Ciudad de México, 29 de abril de 2026

La Comisión de Salud, que preside el diputado Pedro Mario Zenteno Santaella (Morena), aprobó por unanimidad cuatro dictámenes que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cuidado materno infantil, contratación de personal médico y enfermería de origen indígena, así como vacunación obligatoria en educación básica.

El primer dictamen avalado modifica la fracción IV del artículo 3º de la Ley General de Salud sobre el derecho al cuidado materno-infantil, a solicitud de la diputada de Morena, María Magdalena Rosales Cruz.

Su objeto es establecer el cuidado materno-infantil como materia de salubridad general para garantizar una atención integral que abarque desde la prevención de riesgos gestacionales hasta la salud mental perinatal y el sano desarrollo del recién nacido.

Refiere que, al incorporarse este término en dicho artículo, se convierte en una obligación para el Sistema Nacional de Salud diseñar programas que no solo curen enfermedades, sino que preserven el bienestar integral.

Al respecto, la legisladora proponente, María Magdalena Rosales Cruz (Morena), señaló que la iniciativa tiene como finalidad utilizar un lenguaje que garantice la justicia social, al incluir la categoría de “cuidado materno-infantil”, pero no solo es utilizar el concepto sino ampliarlo para proporcionar un elemento más para otras iniciativas.

Indicó que el cuidado materno-infantil es trascendental e impacta directamente el replanteamiento de las políticas públicas, por lo que implementar un mecanismo como este en materia de salud preventiva arrojaría en México un alza en la tasa de bienestar materno- infantil.

El segundo dictamen aprobado es el relativo a la iniciativa que reforma los artículos 79 y 93 del citado ordenamiento, en materia de contratación de personal médico y enfermería de origen indígena, propuesta por el diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán, de Morena.

Ramírez Guzmán explicó que la reforma responde a una realidad ineludible: las barreras que enfrentan las comunidades indígenas para acceder a servicios médicos adecuados, derivadas no solo de factores económicos o geográficos, sino de la falta de personal que entienda su lengua y cultura.

Por ello, esta propuesta busca garantizar la incorporación en igualdad de condiciones, de personal médico y de enfermería de origen indígena.

Además, las y los diputados avalaron por unanimidad el dictamen a la iniciativa que propone adicionar un segundo y tercer párrafo al artículo 144 de la Ley General de Salud, para establecer como obligatoriedad la presentación de la Cartilla Nacional de Vacunación con el esquema completo acorde a la edad del menor para su inscripción y permanencia en instituciones de educación básica.

Además, busca reforzar la responsabilidad de madres, padres y tutores establecida en el artículo 157 Bis 1 de la propia Ley, que los obliga a garantizar que los menores reciban las vacunas contempladas en el Programa de Vacunación Universal.

Las autoridades educativas deberán impulsar jornadas de vacunación en los centros escolares y orientar a los padres o tutores sobre la importancia de la inmunización.

Precisa que, en ningún caso, la falta de vacunas será motivo de exclusión definitiva del sistema educativo, por lo que las autoridades escolares deberán canalizar de inmediato al menor a la unidad de salud más cercana para regularizar su esquema.

  También se aprobó el dictamen que adiciona el artículo 113 Bis a la Ley General de Salud para establecer que la prevención y atención de la obesidad infantil sea una prioridad programática a nivel nacional.

Para ello, dispone que los servicios estatales y federales deberán incorporar programas de prevención y atención integral de la obesidad infantil, en función de la prevalencia, los factores de riesgo sociales, educativos y ambientales, y conforme a las condiciones epidemiológicas locales.

 Refiere que los programas deberán incluir acciones de promoción de la salud, alimentación saludable, actividad física escolar, diagnóstico temprano, seguimiento clínico, participación comunitaria y evaluación periódica.

Sobre este tema, la diputada promovente Elizabeth Martínez Álvarez (PAN), señaló que esta iniciativa representa un paso firme para enfrentar la obesidad infantil, al establecer su prevención y atención como una prioridad nacional.

Destacó que esta medida también transforma un problema social en una obligación del Estado, al impulsar programas integrales de salud, alimentación y actividad física en beneficio de niñas, niños y adolescentes, subrayando que se trata de un tema urgente tanto a nivel nacional como en entidades.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados