Ciudad de México, 27 de abril de 2026

El diputado Éctor Jaime Ramírez recordó que el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para frenar los incrementos en las pólizas de seguros de gastos médicos mayores, luego de que más de 14 millones de mexicanos iniciaran 2026 enfrentando aumentos de entre 20% y 40% en sus primas, y de hasta 60% o 75% en el caso de adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.

Por ello, celebró que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados haya programado la discusión de un dictamen que modifica la Ley Federal de Protección al Consumidor; la Ley Sobre el Contrato de Seguro; la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; la Ley General de Salud; la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para tratar de contener el costo de los seguros médicos.

El legislador señaló que, en los primeros meses del año, miles de familias comenzaron a recibir avisos de renovación con incrementos que, en muchos casos, hacen prácticamente imposible mantener la cobertura médica privada. Para muchas personas, esto significa tener que elegir entre seguir pagando su seguro o cubrir otros gastos esenciales del hogar, como la hipoteca o la educación de sus hijos.

El diputado señaló que el dictamen recoge múltiples iniciativas orientadas a limitar los incrementos de primas a partir de los 60 años, prohibir las cancelaciones unilaterales para adultos mayores, salvo fraude o falta de pago, incentivar programas preventivos y garantizar la portabilidad de la antigüedad y de los periodos de espera. No obstante, no integra de manera expresa criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia en materia de no discriminación en seguros de salud, accesibilidad y ajustes razonables, especialmente en casos de discapacidad.

Aunque la Comisión propone aplicar tasa cero de IVA a las primas de seguros de gastos médicos mayores para personas de 60 años o más, así como permitir ciertas deducciones en ISR, el dictamen no corrige el problema de fondo: la restricción al acreditamiento del IVA establecida en la Ley de Ingresos de la Federación.

Además, habrá que estar pendientes de que la Secretaría de Hacienda no frene la discusión del proyecto para evitar una afectación en la recaudación.

La mayoría de los asegurados, especialmente quienes enfrentan padecimientos crónicos como cáncer, seguirá absorbiendo altos costos en sus pólizas si no se ajusta el tratamiento del IVA de manera general y no solo para adultos mayores.

Lo mismo ocurre con el ISR, ya que el dictamen solo permitiría una mayor deducción para personas mayores de 60 años.

Además, el 15% de deducción permitida en gastos de prevención, chequeos y evaluación de salud resulta insuficiente. Se requiere un tope más amplio y fortalecer la deducibilidad de gastos relacionados con hospitalizaciones, cirugías y tratamientos de enfermedades crónicas.

Además, existen dudas sobre cómo operarán la portabilidad de los seguros médicos y el derecho de los asegurados a elegir libremente médico tratante e institución hospitalaria, incluso fuera de las redes médicas establecidas. Aunque el dictamen reconoce estos derechos, no establece mecanismos claros para resolver posibles problemas de compensación de costos, calidad de los tratamientos u honorarios médicos.

En la práctica, si no se regula adecuadamente, esto podría traducirse en controles de precios por parte del gobierno federal, lo que limitaría todavía más la oferta de seguros médicos y su accesibilidad para los mexicanos.

En ese sentido, algunos de los límites a incrementos de primas y otros mecanismos regulatorios sobre las aseguradoras que propone la Comisión de Hacienda aparecen más justificados en consideraciones políticas y en la presión social que en parámetros técnicos, como criterios actuariales, siniestralidad o sostenibilidad financiera. Si se fijan en ley sin una base técnica clara, podrían ser objeto de impugnaciones o, peor aún, podría limitarse la oferta de seguros médicos que ofrecen las aseguradoras. Y con ello, el dictamen podría posponerse una vez más, como ha ocurrido en los últimos años.

Mientras más se retrasa la discusión, cada vez más personas se ven obligadas a vender su patrimonio, endeudarse o cerrar sus negocios para pagar una cirugía, una hospitalización o un tratamiento contra el cáncer.

El legislador del PAN detalló que, actualmente, el aumento en las primas responde a dos factores principales. El primero es la inflación médica, que desde hace varios años se mantiene por encima de la inflación general y actualmente se proyecta entre 13% y 15% anual. El segundo es el cambio fiscal incorporado en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, que establece que las aseguradoras ya no podrán acreditar el IVA que pagan cuando indemnizan siniestros a través de terceros, incluidos hospitales privados.

Hasta 2025, ese impuesto era acreditable y resultaba neutro en los costos de las aseguradoras. Sin embargo, con el nuevo diseño fiscal se convirtió en un costo definitivo que termina trasladándose a las primas de los asegurados. En la práctica, esto significa que un ajuste fiscal pensado para resolver controversias administrativas terminó encareciendo el acceso a la salud.

El legislador advirtió que este efecto tiene, además, consecuencias regresivas, ya que mientras los hogares de mayores ingresos pueden absorber el aumento, muchas familias de ingreso medio están siendo expulsadas del sistema privado de aseguramiento, lo que incrementa la presión sobre el Sistema Nacional de Salud.

Ante esta situación, la iniciativa del PAN propone tres medidas principales en las que insistirá en la Comisión de Hacienda:

Primero, flexibilizar el régimen de acreditamiento del IVA para los seguros de salud y de gastos médicos mayores. La Ley de Ingresos de la Federación para 2026 estableció una regla que impide a las aseguradoras acreditar el IVA que pagan en bienes y servicios utilizados para cubrir siniestros, como pagos a hospitales, cirugías o tratamientos médicos.

Antes de esta modificación, ese IVA podía acreditarse y no representaba un costo adicional para las aseguradoras. Sin embargo, al prohibirse su acreditamiento, el IVA se convierte en un costo directo para las compañías de seguros, lo que provoca que dicho gasto termine trasladándose al precio de las primas.

Segundo, fortalecer la deducibilidad de las primas de seguros de gastos médicos mayores en el Impuesto sobre la Renta de personas físicas. La propuesta del PAN establece un límite de hasta cinco UMA anuales, sin restricciones de edad o tipo de servicios, lo que actualmente equivale aproximadamente a 213 mil pesos al año. Mientras que el dictamen de la Comisión de Hacienda focaliza estos beneficios solamente para los adultos mayores.

Tercero, el PAN propone reforzar la transparencia y la supervisión tarifaria del sector asegurador. La propuesta faculta expresamente a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para emitir metodologías claras sobre la formación y el ajuste de primas, obligando a que se reflejen de manera objetiva la siniestralidad, los costos médicos y los efectos fiscales.

Asimismo, las aseguradoras deberán informar anualmente a sus asegurados, de manera clara y desagregada por edad y tipo de cobertura, los factores que explican los incrementos en sus pólizas, y la autoridad podrá intervenir cuando detecte aumentos injustificados o prácticas discriminatorias contra adultos mayores u otros grupos vulnerables.

El objetivo es construir un equilibrio razonable entre la responsabilidad fiscal del Estado, la solvencia del sector asegurador y la protección financiera de las familias.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados