asimilación forzada y promoviendo la justicia social.

La cultura organizacional de los pueblos originarios es legítima y valiosa

En su intervención, la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez (Morena) promovente de la iniciativa, recordó que las comunidades indígenas y afromexicanas son herederas de una tradición milenaria de cooperación, reciprocidad y gestión colectiva del territorio.

Destacó que su gobierno comunal, sus asambleas y su economía solidaria son expresiones vivas de la cultura organizacional, que fue deliberadamente marginada por modelos económicos con una visión occidental y centralista.

Aseguró que el dictamen representa un acto de reconocimiento y reparación histórica, porque “la cultura organizacional de los pueblos originarios es legítima, valiosa y debe ser protegida e impulsada por el Estado mexicano”.

Asimismo, celebró que, por primera vez en la historia de México, las comunidades indígenas y afromexicanas, recibirán y ejecutarán recursos federales de manera directa, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

“Esto significa que los pueblos originarios dejan de ser objetos de políticas públicas diseñadas desde arriba, para convertirse en sujetos activos de su propio desarrollo”. Señaló que la eliminación de los intermediarios no es un detalle administrativo, sino el reconocimiento pleno de su capacidad de gestión y autonomía a decidir cómo se utilizan los recursos que les corresponden.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados