Ciudad de México, 29 de abril de 2026

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que reforma la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de que la cuantía para la procedencia del recurso de revisión fiscal sea de 27 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de la resolución o sentencia, y no de 270 mil veces la UMA.

El documento, avalado por 290 votos a favor, 114 en contra y cero abstenciones, se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), explicó que este asunto tuvo origen en una iniciativa del Ejecutivo presentada ante la Cámara de Senadores en junio de 2025; la minuta resultante fue posteriormente analizada por esta soberanía en su carácter de Cámara revisora.

Recordó que el 25 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó dos modificaciones relevantes a la minuta enviada por el Senado. En primer lugar, se reformó el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para fortalecer el uso del sistema de justicia en línea, permitiendo que las partes puedan realizar comparecencias, presentar promociones y remitir documentos digitales de manera más ágil y segura.

Esa adecuación responde a una realidad ineludible: la justicia administrativa debe ser más accesible, más eficiente y acorde con los avances tecnológicos.

Además, la Cámara de Diputados propuso modificar el artículo 63, fracción primera de la citada ley, con el objetivo de incrementar el umbral económico para la procedencia del recurso de revisión. “La intención fue clara, racionalizar el uso de este medio de impugnación y concentrar la labor jurisdiccional en asuntos de mayor relevancia”, precisó el legislador.

Sin embargo, el 21 de abril la minuta fue devuelta por la Cámara de Senadores con observaciones. Por un lado, se aceptaron las modificaciones al artículo 19, reconociendo la pertenencia de consolidar el sistema de justicia en línea, así como la adición de un artículo quinto transitorio.

De igual modo, el Senado determinó no acompañar la modificación al artículo 63, fracción primera y propuso regresar al umbral original planteado por la iniciativa presidencial de 27 mil veces el valor de la UMA.

Por ello, la Comisión de Justicia realizó un análisis responsable, técnico y con visión institucional. “Si bien esta soberanía tuvo razones atendibles para plantear un umbral distinto, también es cierto que el proceso legislativo exige diálogo, acuerdos y, sobre todo, voluntad para construir consensos”.

Moreno Rivera puntualizó que con el ánimo de coadyuvar a la aprobación de esta reforma y de no retrasar los beneficios que implica, se manifiesta el acuerdo con la modificación aprobada por el Senado de la República.

Aclaró que “esta decisión no implica renunciar al debate de fondo sobre el alcance del recurso de revisión, sino reconocer que hoy es prioritario avanzar en una reforma que moderniza el procedimiento contencioso administrativo, fortalece el acceso a la justicia y brinda mayor certeza a las y los justiciables”.

Añadió que la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo forma parte de un esfuerzo integral por medio del funcionamiento de la justicia en nuestro país; se trata de una reforma que, por un lado, moderniza herramientas procesales y, por otro, busca mantener un equilibrio adecuado en el acceso a los medios de impugnación, atendiendo tanto a la eficiencia del sistema como a la garantía de los derechos personales.

“Hoy tenemos la oportunidad de dar certeza, fortalecer nuestras instituciones y perfeccionar un marco normativo que impacta directamente en la relación entre la administración pública y la ciudadanía. Los invito a respaldar el dictamen con responsabilidad, visión de Estado y con el compromiso de seguir construyendo leyes que respondan a las necesidades reales del país”, señaló Moreno Rivera.

El dictamen representa un ajuste técnico necesario

La diputada de Morena, Elena Edith Segura Trejo, indicó que el dictamen representa un ajuste técnico necesario para asegurar que el sistema de justicia administrativa funcione correctamente, que los mecanismos de revisión, ya previstos en la ley, puedan operar de manera efectiva y que las resoluciones relevantes puedan ser revisadas si se requiere.

Resaltó que el dictamen tiene grandes beneficios para la ciudadanía, ya que optimiza los tiempos, se incluye el juicio sumario y se hace el uso digital para las notificaciones y promociones. “No se están creando mecanismos en favor de la autoridad; al contrario, se beneficia a los particulares. Aprobar este dictamen significa que cualquier ciudadano que impugne una multa, una resolución fiscal o una sanción administrativa, tendrá respuesta en tiempo razonable”.

La justicia administrativa es un mecanismo importante para el Estado

La diputada Fatima Almendra Cruz Peláez (PVEM) opinó que la justicia administrativa es un mecanismo importante para el Estado de derecho, su esencia radica en garantizar que la actuación de la autoridad no sea arbitraria, sino que se encuentre sujeta a la ley, al debido proceso y respeto de los derechos fundamentales de toda persona.

Asimismo, esta justicia debe salvaguardar los derechos de las personas, pero, al mismo tiempo asegurar que el interés colectivo expresado en la buena administración de recursos públicos tenga oportunidad de ser protegidos con responsabilidad porque las finanzas públicas son el sustento de los servicios de salud, educación, infraestructura y seguridad.

El juicio administrativo será rápido, digital y ordenado

Del PT, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja dijo que la reforma busca hacer más rápido, digital y ordenado el juicio administrativo, pero sin cerrar la posibilidad de la revisión judicial de asuntos relevantes. “Consideramos que esta reforma le dará mayor celeridad procesal y mayor equilibrio entre las partes, particulares y autoridad”.

También, faculta al Tribunal de Justicia Administrativa para imponer multas a quienes presenten demandas, recursos o promociones improcedentes. Además, establece que el cumplimiento de las sentencias del tribunal tendrá mayores medidas de apremio, para que haya eficacia en el cumplimiento de las sentencias y no queden como letra muerta.

Acota los mecanismos de defensa de la gente

Emilio Suárez Licona, diputado del PRI, comentó que este dictamen está a favor de la autoridad y en prejuicio del ciudadano. Se dice que la reforma es positiva para modernizar los procesos jurisdiccionales-administrativos, y lo que no dice es que el precio de esa buena intención es acotar los mecanismos de defensa de la gente. Hoy –agregó– se vuelve a esta discusión porque la colegisladora no aceptó las modificaciones que se hicieron en esta Cámara y se allanan a la decisión del Senado.

No obstante, hizo notar que el fondo de la reforma sigue intacto. “Las y los legisladores del PRI sostenemos nuestro voto en contra, porque esta reforma más que agilizar la justicia amplía ventajas procesales para la autoridad, acota los márgenes de defensa de los particulares y genera incentivos para prolongar litigios adversos al gobierno”.

En su intervención, el diputado César Israel Damián Retes (PAN) pidió a la presidenta de la República que no se ponga en riesgo la economía de las familias y el Tratado de Libre Comercio ya que es algo que la población necesita.

Texto, Fotografía y Videos: Cámara de Diputados