Ciudad de México, 10 de junio de 2026

La celebración de asambleas constituye una de las etapas más relevantes dentro del procedimiento para obtener el registro como Partido Político Nacional. A través de estos ejercicios de participación, las organizaciones interesadas deben demostrar que cuentan con presencia territorial suficiente para participar en la vida democrática nacional.

La legislación electoral establece dos modalidades para acreditar este requisito. La primera es celebrar al menos 20 asambleas estatales con una participación mínima de 3 000 personas afiliadas en cada entidad. La segunda consiste en celebrar al menos 200 asambleas distritales con una participación mínima de 300 personas afiliadas en cada distrito electoral federal.

Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) despliega un amplio operativo de supervisión y certificación en todo el territorio nacional.

Durante las asambleas, personal especializado verifica el quórum legal requerido, la identidad de las personas participantes, la afiliación libre e individual y la validez de los procedimientos llevados a cabo.

Asimismo, se certifica la aprobación de los documentos básicos que regirán la vida interna de la organización: Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos.

Además, durante estas reuniones se elige a las personas delegadas que posteriormente participarán en la Asamblea Nacional Constitutiva, órgano encargado de formalizar la voluntad colectiva de la organización para solicitar su registro como Partido Político Nacional.

La supervisión institucional también permite verificar que no exista intervención de personas o entidades cuya participación se encuentre restringida por la legislación electoral.

La información obtenida durante cada asamblea se integra a los expedientes que posteriormente serán revisados por las áreas técnicas responsables del análisis de las solicitudes de registro.

La presencia del Instituto en cada una de estas actividades permite brindar certeza a las organizaciones participantes, a los medios de comunicación y a la ciudadanía respecto del cumplimiento de los requisitos previstos por la ley.

A través de este mecanismo de certificación, el INE fortalece los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad que rigen la función electoral.

Texto y Fotografía: Instituto Nacional Electoral