El portal de noticias donde los políticos se miden y son medidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum “hizo lo correcto” al enviar un mensaje en defensa de la soberanía y los principios constitucionales sobre política exterior: Monreal Ávila
El diputado Ricardo Monreal Ávila aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “hizo lo correcto”, al enviar un mensaje firme en la defensa de la soberanía y la aplicación de los principios constitucionales en materia de política exterior.
Permanente remite a Diario Oficial de la Federación reforma en materia del Poder Judicial
Ciudad de México, 1 de junio de 2026
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia de Poder Judicial, para, entre otros puntos, aplazar la elección de las personas juzgadoras del 2027 al 2028, luego de que este proyecto recibió el respaldo de 25 Congresos locales.
Con los votos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México, se alcanzó la mayoría necesaria que se requiere para modificar la Carta Magna.
De acuerdo con el artículo 135 constitucional y una vez computados los votos aprobatorios de los Congresos de los estados, la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez declaró aprobado el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial y lo remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
Las modificaciones están dirigidas a garantizar una implementación ordenada, la operatividad electoral, la calidad de los perfiles de las personas juzgadoras sometidas al voto ciudadano y la estabilidad funcional del Poder Judicial.
Con ello, se busca preservar simultáneamente la continuidad del servicio público de impartición de justicia y la certeza de la organización electoral; la viabilidad presupuestal, técnica y logística del proceso.