La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, refrendó su compromiso para que la discusión sobre la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio cuente con todo el respaldo institucional para que se desarrolle con seriedad, transparencia y a la altura que reclaman las mujeres de nuestro país.
Ciudad de México, 30 de julio de 2026
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA PRELIMINAR DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), REALIZADA DE MANERA SEMIPRESENCIAL
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muy buenos días a todos, a todas, señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo.
Iniciamos la Sesión Extraordinaria de este Consejo General convocada para el día de hoy, por lo que le pido, Secretaria, verifique la existencia del quorum.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Muy buen día.
Como lo indica.
Me permito pasar asistencia a quienes nos acompañan de manera virtual.
Consejero Arturo Chávez.
Consejero del INE, Arturo Manuel Chávez López: Presente.
Buenos días a todas y a todos.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejera Norma Irene De la Cruz.
Consejera del INE, Norma Irene De la Cruz Magaña: Presente.
Muy buenos días.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejero Uuc-kib Espadas… Perdón, ya lo veo.
Gracias.
Consejera Rita Bell López.
¿Nos escucha, Consejera Rita?
Si alguien me ayuda, por favor, con la conexión de la Consejera Rita.
Consejero Jorge Montaño.
Escribió en el chat que tiene problemas de conexión.
Si alguien nos ayuda también con el Consejero Montaño, por favor, que tiene problemas de conexión.
Diputada Marcela Guerra Castillo.
Consejera del Poder Legislativo del PRI, Marcela Guerra Castillo: Presente.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Diputado Jorge Armando… Perdón, diputado José Alberto Benavides.
Consejero del Poder Legislativo del PT, José Alberto Benavides Castañeda: Presente.
Buenos días.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Diputado Ernesto Alejandro Prieto.
Consejero del Poder Legislativo del Partido Morena, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo: Muy buenos días.
Presente.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Maestro Víctor Hugo Sondón.
Representante del PAN, Víctor Hugo Sondón Saavedra: Presente, Secretaria.
Buenos días a todas las personas.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Maestro Fernando Garibay.
Representante del PVEM, Fernando Garibay Palomino: Presente, Secretaria.
Buenos días a todos.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
De nueva cuenta, a ver si logramos la conexión correcta con la Consejera Rita Bell López.
Gracias.
Consejero Jorge Montaño.
Consejero del INE, Jorge Montaño Ventura: Presente.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejera Presidenta, le informo que hay 10 personas de manera virtual y 11 de manera presencial, de manera en que tenemos 21 integrantes de este órgano colegiado y existe quorum legal para sesionar.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
Continúe, Secretaria.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Como lo indica.
Me permito informar a ustedes que mediante escrito fecha 30 de julio del 2026, suscrito por el ciudadano Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente del Consejo Nacional y del Comité Nacional del Partido Político Somos México, acredita para esta sesión al ciudadano Roberto Heycher Cardiel Soto como Representante Suplente del Partido Político Somos México ante el Consejo General de este Instituto.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
Estando presente el ciudadano Roberto Heycher, solicito a todos ponernos de pie para la respectiva toma de protesta.
Ciudadano Roberto Heycher Cardiel Soto, acreditado como representante suplente del Partido Político Somos México ante este Consejo General:
¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado?
Representante de Partido Somos México, Roberto Heycher Cardiel Soto: ¡Sí, protesto!
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Si no fuere así que el pueblo y la nación se lo demande.
Este Consejo General confía que en el desempeño de esta importante encomienda usted se apegará a los principios rectores de la función electoral y contribuirá al fortalecimiento y consolidación del sistema democrático de nuestro país. Bienvenido.
Continúe, Secretaria.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: El siguiente asunto se refiere al orden del día.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: A consideración de todos y todas.
Una solicitud, en el orden del día estamos, consejero.
No habiendo solicitud de intervención en el orden del día, proceda a tomar la votación, Secretaria.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Como lo instruye, consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba el orden del día, así como la dispensa de la lectura de los documentos que contienen los asuntos circulados para entrar directamente a la consideración de los mismos.
Quien esté de acuerdo en esta sala, por favor levantar su mano.
Gracias.
Consejero Montaño. Entiendo que seguimos teniendo problemas de conexión.
Consejera Norma Irene De la Cruz.
Consejera del INE, Norma Irene De la Cruz Magaña: A favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Consejero Arturo Chávez.
Consejero del INE, Arturo Manuel Chávez López: A favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Me indican que en el chat el Consejero Montaño nos responde.
Consejero del INE, Jorge Montaño Ventura: A favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejera Presidenta, le informo que el resultado de la votación es por unanimidad de votos.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Secretaria.
Ponga a consideración de este Consejo General el primer asunto del orden del día.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Como lo indica.
El primer punto es el relativo al Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento sancionador ordinario con clave de expediente UTS/CG/Q/CG/138/2025, iniciado con motivo de la vista ordenada en la resolución INE/CG630/2023, dictada por este Consejo General por la presunta omisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a dar respuesta a cuatro solicitudes de información formuladas por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Secretaria.
A consideración de todos y todas por si hay alguna intervención.
Consejero Uuc-kib, Consejera Frida, Consejero Martín Faz.
Consejero del INE, Uuc-kib Espadas Ancona: P Gracias.
Este punto me ha llevado a mucha reflexión desde que fue rechazado y reelaborado la semana pasada, a partir de la semana pasada.
A ver, en una reflexión honda podría yo estar de acuerdo en que, estoy de acuerdo en realidad ahora en que el proyecto que rechazamos era excesivo, es decir, ante el incumplimiento en tiempo de un informe de la Comisión Nacional Bancaria, inmediatamente se presentaba una vista ante los órganos anticorrupción, lo cual en la práctica equivalía a una queja y a una presunción de una falta al menos culposa.
Sin embargo, me parece que el proyecto que hoy se presenta va justamente del otro lado y que tampoco es adecuado.
En el caso, efectivamente, la Comisión argumenta no haber podido entregar la información en los cinco días a los que está obligado legalmente por responsabilidades de terceros.
Ahora bien, estos argumentos quedan más allá, la valoración de estos argumentos queda más allá de las facultades del INE, es decir, así como el INE no puede decidir que hubo una falta por parte de algún funcionario específico y la ley prevé lo que hay que hacer en estos casos, tampoco puede el INE valorar los factores de incumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y decidir que no hay otra cosa que hacer.
A ver, en lo que sí estaba en lo cierto el proyecto que rechazamos es que el incumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria se acredita plenamente, es decir, la Comisión no entregó en los cinco días en los que debía entregar.
No estamos ante un vacío legal que nos dice la ley. Bueno, voy a leer yo mismo en lugar de pedirle a la Secretaria que lea, en todo caso utilizaré mi segunda intervención.
Artículo 557, cuando las autoridades, esto es la LGIPE, cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna infracción prevista en esta ley e incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada o no presten auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del instituto, se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el ministerio público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.
Es decir, la ley ordena dos caminos.
El primero, dar vista al superior jerárquico del funcionario involucrado y en su caso, no obligatoriamente, el primer mandato es imperativo, el segundo es condicionado, presentará la queja ante la autoridad competente.
Me parece que el fallo del proyecto de la semana pasada era justamente brincar directamente a presentar una queja.
Sin embargo, me parece que se tenía que cumplir, se tiene que cumplir la vista al superior jerárquico.
La ley continúa, artículo 458. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales incumplan con los mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada o no presten el auxilio y colaboración que les sea requerido por los órganos del Instituto, se estará a lo siguiente.
A) Conocida la infracción, la UTC de la Secretaría Ejecutiva integrará un expediente que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora para que éste proceda en los términos de ley.
B) El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar el instituto las medidas que haya adoptado y, en su caso, si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el requerimiento será turnado a la Auditoría Superior, etcétera.
Es decir, la ley prevé que, ante un diferendo en términos, en este caso, del término de la entrega de información hay un procedimiento que debe tener consecuencias.
Si nosotros, rebasando nuestra autoridad, decidimos ahora que no hubo falta de la Comisión Nacional Bancaria, frente a la evidencia fáctica y refutada de que no se entregó la información en tiempo, se prevé un mecanismo en donde el INE se dirige a la autoridad que no cumplió el plazo diciéndole: óyeme, no cumplieron el plazo”, y la autoridad que recibe debe decir: “tiene razón, cinco días son cinco días, te entregué mucho después, hubo causas no imputables a nosotras, pero revisaremos nuestro procedimiento”.
¿Qué puede resultar de una revisión así? Decir “pues mira, ¿sabes qué?, la realidad es que no tenemos medidas para presionar a quien incumpla desde fuera, no hay nada que hacer o procederemos a hacer esto, o a la próxima, dentro del plazo de cinco días, habiendo una causa externa, te informaremos para que sepas que la información se está procesando”.
En fin, yo no le voy a decir a la Comisión Nacional Bancaria qué medidas debe tomar para solucionar un problema de facto que existió.
La existencia del incumplimiento es un hecho comprobado, no hay discusión, la discusión está en torno a cuáles son las responsabilidades de cada institución involucrada.
Me parece a mí que el acuerdo en los términos que hoy se presenta no satisface esta necesidad, se valora sin tener facultad de ello la causa que originó el incumplimiento de términos, no tiene este Instituto la facultad para hacer esto, esto le corresponde al superior jerárquico de la autoridad, del funcionario directamente responsable en la Comisión Nacional Bancaria y debe tener como consecuencia el establecimiento de procedimientos, no podemos brincar eso, no debemos brincar eso.
Los conflictos o los diferendos entre instituciones son un supuesto del marco legal que prevé en qué términos debe transcurrir el diálogo entre las instituciones en esta contradicción.
Y lo que la ley nos ordena hoy es hasta donde podemos, que es el hecho, reconocer la existencia del incumplimiento y dirigirnos no a la Secretaría Anticorrupción, sino al superior jerárquico, al no sé si es Comisionado o Presidente el de la Comisión Nacional Bancaria, y decirle “oye, pasó esto”, y entonces corresponderá a este superior jerárquico proceder en términos de la ley comunicando al Instituto las medidas que se tomarán a futuro.
Para ilustrar estos elementos, yo quiero, ahora sí solicito a la Secretaria, porque mi tiempo se acaba, dar lectura al comunicado número 56 de la Comisión Nacional Bancaria sobre atención de requerimientos del INE en 2021.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Comunicado número 56 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informa sobre la atención de requerimientos del INE.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores no ha impedido, retrasado u obstaculizado la tarea de fiscalización de los recursos que son utilizados en precampañas y campañas electorales.
Está fechado con 27 de mayo de 2021.
Comunicado de Prensa.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores no ha impedido, retrasado u obstaculizado la tarea de fiscalización de los recursos que son utilizados en precampañas y campañas electorales.
En lo que va del año 2021 se han gestionado mil 189 oficios con requerimientos de información a entidades financieras a petición de la autoridad electoral, que implican la gestión de información de 33 mil 850 personas.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores trabaja con máxima diligencia y de manera expedita los requerimientos de información de las autoridades, entre ellas el INE.
Respecto a la información difundida por el Instituto Nacional Electoral, el día de hoy la Comisión informa que ha cumplido con su labor y no ha impedido, retrasado u obstaculizado la tarea de fiscalización de los recursos que son utilizados en precampañas y campañas electorales.
Durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y hasta el 26 de mayo de 2021 se han gestionado y retransmitido a las entidades financieras requeridas mil 189 oficios del INE, que implican información financiera de gestión de 33 mil 850 personas, los cuales las entidades financieras han atendido plenamente un total de 482 y parcialmente 707.
Con respecto al requerimiento con fecha 7 de septiembre de 2020, mencionado en el comunicado del INE, la Comisión aclara que el mismo fue enviado al sector Banca Múltiple el mismo día, a través del cual solicitaron estados de cuenta en formatos PDF y XML de todas las cuentas abiertas, contratos y tarjetas de firmas de más de 900 personas físicas del periodo de enero a agosto de 2020.
Cabe señalar que se han enviado todas las respuestas positivas que se han notificado a la Comisión, quedando atendido en un 99 por ciento, únicamente queda pendiente de remitir la respuesta del Banco Nacional de México, S.A., Banamex.
En todo caso, el atraso en la atención de los requerimientos se debe principalmente al volumen de la información y de la complejidad de los requerimientos.
Cinco instituciones bancarias concentran el 90 por ciento de los requerimientos con retraso, Banco Santander México S.A., Banco Azteca S.A., Banamex, Scotiabank Inverlat S.A. y Banco Mercantil del Norte S.A.
La Comisión reitera su compromiso de continuar coadyuvando con las autoridades de manera expedita, entre ellas el INE, para transmitir, enviar y gestionar los requerimientos de formación a las entidades financieras bajo su supervisión.
Es cuanto.
Consejero del INE, Uuc-kib Espadas Ancona: Gracias, Secretaria.
Sólo en los segundos que me quedan, quedaban, ahí están, 35.
Sólo referiré que tratándose de un asunto distinto del que discutimos, la reacción de la Comisión Nacional Bancaria me parece ejemplificante, en condiciones de una conocida fuerza mayor y con gestión de información, no puede rendir informes en tiempo, no sólo explica públicamente que la atención es prioritaria, reconoce que no se están entregando en tiempo la información y establece medidas para lograrlo.
Volveré sobre el punto en mi segunda intervención. Muchas gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
Si me acepta una moción para que concluya correctamente.
Consejero del INE, Uuc-kib Espadas Ancona: Adelante, gracias.
Sí, a ver, lo que quiero ejemplificar con esto es el incumplimiento de términos es claro. En ocasiones anteriores, en el 21, la Comisión Nacional Bancaria explica las razones de este incumplimiento en este momento, porque en aquel momento por causas de fuerza mayor sin negar la existencia ni la importancia del incumplimiento, y lo hace como una reacción desde dentro, que es lo que la ley permite.
En ese sentido, me parece que nosotros estamos legalmente obligados a notar la falta de respuesta en el tiempo legal, obedecer la ley comunicándole el hecho al superior jerárquico del funcionario a quien se le dirigió la solicitud y, en consecuencia, el superior jerárquico deberá reaccionar como lo han hecho en el pasado, respondiéndole al Instituto, sí, qué fue lo que pasó, como una explicación, pero sobre todo diciendo las medidas que tomará para que esto no vuelva a ocurrir, ojo, sin que esto presuponga ni implique responsabilidad personal de ningún funcionario, como podemos acordar sí hacía el proyecto que fue rechazado la semana pasada.
Bueno, de todos modos, tendré que utilizar algunos segundos de mi próxima intervención para explicar, sintetizar qué propongo ante esta situación.
Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Consejero Uuc-kib.
Consejera Frida Denisse Gómez.
Consejera del INE, Frida Denisse Gómez Puga: Sí, muchas gracias, Presidenta.
Buen día a todas, todos y “todes”.
Quiero referirme a este punto porque está directamente relacionado con una de las herramientas que fortalecen el trabajo especializado que realiza la Unidad Técnica de Fiscalización y que además pone de manifiesto un aspecto fundamental para la eficacia de la fiscalización electoral, la colaboración oportuna entre las distintas autoridades.
Una parte sustantiva de las labores de auditoría consiste en la aplicación de procedimientos adicionales, entre ellos la confirmación de información con otras autoridades, particularmente con el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La información que proporcionan estas instituciones resulta indispensable para la fiscalización, pues permite realizar cruces de información, detectar inconsistencias, identificar operaciones no reportadas o atípicas y generar hallazgos que originen observaciones e incluso procedimientos sancionadores.
Es decir, estos procedimientos de intercambio de información permiten corroborar la veracidad y consistencia de la información reportada por los sujetos obligados.
Si bien el asunto que hoy se somete a nuestra consideración no deriva de una omisión atribuible a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, considero importante aprovechar este espacio para visibilizar una problemática que se ha vuelto recurrente y que impacta directamente los procesos de auditoría, la demora en la atención de las solicitudes de información formuladas por la autoridad fiscalizadora.
De acuerdo con el informe más reciente presentado por la Unidad Técnica de Fiscalización, durante 2025 únicamente el tres por ciento de las solicitudes dirigidas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fueron atendidas dentro de un plazo de uno a cinco días.
En lo que va del 2026 esa cifra incluso disminuyó al dos por ciento. Esto significa que el 98 por ciento de los requerimientos de información se atienden de manera extemporánea.
Esta situación no es menor, la oportunidad en la entrega de la información es un elemento esencial para que la autoridad electoral pueda ejercer de manera eficaz sus facultades constitucionales y legales de fiscalización.
Cada día de retraso limita la capacidad de la Unidad Técnica de Fiscalización para desarrollar investigaciones oportunas, agotar diligencias, robustecer sus hallazgos y presentar a este Consejo General proyectos sustentados con la mayor solidez técnica posible, particularmente cuando existen plazos perentorios que deben cumplirse para emitir los dictámenes y resoluciones correspondientes.
Por ello hago un respetuoso, pero firme llamado al Servicio de Administración Tributaria, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que den cumplimiento oportuno a lo dispuesto en el artículo 200, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a las obligaciones asumidas en los convenios de colaboración celebrados con este Instituto.
La colaboración interinstitucional no puede entenderse únicamente como un compromiso formal, debe traducirse en respuestas oportunas y eficaces, ya que sólo mediante una coordinación real podremos cumplir con uno de los objetivos más importantes del sistema electoral mexicano: garantizar que los recursos que financian la actividad política sean plenamente trazables y que su origen, destino y aplicación se apeguen a la legalidad.
Fiscalizar no significa únicamente revisar cifras, es ofrecer certeza a la ciudadanía de que el dinero que circula en la política es lícito, transparente y se ejerce conforme a la ley.
Esta es una responsabilidad institucional que nos compromete a todas y a todos.
Muchas gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Consejera Frida.
Consejero Martín Faz.
Consejero del INE, José Martín Fernando Faz Mora: Buen día.
Como es conocimiento de este Pleno, el motivo por el cual tenemos nuevamente a nuestra consideración el presente procedimiento ordinario y sancionador, deriva de la decisión mayoritaria de este Consejo de ordenar a la Unidad de lo Contencioso la realización de un nuevo análisis y revaloración del caso, lo cual generó que el sentido originalmente propuesto se modificara y, en consecuencia, ahora se nos ponga la inexistencia de la infracción atribuida a las personas servidoras públicas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, propuesta que no acompaño y me permito señalar las razones de mi disenso.
En primer lugar, conviene señalar, como ya lo dijeron quienes me precedieron, que el artículo 200 establece claramente que las autoridades y las instituciones públicas y privadas están obligadas a responder a la Unidad Técnica de Fiscalización las solicitudes de información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal en un plazo máximo de cinco días después de realizada la consulta.
Lo anterior se correlaciona con lo dispuesto en el artículo 449, párrafo uno, inciso a), del mismo ordenamiento, que establece como infracción a la ley la omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar en tiempo y forma la información que le sea solicitado por los órganos de este Instituto.
Como podemos advertir, los preceptos legales en cita son claros e inequívocos, pues establecen la obligación de todas las autoridades de proporcionar la información que les sea requerida por la Unidad Técnica de Fiscalización en un plazo máximo de cinco días, lo cual no es un parámetro orientador ni una meta deseable, sino es una obligación que el legislador plasmó en la ley y que debe cumplirse para dar efectividad a la función constitucional de fiscalización que tiene a su cargo este Instituto, porque la obtención de la información de forma oportuna es uno de los pilares fundamentales que sostiene la viabilidad del modelo de fiscalización que hoy nos rige.
En segundo lugar, es importante apuntar que el proyecto puesto a nuestra consideración tiene por acreditado que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue omisa en dar cumplimiento a la obligación de dar respuesta dentro del plazo de cinco días establecidos en la ley.
Además, es necesario precisar que dicha autoridad no solicitó prórroga alguna o avisó de la necesidad de requerir un plazo mayor para dar respuesta, lo cual es algo sumamente usual.
Evidentemente que no cuenta con esa información, tiene que solicitársela a terceros, pero estaba obligada en cinco días a darnos respuesta, quizás no con la información solicitada, pero sí a darnos respuesta para decirnos: “no te la puedo entregar, solicita una prórroga de equis días, de tantos días”, y sin embargo no lo hizo, cuando es algo muy usual por parte de estas instituciones, sobre todo cuando la información pertenece a terceros.
El punto es que fue absolutamente omisa en responder en cinco días, aunque fuera en esos términos o solicitando una prórroga.
Otro aspecto a destacar es que las instituciones de banca le dieron respuesta a la Comisión en fechas 28 de agosto, 4 de septiembre y 9 de octubre del 2023, y por su parte la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió la información a la Unidad Técnica de Fiscalización hasta el 23 y 25 de octubre del 2023, con lo cual se evidencia desde mi punto de vista una dilación injustificada y negligente que va desde dos semanas hasta casi dos meses en que la información no fue requerida a quien la solicitó. Que si hubo respuesta, en agosto, en septiembre, y fue, sin embargo, hasta octubre que se entregó.
Asimismo, dar por bueno que la información fue remitida con anterioridad a la aprobación del dictamen respectivo, como se argumenta en el dictamen, desde mi perspectiva no constituye un argumento válido ni una atenuante para desvirtuar la infracción en materia del presente procedimiento.
Por esos motivos no puedo acompañar la revalorización que se formula en este nuevo proyecto, pues estimo que el incumplimiento del plazo legal de cinco días dispuesto en la LGIPE se encuentra acreditado de manera clara y evidente, como ya lo señaló también mi colega el Consejero Espadas; sin que el nuevo análisis ofrezca argumentos y/o elementos que desvirtúen la existencia de la omisión de dar respuesta en el plazo legal establecido.
Considerar lo contrario representa un incentivo negativo, incluso un acto de autolimitación por parte de este Instituto para el modelo de fiscalización vigente, que dicho sea de paso se encuentra diseñado con plazos breves, por no decir brevísimos, en los cuales las personas auditoras deben procesar inmensos cúmulos de información y construir los dictámenes y resoluciones que son sometidos a este pleno.
Estoy convencido de que convalidar el proyecto que nos ocupa y relativizar un caso como el presente, no sólo implicaría debilitar la herramienta con la que se dotó a esta autoridad para allegarse de la información necesaria a fin de garantizar la viabilidad y el adecuado desarrollo de las distintas etapas y procesos, sino que también sentaría un precedente que podría comprometer la eficacia de las facultades de fiscalización. Por ello, señalo que es incluso un acto de autolimitación de las atribuciones que tenemos en materia de fiscalización.
Ello entraña un riesgo institucional al limitar nuestra propia capacidad para obtener información oportuna y suficiente con la consecuente afectación a la eficacia, integridad y solidez de nuestro sistema de fiscalización.
Finalmente, es importante señalar que el deber de toda autoridad es aplicar la ley conforme a sus atribuciones y, en el caso que nos ocupa, si bien existe y seguirá existiendo la colaboración interinstitucional, la cual es indispensable, la aplicación de la ley no puede ni debe estar supeditado a ningún tipo de consideración especial, pues considerarlo así conlleva un debilitamiento del sistema de fiscalización y del Estado de derecho.
Por lo que ya he señalado, mi voto será en contra del proyecto, pero estaré atento a las consideraciones del Consejero Espadas, por supuesto.
Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Martín Faz.
Consejero Arturo Castillo.
Consejero del INE, Arturo Castillo Loza: Muchas gracias, Presidenta.
Muy buenos días a todas y todos.
En el mismo sentido que el Consejero Faz y que el Consejero Espadas, yo no comparto el proyecto que tenemos a nuestra consideración y quisiera nada más desglosar brevemente dos argumentos de por qué no es correcto el proyecto que hoy tenemos, y son fallos de carácter estrictamente jurídico.
Básicamente, el proyecto propone declarar inexistente la infracción con base en dos argumentos.
Primero, que no existe un daño, porque se entregó la información, aunque tarde, con anticipación suficiente para ser considerada por la Unidad Técnica de Fiscalización. Y dos, con base en una tesis de rubro información cuando la omisión de proporcionarla al Instituto Federal Electoral es sancionable.
¿Por qué no estoy de acuerdo con esto y me parece que además es una aplicación incorrecta de las normas que rigen estas cuestiones? Primero, porque no se trata ni de un ilícito de resultado, ni de un ilícito que tenga un elemento subjetivo.
Quiero nada más repasar lo que dice el artículo 449 de la LGIPE, que constituyen infracciones a la presente ley de las servidoras y servidores públicos, entre otros, la omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio, y de proporcionar en tiempo y forma la información que le sea solicitada por los órganos del Instituto.
No existe un solo elemento subjetivo aquí, no están diciendo, la ley no dice que, si esta omisión o incumplimiento se presenta de manera intencional o dolosa, entonces se constituye la infracción, es estrictamente objetiva. Si no se cumple con la obligación de presentar la información, haya sido doloso o haya sido culposo, constituye y actualiza expresamente esta infracción.
En este mismo sentido, tampoco se puede considerar un ilícito de resultado, ¿por qué? Porque si fuera un ilícito de resultado, entonces tendríamos que esperar a que se genere un daño irreparable a la actividad fiscalizadora y de verificación que hace esta institución. Se trata de un ilícito de riesgo, precisamente por eso se establece un plazo muy específico de cinco días para cumplir con los requerimientos de la autoridad.
En este sentido, la aplicación de esta tesis está claramente incorrecta en el proyecto que nos ocupa.
La tesis aplica a la sancionabilidad de la conducta, es decir, a supuestos de eximiente de responsabilidad en su caso, no a la infracción misma, no a la constitución de la infracción.
Desde mi perspectiva, también como ya lo comentó el Consejero Faz, es clarísima la infracción, es decir, los requerimientos fueron desahogados 64 y 66 días hábiles después de la fecha en la que fueron notificadas las solicitudes de la Unidad Técnica de Fiscalización.
E incluso si tomáramos como eximiente de responsabilidad el retraso por parte de las instituciones financieras y no de la propia Comisión, la Comisión tardó 29 y 27 días hábiles después de haber recibido las respuestas de las instituciones financieras para presentarnos las respuestas. No existe ninguna justificación para este último retraso, una vez contando con la información la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Desde mi perspectiva, existe claramente una infracción acreditada, me parece que tampoco existe un eximiente de responsabilidad en su caso, porque justamente hay una dilación injustificada a pesar de que la Comisión contaba con la información.
Sin embargo, estoy de acuerdo con la propuesta que ha hecho el Consejero Espadas, que de hecho es perfectamente consonante con una observación que yo circulé en la sesión pasada del Consejo General. En efecto, lo que establece el artículo, no recuerdo el número, pero lo que establece la LGIPE es que una vez que se acredita una infracción como esta en materia electoral, lo que corresponde en un primer paso es dar vista al superior jerárquico, no dar inicio por sí mismo o naturalmente a una queja.
En este sentido, coincido con la propuesta del consejero Espadas, que yo también hice la vez pasada en el propio Consejo.
En este caso me parece que la propuesta que hago concreta, nada más para efectos, es en caso de que el proyecto sea rechazado, la contrapropuesta sería cambiar el sentido de la resolución para tener por acreditada la infracción y modificar los efectos para dar vista a los superiores jerárquicos de los funcionarios involucrados, no así para presentar una queja, sólo dar vista a los superiores jerárquicos.
Me parece que aquí lo que se tiene que proteger es justamente la capacidad de esta institución para hacer efectivo las facultades que tiene de fiscalizar y de vigilar el origen y destino de los recursos que se utilizan en materia político-electoral.
Además, una cuestión que, por ejemplo, comentaba la Consejera Frida, no es novedad que muchas instituciones tardan innecesariamente en dar respuesta a las solicitudes de esta institución, algunas de ellas ni siquiera responden, y esto sí afecta directamente la capacidad que tenemos para arbitrar la equidad en la contienda.
En este sentido, mi voto será en contra del proyecto y tengo esta propuesta concreta para que en caso de que sea rechazado el proyecto en sus términos se pueda votar.
Es cuanto.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Consejero Castillo.
Consejera Carla Humphrey.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Gracias, Presidenta.
Buenos días a todas y a todos.
Solamente para manifestar también que votaré en contra de este proyecto.
Me parece que, como ya se dijo, la infracción está claramente acreditada, hay un incumplimiento por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no sé cómo en este proyecto se llega a otra determinación, pues aquí se alude a algunas cuestiones que podían tomarse o podrían tomarse para poder bajar, digamos, graduar una sanción, pero nosotros tampoco estamos sancionando.
Lo que aquí se está proponiendo, más bien lo que se proponía en el proyecto de la semana pasada era justamente dar vista a la autoridad competente, no se estaba proponiendo sancionar aquí.
Por tanto, me parece que toda la argumentación de este acuerdo no se sostiene jurídicamente de ninguna manera.
Segundo, me parece, se nos leyó un comunicado de 2021, aquí hay claridad que llevamos por lo menos cinco años en que las autoridades incumplen con enviarnos en tiempo y forma toda la información que les pedimos, tanto es así que estamos en un comunicado de 2021.
¿Qué quiere decir esto? Que tampoco se han tomado las medidas al interior de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cosa que no hacemos nosotros, para que las entidades financieras, las instituciones bancarias provean información en tiempo y forma.
Eso es un tema que tiene que hacer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero claramente aquí hay un incumplimiento por parte de la propia Comisión.
Y claramente lo que dice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tampoco se sostiene, ya se dijo aquí que se tardaron más de 60 días hábiles en que les contestaran las entidades e instituciones financieras; sin embargo, se tardaron más de 20 y 25 días hábiles en hacer llegar esa información a esta Comisión.
Segundo, no sé cómo pueden argumentar desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores si se obstaculizan o no las labores de fiscalización, ¿son ellos o ellas quienes fiscalizan?, ¿saben cuál es el cúmulo de información que estamos pidiendo?, ¿saben acaso la información que pedimos al resto de autoridades? No, entonces no sé cómo pueden en un comunicado hacer esa afirmación.
Tercero, me parece además importante señalar que en este Consejo General hemos traído y seguimos trayendo un informe respecto de los incumplimientos en los que caen desafortunadamente todas las autoridades y mes con mes aprobamos para cada sesión ordinaria de este Consejo General un informe en el que detallamos cuáles son las autoridades que incumplen, que desafortunadamente son todas.
Hay algunas que han hecho esfuerzos por acortar los plazos, etcétera, pero no cumplen claramente con lo que señala la norma en tiempo y forma.
Una vez más hago este llamado para sentarnos con las autoridades correspondientes, vamos a iniciar otro proceso electoral y muchos de estos temas tienen que ver con que después de la fiscalización tenemos que abrir procedimientos oficiosos porque no tenemos la información respecto de las autoridades financieras que pedimos justamente para verificar el origen, monto y destino de los recursos con que cuentan los partidos políticos.
Por tanto, yo no podría, por supuesto, acompañar este proyecto que se nos hace, esta resolución para determinar cómo inexistente la infracción, porque está plenamente acreditada.
Y lo que se señalaba en el proyecto anterior es que se daba vista a la autoridad competente. A mí me parece que hay que evaluar cuál es la autoridad competente, pero también darle seguimiento, porque, perdón, estas vistas para que el superior jerárquico sancione, nunca, que yo sepa, nos ha notificado que hay una sanción porque un funcionario o funcionaria de una institución no cumple con ello.
Yo pediría entonces, si es que se vota en contra de este proyecto, también que se incorpore el que se nos debe notificar como autoridad que da la vista, pues qué se hizo con la vista que se dio, cuál es el trámite que se dio para que nosotros también como autoridad fiscalizadora, como autoridad electoral podamos saber y, en su caso, si no, también intentar otras vías jurídicas, porque lo que no estamos teniendo aquí es la información que es básica para que esta autoridad resuelva sobre la transparencia en el uso de los recursos por parte de los partidos políticos y, en su caso, precandidaturas, candidaturas y personas aspirantes.
Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, consejera Humphrey.
Diputado Guillermo Rafael Santiago, representante del Partido Político Morena. Adelante.
Representante del Partido Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Gracias, Consejera Presidenta. Muy buenos días a todos y a todas, consejeras y consejeros.
El Proyecto que hoy se somete a consideración se refiere a un Procedimiento Sancionador Ordinario iniciado con motivo de una vista ordenada por este Consejo General, relacionada con la atención de diversos requerimientos de información formulados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante la revisión de los informes anuales correspondientes al ejercicio 2022.
Este asunto permite destacar un aspecto fundamental de los procedimientos sancionadores. La vista constituye el punto de partida de una investigación, pero no una conclusión anticipada sobre la existencia de una infracción.
Precisamente la finalidad de estos procedimientos es dotar a la autoridad de los elementos necesarios para esclarecer los hechos y determinar, con base en las constancias que integran el expediente, si existe o no responsabilidad administrativa.
En ese sentido, los requerimientos de información representan una herramienta indispensable para la adecuada sustentación de los procedimientos administrativos.
En múltiples ocasiones, el esclarecimiento de los hechos depende de la información que obra en poder de otras autoridades, por lo que la colaboración institucional resalta esencial para la integración de expedientes completos y para el adecuado ejercicio de las atribuciones de esta autoridad electoral.
Ahora bien, es importante señalar que la vista que dio origen a este procedimiento fue ordenada con base en los elementos con los que se contaba en este Consejo General al momento de aprobar la resolución INE/CG630/2023.
Sin embargo, precisamente, la finalidad de este procedimiento consistía en profundizar en el análisis de los hechos, recabar mayores elementos de convicción y determinar si efectivamente se actualizaba la presunta omisión advertida de aquel momento.
El procedimiento que hoy se resuelve da cuenta precisamente de ese ejercicio de esclarecimiento. Durante su sustentación fue posible reconstruir la secuencia de las actuaciones realizadas.
Asimismo, todo bien ello permitió contar con un panorama completo de los hechos y no únicamente con los elementos disponibles al momento en el que se ordenó la vista.
Las constancias recabadas durante el procedimiento permitieron acreditar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores atendió los cuatro requerimientos materia de la vista, en particular quedó demostrado que, al no contar directamente con la información solicitada, realizó las gestiones necesarias ante las instituciones financieras que la tenían bajo su resguardo y una vez obtenida la remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización.
Asimismo, se advierte que la información fue proporcionada antes de la aprobación de la resolución INE/CG630/2023 y que la propia Unidad Técnica de Fiscalización confirmó posteriormente el cumplimiento de las solicitudes sin identificar omisión alguna.
Por ello, resulta claro que los requerimientos fueron atendidos y que no se le generó una afectación al desarrollo de la fiscalización.
En consecuencia, al no haberse acreditado la omisión que motivó el inicio del procedimiento, se acompaña el sentido del proyecto, que propone declarar inexistente la inflexión atribuida a las personas servidoras públicas involucradas.
Es cuanto, Consejera Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, señor Diputado.
¿Alguien más desea intervenir en esta primera ronda?
Me anoto para intervenir.
Estaré atenta a la propuesta del Consejero Uuc-kib Espadas, pero anticipo que estoy a favor porque resuelve este proyecto de acuerdo lo que en este Consejo se estableció la semana anterior, que se viera de manera integral el asunto.
El asunto que se nos presenta nuevamente a nuestra consideración exige distinguir con claridad dos cuestiones que, aunque relacionadas, no son idénticas.
La primera es la existencia de una obligación legal de responder oportunamente los requerimientos de la Unidad Técnica de Fiscalización. La segunda es determinar si en las circunstancias concretas del expediente se actualiza una infracción sancionable atribuible a las personas servidoras públicas denunciadas. Empiezo por lo primero.
El artículo 200 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las autoridades y las instituciones públicas y privadas deben responder las solicitudes de información protegida por los secretos Bancario, Fiduciario y Fiscal en un plazo máximo de cinco días. Ese mandato es claro. Su cumplimiento es indispensable para que la Unidad Técnica de Fiscalización pueda ejercer sus atribuciones con oportunidad, exhaustividad y eficacia.
Por eso quiero señalarlo expresamente. Este proyecto no desconoce el artículo 200, no relativiza su contenido y tampoco convierte el plazo legal en una referencia optativa.
También es cierto que el artículo 449 de la propia ley contempla como infracción de las autoridades y personas servidoras públicas la omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración, auxilio o proporcionar en tiempo y forma la información solicitada por los órganos del Instituto.
Sin embargo, la existencia de estas disposiciones no releva a este Consejo General de analizar integralmente los hechos, las pruebas, las atribuciones de cada persona involucrada y las condiciones en las que se atendieron los requerimientos.
Estamos resolviendo un procedimiento sancionador, no estamos resolviendo únicamente un cómputo de días.
Y en el derecho administrativo sancionador no es jurídicamente válido construir una responsabilidad automática por el solo transcurso del tiempo sin analizar la conducta desplegada, su imputación personal y la existencia de dolo, negligencia, resistencia o falta de cuidado. Esto es precisamente el análisis que se incorpora al proyecto después de la devolución acordada en la sesión anterior.
La propuesta retoma las consideraciones expuestas en este pleno por el Consejero Chávez, particularmente en cuanto a que debía examinarse que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no generaba directamente la información, que dependía de las instituciones financieras para recabarla y que era necesario valorar de manera clara el impacto material de la conducta en el procedimiento de fiscalización.
¿Qué nos muestran las constancias?
Muestran que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores recibió cuatro requerimientos de la Unidad Técnica de Fiscalización los días 18 y 22 de agosto del 2023. Muestran también que solamente tres días hábiles después, los días 23 y 25 de agosto, la Comisión formuló los requerimientos correspondientes a las cuatro instituciones financieras que tenían en su poder la información solicitada.
Es decir, no existió inactividad inicial, abandono del requerimiento o resistencia a colaborar. La autoridad requerida activó oportunamente el procedimiento necesario para obtener la información. Este elemento es relevante porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no tenía en sus archivos la información financiera solicitada.
Su función consistía en servir como conducto institucional entre la autoridad electoral y las entidades financieras. Debía recibir el requerimiento a través del sistema correspondiente, verificar sus requisitos, solicitar la información a las instituciones bancarias, recibir las respuestas y posteriormente remitirlas a este Instituto.
Por tanto, las personas denunciadas no tenían bajo su control absoluto el momento en que cada institución financiera entregaría la documentación. Eso no elimina el plazo establecido en la LGIPE, pero sí es indispensable para determinar si hubo una conducta culpable y personalmente atribuible. Las instituciones financieras entregaron la información a la Comisión en fechas distintas. Una de ellas respondió hasta el 9 de octubre de 2023.
Una vez obtenidas las respuestas, la documentación fue remitida a la Unidad Técnica de Fiscalización los días 23 y 25 de octubre. Es incontrovertible que la entrega final ocurrió después del plazo previsto en el artículo 200, pero esa constatación no resuelve por sí solo el procedimiento.
La pregunta jurídicamente relevante es si ese retraso se produjo por una conducta contumaz, negligente o deliberadamente obstructiva de las personas denunciadas. Y las pruebas no acreditan ninguna de esas circunstancias.
Por el contrario, la propia Unidad Técnica de Fiscalización informó posteriormente que verificó el cumplimiento total de los cuatro requerimientos y que no identificó omisión alguna en cuanto a su atención. Además, la información fue recibida antes de que este Consejo General aprobara el 1° de diciembre de 2023 el dictamen consolidado correspondiente.
Esto permitió que la autoridad fiscalizadora contara con la información completa, la incorporara a su análisis y ejerciera sus atribuciones sin que se impidiera u obstaculizara la emisión de la determinación correspondiente.
La valoración del impacto material no sustituye el plazo legal. Tampoco significa que solamente sean sancionables las conductas que produzcan un daño definitivo.
Su relevancia consiste en que confirma, junto con el resto de las pruebas, que no existió una voluntad de incumplir, una resistencia institucional, o una falta de cuidado que hubiera comprometido la fiscalización.
Esta conclusión es consistente con la tesis de la Sala Superior conforme a la cual, para que la omisión de proporcionar información sea sancionable, debe acreditarse una conducta dolosa o culposa, una resistencia consciente frente al requerimiento, o una actitud negligente carente de una justificación verosímil y jurídicamente atendible.
La finalidad del procedimiento no es exclusivamente represiva, sino asegurar que el Instituto obtenga la información necesaria para desarrollar sus funciones. La tesis continúa identificada como vigente en los registros del propio Tribunal Electoral.
En este expediente ocurrió lo contrario a una conducta omisiva. Hubo recepción de los requerimientos, hubo gestión ante las instituciones financieras dentro de los tres días hábiles siguientes, hubo seguimiento, hubo entrega total de la información, y hubo disponibilidad de esa información antes de la emisión del dictamen y de la resolución para los cuales había sido requerida.
Por eso, acompañar el proyecto no significa afirmar que las autoridades puedan ignorar el plazo de cinco días. Tampoco significa establecer una regla general conforme a la cual cualquier respuesta entregada antes de una resolución deba considerarse oportuna. La determinación es estrictamente casuística. Una respuesta tardía podrá actualizar una infracción cuando se acrediten inactividad, negligencia, resistencia, entrega incompleta, ausencia de justificación, o una afectación a las atribuciones de fiscalización.
Lo que no debemos hacer es equiparar automáticamente todo retraso con una infracción personalmente imputable, porque eso implicaría adoptar un régimen de responsabilidad objetiva incompatible con la naturaleza del procedimiento sancionador.
En este caso, la evidencia demuestra que las personas denunciadas realizaron las diligencias que se encontraban dentro de su ámbito de atribuciones, que la obtención de la información dependía también de entidades financieras, que la respuesta fue completa y que no se afectó el ejercicio de la función fiscalizadora.
Por estas razones, considero que el proyecto atiende las observaciones formuladas en la sesión anterior, reconoce plenamente el contenido del artículo 200 de la LGIPE y al mismo tiempo realiza el examen integral que exige todo procedimiento sancionador.
Acompaño el proyecto y espero el posicionamiento de la propuesta del Consejero Uuc-kib Espadas. Por supuesto, la escucharé con atención, consejero.
En segunda ronda, Consejero Uuc-kib Espadas.
Consejero del INE, Uuc-kib Espadas Ancona: Gracias.
A ver, me parece que a diferencia de otros debates que hemos tenido, este debate evoluciona.
Coincido totalmente en que este Instituto no puede suponer faltas sancionables, ni mucho menos atribuir dolo a ningún funcionario en lo personal o incluso a Unidades específicas dentro de la propia Comisión Nacional Bancaria.
El tema es que, el mandato legal no matiza en relación a intencionalidad, la infracción se da objetivamente, la única pregunta que hay que responder es ¿se entregó dentro de los cinco días debidos la información? La respuesta es no. ¿Se incumple el artículo 200? Sí. La diferencia está en qué se debe hacer.
Si nosotros supusiéramos, como efectivamente se implicaba del proyecto rechazado la semana pasada, que hay culpa personal de algunos de los funcionarios involucrados, lo procedente en términos de ley sería presentar la queja ante la autoridad competente. Pero me parece que estamos en el momento previo, es decir, no, no podemos suponer dolo, no estamos ante una infracción obligatoriamente sancionable, pero sí estamos ante una infracción.
En consecuencia, estamos obligados, sin suponer el dolo, sin tener elementos para suponer el dolo, lo cual nos obligaría a presentar una queja, no lo haría optativo, estamos ante el mandato de recurrir al superior, de dar vista al superior jerárquico, decirle a ver, Presidente, Expresidente, ya me informó la Secretaria, ustedes no entregaron en tiempo, ¿qué pasó? La respuesta a esto no pasa por la sanción, el superior jerárquico lo que tiene que hacer es, cito, “deberá comunicar al Instituto las medidas que haya adoptado para el caso”.
Las medidas pueden ser, a ver, por ejemplo, ¿qué hace el INE cuando no va a cumplir un plazo ante el Tribunal? Le avisa, nos declaramos en vías de cumplimiento, esto ha sido aceptado por el Tribunal, nunca hemos mandado un aviso de vías de cumplimiento después de vencido el plazo para responder, esto me parece que debería quedar incluido, supongo que, en una valoración por parte del superior jerárquico, esto quedaría incluido en los procedimientos.
A ver, lo que nos pide el INE no siempre lo tenemos a mano y no siempre nos lo entregan a tiempo, lo que tenemos que hacer en esos casos, “te informo, INE, que a partir de ahora cuando no te vayamos a entregar en tiempo te informaremos que no te vamos a entregar a tiempo”. Tampoco estamos para valorar, a mí, por sentido común me parecen demasiado los días entre que la Comisión recibió la información bancaria y nos la entregó, pero otra vez, eso está, así como exonerar, está fuera de nuestro alcance, me parece que la valoración de se requirió ese tiempo o no, tampoco queda dentro de nuestro marco de competencia, otra vez será parte de las valoraciones que tendrá que hacer el superior jerárquico, insisto, al margen de cualquier sanción.
Ese es, digamos, el punto que me parece más relevante en relación con el rechazo del proyecto de la semana pasada. No, no se trata de sancionar, pero se trata de permitir que la comunicación interinstitucional en los términos previstos en los artículos 457 y 458 funcione, es decir, a ver Comisión, acá hay un problema de cumplimiento, el problema es elevadísimo, según nos ha manifestado la Consejera Gómez, el incumplimiento es muy elevado. No creo que debamos decir acá no ha pasado nada.
No, la cosa, es decir, a ver, aquí sí pasó, “Presidente de la Comisión, qué medidas vas a tomar para que no vuelva a pasar”, sin presumir en ningún momento que hay una falta sancionable, es que en general no se trata de un proceso sancionador…
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Consejero, si me permite una moción para que termine, estamos en otro punto.
Consejero del INE, Uuc-kib Espadas Ancona: No es un procedimiento sancionador, no cualquier infracción implica sanción y la ley lo prevé así.
Yo digo que, entre las dos opciones de los extremos, acudir a la Secretaría Anticorrupción o decir “aquí no ha pasado nada”, digamos, a ver, sí, a la pregunta, ¿la Comisión entregó en plazo? La respuesta es no.
¿Cuál es la debida reacción del Instituto? La que ordena el artículo 457 “oye, Presidente de la Comisión, te informo de este incumplimiento en términos de la ley, te pido que me digas qué medidas vas a tomar”, sin, insisto, sin implicar culpa de ningún lado.
Estos argumentos que pueden exonerar a quien se ve involucrado son cosas que tiene que discutir la Comisión Nacional Bancaria, no tenemos facultad.
Así como no podemos culpar, tampoco podemos exonerar; vamos, estoy proponiendo que nos vayamos, si se quiere, por una vía de en medio que no implique partir al niño en dos, sino poner en marcha un mecanismo de mejora del funcionamiento de comunicación institucional en términos de la ley sin presumir falta de nadie, sin pedir sanción para nadie, dejando esto en manos de quien la ley dice: el superior jerárquico.
Muchas gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, consejero.
¿Alguien más, en segunda ronda?
Consejera Humphrey.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Gracias.
Solamente por algunas de las intervenciones, me parece relevante decir que aquí no es una colaboración como yo la veo, es una obligación legal.
Las autoridades financieras tienen por ley que entregar esa información y la propia ley dice que, en cinco días, no nosotros.
Otra cosa es que firmemos convenios para ver cómo se va a materializar ese cumplimiento. Y en este caso el SIARA no es algo que nosotros hayamos establecido, lo estableció la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Si el SIARA ya no les funciona, no les da resultados, tienen que ajustar el mecanismo, es una cuestión que debe valorar la propia Comisión, pero es claro que ya llevamos más de cinco años y no se ha hecho esta valoración ni estos cambios.
A mí, lo dijimos en la última sesión de la Comisión, el pretexto de los convenios y hasta dónde llegan no puede ser suficiente para que incumplan constantemente con lo que señala la norma a todas las autoridades que tienen que entregar información en materia de fiscalización o que sea necesaria para la revisión de los ingresos, egresos, montos respecto de los partidos políticos y también las eventuales candidaturas.
Aquí recuerdo un caso de la Fiscalía General de la República que, a propuesta mía y avalada por mis colegas, justamente fuimos a litigar el tema a la Sala Superior.
La Sala Superior le ordenó a la Fiscalía entregarnos información, porque nos trataba como un particular, decía que estaba bajo secreto ministerial y que no podía darnos la información, como si nosotros no fuéramos la única autoridad constitucional competente de fiscalizar a los partidos políticos.
¿Y qué hizo el entonces fiscal? Pues fue a la Corte, cuando la Corte no tiene competencia en materia electoral, y la última instancia era la Sala Superior, es decir, tendremos que buscar otros mecanismos para que las autoridades cumplan con una obligación que tienen.
Tercero y último, en este convenio, digamos, de propuestas que presentamos a la Comisión Presidencial de Reforma Electoral, algunos de mis colegas y yo presentamos justamente esta posibilidad de tener acceso en tiempo real a estos movimientos bancarios.
Ya se asusta todo mundo, pero claramente con las medidas y candados de seguridad, la trazabilidad, etcétera, para poder entonces hacer, sí, una fiscalización en tiempo real.
A ver, nos estamos quedando cortos con los mecanismos que tenemos y las herramientas que tenemos para fiscalizar adecuadamente a los partidos políticos y a las candidaturas y me parece que eso es lo que tenemos que resolver ahora, que estamos antes del inicio del proceso electoral, el próximo 10 de septiembre, y que en años y años este Instituto Nacional Electoral, desde 2014, no ha resuelto.
Por tanto, creo que es importante hacer este llamado que se hace desde esta mesa a todas las autoridades financieras a cumplir la ley. Olvidémonos de los convenios, existan o no los convenios, es una obligación jurídica que tienen que cumplir.
Y aquí podemos obviamente ver cuáles son las rutas, las formas, etcétera, mediante convenios, pero los tiempos están claros, en este caso la infracción está acreditada, no se entregó la información dentro de los cinco días que establece la ley y las causas tampoco las supimos, es hasta ahora que entonces conocemos cuáles son las eventuales razones que pudieran darse.
Y, además, nosotros no estamos sancionando, podríamos verlo como un atenuante en su momento, pero nosotros no estamos emitiendo una sanción, estamos pidiendo que se dé una vista para que la autoridad competente inicie los procedimientos y yo insisto en mi solicitud de que se nos señale cuál es el trámite que se les dio a estas vistas que hacemos continuamente desde este Consejo General.
Gracias, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Consejera Humphrey.
Consejero Arturo Chávez.
Consejero del INE, Arturo Chávez López: Sí, muy buenos días nuevamente a todas y a todos.
La semana pasada este Consejo General decidió retirar este punto para que se analizara, yo leí la propuesta y me pareció adecuada. Sin embargo, escuchando los argumentos principalmente del Consejero Uuc-kib, me parece atendible que efectivamente no podemos estar en un extremo de volvernos los sancionadores y pedir que se aplique la ley, porque no se entregó en cinco días y se castigue a los funcionarios; pero tampoco podemos negar que existieron omisiones que se deben señalar y que deben atenderse, sobre todo, como justamente se dice, a unos días de iniciar un nuevo proceso electoral.
En ese sentido, acompaño la propuesta del Consejero Uuc-kib Espadas en el sentido de dar vista a la autoridad superior, pero también quiero señalar dos temas, sobre todo para los representantes de los partidos políticos, porque esta falta de entrega en tiempo efectivamente se puede cubrir con sólo avisar que no se van a cumplir los tiempos.
Pero ahí hay un problema real, es decir, se le pide a una autoridad que maneja un sistema nacional de bancos que responda en cinco días cuando no está en sus manos responderlo. Hay un problema que está plasmado en la ley, es un problema práctico, porque nadie está obligado a cumplir lo imposible.
El propio INE muchas veces incumple los tiempos, claro, notifica que va a incumplir los tiempos, y quizás esa es la verdadera falta de la Comisión Nacional Bancaria, porque en realidad hay tiempos que no se pueden cumplir, no porque no haya voluntad de cumplirlos, sino porque prácticamente no se pueden realizar.
Por lo tanto, sí estaría bien, sobre todo haciendo el análisis histórico de estos incumplimientos, una revisión a este término de ley que está establecido, porque de lo contrario vamos a estar aquí recurrentemente discutiendo este incumplimiento porque es técnicamente imposible cumplirlo.
Entonces, yo sí hago ese llamado a que haya esta revisión y acompaño la propuesta generada por el Consejero Uuc-kib.
Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
Licenciado Ernesto Guerra Mota, Representante del Partido Político Paz. Adelante.
Representante del Partido Paz, Ernesto Guerra Mota: Gracias, Consejera Presidenta, consejeras, consejeros, representantes de los partidos políticos.
Creo que están perfilando ya algo interesante y sobre todo para no dejar un precedente que a posteriori pueda resultar complicado.
Sí hay una infracción, ese es un hecho real, lo dice la ley, no cumplieron, no lo entregaron, lo hicieron posterior, lo hicieron antes justamente de resolver un procedimiento. No sé si eso es bueno o malo, al final me parece que hacen entregando la información.
Sin embargo, creo que sí es importante tener esto en cuenta, sobre todo a la vista del inicio de un proceso electoral que va a iniciar y que va a representar justamente no sólo esto, sino seguramente más solicitudes de información a esta o a otras instituciones que se requieran.
Y, bueno, se hace en términos de atribuciones que el propio Instituto Nacional Electoral cumple, mandatadas por el poder reformador, ni más ni menos, es lo que dice la ley y es lo que está señalado en la ley.
A mí me parece importante sobre todo no caer en estos dos extremos, porque la sesión pasada se puso a consideración, o se iba a poner a consideración un acuerdo en otros términos radicalmente opuestos a éste.
Hoy se trae aquí con un resolutivo primero de inexistente la infracción y me parece que eso es lo atendible justo de la propuesta del Consejero Espadas, de tener un término medio, sí, porque sí hay un hecho real que no cumplió en cinco días, pero también sí entregó la información antes de una resolución importante, que eso vale la pena considerarlo.
Entonces, dar vista al superior inmediato de estas personas que no atendieron creo que atiende perfectamente esta salida, pero sobre todo por lo que viene y por lo que seguramente va a seguir solicitando información.
Entonces, creo que lo importante del INE y de este Consejo General es que no queda un precedente ahí de bueno, sí violaron la ley, pero fue poquito y entonces va a ser justamente una sanción de esta naturaleza.
Entonces, creo que lo interesante es cómo van a perfilar esto y sí sería atendible que se pudiera tener algo intermedio para tampoco dejar en los extremos una situación que es real y que posiblemente se va a necesitar más de esta institución o de cualquier otra.
Gracias, Consejera Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias a usted, señor representante.
¿Alguien más? ¿En tercera ronda?
No habiendo más solicitudes de participación, Secretaria, pasamos a la votación con la propuesta incluida del Consejero Uuc-kib, en virtud de que no hay rechazo de la misma, no hay posicionamiento.
Sí, Consejero Faz.
Consejero del INE, José Martín Fernando Faz Mora: A ver, nada más hasta dónde entiendo, entonces, sí se tendría por acreditada la falta en el resolutivo primero.
Entonces, pensaría yo que habría que votar en los términos en los que viene el acuerdo y quienes no estemos con él lo votamos en contra, y luego después votar en los términos en los que ha sido planteado por el Consejero Uuc-kib Espadas, y creo que es similar a la que señalaba el Consejero Castillo, que finalmente es sí tener por acreditada la falta; y lo segundo, dar vista al superior jerárquico, o sea, yo en ese sentido lo acompañaría y creo que habría que votarlo primero en los términos en los que viene.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Consejera Humphrey.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Gracias, Presidenta.
Y toda vez que escuché también al Consejero Espadas y al Consejero Castillo, el tema también que nos actualicen del seguimiento o el trámite que se les da a estas vistas, me parece que también es relevante incorporarlo.
Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Yo no acompañaría que estuviera en el punto de acuerdo eso, hay que hacer una solicitud, sí, en ese sentido a la Secretaria Ejecutiva, a ver qué historia tenemos, pero incluirlo… Propone que se incluya en el acuerdo, ¿verdad? Yo no lo votaría a favor.
Consejero Uuc-kib.
Consejero del INE, Uuc-kib Espadas Ancona: Sí, a ver, a mí me parece que… A ver, para reflejar en el acuerdo algo del debate que no sería técnicamente indispensable, pero se puede incluir, es decir, en las consideraciones asumir o más bien manifestar que este Consejo no supone la existencia de falta sancionable, pero que actúa en función del incumplimiento de un término para generar lo que la ley indica, una respuesta por parte de la Comisión.
Creo que si lo hacemos explícito podría solucionar el problema de fondo.
Sí creo que la falta como incumplimiento de la ley, como infracción está acreditada, ese me parece que sería, podría; no sé, se puede poner a votar de distintas formas, votar en lo general reservando el resolutivo primero y las consecuencias me parece que podría ser, es decir, sí creo que no se puede proceder en consecuencia sin admitir que hay una infracción acreditada.
Insisto, que haya una infracción no significa que haya una infracción sancionable, por eso me parece que podría exponerse así: uno, se acredita en la infracción; dos, este Instituto no prejuzga sobre las implicaciones de esta infracción ni sostiene que de ella se deriven conductas sancionables; o sea, otra vez, técnicamente no sería necesario, pero me parece que en el contexto del debate que estamos teniendo ahorita valdría la pena hacerlo explícito.
Había una expresión de abogados al respecto, que “lo que insiste no estorba” o alguna cosa por el estilo, pero bueno; en fin, me parece que en el fondo tenemos un acuerdo, es decir, hay un incumplimiento, eso no lo podemos negar.
No pretendemos sanciones, sí pretendemos una respuesta institucional. Esto se traduciría, creo, en rechazar la redacción actual del presente acuerdo, asumir que se acredita la falta, afirmar que no pretendemos que de esa falta derive ningún tipo de conclusión sobre dolo o responsabilidad personal; y tres, en cumplimiento de la ley se le turna, se le da vista al superior jerárquico expresamente, no a la Secretaría Anticorrupción, que es lo que convertiría esta resolución en una queja.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
Si estamos de acuerdo.
Consejera Carla.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: No, es que me parece que lo que es jurídicamente procedente es votar este proyecto, votarlo en contra y nos tendrían que presentar otro.
Toda la argumentación está hecha para al final de cuentas declarar inexistente la infracción denunciada, pues no podemos hacer esas cuestiones quirúrgicas porque no se trata de un engrose, nos tendrían que presentar un nuevo proyecto en otro sentido.
Y quiero decir que, igual que la semana anterior, lo único que se cambiaría es dar vista al superior jerárquico y no a la Secretaría de Anticorrupción, es lo que cambiaría, pero yo creo que en este momento tenemos la construcción de un proyecto que está obviamente encaminado a acreditar la inexistencia de la infracción y, por tanto, a mi juicio nos tendrían que someter a votación ese, votarlo en contra y entonces se mandata que se nos presente otro con los argumentos que aquí se vertieron.
Me parece que cambiar uno de no a sí y no tener la argumentación me parece jurídicamente muy cuesta arriba.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Consejero Castillo.
Consejero del INE, Arturo Castillo Loza: Gracias, Presidenta.
Nada más algo que hay que tener en cuenta, justo en relación con lo que está comentando la Consejera Humphrey, es que este asunto caducaría el 9 de agosto, estamos con los tiempos encima.
Entonces, creo que más bien tenemos que valorar la posibilidad de que se apruebe un engrose desde aquí en estos sentidos, en el sentido de tener por acreditada la infracción y atribuir las consecuencias que ya ha descrito claramente el Consejero Espadas; o la otra es sesionar mañana.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: No, yo creo que es correcto salir adelante jurídicamente pulcro el tema, así como lo plantea el Consejero Uuc-kib, que se haga la reconsideración en los tres puntos de acuerdo con la posibilidad del engrose, la pasamos a revisión de absolutamente todas las consejerías y podemos salir adelante con este acuerdo.
Si la mayoría estamos en esto, creo que así es en el asentimiento. Entonces, procedemos a la votación en este sentido, Secretaria, con la propuesta como viene el proyecto, con la propuesta de engrose, separando el punto de acuerdo uno para poder acreditar la existencia, pero agregándole el punto que establece la propuesta del Consejero Uuc-kib y terminando por la presentación de la vista a los superiores jerárquicos.
Así estaría.
Consejero del INE, Uuc-kib Espadas Ancona: Creo que sí, y lo acepto. Honestamente, no sé cómo se resuelva.
Yo veo que, en el Tribunal, por ejemplo, regularmente llega un proyecto, el fondo lo rechazan, pero formalmente lo engrosan en lugar de desecharlo, con lo cual se ahorran repetir el ciclo.
Me parece que, en ese sentido, votando los puntos críticos se acredita la infracción, no se reclama ninguna, no se está pretendiendo derivar de ello sanción para nadie. Si eso es explícito, me parece que nos podemos ir con un engrose.
Probablemente no sería lo técnicamente más adecuado, pero me parece que tampoco hay una violación legal y que sí permite superar la coyuntura.
Consejero del INE, Arturo Castillo Loza: Gracias.
Nada más, justo para efectos de claridad en este tema, o sea, lo que establece el artículo 26, párrafo 10 del Reglamento de Sesiones de este Consejo es que en el caso de que el Consejo no apruebe un proyecto de acuerdo o resolución, me voy a brincar lo demás, y considerara necesario la elaboración de un nuevo proyecto que se presentará en una sesión posterior, entonces la Secretaría hará lo subsecuente.
Pero está redactado en condicional, es decir, nosotros podemos definir si es necesaria la presentación en una sesión posterior o si lo remitimos a un engrose.
La condición para remitirlo a un engrose y que se apruebe desde ahorita el proyecto es que se hayan vertido en la sesión los argumentos necesarios con la claridad suficiente para elaborar ese engrose.
Y me parece que, literalmente, las participaciones de casi todos los que hemos expresado nuestro punto en contra de este proyecto, pues ya expresan los argumentos y los fundamentos para tener por acreditada la infracción y para sustentar las consecuencias que propone el Consejero Espadas.
Votas la propuesta de engrose con los argumentos vertidos en la sesión.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Adelante, Secretaria…
Carla.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Yo solo voy a señalar que yo no acompaño esta ruta, porque me parece que también está claro el artículo 26 y el numeral 10, “en caso de que el Consejo General no apruebe un proyecto de acuerdo de resolución, o bien, en caso de que se rechazara un proyecto de resolución relativo a un proyecto Administrativo Sancionado Ordinario, también sobre financiamiento o gasto en materia de fiscalización de los recursos, si se considera necesaria la elaboración de un nuevo proyecto, se presentará en una sesión posterior”.
Nada más, solamente para decir que no acompaño la ruta, aunque acompaño los argumentos con los que se va a hacer el engrose, pues me parece que la ruta jurídica debería ser otra.
Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Será en lo general, consejera, con las excepciones marcadas por el Consejero Uuc-kib en la argumentación presentada por el Consejero Faz, por el Consejero Castillo, por todos los que participamos, todos y cada uno, que dimos argumentos suficientes para el engrose. En un segundo momento, con la particularidad de la propuesta del Consejero Uuc-kib y la autorización del engrose correspondiente que va incluido, y en un tercer momento la propuesta de usted, que se incluya un punto de acuerdo en donde se haga obligatoria la presentación de cómo han dado cause a las vistas que hemos presentado a lo largo de la historia.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Como ya ha sido explicado, sometería en primer término, en los términos como fue circulado con las excepciones que se han vertido en esta sesión.
Quien esté de acuerdo en esta sala, por favor, levantar su mano.
Gracias.
Consejero Arturo Chávez, ¿en el sentido de su voto?
Consejero del INE, Arturo Manuel Chávez López: A favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejera Norma Irene De la Cruz, ¿en el sentido de su voto?
Consejera del INE, Norma Irene De la Cruz Magaña: A favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejero Jorge Montaño, ¿en el sentido de su voto?
Consejero del INE, Jorge Montaño Ventura: Jorge Montaño, a favor, Secretaria.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
¿En contra en esta sala?
Gracias.
Consejera Presidenta, le informo que el resultado de la votación de este primer momento son ocho votos a favor y tres en contra.
Ahora, continuaría para consultar el sentido del voto del proyecto para tener acreditada la infracción y dar vista del asunto al superior jerárquico, en los términos que ha planteado el Consejero Uuc-kib Espadas.
Quien esté a favor en esta sala, por favor, levantar su mano.
Gracias.
Consejero Arturo Chávez, el sentido de su voto.
Consejero del INE, Arturo Manuel Chávez López: A favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejera Norma Irene De la Cruz, el sentido de su voto.
Consejera del INE, Norma Irene De la Cruz Magaña: A favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejero Jorge Montaño, el sentido de su voto.
El Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaño Ventura: Jorge Montaño, a favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
¿En contra en esta sala?
Gracias.
Consejera Presidenta, le informo que el resultado de la votación son nueve votos a favor y dos en contra.
Y, por último, someteríamos a consideración la propuesta de la Consejera Carla Humphrey, consistente en darse vista al superior jerárquico, el sujeto investigado, pero informando al INE el trámite dado a la vista mandatada.
¿Es así, consejera?
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Sí, sólo que no sé si retirarlo, porque lo voy a votar en contra; pero bueno, sométalo a votación.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Quien esté a favor, levantar su mano en esta sala, por favor.
Gracias.
¿En contra?
Gracias.
Consejero Arturo Chávez, el sentido de su voto.
Consejero del INE, Arturo Manuel Chávez López: En contra.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejera Norma Irene De La Cruz, el sentido de su voto.
Consejera del INE, Norma Irene De la Cruz Magaña: En contra.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejero Jorge Montaño, el sentido de su voto.
Consejero del INE, Jorge Montaño Ventura: Jorge Montaño, en contra.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
¿En contra en esta sala?
Consejera Presidenta, le informo el resultado de la votación: tres votos a favor y ocho en contra.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Secretaria.
Con eso concluimos el primer punto del orden del día.
Y le solicito continuar con el siguiente asunto del mismo.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Como lo indica.
El siguiente punto es el relativo al Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de atracción para determinar fechas homologadas por bloques para la conclusión del periodo de precampañas, así como para recabar apoyo de la ciudadanía de las personas aspirantes a candidaturas independientes en los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2026 y 2027.
Consejera Presidenta, le informo que se recibieron observaciones por parte de la Consejera Electoral Norma Irene De la Cruz.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
Está a consideración de este Pleno, por si hay alguna intervención en este punto.
No existiendo… Ah, adelante.
Señor Representante del Partido Revolucionario Institucional, Emilio Suárez Licona, adelante.
Representante del PRI Emilio Suárez Licona: Gracias, Presidenta.
Nada más como breviario cultural, me llamó mucho la atención la discusión desde la vez pasada, del pasado asunto, porque independientemente que en algún tramo involucraba al PRI, la discusión de los consejeros versó en cómo defender al gobierno; a los partidos normalmente les dan vista a todas las instancias, poco les hacía falta dar vista a nuestra abuelita para que nos regañara cuando cometemos alguna infracción y ahora lo que hicieron fue buscar cómo proteger al gobierno.
Consejeras y consejeros, compañeras y compañeros representantes, el proyecto que hoy se somete a consideración de este Consejo General materializa el ejercicio de la facultad de atracción del Instituto para homologar por bloques las fechas de conclusión de las precampañas en los procesos electorales locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2026-2027.
En primer término, el PRI reconoce el trabajo técnico realizado por las distintas áreas de este Instituto en estrecha coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales.
Ciertamente se trata de un esfuerzo institucional que ha permitido construir una propuesta orientada a armonizar calendarios particularmente complejos, procurando respetar en la mayoría y en la medida posible las particularidades de las legislaciones electorales de las entidades federativas.
El PRI acompaña en lo general el ejercicio de esta facultad de atracción. Somos conscientes de que la diversidad de calendarios prevista en las 32 legislaciones electorales locales representa un desafío importante para la organización electoral, la fiscalización, la administración de los tiempos del Estado, la capacitación electoral y la producción de documentación y materiales.
En ese contexto, la homologación por bloques constituye una herramienta razonable para fortalecer la coordinación institucional y dotar de mayor eficacia el desarrollo del proceso electoral.
No obstante, estimamos que el proyecto aún admite un espacio de mejora relevante, y es que a partir de las observaciones formuladas por diversas áreas de nuestro instituto político y por distintos comités directivos estatales advertimos y reiteramos respetuosamente la conveniencia de incorporar un quinto bloque cuya fecha de conclusión de precampañas pudiera fijarse para el 12 de marzo.
La propuesta responde a una realidad operativa puntual y concreta. En entidades como Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Tabasco y Veracruz, el calendario originalmente planteado adelanta prácticamente un mes el inicio de las precampañas.
Ello obliga a los partidos políticos a acelerar de manera significativa la definición de sus métodos de selección de candidaturas, la emisión de convocatorias, la eventual celebración de convenios de coalición y la organización de sus procesos internos, particularmente en aquellas entidades donde también participan partidos políticos locales.
A ello, se suma la complejidad que representa la administración de la prerrogativa de radio y televisión. La concentración de un número importante de entidades dentro de un mismo bloque incrementa considerablemente la carga asociada a la elaboración, revisión, validación y entrega de materiales, así como los ajustes que se deben realizar en las pautas durante la transición entre las distintas etapas del proceso electoral.
En este sentido, consideramos que una distribución más equilibrada permitiría desahogar esas actividades con mayor margen de certeza, eficacia y oportunidad.
La alternativa que respetuosamente estamos presentando y poniendo a su consideración no altera la lógica del acuerdo, por el contrario, contribuye a perfeccionarlo, al redistribuir las entidades entre cinco bloques se reduce la presión operativa sobre el tercer bloque, se respetan en mejor medida las particularidades de las legislaciones locales y se generan condiciones más favorables para el ejercicio de derechos fundamentales vinculados con la autodeterminación y la autoorganización de los partidos políticos en el desarrollo de sus procesos internos.
Por ello, y sin dejar de reconocer el mérito general del proyecto y con un ánimo estrictamente constructivo, solicitamos respetuosamente una votación diferenciada que permita valorar la incorporación de este quinto bloque y las adecuaciones planteadas.
Estamos convencidos de que la adopción de esta alternativa va a contribuir a fortalecer la organización electoral, distribuir de manera más equilibrada las cargas institucionales y generar mejores condiciones para el adecuado desarrollo de los procesos internos de los partidos políticos, sin apartarse de los objetivos que motivan el ejercicio de esta facultad de atracción.
Es cuanto, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
Una pregunta, señor representante.
En el proyecto están considerados cuatro bloques, ¿no?
Representante del PRI, Emilio Suárez Licona: Proponiendo cinco bloques.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: ¿Trae usted la propuesta por escrito para circularla con todos los consejeros que la puedan valorar?
Representante del PRI, Emilio Suárez Licona: Sí.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias. Aquí se distribuye.
¿Alguien más desea intervenir en segunda ronda?
Si no hay más intervenciones, digo, creo que hay que dejar muy claro que en este Proyecto de Acuerdo confluyen las responsabilidades estatales y nacionales, y en este proyecto que se nos presenta están consideradas las consultas a los 32 estados de la república que todos coincidieron y todos avalan el proyecto que estamos presentando el día de hoy.
Sí han sido tomadas en cuenta las legislaciones, aquellas que dan margen para que se hagan estas habilitaciones, la homologación de calendario y se hace con tiempo.
¿Sí se distribuyó?
Nos dan un momento para circular esta propuesta y que sea considerada.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Ha quedado circulada la propuesta del Partido Revolucionario Institucional, tuvimos oportunidad de acercarnos también con el representante y algunos más, y revisando el proyecto de acuerdo y en la plática, aquí comparto con el resto de los colegas, algunos nos acercamos, estuvieron varias representaciones y planteábamos que, efectivamente es una propuesta que hay que tomar en cuenta y tenerla en el tintero, pero que debe de venir acompañada de una solicitud expresa del Instituto Electoral Local correspondiente, el Organismo Público Local Electoral.
Por lo tanto, si usted me acepta, señor representante, yo sé que estamos en el derecho de votar también su propuesta, o si acepta esta salida que ya contempla el propio acuerdo, que es la posibilidad de alguna modificación al propio, a la estructura de bloques.
Representante del PRI, Emilio Suárez Licona: Sí.
Nada más, sí, Presidenta, con el compromiso de revisar el bloque 3, que es el que nos preocupa, específicamente la carga del bloque 3, vuelve muy compleja la operatividad hacia los partidos políticos.
Entonces yo no tendría problemas si el propio acuerdo da la salida y si hay el compromiso de sentarnos a la mesa, porque lo que yo le comentaba, el ejercicio que se hizo aquí en el INE y el cual reconocemos y respetamos, no se hizo en muchos de los OPL, de consultar a los partidos y las consecuencias que había en la parte operativa.
Entonces en ese sentido sí estaríamos de acuerdo.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Okey.
Solicitarían entonces en las entidades la consulta específica, una mesa de trabajo y a partir de ahí pudiera salir una siguiente postura, una siguiente solicitud.
Muy bien, entonces…
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Tal cual viene, con engrose.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Tal cual viene el proyecto, porque abre esa posibilidad, deja abierto el espacio.
En la página 50, en la página… Espérame, no veo, en la página 102.
No obstante, en aquellas entidades federativas en las que conforme al artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo de la Constitución, aún se encuentre transcurriendo el plazo para que los informes a las leyes electorales, reformas a las leyes electorales puedan ser promulgadas y publicadas con la oportunidad constitucionalmente exigida, subsiste la posibilidad de que el marco normativo local sea modificado con incidencia en fechas, plazos o etapas que fueron materia de la presente determinación.
De actualizarse dicho supuesto o cualquiera otra circunstancia superviviente de naturaleza normativa, jurisdiccional u operativa que pudiera impactar en los bloques aprobados a través de la presente resolución, este Consejo General podrá analizar sus efectos y, de resultar procedente, aprobar los ajustes que correspondan.
El propio acuerdo nos da la salida.
Entonces le solicitaremos a la Secretaria Ejecutiva proceder a tomar la votación tal cual viene el proyecto y que lo aquí compartido con todos ustedes quede como parte del acta circunstanciada… Perdón, el acta de la sesión.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Como lo indica.
Consulto con ustedes si se aprueba este proyecto de resolución identificado como punto 2 del orden del día.
Quien esté de acuerdo en esta sala, por favor levantar su mano.
Gracias.
Consulto ahora a quienes nos acompañan de manera virtual.
Consejero Arturo Chávez, el sentido de su voto.
Consejero del INE, Arturo Manuel Chávez López: A favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejera Norma Irene De la Cruz.
Consejera del INE, Norma Irene De la Cruz Magaña: A favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejero Montaño, el sentido de su voto.
Consejero del INE, Jorge Montaño Ventura: Jorge Montaño favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejera Presidenta, le informo que el resultado de la votación es por unanimidad de votos.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias Secretaria.
Pasamos al siguiente asunto del orden del día.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Como lo indica.
El siguiente punto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2026-2027, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
Está a su consideración este punto de acuerdo.
He solicitado el uso de la palabra, haré lo propio.
El asunto que se somete hoy a nuestra consideración establece la hoja de ruta para organizar el Proceso Electoral Federal 2026-2027. El Plan Integral y Calendario fija actividades, plazos, responsables y mecanismos de seguimiento para que este Instituto brinde certeza a la ciudadanía sobre sus actuaciones en la tarea de Estado que representa organizar elecciones.
Su aprobación permite que las áreas de este Instituto, los partidos políticos, las personas interesadas en participar y la ciudadanía conozcan con anticipación cómo y cuándo se desarrollará cada etapa del Proceso Electoral Federal.
En este sentido, es importante informar con claridad que el Proceso Electoral Federal 2026-2027 iniciará el próximo 10 de septiembre, fecha acordada el día de ayer en Mesa de Trabajo con todas las consejerías.
A partir de esta fecha, del 10 de septiembre, comenzará formalmente la preparación de la elección en la que se renovará la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, 500 cargos, de los cuales 300 serán electos por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional.
Ese mismo día se activarán los mecanismos de observación electoral y comenzará la difusión de la convocatoria para las personas visitantes extranjeras, cuyo plazo se extenderá hasta el 26 de mayo de 2027.
La dimensión del trabajo institucional se refleja en la propia numeralia del Plan. Se programan 505 actividades vinculadas con 153 procedimientos y 44 procesos institucionales. En su ejecución participan 15 Unidades Responsables.
Las mayores cargas de trabajo se encuentran en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral con 98 actividades, la Unidad Técnica de Servicios de Informática con 97, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos con 75, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica con 71 y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores con 62 actividades.
Este Calendario también permite comunicar desde ahora algunas de las fechas que serán relevantes para la ciudadanía. El 30 de septiembre de 2026 se instalarán los 32 consejos locales y el 30 de noviembre los 300 consejos distritales, los cuales constituyen los órganos colegiados ciudadanos temporales encargados de dar seguimiento a la elección en cada entidad federativa y distrito electoral.
Para las candidaturas independientes, la recepción y análisis de las manifestaciones de intención se realizará del 5 de octubre al 30 de noviembre, concluyendo el periodo para recabar apoyo de la ciudadanía el 12 de febrero del 2027.
Las precampañas federales concluirán de la misma manera el 12 de febrero de 2027 y deberán iniciar en términos del artículo 226, numeral 12, inciso b, de la LGIPE, la primera semana del mes de enero.
El 12 de enero se realizará la designación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales y el 5 de febrero tendrá lugar la primera insaculación de la ciudadanía que podrá integrar Mesas Directivas de Casilla. El registro de candidaturas se llevará a cabo del 22 de marzo al 3 de abril. Las campañas iniciarán en el mes de abril y concluirán el 2 de junio. Los días 3, 4 y 5 de junio corresponderán al periodo de reflexión.
En paralelo, el 8 de abril se realizará la segunda insaculación, del 20 al 30 de abril se aprobarán las casillas básicas y contiguas, y entre el 26 y 30 de abril se declarará la validez y definitividad del Padrón Electoral y de las Listas Nominales que serán utilizadas en la elección. Del 31 de mayo al 4 de junio se entregará la documentación y los materiales electorales a las presidencias de las Mesas Directivas de Casilla.
La Jornada Electoral se celebrará el domingo 6 de junio de 2027. Los cómputos distritales se realizarán del 9 al 11 de junio, el cómputo por circunscripción plurinominal el 13 de junio, y la asignación de diputaciones de representación proporcional está programada entre el 1° y el 23 de agosto.
La Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral tendrán a su cargo el seguimiento, control y evaluación con la participación de todas las Unidades Responsables.
Reconozco y agradezco el trabajo de la Junta General Ejecutiva, de la Secretaría Ejecutiva, de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, así como de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Órganos Desconcentrados que participaron en la construcción de esta hoja de ruta.
Integrar este Calendario requirió coordinación, revisión técnica y definición precisa de responsabilidades.
La propuesta que hoy conocemos es resultado de ese trabajo institucional conjunto. Con su aprobación, el Instituto da certeza sobre las etapas del proceso y asume el compromiso de informar de manera permanente sobre su cumplimiento.
El INE cuenta con una ruta clara para iniciar el Proceso Electoral Federal el próximo 10 de septiembre y conducirlo hasta la conclusión de sus distintas etapas.
Mi voto será a favor de este Proyecto de Acuerdo.
Gracias.
Consejera Humphrey.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Gracias, Presidenta.
Nos encontramos hoy ante la materialización de un compromiso inquebrantable de certidumbre del sistema electoral con la democracia mexicana. El Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2026-2027 es la columna vertebral de la confianza electoral y de la seriedad institucional.
Es un instrumento de planeación, de coordinación, de transparencia y certeza que garantiza que cada etapa del camino hacia la renovación de la representación popular sea transitable, auditable y, sobre todo, verificable.
La buena planeación institucional es la mayor virtud de un organismo autónomo, es lo que transforma la complejidad de organizar comicios para 500 diputaciones en un proceso ordenado y transparente. Este plan nos permite optimizar recursos bajo principios de austeridad y disciplina presupuestaria, asegurando que el Instituto cuente con los elementos técnicos y humanos necesarios para cumplir con su mandato constitucional.
Es imperativo destacar que este no ha sido un esfuerzo aislado.
El plan y calendario es el resultado de un proceso colegiado y colaborativo de construcción. Todas las unidades responsables de este Instituto han aportado su experiencia y su visión para integrar un calendario conformado por un total de 505 actividades vinculadas a 153 proyectos y 44 procesos institucionales, ejemplo de una rigurosa alineación con nuestros objetivos estratégicos y con el marco legal vigente.
Este logro no habría sido posible sin la coordinación de esfuerzos y empeños de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas para dotar de eficacia y de eficiencia, como siempre, a la operación institucional.
Asimismo, hay que reconocer el liderazgo de la Comisión de Organización Electoral, cuya supervisión garantiza que cada hito del calendario se cumpla con la puntualidad que la República exige.
En tiempo y forma mandé varias observaciones en diversos temas, prerrogativas, registro, género, en temas de DECEyEC, etcétera; veo que en el análisis técnico casi todas fueron declaradas procedentes y que serán consideradas desde ahorita y/o en un momento procesal oportuno.
De cualquier modo, estaré muy atenta y muy de cerca al mecanismo de seguimiento de la propia Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
Con este Plan, el Instituto Nacional Electoral reafirma su compromiso de entregar a la ciudadanía elecciones libres, auténticas y periódicas, nuestra convicción de robusta garantía y resguardo adecuado del derecho a una buena administración y a la rendición de cuentas con la promoción indudable de la integridad electoral como derecho político y electoral.
Estamos listas y listos porque hemos planeado, estamos fortalecidas y fortalecidos porque hemos trabajado en conjunto.
Este documento, esta planeación es expresión meridiana de las virtudes del ejercicio colegiado de atribuciones, que es una de las marcas distintivas del Instituto Nacional Electoral.
Es también la manifestación de que el Servicio Profesional Electoral Nacional es una ventaja competitiva y, a la vez, un bien público que dota de credibilidad y reconocimiento social todas nuestras labores y de seriedad todos nuestros compromisos.
Anuncio por supuesto mi voto a favor de este acuerdo.
Gracias, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Consejera Humphrey.
Maestro Víctor Hugo Sondón Saavedra, Representante del Partido Político Acción Nacional, adelante.
Representante del PAN Víctor Hugo Sondón Saavedra: Con su venia, Presidenta.
Para Acción Nacional, la aprobación del Plan Integral y Calendario de Coordinación del Proceso Electoral Federal 2027 representa mucho más que la adopción de un instrumento administrativo constituye un punto de partida formal de una responsabilidad institucional de la mayor trascendencia: organizar una elección auténtica, libre, periódica y confiable en un contexto nacional en el que la democracia enfrentamos tensiones, cuestionamientos y desafíos que no pueden minimizarse.
Nuestro sistema democrático atraviesa una etapa que exige prudencia, firmeza institucional y absoluto apego a la Constitución.
La pluralidad política, la competencia electoral y la posibilidad real de alternancia no puede entenderse como concesiones de poder, sino como elementos esenciales de una democracia constitucional.
Por ello, cada decisión que adopte este Instituto Nacional Electoral durante este proceso deberá sujetarse estrictamente a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Esos principios no son fórmulas retóricas ni referencias decorativas, constituyen límites jurídicos al ejercicio de la función electoral y garantías indispensables para que la ciudadanía pueda confiar en su voto y en que su voto será respetado.
Cuando alguno de esos principios se debilita, no sólo se compromete a una etapa del proceso, se erosiona la confianza en la autoridad electoral, se afecta la equidad de la competencia y se genera incertidumbre sobre la autenticidad de los resultados.
La aprobación de este Plan Integral marca formalmente el inicio de los trabajos del Proceso Electoral Federal 2027, pero también debemos reconocer que detrás de este momento existe una labor previa, técnica y especializada, desarrollada durante meses por mujeres y hombres que integran el Servicio Profesional Electoral y las distintas áreas ejecutivas técnicas y desconcentradas del Instituto.
Su experiencia, profesionalismo y conocimiento institucional constituyen una de las mayores fortalezas del sistema electoral mexicano. Son ellas y ellos quienes convierten las disposiciones constitucionales y legales en procedimientos concretos, quienes actualizan instrumentos registrales, proyectan escenarios, diseñan materiales, preparan mecanismos de capacitación, coordinan estructuras y anticipan riesgos operativos.
Desde esta representación expresamos nuestro reconocimiento a este trabajo previo, muchas veces silencioso, pero indispensable para que las elecciones se desarrollen con orden, certeza y legalidad.
Sin embargo, aprobar un plan no garantiza por sí mismo el éxito del proceso electoral. Su eficacia dependerá del seguimiento riguroso y permanente que se dé de cada una de las etapas, actividades, metas, indicadores, plazos y objetivos.
El Plan Integral debe ser entendido como una herramienta viva de coordinación institucional y no como un documento de cumplimiento meramente formal. Cada retraso o cada omisión y desviación deberá ser advertida, explicada y corregida oportunamente.
No puede permitirse que las alertas se conozcan cuando los daños ya sean irreversibles o cuando las etapas electorales hayan concluido.
El seguimiento puntual es también una condición de transparencia y rendición de cuentas. La ciudadanía tiene derecho a conocer no sólo qué actividades fueron programadas, sino cuáles son cumplidas, en qué condiciones, con qué recursos y con qué resultados.
Asimismo, será fundamental preservar una coordinación efectiva entre los órganos centrales y desconcentrados del Instituto, evitando decisiones tardías, cargas de trabajo excesivas o insuficiencias presupuestales que afecten la operación territorial.
La experiencia demuestra que la calidad de una elección se construye desde cada Junta Local, cada Junta Distrital, cada Módulo, cada centro de capacitación y cada espacio en el que participa el personal del Instituto, así como la coordinación que se tenga con los Órganos Públicos Locales Electorales.
Acción Nacional acompañará incondicionalmente el desarrollo de este plan, pero también ejercerá una vigilancia responsable y exigente.
Nuestra participación no será testimonial, daremos seguimiento a cada una de las etapas, señalaremos cualquier incumplimiento que pueda afectar la equidad, la certeza o la legalidad del proceso.
Debemos contribuir a que el INE cumpla plenamente con su responsabilidad. La crítica fundada, la observación técnica y la participación de los partidos políticos forman parte del modelo de vigilancia democrática prevista en la Constitución.
El Proceso Electoral Federal 2027 pondrá nuevamente a prueba la capacidad institucional del país para garantizar la voluntad ciudadana y que ésta se exprese libremente y sea respetada.
En esa tarea no hay espacio para la improvisación, la simulación ni la complacencia. La credibilidad del INE se preserva con decisiones independientes, procedimientos verificables, actuación imparcial y cumplimiento puntual de cada una de las responsabilidades establecidas en este plan.
Cumplir cada etapa, alcanzar cada meta, atender cada riesgo y corregir oportunamente cualquier desviación será fundamental para mantener la confianza ciudadana en el profesionalismo, la capacidad técnica y la autonomía del Instituto Nacional Electoral, porque defender la democracia también significa planear con responsabilidad, ejecutar con profesionalismo y vigilar con firmeza.
Es cuanto, Presidenta.
Muchas gracias.
Consejera del INE, Blanca Yassahara Cruz García: Gracias a usted, señor representante.
Continuamos esta primera ronda con el uso de la voz al Representante de Somos México, Roberto Geycher Cardiel Soto.
Adelante, por favor.
Representante del Partido Somos México, Roberto Heycher Cardiel Soto: Muchas gracias, consejera en funciones de Presidenta.
Muchísimas gracias, consejeras y consejeros, señoras y señores representantes de los partidos.
Organizar elecciones en México es una de las tareas institucionales más complejas del Estado mexicano, no sólo por la magnitud de la geografía, la diversidad de nuestras comunidades o el tamaño del padrón electoral, el verdadero desafío consiste en cumplir con absoluta precisión cada una de las formalidades, procedimientos, estándares de calidad y plazos que establece la legislación electoral.
Detrás del acto aparentemente sencillo de depositar una boleta en una urna existe un trabajo técnico de enorme complejidad. Cada casilla instalada, cada funcionario o funcionaria de casilla capacitado, cada paquete electoral entregado y cada voto contado son el resultado de años de experiencia institucional y de una planeación rigurosa que articula, con precisión, los órganos de dirección nacional con las estructuras operativas desplegadas, incluso a nivel seccional.
El Plan Integral y Calendario que hoy nos somete a la consideración de todas y todos ustedes quienes integran este Consejo no es únicamente una hoja de ruta, es sobre todo el compromiso institucional de todas las áreas del INE para ejecutar en tiempo y forma las más de 500 actividades que se han comentado, pero que son indispensables para hacer posible el ejercicio del derecho más importante de una democracia, el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes.
Este documento también cumple una función pedagógica, permite dimensionar la enorme capacidad técnica, humana, logística y presupuestal que exige organizar elecciones libres y auténticas.
Por ello, sería deseable que las y los legisladores quienes integran este Consejo General lo estudien con detenimiento y lo tengan presente cuando la Cámara de Diputadas y Diputados analice el presupuesto de este instituto.
En Somos México creemos que este acuerdo es mucho más que un documento de planeación, vemos en él el legado de una transición democrática que permitió construir instituciones capaces de garantizar que el poder público sólo pueda obtenerse mediante el voto de la ciudadanía.
Ningún liderazgo, por fuerte que se considere, ningún gobierno, por popular que se asuma, ninguna mayoría, por amplia que sea, puede sustituir a la voluntad del pueblo expresada en las urnas, esa es la esencia de una República democrática y constitucional.
Por ello, rechazamos con absoluta claridad las declaraciones del dictador nicaragüense Daniel Ortega, quien ha sostenido que en su país no volverá a haber elecciones. La autodeterminación de los pueblos, principio fundamental del derecho internacional, jamás puede convertirse en argumento para normalizar o justificar la supresión de derechos políticos de una nación.
Respetar la soberanía de los estados no implica guardar silencio frente al abandono de la democracia.
Finalmente, deseo expresar el reconocimiento de todas y todos en Somos México a todas las áreas del Instituto Nacional Electoral, por el trabajo que representa construir un Plan y un Calendario de esta magnitud.
De manera especial reconocemos al Servicio Profesional Electoral, cuyo profesionalismo, experiencia e imparcialidad constituyen uno de los principales activos de nuestra democracia.
Gracias a su trabajo cotidiano, millones de mexicanas y mexicanos pueden ejercer con libertad, certeza, el derecho que da sentido a todos los demás derechos políticos, el derecho a decidir mediante el voto el rumbo de la República.
Muchísimas gracias en anticipo a todas y todos en este Instituto, porque el gran trabajo que se despliega no viene a partir del 10 de septiembre, que formalmente comienza el proceso, viene desde mucho antes y estamos seguros, seguras, que el trabajo de la estructura profesional del INE va de nueva cuenta a rendir frutos para la democracia mexicana.
Consejera del INE, Blanca Yassahara Cruz García: Gracias, señor representante.
Para continuar, le corresponde el uso de la voz al Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, quien es Representante del Partido Morena.
Adelante, por favor.
Representante del Partido Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Gracias, consejera.
Nuevamente, buenas tardes a todos y a todas.
El proyecto que hoy se somete a consideración de este Consejo General representa el banderazo de salida para la organización del proceso electoral federal 2026-2027.
Con su aprobación se define la ruta de trabajo que habrá de conducir la renovación de la Cámara de Diputados y Diputadas y se establece desde este momento la programación de las actividades necesarias para que la ciudadanía pueda ejercer plenamente su derecho al voto.
Este instrumento concentra y ordena las actividades que deberán desarrollarse durante las distintas etapas del proceso electoral, establece su secuencia, identifica las áreas responsables de su ejecución y determina los periodos en los que deberán adoptarse las principales decisiones vinculadas con la preparación, el desarrollo y la conclusión de la elección.
Su relevancia para los partidos políticos radica precisamente en que permite conocer con claridad los plazos que regirá nuestra participación; contar con fechas definidas, nos brinda certeza para organizar nuestras actividades, adoptar oportunamente las decisiones internas que correspondan y preparar el cumplimiento de las obligaciones electorales y de fiscalización que se generan durante cada etapa.
En concreto, permite identificar los periodos relacionados con la preparación de la elección, el registro de candidaturas, la determinación de los topes de gastos, la asignación de tiempos en radio y televisión, la fiscalización de los recursos, la capacitación y asistencia electoral, la aprobación de la documentación y los materiales electorales, así como la realización de los cómputos y la declaración de resultados correspondientes.
Para los partidos políticos esta definición de plazo resulta indispensable, nos permite plantear los procedimientos de selección de candidaturas, integrar oportunamente la documentación necesaria para su registro, organizar las actividades de precampaña y campaña, y dar seguimiento puntual al desarrollo de cada una de las etapas previstas en el calendario electoral.
Pero este instrumento no sólo proporciona certeza a los partidos políticos, también y mucho más importante, brinda certeza al pueblo, que constituye el centro y la razón de ser de todo proceso democrático.
Serán las y los mexicanos quienes, mediante su voto libre, directo e informado, decidirán la integración de la próxima Cámara de Diputados y Diputadas y definirán el rumbo de la representación popular.
Por ello, este calendario también representa un mensaje para las y los electores. Desde ahora se organiza la ruta que permitirá que su voluntad sea expresada en las urnas, contada con certeza y traducida en representación política, en una democracia auténtica.
El poder público nace de la voluntad popular, no se impone desde arriba ni pertenece a una minoría, sino que emana del pueblo y se ejerce en su beneficio.
La ciudadanía no es una espectadora del proceso electoral, es su protagonista fundamental. Cada una de las actividades previstas en este plan, desde la preparación de los materiales electorales, hasta la instalación de las casillas, los cómputos y la declaración de los resultados, tiene como finalidad garantizar que cada voto sea recibido, respetado y contabilizado.
Y será también el pueblo el que con su voto determine no sólo quiénes habrán de representarlo, sino también qué fuerzas políticas conservarán la confianza del pueblo y cuáles dejarán de reunir el respaldo necesario para mantener su registro.
Porque en una democracia auténtica la permanencia de los partidos no depende de acuerdos ni de privilegios, sino exclusivamente de la voluntad popular expresada en las urnas.
En este sentido, la aprobación del Plan Integral y Calendario proporciona un marco temporal común para la autoridad electoral, los partidos políticos, las y los candidatos y el pueblo al establecer fechas y etapas previamente identificables facilita que cada actor se prepare con la anticipación necesaria y conozca con precisión los momentos fundamentales del proceso electoral.
Para Morena resulta fundamental que la competencia política se desarrolle sobre bases conocidas por todas las fuerzas participantes y principalmente que el pueblo cuente con las condiciones necesarias para ejercer su derecho a decidir, porque en la transformación democrática de nuestro país el pueblo, insisto, no es un actor secundario, sino es quien manda, quien elige y quien otorga la legitimidad a sus representantes.
La democracia no se agota en la organización de una elección, encuentra su verdadero sentido cuando garantiza que la voluntad del pueblo se exprese libremente y sea respetada.
Y como lo decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador: con el pueblo todo y sin el pueblo nada.
Que este principio siga orientando la construcción de nuestra democracia.
Es cuanto. Muchas gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, señor representante.
Consejera Norma Irene De la Cruz Magaña, adelante.
Consejera del INE, Norma Irene De la Cruz Magaña: Gracias, Presidenta.
Con la aprobación del Plan Integral y Calendario damos un paso indispensable para la organización de los comicios, ya que contiene todas las actividades que el INE realizará a fin de que la ciudadanía pueda emitir su voto y elegir a sus representantes populares.
Esta es una herramienta no sólo de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control del ejercicio de la función pública que ha permitido el desarrollo no sólo de comicios confiables, libres y auténticamente ciudadanos, es también un valioso instrumento para que la ciudadanía pueda conocer las tareas que tenemos por realizar, así como darle seguimiento y pueda no sólo la ciudadanía, los partidos políticos y todos los actores interesados en darle seguimiento y puedan no sólo la ciudadanía, los partidos políticos y todos los actores interesados en darle seguimiento a cada una de las etapas del trabajo que realiza este instituto. Así, y este acuerdo también es una muestra más del esfuerzo organizacional que el Instituto realiza en cada proceso electoral.
Para el proceso electoral del 2026-2027 se prevé la realización de poco más de 505 actividades técnicas, operativas, administrativas y jurídicas distribuidas entre todas las áreas y unidades técnicas de este Instituto.
Cada una de las actividades está pensada para cumplir con lo ordenado en los instrumentos rectores de la labor del INE, como el Reglamento de Elecciones y el Plan Estratégico del 2016-2019, así como los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad y objetividad.
Algunas de las actividades más relevantes y sus plazos, bueno, ya nos decía la presidenta Guadalupe Taddei, empieza el proceso electoral en septiembre, el 10 de septiembre. Vamos a designar a las personas, contratamos a las personas supervisoras y capacitadoras asistentes electorales el 12 de enero del 2027, y a toda la ciudadanía que esté atenta a la convocatoria para participar en este proceso.
También tendremos el registro de candidaturas del 22 de marzo y el 3 de abril, y todos los preparativos que estaremos haciendo para llevar a cabo la Jornada Electoral del 6 de junio con la aprobación del presente acuerdo, podemos iniciar a ejecutar las actividades sustantivas para que el primer domingo de junio la ciudadanía mexicana renueve la integración de la Cámara de Diputados.
Por supuesto, acompaño el acuerdo.
Muchas gracias, Presidenta.
Eso es cuanto.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchas gracias, Consejera Norma Irene De la Cruz.
¿Alguien más en primera ronda? En segunda ronda ha solicitado la palabra… en primera ronda, el Representante del Partido del Trabajo.
Representante del PT, Silvano Garay Ulloa: Muy buenas tardes, consejeras y consejeras.
Gracias, Presidenta.
Creo que este acuerdo, éste y el que sigue son de suma importancia, es una herramienta confiable, una herramienta para planear las actividades, las etapas que siguen a nivel federal y también a nivel local.
Las fechas de inicio de año electoral para cada estado es muy importante, es una herramienta indispensable y con esto el Consejo General adquiere mucho más confianza de la que ya se tiene para el día de elección, que ya estamos a cuarenta y tantos días de que arranque el año electoral, ya dijeron que 10 de septiembre. Y bueno, felicitar el esfuerzo que se ha hecho por este Consejo General en ambos proyectos, el proyecto 3 y 4, creo que son de suma importancia y esto fortalece la confianza de este Consejo.
Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchísimas gracias a usted, señor Representante Silvano Garay.
¿Alguien más en primera ronda?
En segunda ronda ha solicitado el uso de la palabra, entendía que estaba enlistado Víctor Hugo Sondón. ¿No es así, Víctor Hugo?
Representante del PAN, Víctor Hugo Sondón Saavedra: No, Presidenta. Muchas gracias.
En segunda ronda.
No habiendo ya más solicitudes de intervención Secretaria, procedemos a tomar la votación correspondiente con las adendas recibidas en su caso.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Como lo indica.
Consejeras y consejeros electorales, consulto si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado como punto 3 del orden del día, con las adendas enviadas por el área correspondiente.
Quien esté de acuerdo en esta sala, por favor, levantar su mano.
Gracias.
Pregunto a quienes nos acompañan de manera virtual.
Consejero Arturo Chávez.
Consejero del INE, Arturo Manuel Chávez López: A favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejera Norma Irene De la Cruz.
Consejera del INE, Norma Irene De la Cruz Magaña: A favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejero Jorge Montaño.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Si no los puede repetir, consejero.
No sé qué entendimos todos, pero creo que es a favor.
Consejero del INE, Jorge Montaño Ventura: Sí, perdón, Presidenta.
Jorge Montaño, a favor.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, consejero.
Consejero del INE, Jorge Montaño Ventura: Gracias, Presidenta.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Consejera Presidenta, le informo que el resultado de la votación es por unanimidad de votos.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Secretaria.
Dé cuenta del siguiente asunto.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Como lo indica.
El siguiente punto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Federal 2026-2027.
Consejera Presidenta, le informo que se recibió fe de erratas por parte de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales al anexo Calendario de Coordinación.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Secretaria.
Está a consideración de todos.
Consejero Montaño, tiene usted, como siempre por deferencia, la palabra como Presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para presentar el punto.
Consejero Jorge Montaño.
Está a consideración…
Consejero del INE, Jorge Montaño Ventura: Sí, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Usted lo presentará, consejero, ¿sí?
Consejero del INE, Jorge Montaño Ventura: Sí, Presidenta.
Utilizaré audio, porque veo que tengo problemas al abrir la cámara.
¿Me permite?
Bien.
Sí, Presidenta, pues voy a presentar el punto.
Muchas gracias.
Le agradezco, Presidenta, colegas, representantes de los partidos políticos, pues me permito presentar a este colegiado el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Federal 2026-2027.
Estos documentos constituyen el principal instrumento de planeación, coordinación, seguimiento y control de las actividades que desarrollarán el Instituto Nacional Electoral y los 32 Organismos Públicos Locales durante la organización de dichos procesos electorales.
Este instrumento es el resultado de un amplio proceso de revisión y coordinación encabezado por la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para lo cual va mi reconocimiento a su titular y al equipo de trabajo de esta Unidad, en la que participaron las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto, las 32 Juntas Locales Ejecutivas y los Organismos Públicos Locales, incorporándose las observaciones que en el ámbito de sus respectivas competencias se estimaron procedentes.
El Plan Integral establece el marco estratégico de coordinación entre el Instituto y los OPL, en tanto que los calendarios de coordinación contienen el detalle operativo de las actividades que coadyuvarán a la realización de las jornadas electorales, sus responsables, las fechas para su ejecución y los mecanismos de seguimiento que permitirán verificar oportunamente su cumplimiento.
Estos instrumentos posibilitan una adecuada planeación, coordinación y evaluación de las actividades electorales, favoreciendo una administración eficiente de los recursos institucionales y una actuación articulada del sistema nacional electoral.
En suma, el Plan Integral y el Calendario de coordinación son los instrumentos por medio de los cuales el Instituto Nacional Electoral planea y da seguimiento a la correcta organización de los procesos electorales locales.
Ahora bien, como sabemos, durante el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 se celebrarán elecciones locales en las 32 entidades federativas del país en las que se renovarán más de 19 mil cargos de elección popular, hecho que pone de manifiesto la magnitud del reto organizativo y la necesidad de contar con herramientas de planeación y coordinación que permitan al Instituto y a los organismos públicos locales desarrollar oportunamente las actividades que les corresponden.
Finalmente, es importante señalar que de aprobarse este acuerdo se permitirá dar inicio al seguimiento sistemático de los calendarios de coordinación, cuyos avances serán presentados periódicamente a la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y, posteriormente, a este Consejo General.
Lo anterior, con el propósito de mantener informado a este máximo órgano de dirección sobre el cumplimiento de las actividades previstas y, en su caso, sobre las medidas necesarias para atender oportunamente cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante el desarrollo de los procesos electorales.
Es cuanto, Presidenta y colegas, vivamos la democracia. Muchas gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Consejero Jorge Montaño.
¿Alguien desea intervenir en este punto?
Adelante, señor Representante de Somos México, Roberto Heycher.
Representante del Partido Somos México, Roberto Heycher Cardiel Soto: Muchas gracias, Presidenta.
Muy brevemente, agradecer el trabajo que se ha hecho por los Institutos en este caso, me parece que este es un instrumento fundamental para poder avanzar en la organización del proceso concurrente.
Únicamente quisiéramos formular una observación con ánimo constructivo, creemos que sería conveniente explorar nuevas formas para sistematizar y presentar los calendarios de una manera más accesible para que todos diéramos un adecuado seguimiento a los trabajos del Instituto.
En esta ocasión nos remitieron un Excel con 11 mil 365 filas, quizá valdría la pena explorar algún tipo de calendario por estado o algún sistema, no sé, creo que el Instituto tiene la respuesta a esta pregunta.
Pero agradecer muchísimo su trabajo, el trabajo de todo el Instituto en materia de la construcción. Creo que es una observación menor francamente frente al instrumento que se nos presenta, pero también creo que podría mejorar significativamente su utilidad, sobre todo para el seguimiento.
Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias a usted, señor representante.
¿Alguien más?
¿En segunda ronda?
No existiendo solicitudes de participación, Secretaria, proceda a tomar la votación.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Como lo indica.
Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo identificado como punto 4 del orden del día, con la fe de erratas al anexo calendario de coordinación por la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
Quien esté de acuerdo en esta sala, por favor levantar su mano.
Gracias.
Pregunto el sentido de su voto a quienes nos acompañan de manera virtual.
Consejero Arturo Chávez.
Consejero del INE, Arturo Manuel Chávez López: A favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejera Norma Irene De La Cruz.
Consejera del INE, Norma Irene De la Cruz Magaña: A favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejero Jorge Montaño.
Consejero del INE, Jorge Montaño Ventura: Jorge Montaño a favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejera Presidenta, le informo que el resultado de la votación es por unanimidad de votos.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Secretaria.
Presenta el siguiente asunto a este Consejo General.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Como lo indica.
El siguiente punto es el relativo al informe sobre el acompañamiento al Organismo Público Local Electoral en la verificación del cumplimiento a la pauta paritaria durante la campaña del Proceso Electoral Local 2025-2026 en el estado de Coahuila de Zaragoza.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
Para la presentación de este informe, hará uso de la palabra la Consejera Norma Irene De la Cruz Magaña, Presidenta de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales.
Adelante, consejera.
Consejera del INE, Norma Irene De la Cruz Magaña: Presidenta, es que yo no presido la… perdón, perdón, discúlpenme, estoy un poco… ¿estamos en el punto 5?
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Presidenta del Comité de Radio y Televisión.
Pero si usted considera, como lo hemos establecido en otras ocasiones, la no presentación debido a la circulación previa debidamente realizada, lo ponemos a disposición de este Consejo General, consejera.
Gracias.
Si alguien desea intervenir en este punto.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Adelante, Consejera Carla Humphrey.
Gracias, Presidenta.
Este asunto me parece que es muy relevante para prevenir, atender y erradicar y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, ya que nos proporciona una herramienta para garantizar un piso parejo para las candidatas en el desarrollo de sus campañas políticas.
El informe de pauta paritaria es un medio para identificar qué tanto los partidos políticos y coaliciones cumplieron con el mandato reglamentario para otorgar el 50 por ciento de los tiempos a las mujeres previsto en el artículo 14, fracción XV de los lineamientos sobre violencia política contra las mujeres en razón de género durante la campaña del Proceso Electoral Local 2025-2026 en Coahuila.
Verificar que el tiempo en radio y televisión asignado a las candidatas a diputaciones locales no sea menor al 50 por ciento del total destinado para cada actor político a dicho cargo.
En los hechos, las mujeres seguimos enfrentando resistencias en el ejercicio de nuestros derechos. Requerimos experiencias y realidades que nos permitan superar estos hechos, es decir, que nos involucren más con la esfera pública.
Necesitamos políticas para fomentar la inclusión en cargos de elección popular y tener representación efectiva y este informe es una acción para medir ambas cosas.
El informe que se pone en nuestra consideración nos sigue dejando claro que uno de los principales retos que se encuentra en las propias estrategias de transmisión de los partidos políticos relacionados con los mensajes genéricos y los spots en los que aparecen candidaturas de ambos géneros.
Por ejemplo, la distribución de impactos por género, el 8.03 por ciento, que son 33 mil 346 impactos, es para mujeres, nueve mil 937, que corresponde al 2.40 por ciento, es para hombres y 370 mil 170, es decir, el 89.53 por ciento es mixto.
Observamos que la mayor proporción de impactos correspondió a promocionales etiquetados como varias candidaturas mixtos, los cuales concentraron el 89.53 por ciento del tiempo de exposición, que evidencia que la estrategia de difusión se concentró principalmente en promocionales de carácter mixto, en los que se promocionó tanto a candidatas como a candidatos.
Sin embargo, en los materiales de candidatura individual sí se observó una mayor presencia de candidatas que de candidatos.
En los resultados globales quisiera destacar que todos los partidos pasaron el umbral mínimo del 50 por ciento.
Destaca el Partido Político Local Unidad Democrática de Coahuila, el cual presentó un 87.94 por ciento de spots para mujeres, así como de la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Coahuila, que el 100 por ciento de sus spots fueron para mujeres.
Además, quisiera destacar que, en los casos de acciones afirmativas y personas no binarias, el informe no reporta ningún hallazgo.
Quisiera referirme a tres aspectos que llamaron mi atención del informe que se nos presenta. Primero, el tiempo de exposición de las candidaturas identificables.
Se identificaron 413 mil 453 impactos en los que fue posible reconocer candidaturas al cargo de diputaciones locales.
Los promocionales en los que se presentaron conjuntamente a candidatas y candidatos, concentraron el mayor tiempo de exposición, seguidos por candidatas y después por candidatos.
Esta distribución refleja una estrategia de visibilización orientada principalmente hacia los materiales de carácter mixto.
Segundo, respecto al tipo de participación.
En los promocionales con participación activa, el 78.57 por ciento correspondió a materiales mixtos, el 15.87 por ciento para las candidatas y candidatos y el 5.56 para ellos, para los candidatos.
En los promocionales con participación pasiva, la promoción conjunta de candidaturas mediante el formato mixto fue de 95.62 por ciento, fue este porcentaje el que se obtuvo, seguidas por candidatas con el 3.73 por ciento y candidatos con 0.65 por ciento.
Del universo de los 116 mil 035 impactos correspondientes a materiales mixtos con participación pasiva, se observó que en el 77.21 por ciento todas las personas candidatas participaron de manera activa.
Por su parte, en el 16.05 por ciento las candidatas tuvieron participación activa, mientras que la participación de los candidatos fue pasiva.
Por otra parte, en los promocionales de candidatura individual se observó una mayor presencia de candidatas que de candidatos, tanto en la participación activa como en la pasiva.
Las candidatas concentraron el 5.67 por ciento del tiempo total de exposición en participación activa y el 2.40 por ciento en participación pasiva, mientras que los candidatos registraron el 1.98 y el 0.42 por ciento, respectivamente.
En términos comparativos, el tiempo de exposición de las candidatas fue aproximadamente 2.9 veces mayor que el de los candidatos en participación activa y 5.7 veces mayor que en participación activa.
Respecto del propósito comunicativo de los promocionales, de los 147 mil 675 impactos analizados, más de la mitad, en este caso el 75.31 por ciento, se destinó a presentar a las candidaturas, el 20.59 a la presentación de propuestas de campaña y el 4.10 por ciento fueron mensajes de contraste programático, campañas de contraste.
El análisis por género revela diferencias relevantes.
Las candidatas concentraron su exposición principalmente en promocionales de presentación de propuestas, con un 84.70 por ciento y con menor énfasis en presentación de sus candidaturas, con el 15.30 por ciento.
Los candidatos, en cambio, en el 100 por ciento de los casos, su tiempo de exposición fue hacia presentación de sus propuestas.
Las candidaturas mixtas se enfocaron principalmente en la presentación de candidaturas, que corresponde al 92.76 por ciento, con menor presencia en campañas de contraste, con un 5.22 por ciento y con apenas 2.02 por ciento para presentación de propuestas.
Este informe nos refleja que, si bien cuantitativamente estamos alcanzando números a favor de las mujeres, aún tenemos una asignatura pendiente en cuanto al tratamiento cualitativo.
Seguimos estableciendo roles de género tradicionales a las mujeres. Pongo de ejemplo lo que ocurre con los roles y estereotipos de género.
Se identifica si el promocional reproduce roles o estereotipos como objetivización, enfoque, características físicas o atributos superficiales de las candidatas, si aparecen o no en roles domésticos, representación de roles tradicionalmente vinculados a la esfera privada, como el cuidado a la familia, la maternidad, la gestión del hogar y el sexismo, reforzamiento de expresiones de machismo, misoginia u homofobia.
Aún tenemos que seguir impulsando acciones que nos permitan no sólo reconocer los derechos de las mujeres, sino que busquemos además perfeccionar su ejercicio. Y este informe es una buena forma de evidenciar el tratamiento de las mujeres para los tiempos que se destinan para sus campañas.
Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Consejera Humphrey.
Consejera Norma Irene De la Cruz, adelante.
Consejera del INE, Norma Irene De la Cruz Magaña: Muchas gracias, Presidenta.
Una disculpa, se me movieron aquí las diferentes ventanas. Pero sí me gustaría compartir esta reflexión.
La reforma constitucional del 2019 en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad total, así como el posterior decreto de 2020, marcaron avances importantes en México, ya que dejamos atrás las cuotas de género para asumir su mandato inquebrantable de garantizar el acceso pleno de las mujeres al poder político, libres de toda violencia y discriminación.
Dicha reforma fue el resultado del esfuerzo de miles de mujeres, quienes han impulsado medidas más efectivas para hacer valer sus derechos político-electorales. Sin embargo, no fue el punto de llegada, sino que marcó el camino para seguir y lograr su consolidación.
Entre los aspectos relevantes para lograr el acceso de los puestos de elección, este Consejo General aprobó por unanimidad los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, en el que se determinó que se destinará al menos el 50 por ciento de las prerrogativas de tiempo de radio y televisión a las mujeres.
Derivado de lo anterior, el presente informe reporta los resultados obtenidos en la cooperación entre el INE y el Instituto Electoral de Coahuila para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en el pasado Proceso Electoral Local de Coahuila.
Y quiero destacar que ya dio varios datos, nos compartía la Consejera Carla Humphrey, que esta reseña es una muestra de la sinergia entre las autoridades locales y nacionales en favor del cumplimiento de principios rectores, en este caso, el de la paridad entre hombres y mujeres.
Este trabajo colaborativo partió de la implementación por parte del INE de un mecanismo de colaboración y acompañamiento que incluyó la aprobación de una metodología única por parte del Consejo General para homologar criterios de verificación, la implementación de la herramienta tecnológica denominada Sistema de Pauta Paritaria para clasificar los promocionales y, por supuesto, la capacitación al personal del INE sobre el procedimiento de clasificación de materiales en el uso de sistemas y el portar de resultados de la verificación.
Todo ello con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la tarea acorde con los estándares nacionales y con la certeza que pueden brindar los avances tecnológicos.
Los resultados obtenidos de la verificación del cumplimiento, y voy a mencionar un par de hallazgos, uno es la distribución por género de los impactos en radio y televisión fue mayoritariamente mixta, es decir, 85 por ciento de los promocionales participaron candidaturas mixtas de hombres y mujeres, mientras que el 8.1 por ciento fueron solo mujeres y el 2.4 por ciento solo hombres.
Y el segundo es que todos los partidos políticos, todos destinaron al menos el 50 por ciento de sus prerrogativas a sus candidatos.
Por su parte, los análisis adicionales derivados de los datos recabados reportan aspectos como la falta de materiales que promocionen las candidaturas de personas postuladas mediante acciones afirmativas y no binarias, aspectos que deben analizarse con detenimiento para poder identificar esta área de oportunidad.
La otra, ya lo mencionaron también, la identificación de estereotipos de género de carácter doméstico en el 55.8 por ciento de los impactos en los cuales los promocionales corresponden exclusivamente a candidatas.
Los informes sobre la verificación del cumplimiento de la pauta paritaria son una oportunidad inmejorable para reconocer aciertos y los pendientes en la lucha de la participación igualitaria de mujeres y hombres en los procesos electorales.
Muchas gracias.
Es cuarto.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Consejera Norma Irene De la Cruz.
¿Alguien más desea intervenir?
No habiendo más solicitud de intervención, damos por recibido el presente informe y le solicito continuar con el desahogo del orden del día, Secretaria.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Como lo indica.
El siguiente punto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los lineamientos generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas, ni pretender regular dichas libertades, se recomiendan a los noticieros respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y las candidaturas independientes del proceso electoral federal 2026-2027, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 160, número 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
Para la presentación de este punto de acuerdo, hará uso de la palabra, la Consejera Norma Irene De la Cruz Magaña, Presidenta del Comité de Radio y Televisión, para la presentación.
Adelante.
Consejera del INE, Norma Irene De la Cruz Magaña: Muchas gracias, Presidenta.
Buenas tardes otra vez a todas y a todos.
Los lineamientos generales que están en discusión son un faro que orientará la labor de los medios de comunicación a fin de que su cobertura del Proceso Electoral 2026-2027 sea plural, equitativa y respetuosa de los derechos humanos.
Siguiendo la metáfora, la luz no tiene un fin restrictivo o limitativo para quien la usa como guía para llegar a un punto, por lo que este esfuerzo no afecta o regula la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas, por el contrario, las impulsa para que sean ejercidas en armonía con el resto de los derechos y principios que rigen la democracia.
El espíritu de los presentes lineamientos es fortalecer la calidad democrática de la información electoral.
Para su construcción, se tomó en cuenta los resultados de la consulta a diferentes medios de comunicación, a la televisión, concesionarios, cuyas consideraciones permitieron actualizar y fortalecer recomendaciones que hoy se presentan.
Los principales temas que refuerzan son la equidad informativa, de manera particular sugiriendo la visibilidad de aquellas candidaturas pertenecientes a grupos históricamente discriminados.
La diferenciación entre los contenidos informativos y los espacios de opinión, el derecho a la réplica en condiciones similares a la información original y en materia de debates se plantea incorporar medidas de accesibilidad.
Además, los lineamientos incluyen una amplia sección sobre la igualdad de género y la violencia política contra las mujeres en razón de género.
En este último caso, se incluyen criterios para que los medios identifiquen y eviten acciones que pudieran constituirla.
En comparación con los lineamientos de los cinco procesos electorales federales anteriores, la elaboración para el 2026-2027 contiene dos innovaciones.
La primera refiere al uso de la inteligencia artificial, recomendando informar cuando ésta sea empleada para generar o modificar contenidos, la verificación de fuentes confiables de la información producida con esta tecnología, el establecimiento de protocolos y la capacitación del personal periodístico en la detección de este tipo de contenidos.
La segunda se refiere a la prevención de los discursos de odio, sugiriendo fortalecer mecanismos de autorregulación e impedir la reproducción de expresiones que fomenten la violencia o la discriminación.
Ante la relevancia que tiene la información de calidad para la toma de decisiones democráticas, la autoridad electoral tiene el deber de brindar a los medios de comunicación herramientas para el ejercicio informativo que realice en el marco de los principios democráticos.
Es cuanto.
Muchas gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Consejera Norma Irene De la Cruz.
Diputado Guillermo Rafael Santiago, Representante del Partido Político Morena.
Adelante.
Representante del Partido Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Muchas gracias, Consejera Presidenta.
Respecto a este punto del orden del día, se pretende aprobar los lineamientos generales que se recomiendan a los noticieros de radio y televisión respecto a la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de las candidaturas independientes durante el proceso electoral federal 2026-2027.
Conviene señalar desde el inicio que estos lineamientos no constituyen una novedad ni una innovación, la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que el Instituto emita estas recomendaciones en cada proceso electoral, por lo que forman parte de manera permanente y sistemática del modelo de comunicación política previsto por nuestro marco jurídico.
Por ello, resulta equivocado afirmar que cumplir con una disposición legal constituye un acto de censura.
Lo que hoy se somete a consideración no hace sino dar cumplimiento a un mandato expresamente establecido por la ley.
Cabe mencionar que dichos lineamientos, desde luego con sus variantes, existen desde 1994.
El objetivo de este instrumento es orientar la cobertura informativa para contribuir a una competencia electoral transparente y equitativa, así como propiciar que la ciudadanía reciba información plural suficiente y oportuna para emitir su voto libre, razonado e informado.
Consideramos indispensable comenzar por dejar clara la naturaleza de estos lineamientos.
Uno, no constituyen censura. Dos, no imponen contenidos. Tres, no establecen una línea editorial y cuatro, tampoco pretenden regular la libertad de expresión o el ejercicio periodístico.
Son recomendaciones de carácter orientador dirigidas a promover buenas prácticas informativas en pleno respeto a la libertad de los medios para investigar, informar, opinar, cuestionar y ejercer la crítica.
Los propios lineamientos establecen que no son pautas coercitivas y que no buscan imponer una conducta determinada a los medios de comunicación. La libertad de expresión y la libertad de prensa permiten que las ideas circulen, que el poder sea cuestionado y que la ciudadanía conozca distintas perspectivas sobre los asuntos públicos.
Sin embargo, la protección de estas libertades no puede convertirse en una vía para encubrir propaganda, contratar cobertura bajo la apariencia de información periodística o generar una exposición privilegiada, reiterada y sistemática a favor de una fuerza política.
La Constitución prohíbe expresamente transmitir publicidad o propaganda como si se tratara de información periodística o noticiosa. Esta prohibición no limita la cobertura de las campañas, no impide realizar entrevistas ni restringe la posibilidad de que los medios informen ampliamente sobre las actividades de partidos, candidaturas y coaliciones. Lo que busca es evitar que bajo la apariencia de una nota, entrevista o segmento informativo se difunda una actividad publicitaria orientada a influir en las preferencias electorales.
Por ello, se recomienda diferenciar claramente los espacios informativos de los comerciales y adoptar criterios de cobertura objetivos, consistentes y transparentes.
La equidad informativa significa procurar que las distintas opciones políticas puedan ser conocidas por la ciudadanía y que ninguna candidatura, coalición o partido obtenga una ventaja mediante acuerdos encubiertos o relaciones privilegiadas con determinados espacios de comunicación.
Este principio cobra especial relevancia frente a concesionarios y propietarios de medios con una amplia capacidad de difusión e influencia sobre la conversación pública.
Todas las personas tienen derecho a opinar y formular críticas, lo que nadie puede pretender es que el alcance de esos medios lo coloque por encima de las reglas de equidad o convierta a los espacios informativos en instrumentos de promoción o descalificación sistemática.
En esa lógica, se recomienda procurar un trato homogéneo en entrevistas, reportajes, programas de análisis y debates, así como evitar que la edición, el lenguaje o los recursos técnicos generen privilegios o ventajas injustificadas.
La velocidad con la que circula la información y la posibilidad de generar imágenes, voces o declaraciones manipuladas mediante inteligencia artificial exigen mayores estándares de transparencia y verificación. La ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto un contenido ha sido creado o modificado artificialmente.
El debate público puede ser intenso, firme e incómodo, lo que no debe normalizarse es la construcción de ventajas electorales mediante falsedades, montajes, propaganda encubierta o contenidos manipulados.
Y ya que estamos en el tema, ayer la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto determinó la procedencia de medidas cautelares solicitadas por nuestro partido y ordenó al PRI y a su dirigente nacional, Alito Moreno, retirar diversas publicaciones en las que calumniaba nuestro movimiento, al advertir que dichas imputaciones carecían de elementos objetivos que le dieran sustento.
Y conviene recordar que esta no es la primera ocasión en que la Comisión de Quejas y Denuncias adopta una determinación de esta naturaleza.
En distintos momentos ha concedido y también ha negado medidas cautelares, también respecto a publicaciones relacionadas con nuestro propio movimiento, así funciona el Estado de Derecho. Las resoluciones pueden favorecer o no a las partes, pero todas deben acatarse y, en su caso, impugnarse por las vías legales.
Lo que resulta incongruente es que quienes durante años sostuvieron que el INE no se tocaba hoy pretenden desacreditar a la autoridad electoral simplemente porque una resolución no favoreció sus intereses. Parece que el INE sólo es intocable cuando les da la razón.
Y miren, aquí está el máximo prócer de la libertad de expresión que quiere sostenerse en este país:
(Se reproduce audio)
Representante del Partido Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Para que no quede duda de la incongruencia, la hipocresía y la falsedad del dirigente del PRI, Alito Moreno, a la hora de decir censura y procurar la libertad de expresión, cuando él mismo, que esto no es calumnia, esto está acreditado y efectivamente es verdadero, decía que a los periodistas no había que matarlos a balazos, sino matarlos de hambre.
Resulta, además, profundamente contradictorio que el PRI pretenda hoy sostenerse como defensor absoluto de la libertad de expresión, cuando sus dirigentes, y no solamente sus dirigentes, su propio coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y Diputadas, cuando fue gobernador de Coahuila, distintos medios lo acusaron de amenazar a los periodistas y de reprimir a quien pensaba distinto.
Por estas razones y muchas más, acompañamos los lineamientos, porque sin imponer contenidos ni autorizar censura alguna, contribuyen a preservar la autenticidad de la cobertura electoral y evitar que la libertad de expresión sea utilizada como pretexto para encubrir propaganda u obtener ventajas indebidas. La libertad de expresión garantiza que todas las voces puedan participar, que la ciudadanía distinga entre información, opinión y propaganda, y que ninguna fuerza política ni poder económico capture la conversación pública mediante privilegios ajenos al modelo electoral.
Es cuanto, Consejera Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, señor Diputado.
Diputado Emilio Suárez Licona, representante del Partido Político Revolucionario Instituto.
Representante del PRI, Emilio Suárez Licona: Gracias, Presidenta.
Anuncio que presentaré una queja en la contraloría de este Instituto.
Yo registré mi participación de manera previa, el personal de la Secretaría Ejecutiva lo reconoció y no obstante que yo fui tres veces, participé con la Secretaria Ejecutiva para informarle que desde antes que iniciara el punto había solicitado la palabra, le dieron la palabra al representante de Morena. Eso habla de parcialidad en este Instituto Nacional Electoral.
Me dirijo al Consejo General con absoluta responsabilidad y bajo la consideración de que, además de mi función de representación partidaria, participo en un debate público en mi condición de diputado federal, con todas sus implicaciones constitucionales.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Si me permite, está solicitando una moción el Consejero Uuc-kib.
Consejero del INE, Uuc-kib Espadas Ancona: Perdón, no puedo sino hacer una moción. Además, también te digo, Juan, para que oigas, Pedro, no se puede solicitar la palabra antes de que se abra la ronda de oradores.
Lo hemos tenido como una práctica de tolerancia en algunas comisiones, pero me parece que no da para levantar una queja ante la Contraloría, asunto que es prerrogativa exclusiva del partido, simplemente señalo mi opinión.
Muchas gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Una disculpa.
Adelante, señor representante.
Representante del PRI, Emilio Suárez Licona: Al principio del punto había yo participado personalmente de la petición, consejero.
Espero en este punto no ser censurado por este INE y no ser interrumpido.
Hoy se discute en este punto fortalecer la cobertura informativa de los procesos electorales, enfrentar la desinformación y garantizar a la ciudadanía condiciones para emitir un voto libre e informado.
Estos son propósitos que pareciera en principio compartimos, pero resulta imposible hablar seriamente de pluralidad, libertad editorial y derecho a la información sin referirnos a lo que ocurrió ayer en la Comisión de Quejas y Denuncias.
Mientras este Instituto afirma defender un debate público abierto, una de sus comisiones ordenó al PRI, al Senador Alejandro Moreno; sí, lo oyó bien, a un Senador que dirige un partido, retirar expresiones dirigidas a Morena, un partido que ha sido señalado por vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, imputaciones que vienen desde instancias judiciales, incluso desde el exterior.
La democracia no se fortalece borrando publicaciones ni administrando desde la comodidad de una oficina las palabras permitidas a la oposición, se fortalece cuando las ideas se confrontan, cuando las acusaciones se responden y cuando quienes ejercen el poder están dispuestos a soportar el escrutinio más severo.
Hoy nos pretenden ordenar retirar expresiones incómodas, mañana podría decidirse hasta dónde le está permitida a la oposición cuestionar al gobierno.
Esta ruta no protege la democracia, más bien la desmantela, y ustedes se están convirtiendo en el actor principal de dicho desmantelamiento.
La potestad cautelar de la autoridad tiene límites, no puede convertirse en una herramienta para cancelar debates de interés público o producir un efecto inhibidor sobre la crítica política, especialmente cuando se dirige al partido en el gobierno, el acusado de narcopartido Morena y a sus narcopolíticos.
Las publicaciones cuestionadas no surgieron en el vacío, se inscriben en una discusión nacional e internacional alimentada por denuncias, investigaciones y procesos penales en curso.
Podrá discutirse la valoración política de esos hechos, lo que no puede sostenerse es que la oposición carezca del derecho de nombrarlos y exigir explicaciones que permitan deslindar responsabilidades para condenar a los corruptos, procesar a los delincuentes y castigar a los criminales disfrazados de políticos bajo la bandera de Morena.
Y es que la libertad de expresión no protege solamente esas frases moderadas, cómodas o aprobadas por el poder, protege sobre todo aquellas que incomodan, irritan y confrontan.
En eso consiste el pluralismo, más cuando viene de un Senador protegido por la inmunidad parlamentaria.
Por eso resulta particularmente grave que esta determinación provenga del INE.
Esta institución fue construida para garantizar el pluralismo y cuidar la competencia política, no para proteger al oficialismo de sus opositores, como en la inscripción de oradores.
Por cierto, la gravedad de este acto de censura en perjuicio de un Senador de la República ya es observada y condenada en el ámbito internacional, no está pasando desapercibido.
Y, entonces, vale la pena preguntarnos: ¿qué es exactamente lo que quiere censurar el INE?
¿Quieren que dejemos de hablar de “La Barredora”, Adán Augusto y la sociedad con Hernán Bermúdez Requena?
¿Quieren que dejemos de hablar de los señalamientos públicos relacionados con el huachicol fiscal, el caso de corrupción más grande de la historia de México?
¿En serio quieren que dejemos de hablar de la muerte de Sergio Carmona, de su hermano asilado en Estados Unidos y de los hechos conocidos públicamente sobre el modus operandi de esa red criminal que financió políticamente a Morena.
¿Quieren que dejemos de hablar de los territorios donde ya no gobierna el Estado, sino el crimen organizado con la complacencia del oficialismo?
¿De verdad asumen que el PRI dejará de denunciar, condenar y señalar el narcogobierno de Sinaloa, al narcotraficante de Rocha Moya, acusado de coparticipación en el asesinato de Héctor Melesio Cuén y las investigaciones abiertas en Estados Unidos en contra de gobernadores y dirigentes de Morena?
¿Eso es lo que quieren?, porque al parecer es exactamente lo que les incomoda, les incomoda que la oposición exija explicaciones, pues se equivocan. En el PRI no somos tapadera de narcotraficantes, criminales y narcopolíticos, y es que mientras este Instituto dedica tiempo a discutir si la oposición puede llamar a las cosas por su nombre, 48 candidatos y candidatas fueron asesinados durante el pasado proceso electoral, 48.
¿Qué han hecho en este caso? Nada. Por conciencia moral este Instituto debería presionar al gobierno por justicia.
Yo esperaría ver al INE proponiendo una comisión nacional que investigue la penetración del crimen organizado en los procesos electorales y convocando a todas las fuerzas políticas para construir un diagnóstico nacional sobre la captura criminal de elecciones y partidos; pero no, hoy el debate es otro, hoy la prioridad es revisar el vocabulario de la oposición. ¡Qué vergüenza!
Por cierto, el absurdo llega a tal grado, déjenme leer: “narcopolítica -en el diccionario- actividad política en que las instituciones del Estado están muy influidas por el narcotráfico”.
Nos están prohibiendo en su resolución analizar y discutir eso, eso es lo que resolvieron ayer.
Y que Morena no se equivoque, las palabras y los calificativos no son el problema, el verdadero problema son los hechos que le dieron origen, porque las obviedades expresadas como narcopolítica, narcogobierno o narcopartido no surgieron de la imaginación del PRI, surgieron de una realidad que millones de mexicanos observan todos los días, comunidades controladas por grupos criminales, procesos electorales marcados por la violencia, investigaciones abiertas y un partido de Estado que se ha establecido como una sociedad criminal con el narcotráfico.
En el PRI vamos a impugnar con toda determinación esta resolución y en la Sala Superior, que también nos escuchen, acudiremos a Justicia Internacional, a la Contra Interamericana para que ninguna instancia de este país censure a un senador de la República que está investido por una inmunidad parlamentaria.
Gracias, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias a usted, señor representante.
Maestro Víctor Hugo Sondón Saavedra, representante del Partido Político Acción Nacional. Adelante.
Representante del PAN, Víctor Hugo Sondón Saavedra: Muchas gracias, Presidenta.
En el Partido Acción Nacional, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información plural oportuna y suficiente son condiciones indispensables para una democracia auténtica.
No puede existir un voto verdaderamente libre sin información, ni una deliberación pública sólida sin medios capaces de investigar, cuestionar, contrastar y difundir las distintas posiciones que participan en la contienda electoral.
Por ello, acompañamos el presente Proyecto de Acuerdo y los lineamientos generales. Recomendamos a los noticiarios para la cobertura de las precampañas y campañas de Procesos Electoral Federal 2026 y 2027. Consideramos que constituyen una referencia útil para promover una difusión plural, equitativa y objetiva e incluyente de las actividades de los partidos políticos, tanto en sus coaliciones como precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes.
Es importante subrayar que estas disposiciones no pretenden regular el ejercicio periodístico ni intervenir en las decisiones editoriales de los medios.
Su finalidad debe mantenerse en el terreno de las recomendaciones y las buenas prácticas informativas.
La autonomía editorial, el escrutinio público y la crítica, incluso cuando resulten incómodos para gobiernos, autoridades, partidos o candidaturas, son elementos que deben protegerse plenamente.
Los medios de comunicación cumplen con una función esencial durante los procesos electorales porque permiten a la ciudadanía conocer y comparar propuestas, trayectorias, plataformas y posiciones.
Por esta razón, estimamos un acierto promover coberturas que privilegien las ideas y los planteamientos de fondo sobre los aspectos meramente anecdóticos y que eviten tratamientos capaces de generar ventajas o desventajas indebidas entre las distintas opciones políticas.
La equidad informativa no debe entenderse como una distribución estrictamente matemática de tiempos y espacios. Debe traducirse en criterios editoriales objetivos, transparentes y conscientes, libre de exclusiones arbitrarias o sesgos derivados del lenguaje, las imágenes, la edición, el tono o los recursos técnicos empleados.
También respaldamos la diferenciación clara entre información periodística y opinión, propaganda y espacios comerciales para que las audiencias conozcan la naturaleza de cada contenido y formen libremente su propio criterio.
Acción Nacional coincide igualmente con la necesidad de garantizar el derecho de réplica cuando se difunde información falsa o inexacta que cause un agravio. Este derecho no limita la crítica periodística ni obstaculiza la investigación, permite aclarar datos incorrectos y ofrecer a las audiencias una visión más completa de los hechos de lo ejercido con responsabilidad, fortalece la credibilidad de los medios y la calidad del debate democrático.
Valoramos que los lineamientos promuevan una cobertura incluyente, libre de discriminación y estereotipos, así como una mayor visibilidad de las candidaturas indígenas, afromexicanas, de personas con discapacidad, migrantes, residentes en el extranjero y de la diversidad sexual. La inclusión debe permitir que sus propuestas y trayectorias sean conocidas sin perjuicios.
Del mismo modo, las medidas de accesibilidad en debates y espacios informativos contribuyen a que la información electoral llegue al mayor número posible de personas. La incorporación de criterios sobre inteligencia artificial constituye uno de los aspectos más relevantes del documento. Esas herramientas pueden mejorar la producción y accesibilidad de los contenidos, pero también puede utilizarse para alterar imágenes, fabricar declaraciones, suplantar voces o presentar como auténticos hechos que nunca ocurrieron.
Por ello, resulta indispensable transparentar su utilización, fortalecer la verificación e identificar claramente los materiales generados o modificaciones de manera sustancial mediante esas tecnologías.
También consideramos pertinente atender los riesgos de la desinformación y de las expresiones que puedan incitar a la violencia, la hostilidad o la discriminación. Sin embargo, estos conceptos deben aplicarse con una perspectiva democrática y garantista, evitando que se utilicen para limitar la crítica, la sátira, el cuestionamiento político o la difusión de información incómoda.
No toda crítica constituye desinformación, ni toda expresión severa representa violencia.
Frente a la información falsa, la respuesta democrática debe de ser la verificación, el contraste de fuentes, la contextualización y la presentación responsable de los hechos, nunca la censura ni la restricción injustificada de las libertades.
En esta tarea existe una responsabilidad compartida entre medios, partidos, candidaturas, autoridades, plataformas digitales y ciudadanía para evitar la difusión de contenidos manipulados y ofrecer elementos que permitan distinguir entre hechos, opiniones y materiales alterados.
Reconocemos además el ejercicio de consulta realizado con organizaciones de concesionarios y profesionales de la comunicación.
El diálogo con quienes desarrollan cotidianamente la actividad periodística permite que estas recomendaciones respondan de mayor y mejor manera a los desafíos reales de la cobertura electoral, así como la diversidad de formatos, regiones y audiencias existentes de nuestro país.
El Partido Acción Nacional acompañará el presente proyecto, porque una ciudadanía mejor informada fortalece la libertad de sufragio, la legitimidad de las elecciones y la calidad de nuestra democracia.
Lo hacemos reiterando que la equidad, la inclusión y la responsabilidad informativa debe coexistir siempre con una defensa firme de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la autonomía editorial y el pluralismo.
Es cuanto, Presidenta.
Muchas gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchas gracias a usted, señor representante.
Señor Representante del Partido Somos México, Roberto Heycher Cardiel Soto.
Representante del Partido Somos México, Roberto Heycher Cardiel Soto: Muchas gracias, Presidenta.
Pues la discusión de este punto reviste una importancia especial para la calidad de la democracia, en particular para la equidad del proceso electoral del 2027.
Los lineamientos que hoy se someten a consideración parten de una premisa que en Somos México compartimos plenamente.
La información electoral debe contribuir a que las precandidaturas y candidaturas compitan en condiciones de igualdad, con pleno respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y a la libertad de expresión.
Las 16 recomendaciones contenidas en este proyecto presentan buenas prácticas periodísticas construidas a partir del diálogo con los medios de comunicación, de la propia historia del Instituto, también constituyen un esfuerzo serio por parte de esta institución para promover una cobertura informativa profesional sin imponer restricciones indebidas a la labor periodística; sin embargo, vale la pena preguntarnos si estamos observando el problema completo.
Si suponemos que el principal riesgo para la integridad de la información electoral proviene exclusivamente de los medios de comunicación y que basta con formular recomendaciones para mejorar sus coberturas, estaríamos dejando fuera uno de los fenómenos más relevantes que enfrenta hoy la democracia mexicana.
La desinformación no tiene un solo origen, hoy también puede provenir del ejercicio mismo del poder político, del poder público.
Diversos estudios nacionales e internacionales han documentado cómo los espacios oficiales de comunicación gubernamental pueden convertirse en vehículos para difundir información inexacta, narrativas engañosas y afirmaciones carentes de sustento.
No se trata de un debate ideológico, no nos equivoquemos, sino de un fenómeno ampliamente estudiado en las democracias contemporáneas.
En México existe además una circunstancia particularmente compleja, la conferencia matutina de la Presidencia de la República. Se trata de un mecanismo de comunicación gubernamental sin precedente en nuestra historia reciente, cuya capacidad para influir diariamente en la agenda pública se ha modificado profundamente al ecosistema de la comunicación política.
Su impacto sobre la conversación pública es evidente y durante los procesos electorales inevitablemente plantea desafíos para la equidad de la contienda.
Cuando desde el poder público se realizan afirmaciones que presentan como culpable a una persona que ni siquiera ha sido juzgada, no sólo se vulnera el principio de presunción de inocencia, se introduce información potencialmente falsa en el debate público con el enorme peso institucional que tiene la voz del Estado.
En el caso del ingeniero Ernesto Ruffo constituye un ejemplo claro de ello. Afirmar públicamente que una persona ha sido juzgada, cuando ello no ha ocurrido, no es una diferencia de opinión, es una afirmación objetivamente falsa que afecta derechos fundamentales y distorsiona la percepción ciudadana, es abiertamente una mentira que en gran medida demuestra la intención del régimen de construirle la presunción de culpabilidad a Ruffo.
La pregunta entonces es inevitable, ¿quién protege al electorado cuando la desinformación no proviene de un medio de comunicación, sino de una autoridad pública? ¿Quién tutela el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz cuando quien comunica es precisamente quien ejerce el poder?
No planteamos estas preguntas para que el Instituto exceda a sus atribuciones. Sabemos que estos lineamientos encuentran fundamento en el artículo 160, numeral 3, de la propia LGIPE y en su ámbito material se circunscribe a los noticiarios.
Pero sí creemos que esta discusión debe servir para reconocer que el modelo de comunicación política enfrenta hoy desafíos que el legislador no previó cuando diseñó estas reglas hace ya varios años.
La equidad de la contienda no depende únicamente del comportamiento de los medios de comunicación, también depende de que el poder público ejerza con responsabilidad su enorme capacidad de influir en la opinión pública, particularmente durante los procesos electorales.
En Somos México acompañaremos este acuerdo, lo respaldaremos porque promueve mejores prácticas periodísticas, a dicho de los propios periodistas, y fortalece el derecho de la ciudadanía a recibir información plural; pero al mismo tiempo hacemos un llamado para que el Estado mexicano corrija y cambie su conducta frente a los nuevos desafíos de la comunicación política en la era digital y frente a la comunicación gubernamental permanente.
La mejor defensa de la democracia no consiste únicamente en proteger la libertad de expresión, consiste también en garantizar la competencia y que ésta se desarrolle bajo condiciones auténticas de equidad y que la ciudadanía pueda formar su voluntad libre de desinformación sin importar de dónde provenga.
Antes de concluir, quiero aprovechar la discusión de este punto para hacer una consideración adicional.
Hace apenas una semana este Consejo General decidió posponer la discusión y eventual aprobación del acuerdo mediante el cual se emiten lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos relacionados con los procesos electorales federal y locales concurrentes.
Desde la perspectiva de Somos México, este acuerdo no es accesorio, es una de las piezas normativas más importantes para preservar la equidad de la contienda, al igual que este instrumento que se está aprobando hoy; preservar la equidad de la contienda en una etapa en la que hoy estamos viviendo, porque es para regular lo que ocurre antes de las precampañas.
Por ello, preguntamos con toda claridad a este Consejo ¿cuándo será discutido y aprobado? No podemos seguir posponiendo una decisión que el propio desarrollo del proceso electoral vuelve cada día más urgente.
Nos encontramos precisamente en el periodo que esos lineamientos deben producir sus efectos. Esperar hasta la cercanía de las precampañas significaría llegar tarde, de por sí. Las reglas deben regir el periodo previo, no expedirse cuando buena parte de ese periodo ya se llevó a cabo.
Entonces, la función preventiva del Instituto consiste precisamente en otorgar certeza antes de que surjan los conflictos, no después. La equidad no se construye sancionando hechos consumados, se construye estableciendo reglas claras y oportunas que orienten el comportamiento de los actores políticos desde el inicio.
Hacemos un llamado para que este Consejo General apruebe ese acuerdo, para que ya no vuelva a diferirse, porque la certeza jurídica no admite dilaciones. Cada día que transcurre sin contar con ese marco regulatorio es un día en que la autoridad electoral deja sin orientación normativa una etapa particularmente sensible del proceso político electoral. El INE se ha distinguido históricamente por anticiparse a los problemas, no por reaccionar cuando estos ya se produjeron y produjeron efectos.
Estamos convencidos de que en este caso debe mantenerse esa tradición de anticiparse.
En el caso particular de estos lineamientos, que abonan también a la equidad, es de urgente necesidad, porque las campañas, las precampañas, si quiere llamársele así, que ocurren de manera anticipada, ocurren a plena luz del día, con todo descaro, frente a la mirada de las autoridades, frente a la mirada de los actores, que no solamente el comportamiento de ellos y ellas no se ajusta a la propia normatividad, sino que además vulnera principios, no sólo hay reglas, también hay principios en la materia electoral. Y parece que los actores políticos tendrían que ser obligados a cumplir esos principios cuando ellos mismos juraron cumplir esa Constitución, que hoy violan cada día con esas precampañas anticipadas.
Gracias, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, señor representante.
Consejera Carla Humphrey.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Gracias, Presidenta.
Quisiera comenzar señalando que acompaño el presente punto del orden del día. Lo hago así, en primer lugar, por ser un mandato legal que tiene su fundamento en el artículo 160, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Primero, sí lo hizo el entonces IFE sin tener obligación legal, ahora lo hace el INE desde 2014 por disposición legal, es nuestra obligación emitir estos lineamientos.
El objetivo de estas directrices es exhortar a los medios de comunicación a sumarse en la construcción de un marco de competencia electoral transparente y equitativo, que propicia elecciones sin descalificaciones ni discordias y que permitan llevar a la ciudadanía información necesaria para la emisión de un voto libre, razonado e informado.
Sin embargo, quisiera destacar que más que unos lineamientos son recomendaciones, no constituyen pautas coercitivas ni vinculantes para los medios de comunicación, ni posiciones sobre las actuaciones de las personas que difunden o presentan noticias, son guías orientadoras que pretenden encausar un comportamiento y de ninguna manera imponer una conducta.
La base constitucional y convencional de los lineamientos son el pleno respeto a la libertad de expresión y la libre manifestación de ideas. En su interpretación más amplia, estos derechos significan tener elecciones más informadas, más plurales y más libres.
Lo que buscamos es la libertad de acceder a información veraz, plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
La finalidad máxima es que las y los mexicanos podamos informarnos de manera correcta para ejercer nuestro derecho a votar y ser votados o votadas.
Respecto a estos lineamientos que se ponen a nuestra consideración, se han construido desde hace meses. El pasado 26 de mayo aprobamos una consulta a concesionarios y a las personas profesionales de la comunicación.
El 1º de junio se remitió la consulta a 68 organizaciones y se obtuvieron 45 respuestas, lo que representa un 66.2 por ciento de participación.
El 13 de julio de 2026, el Comité de Radio y Televisión conoció el informe sobre la consulta a los noticiarios respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y de campaña de los partidos políticos y de las candidaturas independientes del proceso electoral o para el proceso electoral 2026-2027.
De los resultados de la consulta, quisiera destacar uno, el uso de inteligencia artificial, las personas profesionales de la comunicación resaltaron como necesaria su incorporación.
El 89 por ciento, es decir, 49 participantes, manifestó estar de acuerdo en que este tema de la inteligencia artificial, se integre en los lineamientos generales para el próximo proceso electoral.
Entre las recomendaciones respecto a la inteligencia artificial destacó procurar que los medios de comunicación informen de manera clara cuando utilizan esa tecnología, que esto particularmente venía en el Plan A de reforma electoral de la Presidenta de la República, promover el uso responsable, ético y con supervisión humana de la inteligencia artificial, que incluya la verificación de la información generada con esta tecnología antes de su difusión, considerar los riesgos que plantea la inteligencia artificial generativa y contemplar mecanismos de colaboración con plataformas digitales y redes sociales.
Además, se recomendó que la regulación de estas herramientas no debe recaer sobre los medios de comunicación cuando éstos las utilicen legítimamente para presentar su propia labor informativa en ejercicio de su libertad editorial, sino enfocarse en los actores políticos que pudieran usarla con fines de propaganda o desinformación.
Respecto al contenido de los lineamientos, la propuesta que se pone a nuestra consideración aborda 14 temas, dentro de los cuales destacan aspectos como equidad, derecho de réplica, opiniones y notas, igualdad de género, violencia política contra las mujeres en razón de género, notas falsas o violencia política, es decir, la violencia en los procesos electorales.
Además, se incorpora como parte de las innovaciones, la que ya mencioné, inteligencia artificial y también discurso de odio en los procesos electorales.
Los lineamientos emiten recomendaciones en estos temas. En el caso de inteligencia artificial, se recomienda que cuando los medios de comunicación utilicen la inteligencia artificial para generar o modificar contenidos que pudieran confundirse con hechos, declaraciones, imágenes o voces reales, informen de ello a sus audiencias de manera clara y comprensible.
En el caso de que un noticiero utilice presentadores o presentadoras, voces, avatares generados mediante inteligencia artificial para la conducción o narración de la cobertura electoral, también se recomienda informarlo expresamente a su audiencia.
Se recomienda también implementar mecanismos de verificación y cotejo de la información generada mediante inteligencia artificial con fuentes primarias confiables antes de su difusión, a fin de prevenir la propagación de desinformación durante el proceso electoral.
Respecto al discurso de odio en los procesos electorales, se recomienda fortalecer sus criterios editoriales y mecanismos de autorregulación para prevenir la difusión de discursos de odio, promoviendo contenidos informativos basados en el respeto a los derechos humanos, la pluralidad y la no discriminación.
Abstenerse de difundir discursos de odio en la cobertura de las precampañas y campañas electorales, entendido como aquellas expresiones que inciten a la violencia, la discriminación o la hostilidad en contra de una persona o grupos de personas, con base en su origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición.
Se sugiere que no repliquen sin el contexto necesario y que, en su caso, incluyan una nota aclaratoria o una postura editorial que evidencie su carácter discriminatorio o de odio con el fin de evitar su normalización o amplificación.
No quisiera dejar pasar la oportunidad de señalar que con esta decisión estamos emitiendo recomendaciones de un tema que este Consejo General negó para la metodología del monitoreo de espacios noticiosos que aprobamos hace un par de sesiones.
El pasado 10 de julio una mayoría de este Consejo General rechazó incluir una variable en la metodología que abordaba el uso de la inteligencia artificial en las precampañas y campañas.
Se me dijo en esta mesa que lo tendría que evaluar un grupo especial que está creado desde 2025 y que, a mi juicio, no ha hecho el menor tema por regular el asunto de la inteligencia artificial.
Qué bueno también que Morena y el PAN están de acuerdo con la inclusión en estos lineamientos. En aquella sesión propuse una variable con este tema y quedamos en minoría tres consejerías, se rechazó por la falta de diligencia del área responsable e incluso se alegó que no se tenía la opinión técnica del grupo de expertos del Instituto Nacional Electoral que, como referí en esa sesión, pues tampoco ha hecho gran cosa.
Inexplicablemente esta mayoría hoy decide incorporar el tema sin la opinión del grupo de expertos que se referían, ello pese a que dicho grupo está instalado desde 9 de octubre de 2025, es decir, hace nueve meses.
En una explicable paradoja, hoy a tres semanas de distancia estamos decidiendo incorporar recomendaciones de uso de IA, los noticieros y personas comunicadoras sin la opinión del grupo de expertos.
¿Cuánta incongruencia y contradicción en lo que se aprueba en este Consejo General?
Estamos emitiendo lineamientos a los noticieros para la difusión e información de precampañas y campañas que por decisión de la mayoría de este Consejo General no vamos a monitorear.
¿Para qué pedimos algo que no vamos a tener cómo comprobar si lo hicieron o no lo hicieron? Me parece increíble.
Respecto a los lineamientos para regular los procesos políticos internos, ha sido una constante que ya se ha solicitado en este Consejo General y yo lo voté en mayo, lo volví a hacer la semana pasada y sigo echando el falta una regulación adecuada, particularmente en el tema de fiscalización.
Gracias, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias a usted, Consejera Humphrey.
Diputada Marcela Guerra Castillo, Consejera del Poder Legislativo del Partido Revolucionario Institucional.
Consejera del Poder Legislativo del PRI, Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Presidenta, consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos.
Resulta contradictorio en este punto número 6 de lineamientos para la cobertura informativa del Proceso Electoral Federal 2026-2027 se hable con singular particularidad sobre la libertad de expresión y la autonomía editorial y además sobre la cobertura equilibrada.
Quiero plantear una preocupación legítima y es sobre precisamente lo del día de ayer, la resolución aprobada por la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto, y que en realidad se ha convertido en un instrumento para restringir el debate democrático y para inhibir la labor constitucional de quienes ejercen una representación popular.
Desde esta consejería del Poder Legislativo y como legisladora, como diputada, rechazamos estos señalamientos en una determinación bajo la apariencia de una medida cautelar, limita expresiones emitidas por el senador de la República y presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, en el ejercicio de una función constitucional de control político, porque es una es una funcionalidad de las legisladoras y legisladores de poder ejercer el control político, además de fiscalización en cuantos a los diputados y demás situaciones que tiene que ver con el debate.
Las opiniones de las y los legisladores cuando derivan del desempeño de su encargo y versan sobre asuntos de interés público se encuentran amparadas por la inviolabilidad parlamentaria contemplada en el artículo 61 constitucional. Parece que se les olvidó ahí en la comisión pues lo que emitió este resolutivo.
Esta garantía es indispensable para preservar la independencia del poder legislativo y garantizar precisamente el derecho a decir de las y los legisladores. Preocupa que esta resolución entonces pretenda ser presentada como una reivindicación política de Morena. Pues no lo es, no lo es.
Consejeras y consejeros, hoy no estamos discutiendo simplemente unas publicaciones en redes sociales, estamos decidiendo algo mucho más grave, es si el INE va a proteger la libertad política o la libertad de expresión, o va a administrar los límites de la crítica contra el poder.
La resolución ordena al senador Alejandro Moreno retirar o modificar sus expresiones y obliga al PRI a eliminar las publicaciones que compartió y se presenta como una medida cautelar, pero tiene todos los efectos de una censura. Les guste o no, es una censura.
Primero se borra el mensaje que es lo que ordenan y después se investiga y algún día se podrá determinar si realmente era o no un ilícito.
El propio proyecto reconoce a Alejandro Moreno como Senador de la República y el artículo 61 de la Constitución, pero los legisladores, como ustedes lo saben, son inviolables en las opiniones que manifiestan en el desempeño de sus cargos y jamás pueden ser reconvenidos, ni siquiera por otro legislador, por nadie y menos por el Instituto Nacional Electoral, jamás.
La Constitución no distingue, no dice solamente dentro del salón de sesiones, no dice únicamente en la tribuna, no dice si pasa o no la puerta del Senado. Dice que la protección desaparece cuando el legislador habla ante un periodista o utiliza una red social. La protección es permanente. La función parlamentaria no termina en la puerta del Senado.
La función parlamentaria está en la calle, en la plaza, en las redes, en los medios de comunicación. Todo eso se convierte en tribunas permanentes del legislador.
Entiéndanlo, por favor.
La comisión pretende resolver este problema constitucional con un razonamiento sorprendentemente simple y banal. Como las expresiones fueron publicadas en redes sociales, Alejandro Moreno también preside el PRI, entonces no fueron parlamentarias, según la comisión y sus integrantes, pero esto no es un análisis constitucional, es una presunción contra la libertad.
La doble calidad del senador y dirigente partidista no borra ninguna de las dos, porque la autoridad debería estudiar cada publicación, su contexto, los temas abordados y su relación con la actividad parlamentaria, que es permanente. Pero no lo hizo.
En segundo lugar, la resolución confunde la crítica extrema con la calumnia.
Las palabras pueden ser muy duras. Ya lo dijo también el representante, un representante que me antecedió en el uso de la palabra. Las palabras pueden ser duras, incómodas o incluso desagradables, pero la función de una autoridad electoral no es custodiar la delicadeza del debate político.
La calumnia exige una imputación comprobada, si es falsa, si hay una malicia efectiva o un impacto grave en el proceso electoral. Aquí no se demuestra ninguno de esos elementos con el rigor necesario.
La comisión exige probar plenamente la veracidad de las expresiones y como considera insuficiente sus elementos, presume falsedad y después presume la malicia. Es decir, primero invierte la carga de la prueba y después impone cautelarmente al denunciante por no haberlo demostrado. Eso es inadmisible.
La falta de una sentencia firme no conviene a una crítica que sea una mentira.
Y la existencia de reportajes, investigaciones, declaraciones de autoridades extranjeras y acusaciones públicas impide sostener al menos una etapa cautelar que todo fue inventado a sabiendas.
La malicia no se adivina, señoras y señores, la malicia no se adivina, se acredita.
Tampoco se demuestra el impacto grave de un proceso electoral.
El proyecto invoca la proximidad de la elección 2027 como si esta cercanía otorgara al INE la jurisdicción ilimitada sobre toda expresión política legislativa.
No hay candidaturas involucradas, no hay llamados al voto, no hay una demostración concreta de afectación a la equidad, sólo hay una crítica política contra el partido en el gobierno.
Y esto, por más incómodo que resulte, no es una infracción electoral automática.
También se ordena al PRI retirar los reposteos.
Así, el Instituto Nacional no sólo reconvierte a un senador, convierte a su partido en el sensor de uno de sus propios legisladores. Nada más malo que eso.
Este es el precedente que se pretende construir, que una autoridad administrativa pueda decidir que expresiones de la oposición permanezcan en el debate público y cualquiera cuales deben desaparecer en seis horas. Ponen seis horas para borrar y meses para resolver, la desproporción es evidente.
El INE fue creado para garantizar elecciones libres y no para proteger al gobierno frente a la crítica, fue creado para asegurar el pluralismo y no para domesticarlo, y fue creado para impedir los abusos de poder y no para facilitar que el partido gobernante utilice a la autoridad electoral como un escudo reputacional.
La democracia no consiste en garantizarle tranquilidad a quien gobierna, la democracia consiste en garantizarle libertad a quien lo cuestiona.
Hoy quieren retirar unas publicaciones, mañana será una denuncia, después una investigación periodística y, finalmente, cuando haya una expresión que el poder considera excesiva también irá para afuera.
Por eso debemos decirlo con claridad: una autoridad que primero silencia y después investiga no está protegiendo la democracia, está protegiendo al poder frente a la democracia.
Y esto no puede ser la función del Instituto Nacional Electoral.
Por ello, el Partido Revolucionario Institucional, acudiremos, como ya lo dijo nuestro representante, a las instancias competentes para defender la inviolabilidad parlamentaria del Senador y nuestro Dirigente Nacional Alejandro Moreno Cárdenas y el principio de que ninguna autoridad administrativa puede restringir un derecho que la constitución reconoce expresamente al legislador.
Es cuanto.
Muchas gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchas gracias, Diputada Marcela Guerra.
Licenciado Ernesto Guerra Mota, representante del Partido Político Paz, adelante.
Representante del Partido Paz, Ernesto Guerra Mota: Gracias, Consejera Presidenta.
Buenas tardes a todos nuevamente.
Y trataré evidentemente del punto, que es lo que venimos aquí a discutir, desde luego sin esta pasión política que se da en la Herradura de la Democracia y de los temas que se tienen.
Pero, a ver, pareciera que estos lineamientos cayeron en un impasse desde su primera discusión, la recuerdo perfectamente, 2014-2015, aquí, en un INE donde justamente pretendía tener una avalía en estos lineamientos que iban a buscar justamente sin afectar a los concesionarios ni a los medios de comunicación, pues regular justamente lo que se pretendía hacer en precampaña, campaña y en los procesos electorales, lo cual corresponde a una atribución, ya se dijo aquí, del propio Instituto Nacional, derivado del poder reformador, y no es algo que el INE pidió, sino le asignaron y hoy está cumpliendo a cabalidad.
Sin embargo, pareciera justamente que otra vez en esa discusión de los lineamientos queda un debate que desde aquella fecha se planteó por parte de muchos partidos políticos en el Comité de Radio y tenía que ser justamente el carácter de estos lineamientos, si eran vinculantes o no eran vinculantes, si eran obligatorios o no eran obligatorios.
Esa era la avalía y esa me parece que sigue siendo la parte que a estos lineamientos le falta, carecen y que hoy nuevamente teníamos esta oportunidad justamente de abrir la discusión en su momento y quedó ahí pendiente otra vez.
Porque, en efecto, se ha puesto aquí un tema de ayer de la Comisión de Quejas y Denuncias que tiene que ver con libertades y derechos. Me gustó mucho la exposición que hizo el Consejero Castillo al decir por qué sí al dirigente del PRI se le sancionaba esta cuestión, porque traía otra cachucha y está el lado de ahí, están los argumentos, no el tema si representaba como senador y ahí efectivamente está amparado, pero si no fuese ese el caso también.
Y esto sí tiene que ver con los lineamientos justamente, las libertades y los derechos a expresar. Una cosa es fundamental aquí, estos derechos y estas libertades, pero el otro es caer justamente en una colisión, en otra esfera cuando afectas.
Y ayer por lo menos en la exposición del Consejero Castillo, Presidente de esa Comisión, pues lo argumentó y dijo las tres particularidades por las que incurría este dirigente. Bueno, pues están ahí, están los argumentos.
Me parece importante que es importante el debate, sí, qué bueno, la pasión está a todo lo que da, cada una de las representaciones aquí en la herradura trae una bandera y eso es justo parte del debate de unos lineamientos que hoy se pretenden poner a cabo.
Nosotros evidentemente coincidimos con esto, pero también hay que dejarlo claro, en este avance de libertades y derechos me parece que el INE tiene una oportunidad otra vez de hacer vinculante, tener un carácter obligatorio estos lineamientos, que han tenido al menos 10 años en una discusión seria donde ha avanzado, donde en efecto hay cosas que faltan, hay otras que no debería tampoco preocuparles a los concesionarios de radio y tele, porque están dentro de sus libertades.
Algunos no tenemos inmunidad parlamentaria, pero sí tenemos un capítulo pleno en la Constitución de garantías, derechos y libertades, por supuesto que también tiene a cada libertad y a cada derecho una responsabilidad. Y lo que ayer sancionó la comisión obedece justamente a eso, a una calumnia, en una discusión que además nos ha tocado a todos los partidos políticos, tampoco nos espantemos.
Hoy decimos el INE, censor, generó esto, pero también en el pasado cuando nos ha favorecido no decimos nada, y eso es lo que hay que decir aquí de frente. Evidentemente hay cosas que faltan, como en estos lineamientos justamente, porque ha sido una discusión me parece que seguiría siendo pendiente si no ponemos en papel si es vinculante u obligatorio, porque sigue siendo como una llamada a misa para los concesionarios y dirán la tomo o no la tomo y ahí queda la discusión. Me parece que eso es lo que tendría que verdaderamente discutirse aquí y dejar de lado otros temas que también son importantes, pero que hoy no es motivo de discusión.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchas gracias, señor representante.
Consejero Arturo Castillo.
Consejero del INE, Arturo Castillo Loza: Muchas gracias, Presidenta.
Pues se han comentado muchas cosas en esta mesa, pero vamos comenzando con algo muy sencillo, ¿qué dice la ley? Artículo 443 de la LGIPE: “constituye en infracciones de los partidos políticos a la presente ley, inciso j), la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas”.
Artículo 471, párrafo 2 de esta misma ley: “los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se consideren calumniosos sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral”. Esto es lo que dice la ley aprobada desde 2014.
Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal al respecto de estas cuestiones?, también para poner un poco de contexto.
Recurso de revisión REP24 de 2026. “Debe precisarse que esta Sala Superior ha sostenido en diversos precedentes que la acusación de asociación entre un partido político y personas o actividades de carácter criminal sin mayor sustento fáctico constituye una conducta irregular que amerita en sede provisional la concesión de medidas cautelares”.
Este es el marco normativo que nos rige en este momento.
Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con esta propaganda que tanto se discute el día de hoy? Sí se utilizó la palabra narco en varias cuestiones. Entonces, la pregunta es, ¿atribuirle narco a alguien constituye la atribución de un delito? Ahorita pasamos a la falsedad.
Bueno, lean nada más el artículo 194 del Código Penal Federal, en donde se establece una serie de actos en materia de narcóticos en donde está expresamente tipificado el tipo penal de narco, narcotráfico, incluso propaganda, de hecho, narco propaganda.
Bien, en el caso, la difusión o los promocionales, las publicaciones en redes sociales, ¿contienen la palabra narco? Sí. ¿Esto encaja en la atribución de un delito? Sí, está tipificado expresamente en la ley.
Bien, vamos a la parte de falsedad.
La falsedad plantea dos problemas probatorios muy interesantes. El primero es que los hechos negativos son imposibles de probar, es así de simple.
Al ser imposibles de probar es por eso que se tiene que partir de la probación o la acreditación de un hecho que excluiría justamente el hecho que se pretende probar.
Y de aquí que la Sala Superior en muchísimos precedentes ya ha dicho que para que la propaganda que tiene una crítica sumamente fuerte a uno u otro partido o a alguno u otro actor político pueda considerarse protegida por la libertad de expresión y que no se acredite esta falsedad, incluso en sede cautelar, tiene que estar la propaganda misma respaldada por notas periodísticas, por ejemplo, en donde sí se volvería objetivamente parte de un debate público.
Ninguna de las publicaciones que fueron el día de ayer retiradas contiene una nota periodística que respalde las acusaciones que se hacen en esas publicaciones, hay solamente una nota periodística en la quinta publicación, que además no refiere al partido político que vino a solicitar el dictado de medidas cautelares, refiere al gobierno, son entidades diferentes.
Bien, ahora, el partido político y en particular su Presidente, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, ¿difundió propaganda imputando delitos a otro actor político? Sí.
¿Es falsa la imputación en sede cautelar y dado que no tenemos elementos objetivos para considerar que están respaldados por notas periodísticas o por resoluciones judiciales, también la Comisión de Quejas y Denuncias o la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral debió haber hecho una investigación de oficio para ver si hay elementos contextuales? No, en una sede cautelar y no en un procedimiento especial sancionador.
Eso sí constituiría una pesquisa que es contraria a los derechos humanos y al debido proceso.
Por último, me parece importante también señalar lo siguiente: en este caso, Alejandro Moreno no estaba actuando como Senador de la República, estaba actuando como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, tan es así que todas las actuaciones que constan en el expediente acudió representado por el Maestro Sixto Duarte Álvarez y según justamente la protocolización del nombramiento del Licenciado Sixto Duarte como Secretario Jurídico y de Transparencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y al que se le otorgan justamente facultades de representación para el propio Alejandro Moreno, fueron otorgadas ante notario público por el Licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, quien declara que también se le conoce como Alejandro Moreno Cárdenas o Alejandro Moreno en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional.
No vino a defenderse como Senador, vino a defenderse como Presidente de un partido, esto implica que aquí no está cubierto por la inmunidad parlamentaria que tanto se ha mencionado.
Y como lo dije ayer en la Comisión de Quejas, si como en otros casos que se han dado, de hecho, uno recientemente, el Senador hubiera hecho estas expresiones en el contexto de un debate parlamentario, hubiera estado absolutamente protegido por esa inmunidad y hubiéramos estado imposibilitados como Instituto Nacional Electoral para dictar una medida cautelar en este sentido.
El INE no está protegiendo ni a partidos ni a gobiernos, el INE está aplicando la ley que ustedes mismos aprobaron; por cierto, una ley aprobada el 23 de mayo de 2014, cuando el PRI tenía 52 senadores y 212 diputados.
Señores partidos políticos, se los vuelvo a comentar, no sólo respecto de este tema de calumnia, es cierto, el tipo administrativo de calumnia obliga a la autoridad electoral a arbitrar literalmente verificando el contenido del lenguaje que se utiliza en la propaganda, pero así está previsto en la ley.
Si no les gusta esto, si les parece que esto desmantela la democracia, no le carguen al Instituto Nacional Electoral la responsabilidad de las normas que ustedes mismos aprobaron, cámbienlas.
Eso yo creo que es lo que debería de proceder.
Lo mismo sucede, por cierto, con el tema de precampañas y los tiempos de campañas y precampañas. Justamente debimos haber emitido desde hace meses lineamientos para vigilar algo que está sucediendo y es evidente para todo mundo, no ha sucedido, yo lo advertí desde finales de marzo, no ha sucedido, seguiremos entonces en este impasse hasta que se tome una decisión distinta.
Pero, en cualquier caso, al igual que con esto, con los temas de precampaña y campaña, si no les gusta la regulación sobre los tiempos en los que se deben llevar a cabo estos actos cambien la legislación, pero no se quejen de que nosotros arbitramos con las leyes que ustedes nos otorgan y luego nos digan que nosotros somos responsables por estas limitaciones. Esto viene de la ley, no viene de nosotros.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Consejero Castillo.
Maestro Juan Manuel Ramírez Velasco, representante del Partido… Ah, perdón, sí, si le acepta una pregunta, adelante.
Representante del PRI, Emilio Suárez Licona: Representante Arturo Castillo, ¿usted sabe que hay una imputación en Estados Unidos contra el exgobernador Rocha Moya por vínculos con el narcotráfico, el senador Insunza?
Consejero del INE, Arturo Castillo Loza: Sí, pero solo está en su propaganda.
Representante del PRI, Emilio Suárez Licona: ¿Usted sabe que hay imputaciones contra el senador Adán Augusto López por vínculos con “La Barredora” y temas de narcotráfico?
¿Usted sabe que murió Héctor Melesio Cuén y que el exgobernador Rocha Moya está imputado y acusado de haber participado en una operación delictiva para asesinarlo?
Sigo. ¿En qué contexto pone usted el concepto de narcopolítica, que la Real Academia de la Lengua Española señala actividad política en que las instituciones del Estado están muy influidas por el narcotráfico?
Y, por cierto, eso ya lo diré para otra.
Es cuanto, Presidenta?
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
Adelante, consejero.
Consejero del INE, Arturo Castillo Loza: Sí, gracias.
Sí, pero nada de esto está en su propaganda, ese es justamente el punto.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, consejero.
Maestro Juan Manuel Ramírez Velasco, representante del partido político Movimiento Ciudadano, adelante.
Representante de PMC, Juan Manuel Ramírez Velasco: Muchas gracias, Consejera Presidenta.
Bueno, en Movimiento Ciudadano estamos de acuerdo con estos lineamientos que acompañamos evidentemente porque parten de una premisa correcta.
En una democracia una ciudadanía debe estar mejor informada para tomar las mejores decisiones. La equidad en la cobertura por parte de los medios de comunicación es verdaderamente relevante durante los procesos electorales. Una cobertura sesgada, parcial, genera un piso disparejo durante las elecciones.
Por eso acompañamos este esfuerzo por parte del INE para garantizar este piso parejo, ya que ha sido validado en otras ocasiones por la propia Sala Superior del Tribunal Electoral.
Sin embargo, quisiera aprovechar esta discusión para hacer una reflexión que hoy resulta inevitable. En los últimos días se ha presentado una discusión pública a propósito de la consulta a unos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias presentado por el gobierno federal.
Llama la atención que varios de los temas que discutimos hoy también aparecen en esa propuesta, la diferenciación entre información y opinión, el combate a la desinformación, el uso de la inteligencia artificial y la protección de las audiencias.
Sin embargo, la diferencia es fundamental. Los lineamientos que hoy analiza este Consejo General son recomendaciones, no imponen criterios, no sustituyen el criterio editorial de los medios y desde su propia redacción dejan claro que no buscan afectar la libertad de expresión.
Y ese es el camino correcto, porque una cosa es promover buenas prácticas para fortalecer la calidad de información durante un proceso electoral y otra muy distinta es abrir la puerta para que una autoridad administrativa gubernamental pueda convertirse en árbitro de la verdad.
El riesgo no está en reconocer derechos a las audiencias, el riesgo aparece cuando conceptos abiertos o ambiguos pueden utilizarse para que una autoridad administrativa sea quien decida qué información está suficientemente contextualizada, qué contenido es verdadero o dónde termina la información y comienza la opinión.
En una democracia este tipo de decisiones no pueden quedar al árbitro del poder público, sino de la propia ciudadanía, de las audiencias.
Se deben garantizar condiciones para el ejercicio de la prensa libre con pluralidad de voces, por eso vale la pena reconocer que este proyecto mantiene un equilibrio adecuado, promueve criterios de igualdad, no discriminación, combate a la violencia política, a la inteligencia artificial y sobre todo a la desinformación, pero lo hace desde la autorregulación, desde el respeto a la libertad periodística y la autonomía editorial de los medios.
Y precisamente en materia de inteligencia artificial hay un debate que sí debemos dar. Movimiento Ciudadano ha sostenido que la respuesta frente a la desinformación de este tipo no consiste en otorgar cada vez más facultades al Estado para intervenir en los contenidos, sino en generar más transparencia, más herramientas para las audiencias y mejores condiciones para ejercer el periodismo.
La respuesta frente a los deepfakes no es que una autoridad decida qué puede publicarse, sino que existe información clara para que las personas puedan distinguir entre contenidos auténticos y contenidos falsos.
Defender los derechos de las audiencias nunca puede convertirse en un pretexto para restringir la libertad de expresión. Defender la libertad de expresión tampoco significa renunciar al compromiso con la verdad, el pluralismo y el debate democrático.
Esto aplica no sólo para medios de comunicación privados, sino también para los canales gubernamentales oficiales, que también suelen incurrir en la difusión de información falsa o sesgada con fines electorales.
La mejor respuesta frente a la desinformación no es el control de los contenidos que consumen las audiencias, sino más transparencia, más periodismo y más ciudadanía crítica. Ese equilibrio es el que hoy debemos preservar, el equilibrio que dota de pluralismo político y diálogo honesto al debate público y que, por tanto, consolida nuestra democracia.
Es cuanto.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, señor representante.
En primera ronda, ¿alguien más?
En primera ronda, diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Consejero del Poder Legislativo por Morena.
Adelante.
Consejero del Poder Legislativo del Partido Morena, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo: Muchas gracias.
Muy buena tarde a todas y a todos.
Respecto a la aprobación de estos lineamientos generales recomendados a noticiarios, considero que desde, si no me equivoco, 2008, 2009, se emiten por parte de este Consejo General.
Se ha mantenido en esencia su naturaleza, siempre respetando la libertad de expresión y nunca pretendiendo regularla.
Son recomendaciones, son orientaciones y en el caso del Partido Revolucionario Institucional, ustedes los han aprobado antes, siendo prácticamente iguales en su naturaleza desde, repito, 2008, 2009.
La cuestión de fondo de este actuar del PRI es patalear para llamar la atención, pues hace rato que ya no tienen buena recepción en las calles y mucho menos apoyo popular.
Si por ellos fuera, las elecciones deberían de cambiarse por un reality show, quien más grita, traicione o haga teatro, gana.
Un día sí y otro también, medios abiertamente opositores a la Cuarta Transformación y al pueblo, porque ellos hablan de que hay censura en este país, como Televisión Azteca, del usurero de Salinas Pliego, mienten, censuran incluso a quienes les pedimos derecho de réplica y a ellos ¿quién los censura? Nadie.
Hoy México vive la época de mayor libertad de expresión de toda su historia.
Habla el PRI de narcogobiernos, pero hay que recordarles, porque al parecer no tienen memoria, que durante los gobiernos de su partido se crearon, se fundaron los cárteles siguientes: el Cártel de Guadalajara en 1978, el Cártel del Golfo, que derivó posteriormente en dos cárteles, el de Juárez y el de Tijuana.
Y aquí, en el caso de Tijuana, quiero hacer un paréntesis y quiero hacer mención de lo siguiente: el excorreligionario de Ernesto Ruffo, Felipe Calderón, dijo lo siguiente: dilapidó esa gubernatura, él y su hermano Claudio entregaron Baja California a los Arellano, jefes del Cártel de Tijuana.
Continuó, también durante los gobiernos del PRI se sentaron las bases del Cártel de Sinaloa.
Ahora bien, con respecto a la determinación, a las medidas que toma el Instituto Nacional Electoral con respecto a una queja en contra de este señor “Alito” Moreno, presidente del PRI, quiero comentar lo siguiente:
Ante la falta de propuestas políticas con las que busca convencer al electorado, “Alito” Moreno y el PRI han tomado el camino de la injuria, la descalificación y la calumnia, y no conforme con la decisión que ha concedido medidas cautelares para que se abstenga de continuar con este tipo de narrativa, busca burlar esa determinación.
Lejos de contribuir a un debate político serio y respetuoso, ha optado por sofisticar la forma de descalificar, recurriendo a recursos gráficos que buscan transmitir exactamente el mismo mensaje que la autoridad electoral ha considerado contrario a las reglas de la contienda democrática.
La publicación difundida hace unos momentos por el Partido Revolucionario Institucional en sus redes sociales es un ejemplo claro de esto.
Mediante el acomodo intencional de palabras y la repetición de elementos tipográficos, se induce deliberadamente a que sea leída la misma expresión calumniosa, pretende esconder el mensaje en el diseño sin asumir la responsabilidad sobre su contenido.
La propaganda electoral no puede analizarse únicamente desde la literalidad de las palabras, debe valorarse de manera integral, atendiendo a su contexto, a sus elementos gráficos, a su composición y, sobre todo, al efecto objetivo que producen quienes la reciben. Lo contrario equivaldría a permitir que cualquier infracción pudiera evadirse mediante artificios de diseño.
Quienes hoy intentan presentarse como víctimas de una supuesta censura omiten un hecho fundamental: la libertad de expresión es un derecho constitucional que convive con otros derechos y principios igualmente protegidos y reconocidos en nuestro orden jurídico, entre éstos, el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y el deber de que la competencia política se desarrolle sin campañas sistemáticas de desinformación, injuria, denostación; esto es, sin calumniar.
Resulta pertinente señalar que la Presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheinbaum, reconoció esta mañana en “La Mañanera” la importancia de que las instituciones electorales hagan valer las reglas que rigen la comunicación política, que mantengan el equilibrio en la competencia y la altura y respeto en el debate político.
Ese reconocimiento representa el respaldo al Estado de Derecho y al cumplimiento de las resoluciones emitidas por las instituciones correspondientes.
La imparcialidad de las autoridades electorales se sustenta en lograr que se respeten las reglas y principios democráticos. No se pueden permitir excesos bajo el argumento de una supuesta libertad de expresión, ni en tolerar estrategias que busquen burlar el cumplimiento de una determinación en un procedimiento que está en trámite.
La imparcialidad implica aplicar la ley con el mismo rigor para todas las fuerzas políticas, sin privilegios, sin excepciones y sin cálculos políticos, esto es, nadie puede ni debe calumniar.
Si una resolución de esta autoridad electoral establece límites claros a la propaganda que degrada el debate público, dichos límites no pueden convertirse en letra muerta mediante juegos tipográficos o mensajes subliminales, la actitud contumaz debe ser sancionada.
La democracia mexicana merece una competencia basada en propuestas, en resultados y argumentos, no en campañas que buscan instalar etiquetas mediante recursos gráficos diseñados para eludir la responsabilidad jurídica de quienes las difunden.
Desde Morena reiteramos nuestro respeto a las instituciones, al marco constitucional y al debate democrático. Ese respeto no es opcional, es un deber, exige que todos los actores políticos acaten las reglas y que esta autoridad las haga valer con objetividad, imparcialidad y firmeza.
Es cuanto. Muchas gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchas gracias a usted, señor diputado.
¿En primera ronda?
¿En segunda ronda solicitaba?
Representante del PRI, Emilio Suárez Licona: Se registró y lo fui a anunciar también.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Moción de la diputada Marcela Guerra al representante de Morena, ¿verdad? ¿Sí?
Consejera del Poder Legislativo del PRI, Marcela Guerra Castillo: Sí, si la acepta, y otra también al Consejero Castillo.
Es una intervención respetuosa, corta.
Gracias, Presidenta. Yo solamente…
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Consejero Castillo.
A ver, ¿es una moción?, ¿es una pregunta?, ¿sí?
Consejera del Poder Legislativo del PRI, Marcela Guerra Castillo: Sí, es una pregunta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: ¿Al Consejero Castillo?
Consejera del Poder Legislativo del PRI, Marcela Guerra Castillo: No, al Consejero Castillo es una moción, pero es una pregunta al orador que me antecedió en el uso de la palabra.
¿Me permite?
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Sí, si le acepta el diputado Ernesto Prieto Gallardo la pregunta.
Consejero del Poder Legislativo del Partido Morena, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo: No, no la acepto.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
La moción es para el Consejero Castillo, ¿sí?
Consejera del Poder Legislativo del PRI, Marcela Guerra Castillo: Sí.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Adelante. ¿La acepta?
Consejera del Poder Legislativo del PRI, Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias.
Consejero Castillo, respetuosamente está usted interpretando la prohibición constitucional de la calumnia con una representación popular legítima, en este caso del senador Alejandro Moreno Cárdenas.
Usted está degradando el artículo 61 constitucional, pone en primera instancia la LGIPE, bien usted lo señaló y lo dijo claramente, y hace caso omiso del 61 constitucional.
Ni usted, ni yo, ni siquiera la presidenta de la propia Cámara de Diputados puede reconvenir a un diputado, o en su caso, a un senador. Usted tampoco puede, ni siquiera la comisión en pleno.
Por eso lo decimos y recurriremos a las instancias adecuadas y le voy a dar un consejo, hay que leer la Constitución, el 61 constitucional.
Yo sé que usted no ha sido legislador y tampoco pretende serlo; sin embargo, sí tiene que conocer la Constitución.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Estamos excediendo los límites de la moción.
Consejera del Poder Legislativo del PRI, Marcela Guerra Castillo: Adelante. Ya terminé.
Gracias, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
Adelante, consejero. ¿Quieres contestar? Bueno, sin respuesta.
Segunda ronda, Consejera Norma Irene De la Cruz.
Consejera del INE, Norma Irene De la Cruz Magaña: Sí, muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias.
Nada más, volviendo al tema de los lineamientos, sí es importante, me parece muy importante aclarar que en estos lineamientos sólo se dan recomendaciones a los medios para que en caso de usar inteligencia artificial sea informado a su auditorio para no generar falsas percepciones, como una recomendación. Y esta es una recomendación ética y de transparencia operativa y no tiene, el INE no tiene ninguna función.
Además, en nuestros lineamientos y principios para el desarrollo estratégico y uso regulado de la AI, en el artículo apartado 19, ahí decimos, nosotros aplicamos esto, todos los productos generados mediante herramientas de AI, documentos, materiales, etcétera, deberán indicarse de forma expresada que el contenido fue generado total o parcialmente mediante la AI.
Y en el caso de la metodología, no se podía agregar de la forma en que fue propuesta porque formaba parte de una variable técnica de medición que además los testigos del monitoreo que realiza el INE si se hace con recursos humanos y técnicos de este Instituto.
Si actualmente no se cuenta con personal capacitado y el software necesario, se tiene que invertir e implementar y para ello sí se requiere la opinión pública, perdón, la opinión experta del Grupo de Inteligencia Artificial del Instituto.
Es cuanto, Presidenta.
Muchas gracias. Gracias, Consejera Norma Irene De la Cruz.
Diputada Marcela Guerra Castillo.
Diputada Marcela Guerra.
Consejera del Poder Legislativo del PRI, Diputada Marcela Guerra Castillo: ¿Me escucha? Es que de pronto se fue la señal.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
Está en segunda ronda, le recuerdo el tiempo son cuatro minutos.
Consejera del Poder Legislativo del PRI, Marcela Guerra Castillo: Sí, cómo no.
Bueno, pues ahora aprovecho para hacerle la pregunta que me rechazó el Diputado Prieto.
Yo en su exposición, por cierto, muy conocedora de la parte territorial del narcotráfico en la República, me parece que tiene una gran sapiencia dónde están los cárteles y dónde está todo. Yo le pregunto, en ese mapeo que nos acaba de presentar verbalmente, ¿dónde está Morena? A ver, nada más se dedicó a utilizar una retórica, pero yo le pido que nos diga en ese mapeo dónde queda Morena, porque Morena a Morena se le ha infiltrado el narco a lo largo y a lo ancho de la República.
Y ese es un cuestionamiento internacional, no solo es en los medios de comunicación, al cual, por cierto, el Instituto está acallando una voz, una voz de un legislador, y eso es gravísimo. Lo vuelvo a repetir y lo seguiré diciendo.
Yo como legisladora, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que expresar, si así lo deseo, porque en México no puede existir un catálogo previo de palabras permitidas y palabras prohibidas para hacer oposición.
Somos oposición y lo seguiremos haciendo. Y hoy se discute el narcogobierno, les guste o no.
Es cuanto, señora Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchísimas gracias, Diputada.
Diputado Guillermo Rafael Santiago.
Representante del Partido Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Gracias, Consejera Presidenta.
Solo una solicitud muy amable y respetuosa.
La representante del Poder Legislativo del PRI usa las mociones como participaciones. Si ese va a ser el caso, pues vamos a ocuparlas igual, creo que debe de respetarse lo que es una moción y una participación.
Pasando a eso.
Bueno, escuchamos nuevamente al PRI intentar presentar este asunto como un caso de censura. No lo es.
En primer lugar, ¿qué es la calumnia? El artículo 461, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que la calumnia es la imputación de hechos o delitos falsos.
En este caso concreto se acreditó la calumnia. Aquí nadie está limitando el debate político.
La propia Comisión de Quejas y Denuncias fue muy clara, el debate democrático debe ser amplio, vigoroso y protegido, pero la libertad de expresión no protege la imputación de delitos o hechos falsos.
Precisamente por ello analizó las publicaciones y concluyó de manera preliminar que existen elementos suficientes para considerar que se podía constituir propaganda calumniosa, razón por la cual ordenó su retiro como medida cautelar.
Tan claro es que la calumnia no forma parte de la libertad de expresión, que la propia Legislación Electoral la reconoce como una infracción. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece expresamente que constituye infracción la difusión de propaganda calumniosa, es decir, nuestro sistema jurídico distingue perfectamente entre la crítica política y la imputación de delitos sin sustento.
Pero hay algo todavía más grave, lejos de acatar el sentido de la determinación, el PRI ha seguido difundiendo exactamente el mismo mensaje mediante publicaciones que buscan eludir la medida cautelar. El PRI calumnia, miente y engaña.
Que Alejandro Moreno no venga ahora a presentarse como víctima de censura, por el amor de Dios. Censura fue la que ejerció el PRI durante décadas, cuando desde el poder controlaba medios, administraba silencios y castigaba las voces críticas; censura es pretender matar de hambre a los periodistas, como se escuchó en los audios atribuidos del propio dirigente priista y que fueron condenados públicamente.
“Alito” debe aprender la diferencia, censurar es callar periodistas desde el poder; una medida cautelar es impedir que un partido político impute delitos sin presentar pruebas.
Si las tiene, que acuda ante la Fiscalía; si no las tiene, que deje de utilizarlo como una estrategia política.
Y hay que decirlo muy claro, esto es parte del show, porque “Alito” Moreno quiere ser candidato a la Presidencia de la República por el PRI, porque sabe que van a ir solos y están desesperados, muy nerviosos y muy preocupados porque van solos y porque saben que el respaldo popular ya no lo tienen.
Y como ya lo señaló la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, es positivo que el Instituto cumpla con la función que le corresponde, procurar que la disputa política se dé con verdades, no porque se trate de ningún partido político, sino que se haga respetar la ley.
Cuando en el debate político se difunden noticias falsas o acusaciones sin fundamento, corresponde a la autoridad actuar.
La democracia se fortalece con el debate, no con la mentira, la calumnia ni la desinformación.
Por eso el problema aquí es que pretenden sustituir argumentos con acusaciones sin pruebas y cuando la autoridad les recuerda los límites de la ley, entonces hablan de censura. Insisto, son hipócritas, mentirosos y engañan.
Hablan de la inviolabilidad de un senador, por Dios, hace unos meses “Alito” golpeó físicamente al Presidente del Senado y lo aplaudían, se reían a carcajadas y ahora vienen a decir que son víctimas de censura. Por Dios, no hay que ser mentirosos, ni hay que ser hipócritas, basta de falsedades.
Es cuanto, Consejera Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, señor Diputado.
Sí, el señor representante de Somos México…
Representante de Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: No, no lo acepto.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
Diputada Carla Humphrey.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: “Sí, protesto”, pero soy consejera todavía.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Perdón, perdón, es que estaba viendo Diputado arriba.
Tienes toda la razón, Carla.
Consejera Humphrey.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Gracias, Presidenta.
Pues respecto a la inclusión de la inteligencia artificial en estos lineamientos, lo cual me parece muy bueno, la verdad es que lo propuse desde hace varios meses ya, la inclusión de la inteligencia artificial, y me parece importante decir que no comparto el planteamiento que hace la Consejera Norma De la Cruz, en primer lugar, porque entonces evidencia que este grupo experto que tenemos en el INE no ha hecho gran cosa.
Dos, porque lo dije en aquella sesión, la capacitación nos la ofrecieron precisamente las plataformas digitales y las redes sociales de cómo identificar qué material estaba generado o alterado con inteligencia artificial.
Tres, porque una vez más los medios de comunicación nos llevan la delantera, son ellos y ellas, las y los profesionistas y las organizaciones quienes proponen que se incluya esto y entonces rápidamente lo incluimos en los lineamientos.
A ver, no puedo creer que un Instituto como el Instituto Nacional Electoral no haya capacitado al personal, no tenga las herramientas técnicas para hacer un monitoreo en el que, perdón, pero la mayoría de las precampañas y campañas van a hacer uso de la inteligencia artificial.
Me parece, una vez más, que estamos llegando tarde ahí para el 30, a ver si ya tenemos una variable, una regulación y ya hemos incorporado algún tema en inteligencia artificial que, por cierto, yo también dije que era necesario que tuviéramos medición, materiales, etcétera, para poder nosotros darnos una regulación respecto al uso de inteligencia artificial.
Ya la Sala Superior nos ordenó, se fue al Comité Radio y Televisión a decir que los lineamientos de niñas, niños y adolescentes tenían que salir hasta después del Consejo General por no sé cuántas cosas, una de las variables, inteligencia artificial, se impugnó.
¿Y qué dijo la Sala? Yo lo dije en la sesión del Comité.
¿Qué dijo la Sala? En efecto, INE no puedes postergar para el otro proceso electoral esos lineamientos y los tienes que acabar antes de que inicie este proceso electoral.
Entonces, me parece que los pretextos sobran, pero el tiempo para dedicarse a tener proyectos que atiendan lo que estamos viviendo, la realidad de las próximas precampañas y campañas y de cómo se difunden noticias en redes sociales y en espacios noticiosos, es lo que debe privilegiarse ante una supuesta falta de capacidades técnicas, que yo dudo mucho que las tengamos en este Instituto, porque ya hay muchas áreas de esta institución que hacen uso de la inteligencia artificial, fiscalización, por ejemplo, una de ellas.
Gracias, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
En segunda ronda, el representante de Somos México, Roberto Heycher Cardiel Soto.
Representante del Partido Somos México, Roberto Heycher Cardiel Soto: Muchas gracias, Presidenta.
Relájense, amigos de Morena, estamos platicando, estamos platicando, relájense. Yo sólo quería hacer una pregunta, porque coincido en una cosa que se dijo de una manera muy importante.
Utilizar las imputaciones de delitos como estrategia política es indeseable, sin duda, sin duda. Es más, lo firmamos donde ustedes digan, es indeseable.
Bajo la definición de calumnia que nos acaba de dar el señor representante, que es la imputación falsa de delitos, ¿se puede considerar que la Presidenta calumnió a Ernesto Ruffo al decir que ya fue sentenciado?
Es muy importante lo que nos ha reflejado aquí la reflexión del señor representante de Morena y, sin duda, sin duda creo que nos abre un gran espacio para poder entender por qué Ernesto Ruffo sigue en la cárcel; sigue en la cárcel porque es un preso político, porque a Morena le interesa lucrar con él, porque a Morena le interesa desviar el discurso público.
Y finalmente, de eso se trata también este proceso que estamos discutiendo, de cómo dotarle a los ciudadanos de espacios realmente para la reflexión, para tener información en el marco de la decisión pública.
Qué bueno que estemos condenando el uso de imputaciones de delitos como estrategia política. Felicidades.
Muchas gracias, señor representante.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Diputado Emilio Suárez Licona, representante del Partido Político Revolucionario Institucional.
Representante del PRI, Emilio Suárez Licona: Gracias, Presidenta.
Hay alguna discusión que incluso en audiencias, no son públicas, son privadas, respecto a este caso yo expuse, pero la inmunidad parlamentaria, conforme al artículo 61 Constitucional, no es un palenque, pareciera que lo hacen ver como un palenque en donde el legislador solamente en el recinto parlamentario tiene la posibilidad de expresar lo que deseé, no es así.
Yo no sé si han tenido la posibilidad de ver los debates que se dan en países como España, Estados Unidos, son durísimos, durísimos dentro y fuera del Congreso.
La inmunidad parlamentaria involucra circunstancias de modo tiempo y lugar. El legislador tiene funciones de representación popular, tiene funciones de control constitucional, de control político.
Cuando a su servidor o Alejandro Moreno Cárdenas nos invitan a una mesa de debate, no salen a la calle y dicen “a ver tú, chavo, súbete a la mesa”.
No, nos están invitando porque hacemos y representamos y tenemos una función de representación popular y de control político. Consecuentemente, se me hace, podría decirlo yo, cerrado esta visión que se quiere tener de la inmunidad parlamentaria y es justo eso lo que vamos a combatir en instancias internacionales y no tengo duda que lo vamos a ganar. Y será una buena lección para este Instituto Nacional Electoral.
La evolución del concepto de calumnia se ha dado por resoluciones de este Consejo y algunas más de la Sala Superior, pero si uno revisa con precisión lo que define la propia Constitución, deberán abstenerse de expresiones que calumnian a las personas, entendiéndose por calumnia la imputación de hechos, delitos falsos con impacto en un proceso electoral.
Ha habido una interpretación que se ha hecho más extensiva y que habrá que revisarla, habrá que impugnarla, pero lo más importante es que no pueden dejar de lado el carácter de legislador, de una persona como un dirigente nacional, no sale de su casa, se quita el traje, en su casa es esposo, se quita, el señor es Senador de la República, hay que revisar, lo platicaba yo con el Consejero Espadas, hay que revisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pero muchas de las… más bien todo lo que ha mandatado el INE tiene que ver con las redes sociales en su función de representación política como Senador de la República, incluso ahí está especificado Presidente y Senador de la República. Una sugerencia.
El Instituto no puede dejar de ser transparente.
Nosotros nos enteramos, antes la Comisión de Quejas corría la cortesía a los partidos políticos para anunciar que iba a haber una sesión y eso permitir el darle seguimiento desde la televisión para poder activar nuestros mecanismos de garantía de audiencia y control y de defensa jurídica.
Hoy eso ya no existe, resulta por demás delicado y hoy a los partidos, por lo menos al PRI, no sé si a los demás, que eso sería más grave, pero a nosotros no hay un aviso de este tema.
Me gustaría preguntarle al Consejero Castillo que me especifique el caso de narcopolítica, dónde encuadra en el tema de calumnia, narcopolítica como tal con la definición que yo le he dicho.
Y otro asunto, Presidenta, que creo es importante dado el anuncio del periodo vacacional que tendrá este Consejo General, no nos han convocado para revisar los lineamientos de las precampañas, estamos atentos, se está acabando el tiempo y mandamos las observaciones, hicimos la tarea y no hemos recibido convocatoria para revisar este asunto.
Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, señor Diputado.
Consejero Arturo Castillo.
Consejero del INE, Arturo Castillo Loza: Gracias, Presidenta.
No iba yo a responder a todo esto, pero bueno, voy a hacer un par de precisiones muy sencillas.
Artículo 41, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.
Es una disposición constitucional de exactamente la misma jerarquía que establece la inmunidad parlamentaria.
¿Esto qué significa? Que hablando justamente de teoría de la Constitución y cómo se debe interpretar, se deben ponderar, ese es el concepto, ponderar los alcances de ambas disposiciones constitucionales.
Si nosotros recurriéramos a la interpretación que está proponiendo el PRI en este caso, implicaría prácticamente privar de efectos la prohibición que establece el artículo 41 constitucional.
Es precisamente por esto que al hacer esta ponderación se tiene que buscar la forma en la que ambos artículos tengan eficacia, eficacia directa.
Y la única manera de hacerlo es justamente establecer condiciones en las cuales, cuando un legislador hace expresiones de carácter público, se defina si estas expresiones se están enmarcando o no dentro del marco de un debate parlamentario. Es la única manera en la que las dos disposiciones constitucionales pueden surtir efectos de manera simultánea.
Dado que la Constitución mexicana no tiene jerarquía interna en sus normas, si la tuviera tendríamos resultados muy distintos en muchísimas decisiones en este Consejo, pero no es así, pues se tiene que ponderar ambas disposiciones.
Es nada más lo que quería comentar.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Consejero Castillo.
¿En segunda ronda? Estamos en segunda ronda, ¿sí?
Una pregunta para el consejero, ¿acepta la pregunta, consejero?
Consejero del INE, Arturo Castillo Loza: Sí, claro.
Representante del PRI, Emilio Suárez Licona: Al momento de leer el artículo 41 Constitucional se comió la parte final, consejero: “entendiéndose por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral”, me gustaría saber cuál es el impacto de la resolución en el proceso electoral e insistir en que la inmunidad parlamentaria sí puede expresar con mayor claridad los alcances de la inmunidad parlamentaria.
Consejero del INE, Arturo Castillo Loza: Claro que sí, representante, con mucho gusto.
El artículo que usted citó es el 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, respecto al tema del impacto en el proceso electoral, aquí es criterio reiterado de la Sala Superior que efectivamente la cercanía de un proceso electoral es razón más que suficiente para que al momento de analizar en sede cautelar este tipo de conductas se pueda considerar un potencial impacto en sede cautelar preliminarmente a un proceso electoral.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Consejero Castillo.
Maestro Juan Manuel Ramírez Velasco, representante del Partido Político Movimiento Ciudadano.
Representante del PMC, Juan Manuel Ramírez Velasco: Muchas gracias, Consejera Presidenta.
Sólo para hacer una reflexión adicional a lo que ya habíamos comentado.
Escuchando este intercambio queda claro que la vieja política vuelve a hacer lo mismo de siempre, convertir cualquier discusión pública en una pelea entre partidos políticos, unos defienden a Alito Moreno, otros a Rocha Moya, todo a través de descalificaciones y acusaciones, pero pareciera que todos olvidaron de qué se trata lo que estamos discutiendo el día de hoy en este momento.
No estamos aquí para proteger a políticos, estamos aquí para proteger a las audiencias, a los ciudadanos que tienen derecho a recibir información plural, a distinguir entre información y opinión, a contar con herramientas frente a la desinformación y, al mismo tiempo, a vivir en un país donde ninguna autoridad pueda convertirse en árbitro de la verdad. Ese es el verdadero equilibrio que debemos defender.
La discusión debe girar alrededor de los derechos de la ciudadanía y esto debe comenzar a girar alrededor, esto debe dejar de girar alrededor de los intereses de los partidos políticos.
Movimiento Ciudadano siempre pone en el centro la defensa de un principio democrático, que las audiencias estén mejor informadas, pero también que la libertad de expresión siga siendo una garantía para todas las personas, incluso cuando al poder le resulte incómodo lo que se dice.
Esa es la diferencia de Movimiento Ciudadano frente a la vieja política. Para nosotros lo importante es poner en el centro a las personas y sus derechos.
Es cuanto.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, señor representante.
En segunda ronda ya no tenemos participación.
Pasamos a la tercera ronda.
Ha solicitado la palabra la Consejera Frida Gómez. Adelante, consejera.
Consejero del INE, Frida Denisse Gómez Puga: Gracias, Presidenta.
Bueno, considero que el análisis jurídico sobre la resolución de las medidas cautelares fueron expuestas de manera muy ilustrativa por el Consejero Castillo.
Sin embargo, frente a las expresiones que se han formulado respecto a la actuación de la Comisión de Quejas, considero importante recordar que nuestras decisiones no responden a intereses políticos ni a presiones de ninguna naturaleza, responden exclusivamente a la Constitución, a la ley y a los criterios que de manera consistente han desarrollado los distintos Tribunales.
Las medidas cautelares tienen una naturaleza estrictamente provisional. En esta etapa no corresponde emitir un juicio definitivo sobre la legalidad de los hechos denunciados, sino únicamente valorar con base en un análisis preliminar si se actualizan los presupuestos que justifican una medida excepcional.
Anticipar conclusiones sobre el fondo sería precisamente apartarnos del marco jurídico que estamos obligados a observar.
En una democracia constitucional es legítimo que las resoluciones de la autoridad electoral sean objeto de crítica, incluso de impugnación. Lo que no fortalece el Estado de derecho es sustituir el debate jurídico por descalificaciones hacia quienes ejercemos una función constitucional.
Las y los consejeros electorales no resolvemos para satisfacer expectativas políticas ni para perjudicar a personas o partidos o actores algunos. Resolvemos con base en el expediente, las pruebas, la Constitución y la ley.
Esa es la esencia de nuestra independencia y la mejor garantía de imparcialidad que podemos ofrecer a la ciudadanía.
Gracias, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchas gracias, Consejera Frida Gómez.
¿Alguien más en tercera ronda? ¿Diputada Marcela Guerra? ¿Diputada Marcela Guerra?
Si me permiten, pasamos a la siguiente solicitud de intervención.
Diputado Guillermo Rafael Santiago.
Representante del Partido Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Gracias.
Nada más para dejar claro en esta mesa que la inmunidad parlamentaria no es un permiso para delinquir o eludir la norma, que quede muy claro eso. Entiendo que para Alito esto significa inmunidad parlamentaria, pegan el grito en el cielo por una medida cautelar porque calumniaron a un partido político, pero son capaces de agredir físicamente al Presidente del Senado de la República, en el Senado de la República acabando una sesión parlamentaria. Así que no sean hipócritas, no sean falsos.
Por supuesto que al PRI le encanta la censura y como estuvieron acostumbrados muchos años en la dictadura perfecta, ahora que vivimos en democracia les espanta la aplicación de la ley.
No, señores y señoras, las leyes no están para gustos o conveniencias, están para que se respeten los derechos de todos y de todas.
Nosotros seguiremos defendiendo a nuestro partido-movimiento Morena y a los millones de mexicanos y mexicanas que creemos en esta Cuarta Transformación, y que consideramos claramente que el PRI jamás debe de volver y que alguien como Alito Moreno, que hasta sus propios compañeros de partido detestan, tenga la mínima posibilidad de poder hacerle daño al pueblo de México.
Lo volvemos a decir, este show es porque Alito Moreno quiere ser candidato a la Presidencia de la República, probablemente lo sea y así va a terminar de hundir al PRI.
Es cuanto.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, señor Diputado.
Diputado Emilio Suárez Licona.
Representante del PRI, Emilio Suárez Licona: Precisar.
El tema de Alejandro Moreno, que es obsesión del representante Morena es irrelevante, la vida parlamentaria la conocen y ahora se espantan quienes tomaron tribunas, quienes manifestaron desde la izquierda en muchas ocasiones su sentir.
La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, sí está acusada de delitos electorales y no está acusada por el PRI, está acusada por miembros de Morena de ser una mapache electoral.
Consejera, no es un tema de política, es un tema de censura, es un tema de libertad de expresión, es un tema de inmunidad parlamentaria, podemos diferir, pero no es un tema político, es un tema jurídico y es un tema de analizar las disposiciones constitucionales cuáles son sus alcances.
Consejeras y consejeros, no aceptaremos que sobre pretexto de combatir la calumnia se construya un mecanismo de censura para blindar a Morena frente a la crítica.
La oposición no va a pedir permiso para cumplir con su deber, al PRI no nos van a silenciar, vamos a impugnar, vamos a denunciar y vamos a seguir señalando con la fuerza de la ley y nuestras convicciones al narcogobierno, al narcopolítico y a las narcopolíticos que tanto daño le han hecho a México.
Les faltó ir a Coahuila, en Coahuila la gente más humilde decía, espero que ellos tampoco los vayan a censurar, no queremos que entre la narcopolítica aquí, sabemos lo que está pasando en el país, por favor no dejen entrar a los narcopolíticos. Con eso cierro, con una expresión de gente humilde que pidió eso, eliminar a la narcopolítica de Morena.
Gracias, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
¿Alguien más en tercera ronda?
Diputado Ernesto Prieto, adelante.
Consejero del Poder Legislativo del Partido Morena, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo: Gracias.
Yo le pediría al compañero representante del PRI que hable con mucho respeto de nuestra compañera Presidenta Ariadna Montiel, una mujer extraordinaria, una mujer de territorio, una mujer que camina el país, que lo sigue recorriendo y que tiene cercanía no solamente con el electorado, sino con los miembros de Morena.
A diferencia de su dirigente, que es un personaje, y lo digo con toda claridad, pues muy cuestionable por las acciones que ha emprendido, mi compañera y Presidenta Ariadna Montiel es una mujer que merece respeto, es una gran dirigenta, dirigenta con A, aunque les duela a los misóginos, a los machistas, a los conservadores, que quieren que las mujeres no voten.
Bueno, también quiero precisar que es impreciso, que es incorrecto, que no es cierto, que la compañera Ariadna Montiel tenga algún proceso en trámite. No hay nada que esconder, no hay nada que ocultar.
Y, finalmente, decirle que mientras nuestra Presidenta está limpia, su dirigente es un personaje que tiene el rechazo amplio de la población. En las últimas mediciones, sondeos de opinión, el dirigente del PRI, el señor “Alito” Moreno, pues tiene un muy alto rechazo, a diferencia de nuestra dirigenta y de nuestro partido.
Porque también hay que decirlo, el dirigente del PRI no hace otra cosa, su rechazo, su desaprobación, más que reflejar el asco que tiene el pueblo de México por la posibilidad de que el PRI vuelva a regresar al poder.
Es cuanto.
Muchas gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias a usted, señor Diputado.
Diputada Marcela Guerra, volvemos con usted.
Muchas gracias.
Consejera del Poder Legislativo del PRI, Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, muchas gracias, Presidenta.
Con el mismo respeto que pide el representante, el Diputado de Morena, también pedimos respeto, por favor, y calidad en el debate.
Ya sabemos que está defendiendo a su dirigente, lo cual me parece lógico, es su tarea, pero también entonces respete a las y las dirigencias de otros partidos, incluyendo al nuestro, el Partido Revolucionario Institucional.
Y recordarle de nueva cuenta al Consejero Castillo que no se demuestra un impacto grave en un proceso electoral.
El proyecto que invoco a la proximidad incluso de la elección del 2027, como lo dijo hace un momento, como si esta cercanía otorgara al INE una jurisdicción ilimitada, sobre todo de expresión política. No hay candidaturas involucradas, lo repito de nueva cuenta.
No hay llamados al voto, no hay demostración concreta de la afectación a la equidad, sólo hay una crítica política contra el partido en el gobierno. Lo hacemos y lo seguiremos haciendo.
Nadie me va a impedir a mí como Diputada decir que Morena es un cártel. A ver, lo hago aquí, lo hago allá y lo hago donde yo quiera. Soy Diputada y tengo derecho a decir y estoy tutelada por la Constitución, pésele a quien le pese.
Además, les recuerdo al difunto Carlos Manzo, quien fue asesinado por acusar y por señalar la infiltración del narco en Morena.
Es cuanto.
Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Diputada.
¿Alguien más en tercera ronda?
No habiendo ya más solicitudes, Secretaria, pasamos al proceso de votación.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Como lo instruye.
Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo identificado como punto 6 del orden del día.
Quien esté de acuerdo en esta sala, por favor levantar su mano.
Gracias.
Procedo a tomar la votación de quien nos acompaña de manera virtual.
Consejero Arturo Chávez.
Consejero del INE, Arturo Manuel Chávez López: A favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejera Norma Irene De la Cruz.
Consejera del INE, Norma Irene De la Cruz Magaña: A favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejero Martín Faz.
Consejero del INE, José Martín Fernando Faz Mora: A favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejero Jorge Montaño.
Consejero Montaño, ¿nos escucha?
Consejera Presidenta, le informo que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Secretaria.
Pase al siguiente asunto.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Como le indica.
El siguiente punto es el relativo al Tercer Informe bimestral que remite la Secretaría Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva de Administración sobre la situación presupuestal del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2026.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
A consideración de todos los integrantes de este Consejo.
No existiendo solicitudes de intervención, lo damos por recibido el presente informe. Adelante.
Representante del PRI, Emilio Suárez Licona: Cuentan con mi apoyo para defender en la Cámara de Diputados el presupuesto, aunque Morena no quiera o los quiera dar un tijeretazo.
Gracias, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchísimas gracias, señor diputado.
El punto número 8 del orden del día, Secretaria.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Como le indica.
Consejero del INE, Jorge Montaño Ventura: Perdón, creo que no tomaron mi voto.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Ya cerramos la votación, consejero, no pudimos hacer contacto con usted, pero le informo que fue por unanimidad de los presentes.
Consejero del INE, Jorge Montaño Ventura: Muy bien, de todas maneras, mi voto lleva sentido favorable.
Gracias, Presidenta.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: El último punto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la integración de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas como Comisión Permanente en cumplimiento del Transitorio Segundo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas.
Consejera Presidenta, le informo que se recibió adenda por parte de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Asimismo, observaciones del Consejero Electoral Arturo Chávez.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Secretaria.
He solicitado la palabra en tiempo y forma en primer turno.
El 2 de junio de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas.
Esta reforma incorporó una nueva responsabilidad al sistema electoral mexicano. Por primera vez la ley dispone que el Instituto Nacional Electoral cuente con una comisión permanente dedicada específicamente a la verificación de integridad en candidaturas.
El acuerdo que hoy se somete a consideración de este Consejo representa el primer paso para hacer efectivo ese mandato legal.
Con la integración de esta Comisión el INE comienza a construir la capacidad institucional necesaria para atender una preocupación que exige la participación coordinada de distintas autoridades del Estado mexicano, que quienes tienen la responsabilidad de definir las candidaturas dispongan antes de su registro de información proveniente de las instancias legalmente competentes para la adecuada toma de decisiones.
La creación de esta Comisión debe valorarse por la importancia de la función que se le asigna. Las candidaturas son el medio por el cual los partidos políticos presentan a la ciudadanía a quienes aspiran a ejercer responsabilidades públicas.
Por ello la reforma estableció un instrumento que permite dotar a dichas entidades de interés público de la mayor información posible para que determinen lo conducente respecto a las personas a las que pretenden postular. La Comisión como instancia permanente de este Consejo General estará integrada por dos consejeros y una consejera electoral que durarán 3 años en el encargo y que su presidencia será rotativa anualmente.
La permanencia es relevante, la permanencia de esta Comisión es relevante porque la tarea encomendada no se limita a una sola elección, pues ésta deberá desarrollarse en los procesos electorales federales y locales mediante procedimientos precisos y una coordinación interinstitucional permanente.
La Comisión tendrá por objeto recibir de los partidos políticos y de las personas que aspiren a candidaturas independientes los listados de quienes pretendan postular a cargos de elección popular antes de que sean registrados ante la autoridad electoral. Esa información será remitida a las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera para que dentro de sus atribuciones éstas realicen el análisis de riesgo correspondiente.
La reforma define con claridad el papel del Instituto en este mecanismo. El INE concentra la interlocución, dará cauce a las solicitudes y comunicará los resultados que emitan las autoridades especializadas protegiendo datos personales y sin comprometer el ejercicio de derechos.
El Instituto no determinará el riesgo razonable ni responsabilidades penales, no realizará investigaciones propias en materia que correspondan a otras autoridades, y no sustituirá a los partidos políticos en la selección de sus candidaturas.
El valor de la tarea de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas radica en su capacidad de ser interlocutora entre los partidos políticos y las instancias de seguridad competentes para dotar de mayores elementos la toma de decisiones que afectan la vida diaria de la ciudadanía.
Hasta ahora el Instituto no contaba con un órgano permanente encargado de establecer esta relación entre las autoridades especializadas y los actores responsables de las postulaciones. Con su integración se abre una nueva vía de coordinación interinstitucional con procedimientos definidos, responsabilidades identificables y un propósito común establecido expresamente en la ley.
La reforma estableció un plazo preciso para que este Instituto actuara. La Comisión debe estar integrada, instalada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral para el año 2027. El Instituto hoy atiende esta obligación con oportunidad. Primero mediante la integración que hoy se propone, posteriormente con la emisión de los lineamientos, la puesta en operación de los mecanismos de coordinación necesarios y la instalación oportuna de esta Comisión.
Esta ruta permitirá que este órgano colegiado se encuentre preparado antes de que comiencen las etapas en las que su intervención pueda ser requerida. Por ello la decisión de hoy tiene un valor inmediato y también una perspectiva de largo plazo. Permite cumplir el mandato legal dentro del plazo establecido y sentar las bases de una función permanente que deberá consolidarse con la experiencia acumulada de los procesos electorales.
La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas tendrá una responsabilidad relevante para el sistema electoral mexicano. El INE asume esta nueva encomienda con claridad sobre sus alcances y con disposición para coordinarse con las autoridades competentes, los partidos políticos y las personas que aspiren a candidaturas independientes.
Hoy el INE está llamando a convertir un mandato legal en una política institucional sólida y en una visión de Estado que permita atender los nuevos retos del sistema electoral mexicano. La puesta en marcha de esta Comisión fortalece la presencia del Instituto como una autoridad que responde con oportunidad a las exigencias de la vida democrática y que incorpora a su actuación las nuevas responsabilidades definidas por el legislador.
La decisión que hoy adopte este Consejo General confirmará la capacidad del Instituto para adecuar su estructura, ordenar sus trabajos y dar cumplimiento a las obligaciones que le han sido encomendadas preservando en todo momento la naturaleza y los fines de la función electoral.
Con esta convicción el INE refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo las condiciones en las que se desarrolla la competencia democrática y de cumplir con responsabilidad cada una de las atribuciones que la ley nos confiere. Por estas razones acompañaré el proyecto que se pone a consideración el día de hoy en este Consejo General.
Consejero Arturo Chávez López.
Consejero, lo escuchamos.
Consejero del INE, Arturo Chávez López: Muy buenas tardes ya, integrantes del Consejo General, representaciones de los partidos políticos y del Poder Legislativo que concurren en este espacio de deliberación.
Quiero agradecer a mis colegas consejeras y consejeros, la confianza para proponerme que presida la Comisión de Integridad que integraremos este día.
De ser el caso, asumir esta responsabilidad con el compromiso de hacer todo lo que esté en mis manos para que dicha Comisión funcione en estricto apego a la ley, con total transparencia y en diálogo permanente con los partidos políticos y las instituciones con las que obligadamente tendremos que trabajar para dar resultados.
Como lo he sostenido en varias ocasiones, el Instituto Nacional Electoral es una institución del Estado mexicano que cuenta con la confianza de la ciudadanía, del Gobierno Federal, estatal y municipal, de la soberanía del pueblo expresada en el Congreso de la Unión.
Por esa confianza se le asignan nuevas responsabilidades.
Se sabe que el INE tiene la fortaleza necesaria para asumir estos nuevos desafíos.
Me refiero a ser ahora autoridad garante en materia de transparencia y protección de datos para partidos políticos nacionales y locales y, en el caso de esta Comisión, servir de enlace y coordinación entre los partidos políticos y las instituciones responsables de alertar sobre posibles riesgos de infiltración del crimen organizado en los procesos electorales a través de candidaturas a puestos de elección popular.
Esta Comisión constituye la materialización institucional de una reforma electoral muy importante publicada el 2 de junio del presente año, la cual modificó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Con ello, esta autoridad electoral asume la responsabilidad de articular un puente interinstitucional con instancias de seguridad y del sector financiero.
Esta reforma no representa un hecho aislado; por el contrario, abona a la consolidación de una línea progresiva de derechos y salvaguardas democráticas.
Su historia institucional comenzó con la paridad de género, evolucionó hacia la igualdad sustantiva, el combate a la violencia política en razón de género y la alternancia, y se fortaleció con los estándares constitucionales y legales conocidos como 3 de 3 contra la violencia y 8 de 8 contra la corrupción.
Estas medidas han impedido de forma progresiva que agresores sexuales, deudores alimentarios morosos y personas con sentencias firmes por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad sexual o la seguridad patrimonial sean registrados como candidatos.
El objetivo es brindar efectividad a la integridad electoral en las postulaciones a cargos de representación popular, cerrando espacios históricos a la opacidad y a los riesgos de infiltración directiva en los órganos del poder público.
Si bien el concepto de integridad electoral ha sido ampliamente desarrollado en la teoría democrática contemporánea, el desafío actual radica en su aplicación directa al análisis de las candidaturas.
Desde una perspectiva crítica contra la corrupción, la nulidad no puede entenderse como mera formalidad legal, sino como un estándar estricto de prioridad pública y responsabilidad democrática, más allá de las diferencias ideológico-partidistas.
Bajo este enfoque, la integridad de las candidaturas exige la evaluación sistemática de factores de riesgo que puedan comprometer el ejercicio imparcial, legal y legítimo de la función pública.
La misión fundamental de esta Comisión consistirá en optimizar los flujos de información institucional y propiciar una gobernanza democrática basada en la corresponsabilidad con los partidos políticos.
Solo mediante la cooperación interinstitucional estructurada será posible inhibir de manera preventiva que perfiles con factores de riesgo asociados a la delincuencia o a la corrupción accedan a los espacios de decisión.
Es así como se da un salto importante hacia autenticidad de las postulaciones, tanto de partidos políticos, así como de candidaturas independientes.
Se establecerán procedimientos y protocolos de tratamiento de información para verificar la integridad de quienes aspiren a presidencias municipales, gubernaturas y diputaciones federales o locales, identificando la existencia y no existencia de riesgos para el erario, la seguridad y la gobernabilidad democrática.
Es así como nos encontramos ante un mecanismo inédito de corresponsabilidad democrática, una instancia técnica de colaboración que coadyuva con los partidos políticos a quienes corresponde la decisión final de postulación mediante la advertencia preventiva de perfiles que representen un riesgo para la función pública, privilegiando en todo momento el interés general sobre los intereses partidistas particulares.
Esta Comisión operará bajo lineamientos específicos que deberá aprobar este órgano colegiado y se instalará formalmente antes del inicio del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, fungiendo como el nodo coordinador entre los actores políticos y las instancias del Estado responsables de la seguridad y el combate a la impunidad.
Es indispensable subrayar que las actuaciones de esta Comisión, de los partidos políticos y de las personas aspirantes se regirán estrictamente por solicitud de la parte interesada, garantizando el consentimiento previo, libre, informado, expreso e inequívoco de los sujetos involucrados.
Asimismo, se garantizará en todo momento la estricta confidencialidad de la información obtenida. Las labores de este órgano tendrán un carácter exclusivamente técnico e informativo, no considerarán declaraciones de elegibilidad, no alterarán los derechos político-electorales ni podrán ser utilizadas para fines distintos a los previstos en la ley.
El diseño de este mecanismo observará de manera irrestricta el principio constitucional de presunción de inocencia.
De este modo, el INE garantiza el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales y se asegura que la ciudadanía acuda a las urnas con la certeza de que las opciones políticas puestas a su consideración cumplan con estándares de integridad y probidad.
Evitar que tengamos candidatos y candidatas vinculados con el crimen organizado es una responsabilidad de todas y de todos.
Cada uno en el ámbito de su competencia tiene que actuar con responsabilidad política y ética.
Celebro que el Instituto Nacional Electoral contribuya a lograr dicho objetivo.
Muchas gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Consejero Arturo Chávez.
Consejera Frida Gómez. Sí,
Consejera del INE, Frida D. Gómez Puga: Muchas gracias, Presidenta.
La creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas representa la oportunidad de fortalecer las capacidades del Instituto para anticipar riesgos y consolidar la confianza ciudadana en los procesos electorales.
En ese sentido, acompaño el proyecto, convencida de que la nueva Comisión desempeñará sus funciones con rigor técnico, objetividad, prudencia, confidencialidad y pleno respeto a los derechos políticos electorales.
Ello será indispensable para el adecuado ejercicio de sus atribuciones en materia de revisión y verificación de los requisitos de integridad de las personas candidatas, garantizando que sus actuaciones se conduzcan con estricto apego al marco constitucional.
Su legitimidad dependerá tanto de su creación, así como de que sus actuaciones se desarrollen con reglas claras, criterios objetivos y absoluto apego a los principios rectores en materia electoral.
Quiero también reconocer que esta integración fue resultado de un enriquecedor proceso de diálogo y una fructífera construcción de consensos responsables.
Ocho consejeras y consejeros manifestamos interés en formar parte de esta Comisión, lo que refleja la importancia que este Consejo General concede al tema de la integridad electoral.
Es precisamente ese interés superior institucional el que hizo posible la creación de acuerdos, porque en todo momento prevaleció una convicción compartida, garantizar el funcionamiento oportuno, eficaz y correcto del Instituto frente a los desafíos del presente y las exigencias del futuro.
Una institución democrática no puede permanecer inerte frente al acelerado ritmo de las transformaciones globales que traen consigo nuevos y complejos riesgos para nuestras sociedades, por el contrario, debemos anticiparnos a ellos, fortalecer nuestras capacidades institucionales y evolucionar con visión de futuro para preservar la confianza ciudadana y salvaguardar la integridad del sistema electoral.
En este contexto expreso mi reconocimiento a las consejeras y consejeros que participaron en ese diálogo y de manera particular al Consejero Jorge Montaño y a la Consejera Blanca Cruz, quienes decidieron retirar sus postulaciones de integración.
En lo que a mí corresponde, también tomé la decisión de retirar mi postulación convencida de que las comisiones no representan espacios personales, sino órganos de trabajo al servicio del Instituto y de compromiso con el fortalecimiento de la democracia.
Los consensos no se construyen únicamente a partir de las coincidencias o disensos, también se construyen con generosidad institucional. El saber ceder por privilegiar el adecuado funcionamiento de la colegialidad y el beneficio del interés público constituye una auténtica expresión de responsabilidad democrática, porque al final la mayor fortaleza de los órganos colegiados radica en su capacidad para anteponer el interés institucional a cualquier aspiración individual.
Asimismo, considero importante dejar constancia de que la flexibilización temporal del límite de integración de comisiones debe entenderse precisamente en ese carácter, como una medida excepcional transitoria y vinculada exclusivamente a la implementación de una reforma legal reciente.
Será igualmente indispensable que los lineamientos que apruebe este Consejo definan con claridad el alcance de las atribuciones de esta Comisión, sus mecanismos de coordinación y las garantías de debido proceso y seguridad jurídica que deberán observarse en toda verificación de integridad.
De igual forma, hago un llamado a los partidos políticos, quienes tendrán esta tarea enorme, con una enorme responsabilidad frente a la ciudadanía, a las autoridades encargadas de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera que colaborarán en forma conjunta con esta nueva Comisión para que cerremos filas y trabajemos de forma impecable en favor de nuestra democracia y el fortalecimiento de nuestras instituciones.
Finalmente, expreso mi respaldo a las consejerías que integrarán esta Comisión.
Estoy convencida de que todo el Consejo General tiene la responsabilidad de acompañar, fortalecer y dar seguimiento a sus trabajos, porque el éxito de esta tarea será un compromiso compartido.
El funcionamiento de esta Comisión será siempre mucho más importante que los nombres de quienes circunstancialmente la integremos.
Las personas somos transitorias, las instituciones trascienden, por ello lo verdaderamente relevante no es quien ocupa un lugar en un momento determinado, sino que la Comisión actúe con eficiencia, independencia, continuidad y solidez institucional.
Su contribución debe traducirse en un fortalecimiento permanente de la confianza ciudadana y de la integridad del sistema electoral mexicano.
Ese es el interés superior que debe guiarnos, preservar una Comisión capaz de cumplir con rigor y visión de Estado el mandato constitucional que nos ha sido encomendado.
Muchas gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchas gracias, Consejera Frida Gómez.
Señor representante, Roberto Heycher Cardiel Soto, del Partido Somos México.
Representante del Partido Somos México, Roberto Heycher Cardiel Soto: Gracias, Presidenta.
La Comisión cuya integración hoy se propone nace de una reforma ilegítima, pues no proviene de amplios consensos.
Esa reforma modifica profundamente el equilibrio entre dos bienes constitucionales igualmente valiosos, por un lado, la obligación del Estado de proteger la integridad de las elecciones; y, por el otro, el derecho fundamental de las personas a votar y ser votadas.
Desde Somos México expresamos nuestra reserva total de esta reforma, no porque cuestionemos la necesidad de impedir que la delincuencia organizada o intereses extranjeros interfieran en la vida democrática del país. Ese objetivo es legítimo y compartido por todas las fuerzas políticas; bueno, al menos las democráticas.
Nuestra preocupación radica en otra parte, cuando se otorgan facultades extraordinarias al Estado para valorar quién puede obtener un cargo de elección popular o incluso para revisar la validez de una elección en el otro supuesto de la propia norma por intervención extranjera, el mayor riesgo no es únicamente la arbitrariedad, el mayor riesgo es la aplicación selectiva de la justicia.
La historia demuestra que las herramientas más poderosas del Estado pueden convertirse también en las más peligrosas cuando dejan de aplicarse con criterios objetivos y comienzan a utilizarse criterios políticos, como lo veíamos anteriormente.
Por ello, esta Comisión tendrá una responsabilidad enorme, no va a bastar con actuar conforme a la ley, deberá demostrar permanentemente que actúa con absoluta independencia, imparcialidad y objetividad.
Desde esta tribuna exigiremos que todas las instituciones que participan en estos procedimientos, incluidas, entre otras la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, CNI y cualquier otra autoridad que aporte información, expliquen públicamente cuáles serán los criterios técnicos y jurídicos mediante los cuales determinarán lo que han llamado la existencia de este riesgo razonable, porque el riesgo razonable no puede convertirse en un concepto indeterminado que permita excluir candidaturas con base en sospechas, percepciones o investigaciones inconclusas.
En un Estado Constitucional de Derecho el estándar no puede ser la sospecha, debe ser la evidencia objetiva y verificable.
La pregunta es sencilla: ¿qué constituye riesgo razonable?, ¿una denuncia, una carpeta de investigación, información de inteligencia, un reportaje periodístico, un señalamiento político?
La ciudadanía y los actores políticos tienen derecho a conocer esas respuestas antes de que se tomen decisiones que puedan afectar el ejercicio de derechos fundamentales.
Nuestra preocupación no es teórica, en los últimos días hemos visto cómo desde la más alta tribuna del país se ha afirmado públicamente, por ejemplo, que el ingeniero Ernesto Ruffo ha sido juzgado, cuando ello no ha ocurrido. Una afirmación de esa naturaleza no sólo desconoce la presunción de inocencia, también construye desde el poder una percepción anticipada de culpabilidad.
Si desde el poder político, desde el poder público se difunden afirmaciones que no correspondan al estado procesal de una persona, es legítimo preguntarse, ¿cómo van a garantizar que las nuevas facultades previstas en esta reforma jamás serán utilizadas bajo esa misma lógica?
La justicia electoral no puede contaminarse con narrativas políticas, no puede existir un estándar para los aliados del poder y otro para sus críticos, no puede existir justicia severa para unos y para otros una justicia complaciente.
La confianza ciudadana dependerá que esta comisión con hechos y no solamente con declaraciones, que sus decisiones estén blindadas frente a cualquier intento de utilización política.
Finalmente, quisiera señalar que ninguna comisión podrá sustituir en la primerísima responsabilidad en materia de integridad de las candidaturas, esa responsabilidad corresponde a los propios partidos políticos.
Los partidos tienen el deber ético, político, la responsabilidad democrática de postular personas íntegras, honestas y comprometidas con la legalidad. La autoridad electoral puede revisar candidaturas, pero la primera depuración deberá realizarse dentro de los propios partidos.
Combatir la infiltración criminal es una obligación del Estado, pero combatirla nunca debe significar debilitar las garantías del Estado de derecho, porque cuando la justicia va a dejar de ser imparcial en lo electoral y comienza a ser selectiva va a dejar de ser justicia y convertirse en un instrumento del poder.
Ese es un riesgo que nuestra democracia no puede permitirse.
Muchas gracias, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, señor representante.
Consejero Arturo Castillo.
Consejero del INE, Arturo Castillo Loza: Gracias, Presidenta.
Quiero comenzar felicitando y reconociendo a los consejeros Chávez, Espadas y la Consejera De la Cruz por su interés en participar en esta comisión, tendrán de frente y a futuro un trabajo muy complejo, muy importante para el contexto que está viviendo este país.
Sin embargo, no tiene que ver esto con el perfil de quienes van a integrar esta comisión, sino con una cuestión, por ponerlo así, de estricta legalidad.
Yo no puedo acompañar el proyecto que hoy se nos propone, insisto, no tiene que ver con los consejeros, tiene que ver con que este proyecto, específicamente en los considerandos 21 y 22, así como la primera observación de la adenda circulada por la Dirección Jurídica y la segunda observación propuesta por el Consejero Chávez, proponen argumentos para flexibilizar temporalmente el límite legal establecido por el artículo 42, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que las consejerías electorales podrán participar hasta en cuatro comisiones permanentes.
El proyecto en realidad propone inaplicar, aunque sea temporalmente, esta disposición, porque la comisión que hoy se busca integrar tiene el carácter de permanente y las tres consejerías que, si es aprobado el proyecto, la integrarían, ya forman parte de cuatro comisiones permanentes y al integrar esta nueva comisión rebasarían el límite legal establecido.
El proyecto plantea dos argumentos para justificar esta inaplicación, lo voy a decir con esas letras. Primero, que hay una libertad de este Consejo General para integrar las comisiones, basada en dos sentencias; y dos, que también se trata de un caso excepcional que justifica la inaplicación de la norma en cuestión.
Sin embargo, desde mi perspectiva, ninguno de estos dos argumentos puede justificar la inaplicación de un límite legal expreso.
Empiezo por el primer argumento. La libertad para integrar comisiones de este Consejo General hasta donde alcanza. Se utilizan dos sentencias, la sentencia SUP-RAP616 de 2017, que el proyecto cita como sustento para esta flexibilización, entiéndase, inaplicación, establece que, cito, “el INE tiene amplia libertad para integrar las comisiones, solamente respetando el número de integrantes y de comisiones en las cuales puede participar, es decir, hasta cuatro comisiones por consejero electoral”.
Cierro cita.
La segunda es la sentencia SUP-RAP298 de 2016, que también está citada en el proyecto, pero esta sentencia no crea una excepción para la integración de comisiones en un número mayor a cinco. Dicha sentencia se refiere a la fecha para renovar la integración de las comisiones, la rotación anual de presidencias y la posibilidad de ajustar excepcionalmente esos periodos para hacerlos coincidir con el inicio de procesos electorales.
Estos dos precedentes, por lo tanto, establecen que la libertad organizativa reconocida de este Consejo General se limita a cuestiones de temporalidad y funcionamiento, pero no permite modificar o inaplicar mediante un acuerdo un límite legal expreso de integrar un máximo de cuatro comisiones permanentes por consejería.
Al contrario, como lo vieron en la cita literal que hice, lo ordena expresamente que se cumpla ese límite.
Segundo, la excepcionalidad del caso.
Se toma como referente para justificar esta excepcionalidad el acuerdo 182 de 2026 de este propio Consejo. En este acuerdo, que se cita como antecedente, obedeció, es así, a una situación excepcional derivada de que la Cámara de Diputados no había nombrado a tres consejerías electorales vacantes y había que garantizar que las comisiones contaran con al menos tres integrantes para poder sesionar y así permitir la continuidad del trabajo de este Instituto. Es decir, se trató de supuestos no previstos expresamente en ley, porque en efecto la falta de consejerías suficientes para integrar comisiones no está regulada.
Y segundo, también se trató de una situación generada por una autoridad distinta, viene de fuera.
En el caso que nos ocupa no se presenta una situación de esta naturaleza, el límite sí está previsto expresamente en ley, lo de cuatro comisiones permanentes por consejería, incluso en el mismo párrafo que le otorga el carácter de permanente a la comisión de verificación, lo que sugiere que el legislador no quiso modificar el límite legal de integración de comisiones ahí previsto y no se trató, por lo tanto, de una omisión legislativa involuntaria. Me parecería casi absurdo imaginarlo que si estando literalmente una línea abajo no se hubiera hecho esta consideración.
Esta comisión y su integración tampoco es de carácter excepcional, ahora ya es permanente, está expresamente prevista en ley y seguirá funcionando indefinidamente en tanto esta norma siga vigente.
El asunto, además, y esto es la parte importante, tiene una solución, dos de hecho, acorde a ley.
Primero, podría resolverse incorporando a la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas a las consejerías electorales que actualmente forman parte de sólo tres comisiones permanentes, que las hay, o bien modificando la integración de las comisiones permanentes actualmente vigentes para que las tres consejerías que quieren integrar esta comisión de verificación dejen de integrar cada una alguna de sus comisiones, y eso sí formaría parte de la libertad configurativa de este Consejo.
Cualquiera de estas dos vías permitiría conservar el número mínimo de integrantes de todas las comisiones y a la vez respetaría el límite legal que ya he comentado.
Por todas estas razones, mi voto será en contra del proyecto, insisto, no por las capacidades de mis colegas, estoy seguro que, de aprobarse harán un maravilloso papel, pero aquí estamos inaplicando una disposición legal desde mi perspectiva sin justificación alguna.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias Consejero Castillo.
Maestro Víctor Hugo Sondón.
Representante del PAN, Víctor Hugo Sondón Saavedra: ¡Por fin! Muchas gracias, Presidenta.
El Partido Acción Nacional reconoce los esfuerzos del Instituto Nacional Electoral por fortalecer la integridad de los procesos electorales y la confianza ciudadana en nuestras instituciones democráticas.
La creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas representa un mecanismo de revisión y opinión para que quienes aspiren a un cargo de elección popular cumplan con los requisitos constitucionales y legales, privilegiando siempre la legalidad, la transparencia, el respeto a los derechos políticos electorales.
Su creación responde además a una legítima exigencia ciudadana de fortalecer los mecanismos institucionales frente al riesgo que intereses ajenos a la democracia pretendan influir en la competencia electoral; sin embargo, también consideramos indispensable que esta nueva Comisión opere bajo reglas claras, objetivas y previamente definidas.
La integridad de candidaturas no puede quedar sujeta a interpretaciones discrecionales ni a decisiones que generen incertidumbre jurídica para quienes participan en la contienda electoral.
La función de esta Comisión debe ser estrictamente técnica y preventiva, nunca política, respetando en todo momento la presunción de inocencia, el debido proceso y las competencias de las autoridades ministeriales y jurisdiccionales.
En Acción Nacional confiamos en que toda actuación del Instituto Nacional Electoral continuará rigiéndose por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo, pilares que han dado fortaleza y credibilidad a nuestra autoridad electoral.
La verificación de integridad debe ser un instrumento para fortalecer la democracia, nunca un mecanismo que pueda prestarse a presiones políticas o a la restricción indebida de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, pero tampoco debe convertirse en un ejercicio meramente formal que termine legitimando candidaturas respecto de las cuales existan señalamientos públicos graves o investigaciones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada o actos de corrupción.
La ciudadanía exige instituciones que actúen con responsabilidad, imparcialidad y sin excepciones para nadie. Por ello es fundamental que los lineamientos que regulen el funcionamiento de esta Comisión definan con absoluta precisión sus atribuciones, procedimientos, criterios de actuación, mecanismos de coordinación institucional y garantías del debido proceso, asegurando en todo momento el derecho de audiencia, la presunción de elegibilidad y el pleno derecho de defensa de las personas involucradas.
Asimismo, deberán establecer criterios objetivos sobre el tratamiento de la información, los mecanismos de aclaración y la protección de datos personales, a fin de evitar cualquier actuación discrecional.
Asimismo, resulta indispensable que la Secretaría Técnica cuente con atribuciones claramente delimitadas, mecanismos efectivos de rendición de cuentas y plena transparencia en el ejercicio de sus funciones, considerando el carácter transversal de las tareas que desempeña.
En Acción Nacional acompañamos todas aquellas decisiones que fortalezcan la confianza ciudadana en las elecciones, pero con la misma responsabilidad vigilaremos que ninguna innovación institucional se traduzca en restricciones indebidas al ejercicio de los derechos políticos electorales o en espacios para la discrecionalidad.
Por esta razón consideramos necesario que en aras de generar una propuesta de funcionalidad inmediata que se modifique el punto de acuerdo segundo para designar provisionalmente a una Unidad Técnica existente, preferentemente una instancia con capacidad jurídica de seguridad de la información y protección de datos, como puede ser la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, hasta que se definen en el lineamiento para este caso, así como en el Reglamento Interior y el Reglamento de Comisiones.
La designación debe ser expresa, temporal y con competencias delimitadas. La democracia mexicana se fortalece cuando las reglas son claras, se aplican con imparcialidad y ofrecen certeza jurídica a la ciudadanía, a las candidaturas y a todos los actores políticos.
La integridad de las candidaturas no puede entenderse como un compromiso selectivo, debe aplicarse con el mismo rigor frente a cualquier fuerza política, particularmente cuando en los últimos años hemos conocido investigaciones y señalamientos que involucran a diversos actores públicos vinculados al partido en el gobierno que están siendo investigados por nexos con el narcotráfico, o sea, con el crimen organizado.
La confianza ciudadana sólo se fortalece cuando la ley se aplica sin privilegios y sin excepciones, porque la democracia no sólo debe existir con el deber de protegerse, sino para fortalecerse y defenderse todos los días.
Mantengamos viva la democracia y vigilemos que esta Comisión haga todo lo relacionado al debido proceso y no permita que nuevamente se puedan estar inmiscuyendo en la política personajes siniestros.
Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchas gracias, maestro Víctor Hugo Sondón.
Maestro Juan Manuel Ramírez Velasco, del partido Movimiento Ciudadano, adelante.
Representante de PMC, Juan Manuel Ramírez Velasco: Muchas gracias, Consejera Presidenta.
Al respecto de este asunto, que deriva una reforma promovida desde el Gobierno Federal, que se nos ha presentado como la gran solución para impedir la infiltración del crimen organizado en las candidaturas, nos parece desde Movimiento Ciudadano y como se ha manifestado en otros espacios que no resuelve el problema de fondo, y esto no es una cuestión en la que tenga la culpa este Instituto, sino más bien el propio Congreso de la Unión.
Como ha sostenido mi compañero el diputado Juan Zavala, no se combate al crimen organizado creando más burocracia, se combate haciendo que las instituciones encargadas de investigar y perseguir los delitos cumplan con su responsabilidad.
México no necesita una nueva Comisión dentro del INE para determinar quién representa un riesgo razonable y quién no, necesita una Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, las fiscalías y las autoridades de seguridad para que hagan su trabajo, investiguen, integren carpetas sólidas y judicialicen los casos y detengan a las personas que cometen este tipo de delitos.
Si el Estado cuenta con pruebas de que hay una persona que tiene vínculos con la delincuencia organizada se debe actuar con todo el peso de la ley, pero si no existen elementos suficientes para llevar este tipo de casos ante un juez, tampoco pueden sustituirse las pruebas por valoraciones administrativas sustentadas en información reservada, en simples sospechas o como ya había mencionado hace rato, un riesgo razonable.
El INE fue concebido para organizar elecciones y garantizar la autenticidad del voto, no para convertirse en una autoridad de inteligencia ni en una instancia que califica antecedentes penales o de seguridad nacional.
Desplazar esa responsabilidad hacia la autoridad electoral no fortalece a las instituciones, por el contrario, diluye las obligaciones de quienes constitucionalmente están llamados a combatir al crimen organizado.
La verdadera discusión no es si queremos elecciones libres de la delincuencia organizada, en eso existe consenso, la discusión es si estamos dispuestos a sacrificar principios como la presunción de inocencia, el debido proceso y la distribución constitucional de las competencias para crear un mecanismo que, además de ser ineficaz, puede prestarse la discrecionalidad y el uso político.
Se trata de autoridades que dependen directa o indirectamente del Poder Ejecutivo Federal y por ende del partido en el gobierno.
La historia nos ha dado lecciones valiosas que no podemos ignorar si queremos fortalecer y blindar nuestras elecciones, no sólo del crimen organizado, sino también de injerencias de tipo gubernamental.
Movimiento Ciudadanos seguirá impulsando medidas firmes contra la infiltración criminal en la política, pero siempre bajo una premisa muy sencilla, que cada institución haga el trabajo que la Constitución le encomendó y que ninguna sustituya por la vía administrativa las funciones que corresponden a la justicia penal.
Basta de simulaciones jurídicas y de improvisaciones, necesitamos una solución de fondo a este problema.
Es cuánto.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Maestro.
Diputado Ernesto Prieto Gallardo.
Consejero del Poder Legislativo de MORENA, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo: Muchas gracias.
Nuevamente, muy buena tarde a todas y a todos.
Esta comisión que el día de hoy se busca integrar y poner en marcha es resultado de una decisión legislativa muy relevante, consideramos así, para la vida pública de nuestro país.
Se incorporaron artículos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 200 Bis, el 200 Ter y el 200 Quáter, y fue aprobada recientemente en mayo de este año. La situación de noticias periodísticas que a lo largo de décadas han dado cuenta del señalamiento de posibles vínculos de personas candidatas con la comisión de algún tipo de delito o respecto a riquezas inexplicables, han dañado sin duda alguna al sistema democrático y puede afirmarse que esto ha sido una, entre otras causas, de un abstencionismo frecuente en las jornadas electorales.
Claramente este tipo de señalamientos pueden o no ser ciertos y afectar el derecho a la presunción de inocencia.
Sin embargo, se hace necesario tener herramientas que permitan a los partidos políticos tomar decisiones y asumirlas con responsabilidad como entes de interés público, a través de los cuales una mayoría de candidaturas son respaldadas para participar en las contiendas electorales y salir electos o electas.
Los casos en que posteriormente, los procesos electorales, investigaciones ministeriales han sostenido causas penales contra personas candidatas o funcionarios públicos dañan la imagen no sólo del partido político postulante, sino de todo el sistema electoral y de las instituciones electorales en general.
La creación de la Comisión Verificadora de Idoneidad de Candidaturas es sin duda, un mecanismo adecuado para evitar que perfiles con posibles vínculos con la delincuencia o cuyos patrimonios estén en duda respecto a su origen tengan acceso a cargos de representación política y de poder.
De esta forma, los partidos políticos asumirán responsabilidad sobre los perfiles que impulsan para representarlos. Quienes objetan este mecanismo o quienes lo objeten, pareciera que persiguen que prevalezca un estado de la situación en que no haya consecuencias ni señalamientos con motivo de perfiles que representan un riesgo en la participación democrática por los cargos de elección popular.
Es, sin duda, esta Comisión una herramienta idónea, adecuada, pertinente y en equilibrio con el respeto a la presunción de inocencia para que los partidos políticos tomen decisiones respecto a los perfiles de sus personas candidatas.
La Comisión no es un mecanismo que acuse ni restrinja derechos, como algunos lo han comentado.
La información financiera, por ejemplo, es una cuestión objetiva que sin subjetivismos puede evaluarse para conocer si el historial de trabajo, ingresos y gastos que una persona en apego al cumplimiento de las leyes fiscales, que son obligación constitucional, muestra coincidencia o discrepancias que sean significativas o inexplicables.
De ahí que sea completamente válido que cada partido asuma la responsabilidad de sostener o no una candidatura en que se indique un posible riesgo, por ejemplo, por discrepancia fiscal y patrimonial.
Nuestro deber, amigas y amigos, es apoyar el mejoramiento del sistema electoral mexicano y con esta decisión que se va a ver cristalizada el día de hoy, creo que estamos abonando a ello.
Muchas gracias.
Es cuánto.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Diputado.
¿Alguien más en primera ronda?
Diputado Guillermo Santiago.
Representante de Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Gracias, Consejera Presidenta.
El presente acuerdo deriva del cumplimiento de una reforma aprobada por el Congreso de la Unión con una amplia, amplia mayoría y promovido por la Presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo propósito compartimos plenamente: combatir frontalmente a la delincuencia.
Se trata de una reforma que busca fortalecer el sistema electoral y la responsabilidad de los partidos políticos frente al pueblo de México.
Respaldamos este objetivo y consideramos que toda herramienta que contribuya a transparentar la postulación de candidaturas debe implementarse con seriedad, objetividad y absoluto respeto a los derechos fundamentales.
El acuerdo que hoy se somete a consideración materializa ese mandato legal mediante una integración de una Comisión Permanente Especializada, que tendrá a su cargo la conducción, supervisión y seguimiento de los trabajos institucionales relacionados con la verificación de la integridad de las candidaturas.
Dicha Comisión quedará integrada por tres consejerías electorales, la Presidencia estará a cargo del Consejero Arturo Manuel Chávez López, mientras que la Consejera Norma Irene De la Cruz Magaña y el Consejero Uuc-kib Espadas participarán como integrantes.
El mejor de mis deseos para dichas consejeras y consejeros, su encargo tendrá una duración de tres años y la Presidencia será rotativa anualmente entre quienes conforman este órgano.
También podrán participar en sus sesiones las consejerías del Poder Legislativo y las representaciones de los partidos políticos, con derecho a voz, pero sin voto.
En cuanto a la Secretaría Técnica, ésta será ocupada por la persona que posteriormente se determine en los lineamientos de funcionamiento, debido que la Comisión deberá coordinar la actuación de las áreas técnicas competentes del Instituto, establecer mecanismos de colaboración con otras autoridades, dar seguimiento a la información que sea relevante para el cumplimiento de sus atribuciones y garantizar que el procedimiento de verificación se desarrolle bajo criterios homogéneos, objetivos y verificables.
La función de esta Comisión será recibir antes del registro de las candidaturas los listados de las personas que los partidos políticos pretendan postular a cargos de elección popular, tanto federales como locales.
También podrá recibir información de quienes aspiren a una candidatura independiente.
La entrega podrá ser total o parcial y tendrá carácter voluntario.
Una vez recibidos los listados, la Comisión remitirá la información a las autoridades competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero para que realicen una evaluación de riesgo sobre cada uno de los perfiles enviados.
Entre las instancias se encuentran de manera enunciativa, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El propósito de esa evaluación será determinar si existe o no un riesgo razonable relacionado con posibles actividades delictivas. Para ello, cada autoridad analizará la información indiciaria con lo que cuente, de acuerdo con sus propias atribuciones, metodologías y criterios técnicos.
La Comisión no sustituirá las funciones de investigación de dichas autoridades, sino que servirá como el conducto institucional para recibir, remitir y comunicar la información correspondiente.
Asimismo, su actuación deberá sustentarse en reglas claras respecto a las fuentes oficiales de información que podrán consultarse, los mecanismos de intercambio de información con otras instituciones, la valoración de los elementos recabados, la protección de los datos personales, el respeto al derecho de audiencia y la debida fundamentación y motivación de las determinaciones que en su momento corresponda.
Concluido el análisis, las instancias competentes informarán a la comisión si identificaron o no la existencia de un riesgo razonable. La comisión a su vez notificará el resultado del partido político o a la persona aspirante a una candidatura independiente, indicando el número de autoridades que hubieran advertido ese riesgo y cuáles fueron esas autoridades, sin relevar el asunto concreto del que derive la información.
A partir de esa comunicación corresponderá a cada partido político determinar si procede o no la postulación de la persona evaluada, esto significa que la comisión no realizará directamente la selección de candidaturas ni sustituirá las decisiones internas de los partidos políticos, su función será proporcionarles información institucional derivada de la evaluación coordinada para que puedan tomar una decisión con mayores elementos.
Para que este mecanismo pueda operar, los partidos políticos deberán establecer procedimientos mediante los cuales las personas que pretendan ser postuladas manifiesten expresamente su conformidad para que su perfil sea sometido a la evaluación de riesgo prevista en la ley.
Todo este procedimiento deberá desarrollarse bajo estrictas reglas de confidencialidad y protección de datos personales. Los lineamientos deberán precisar los plazos, términos y procedimientos para recibir los listados, remitir la información, realizar las evaluaciones, procesar sus resultados y comunicarlos a los partidos políticos o a las personas aspirantes.
También deberán establecer los mecanismos de coordinación entre el Instituto y las autoridades participantes, así como las medidas necesarias para evitar el acceso, uso o divulgación indebida de la información durante cualquiera de las etapas.
Por ello, estaremos atentos y atentas a la discusión y aprobación de dichos lineamientos, pues de su contenido dependerá que la actuación de la comisión se desarrolle con criterios de legalidad, objetividad, imparcialidad, certeza y seguridad jurídica, garantizando al mismo tiempo el respeto pleno de los derechos político-electorales de las personas involucradas.
Por estas razones, acompañamos el presente proyecto de acuerdo, porque tenemos claro que este Consejo General tiene la responsabilidad de dar plena operatividad a la reforma con estricto apego al mandato previsto por el legislador.
El verdadero reto comienza ahora, traducir ese mandato legal en procedimientos técnicamente sólidos, criterios objetivos y reglas claras que permitan a la comisión desempeñar sus atribuciones con certeza jurídica, coordinación institucional y pleno respeto de los derechos político-electorales.
Muchas gracias.
Es cuanto.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, señor Diputado.
Diputada Marcela Guerra Castillo.
Consejera del Poder Legislativo del PRI, Marcela Guerra Castillo: Gracias de nueva cuenta, Presidenta.
Bueno, pues la integración de la Comisión de Verificación de Integridad en las Candidaturas, pues ya se dijo, da cumplimiento a una reforma reciente incorporada a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mediante la cual se creó el mecanismo permanente de coordinación entre este Instituto Nacional Electoral y diversas instancias, pues, del Estado para realizar análisis de riesgo y mapeos, en fin, sobre las personas que aspiren a una candidatura cuando los partidos políticos decidan siempre y cuando acudir a este procedimiento de manera voluntaria.
Desde la Consejería del Poder Legislativo del Partido Revolucionario Institucional compartimos el objetivo de impedir que la delincuencia organizada se encuentre el espacio en la competencia electoral como lo ha hecho en estos últimos años.
La integridad de las candidaturas no admite concesiones y constituye una exigencia democrática que todas las fuerzas políticas debemos de asumir.
Precisamente por la trascendencia de este propósito estimamos que las respuestas institucionales deben de estar a su altura. La creación de una nueva comisión no puede convertirse en el sustituto de las obligaciones que constitucionalmente corresponden al Estado en materia de investigación, de procuración de justicia y, por supuesto, el combate a la delincuencia organizada.
Si las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar los delitos cuentan con las atribuciones para hacerlo, pues el verdadero reto, el desafío consiste en que estas facultades se ejercen con eficacia, con eficiencia, con oportunidad e imparcialidad, sobre todo la imparcialidad tratándose de procesos electorales y no de trasladar esa expectativa a un órgano de naturaleza electoral.
Por ello, esta reforma plantea un desafío que el Instituto debe de afrontar con especial responsabilidad. La actuación de esta comisión descansará en valoraciones de riesgo razonable elaboradas por otras autoridades y bajo los procedimientos que aún deberán desarrollarse en lineamientos.
Esta circunstancia exige de su actuación que la actuación del Instituto se conduzca con criterios estrictamente objetivos, no con situaciones y ocurrencias plenamente verificables y alejados de cualquier margen de discrecionalidad.
Por eso sostenemos y lo reiteramos hoy que combatir la infiltración del crimen en la política requiere de instituciones fuertes, de investigaciones serias y de aplicación irrestricta de la ley, no de mecanismos que puedan crear expectativas superiores a sus atribuciones.
Ojo, nada por encima de lo que le toca hacer al Instituto.
La Comisión que hoy se integra no investiga delitos, no determina responsabilidades, no sustituye a las autoridades competentes y tampoco decide quién puede o no ser candidato.
Su función es servir como conducto institucional de información.
Por supuesto que coincidimos que hay que evitar lo que se ve hoy por políticos ligados a la barredora, políticos ligados a los cárteles del crimen organizado, políticos ligados al huachicol fiscal y a los financiamientos con dinero sucio en las campañas.
En consecuencia, acompañaremos con atención la implementación de este nuevo esquema, convencidos de que su legitimidad dependerá de que se actúe con absoluta imparcialidad, sin espacio para la discrecionalidad y con pleno respeto a la autonomía de los partidos políticos; por supuesto, con conocimiento de la ley y con una responsabilidad sustentada.
La democracia no se protege multiplicando órganos administrativos, se protege cuando el Estado hace avalar la ley con firmeza y cuando las instituciones actúan sin distinción y cuando ninguna autoridad de cualquier orden o nivel tolera o tolere que el crimen organizado decida quién pueda competir y quién no.
Es cuanto, señora Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Diputada Marcela Guerra.
Consejera Rita Bell López Vences.
Consejera del INE, Rita Bell López Vences: Gracias, Presidenta.
Pues yo, en principio igual, felicitar y desear mucho éxito a quienes integrarán esta Comisión.
Dada las características específicas de esta Comisión; bueno, pues se ideó ahí un mecanismo para que diferentes personas que, aunque excedía el número de personas que integrarán esta Comisión levantaron la mano con el interés de integrarla, finalmente se fue construyendo un mecanismo que nos dio ya a las tres personas que se proponen.
Igual es importante señalar que la Presidencia de esta Comisión se eligió entre las personas integrantes de la Comisión y ya se nos puso a consideración en el proyecto.
Entonces creo que cualquiera de las personas que estamos en este Consejo que hubieran integrado esta Comisión harían un gran trabajo, como lo harán seguramente quienes finalmente estarán integrando esta importante Comisión, con un gran reto y por eso de antemano desearles mucho éxito.
Sin embargo, creo que es bien importante y se dijo en muchas ocasiones, en muchas mesas incluso se pedía el análisis específico de la función, la integración y la temporalidad de esta Comisión, justo porque tiene características específicas y diferentes.
Ante ello, también me parece era muy importante que en esta sesión tener ya la integración conformada, pues iba también a facilitar también todo el trabajo que se tenga; sin embargo, la forma en la que se nos propone, sin una Secretaría específica a la fecha, ahí dice que será en los lineamientos, que seguramente los aprobaremos una vez que se regrese del periodo vacacional.
Y también yo ayer señalaba en privado mi preocupación, ya que yo decía que esta misma Comisión, esta integración, tendría que estar acompañada por una lista de prelación, como se hace en el caso de quejas cuando hay alguna falta, alguna ausencia temporal o por alguna excusa, también ya tener este mecanismo que permita la integración.
Entonces dado estos vacíos y esta forma en la que no se presenta completa, que no se mantiene un mínimo de reglas claras para el funcionamiento de la Comisión, me parece que el aprobarla ahora de manera apresurada y tener solamente los nombres de quien lo integrarán y no como las facilidades que tendrán para ya ponerse a trabajar; por lo tanto, pues me parece que no sería lo ideal.
Entonces yo anunciaría, aunque no por quienes se integran, por supuesto, porque sé de su capacidad y sé que harán un gran trabajo quienes integran esta Comisión, sino por la forma en la que se nos está proponiendo en este momento, yo no acompañaría el proyecto.
Es cuanto.
Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Consejera Rita Bell López.
Consejera Norma Irene De la Cruz.
Consejera del INE, Norma Irene De la Cruz Magaña: Muchas gracias, Presidenta.
Buenas tardes otra vez.
Bueno, estamos aquí, se integra esta comisión para dar cumplimiento a la última reforma que nos atañe y creo que esta es una oportunidad, yo quiero aprovechar estos minutos para compartir una reflexión, creo que esta es una oportunidad para todos los partidos políticos para que revisen, porque finalmente las postulaciones las hacen los partidos.
El INE no selecciona candidatos o candidatas, eso lo hacen los partidos. Esta es una oportunidad para los partidos para revisar sus mecanismos de selección de candidaturas, cómo ellos van a tratar de evitar que haya intervenciones o que grupos indeseables o recursos ilícitos lleguen a sus campañas.
Creo que esta es una oportunidad para los partidos políticos para demostrarle a la ciudadanía su compromiso con los principios rectores de la función electoral, con la transparencia, cómo van a elegir a sus candidatos, cómo ustedes partidos van a hacer una selección para asegurarse que las candidaturas que le propongan a la ciudadanía no tengan estos vínculos, cómo van a asegurar ustedes partidos que se cumplan a cabalidad todos los lineamientos de fiscalización y de la utilización de los recursos públicos, cómo ustedes partidos tienen tiempo de revisar, cómo van a garantizar que entre sus candidaturas no haya ninguna persona que esté en alguno de los supuestos del artículo 38 constitucional.
Creo que esta es una gran oportunidad para todos y todas de atender esta preocupación ciudadana de que los procesos electorales, las candidaturas, de que estamos hablando de las candidaturas, no de cómo se organizan las elecciones, sino cómo ustedes partidos seleccionan, verifican que se cumplen los requisitos para que cuando lleguen sus candidaturas y ustedes soliciten a este Instituto el registro de esos nombres, vengan ya verificados.
Esta iniciativa, y además nos dice, es si ustedes quieren, yo creo que ustedes tienen una gran oportunidad para atender esta preocupación ciudadana que está en todo el país.
Entonces, yo les hago un llamado para que se ponga atención, se cuide cómo hacen ustedes sus procedimientos de selección, cómo nominan y cómo revisan que cumplan no sólo con los requisitos legales y formales, sino también con credibilidad.
Creo que tenemos muchas herramientas y varias experiencias donde aquí les recordamos los que vienen a traer candidaturas a que sean registradas son los partidos, así que por favor partidos, cumplan con sus propias reglas y revisan bien a quién nominan.
Muchas gracias, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Consejera Norma Irene De la Cruz.
Consejera Carla Humphrey.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Gracias, Presidenta.
Este proyecto de acuerdo tiene como propósito dar cumplimiento al Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad de candidaturas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de junio, por el que se creó una nueva comisión permanente de este Instituto Nacional Electoral.
De acuerdo con la ley, la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas tiene por objeto recibir de los partidos políticos y de las personas que aspiren a una candidatura independiente los listados de personas que pretendan postular como candidatas a un cargo de elección popular, ya sea federal o local previo a su registro ante la autoridad electoral, para que en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, de manera enunciativa, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se realicen los análisis de riesgos sobre los perfiles de las personas que podrían ser postulados a un cargo de elección popular a fin de determinar la existencia o no de riesgos razonables sobre posibles actividades delictivas de las personas que se sujeten a ese análisis.
En cuanto a la integración de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, el artículo 204 de la propia ley establece que se conformará por tres consejeras o consejeros electorales.
Si bien voy a acompañar el sentido del proyecto que se somete a nuestra consideración, quiero hacer algunas consideraciones.
Primero, me parece que este proyecto llega tarde, como lo he señalado varias veces en esta sesión, porque el decreto por el que se creó esta nueva Comisión Permanente del Consejo General manda en su artículo segundo transitorio que su integración, instalación y funcionamiento se realice antes del inicio del proceso electoral 2026-2027, el cual, como se sabe, debe comenzar o comenzará el 10 de septiembre.
Si bien aún resta prácticamente un mes para el inicio formal del proceso electoral, debe considerarse que se atraviesa por un periodo vacacional del personal de esta institución que incide en el funcionamiento habitual del Instituto, pero sobre todo que al ser una nueva comisión que por ley cuenta con atribuciones específicas, su funcionamiento está sujeto a la emisión de lineamientos, al igual que la regulación del procedimiento de verificación de integridad en candidaturas que deberá ejecutar esta comisión, por lo que aprobar su integración hasta este momento deja un tiempo muy acotado, a mi juicio, para la planificación de las actividades de esta nueva comisión.
Además, definir la integración de esta comisión hasta ahora podría incidir negativamente en la adecuada coordinación que debe tener ese órgano con las autoridades competentes en las materias señaladas, las cuales por mandato de ley no sólo realizan los análisis de riesgos sobre los perfiles de las personas que podrían ser postuladas o registradas a un cargo de elección popular, sino que además intervienen en la definición de las reglas para la ejecución del procedimiento de verificación de integridad en candidaturas.
Que la Consejera Presidenta de este Instituto se haya reunido con no todas, algunas de estas autoridades, sin además extender la invitación a las y los consejeros electorales, es al menos llamativo, ya que por ley la Presidenta de este Instituto, por disposición legal, no forma parte de ninguna de las comisiones de este Instituto.
Es importante señalar que, desde el 9 de junio, casi 60 días o más de 60 días, puse este tema sobre la mesa de consejerías para que este Consejo General definiera a la brevedad a las y los integrantes de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas. Lo manifesté en reiteradas ocasiones.
Sin embargo, es hasta hoy, a un par de semanas, bueno, un mes de que inicie el proceso electoral federal que se propone su integración, lo que me parece delicado, pues insisto, acota considerablemente el tiempo para la planeación de las actividades relacionadas con el proceso de verificación de integridad y la coordinación interinstitucional que debe implementarse con otras instancias que no dependen de este Instituto.
Por otro lado, no puedo dejar de mencionar que en reiteradas ocasiones manifesté públicamente en reuniones de trabajo, en conferencias y en artículos, y también con el resto de las consejerías me interesa en formar parte de esta comisión. Sin embargo, el proyecto que se propone a nuestra consideración no me considera en dicha integración.
Y es algo que lamento, porque desde mi punto de vista, la definición de las consejerías que formen parte de esta comisión debía considerar también la experiencia profesional de las y los consejeros en materias vinculadas con las actividades que tendrá la comisión y las demás instancias que intervienen en el procedimiento de verificación.
Considero importante que las decisiones que asuma este Consejo General procuren el mayor de los consensos entre sus integrantes; sin embargo, la construcción de estos acuerdos debe partir también de la valoración de elementos objetivos que permitan a este órgano colegiado asumir determinaciones que procuren garantizar el cumplimiento efectivo de sus funciones y las de sus órganos.
Respeto y reconozco la trayectoria y perfiles de la consejera y los consejeros que en este acuerdo se propone que integren esta Comisión; no obstante, estimo que el contexto en el que se creó esta nueva Comisión; esto es, apenas unos meses antes, un mes antes del inicio del proceso electoral, así como las funciones de coordinación que debe realizar junto con otras instituciones públicas, exigía que la definición de sus integrantes privilegiara la experiencia y conocimientos en los procesos y actividades que tendrá a su cargo esa Comisión, así como las que tienen encomendadas las instituciones con las que se ejecutará este procedimiento de verificación de integridad en candidaturas, como lo es la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Considero que mi trayectoria profesional en la Unidad de Inteligencia Financiera, el conocimiento de las 40 recomendaciones para la prevención del lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera Internacional, mi coordinación de México en este Grupo de Acción Financiera Internacional, lo que implica conocimiento respecto del trabajo de diversas autoridades a las que se coordinaba en este grupo, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República, el SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Fiscal de la Federación, entre otros, así como mi experiencia que he consolidado en materia de fiscalización desde 1997, configuraban un perfil adecuado para integrar esta Comisión.
No obstante, como lo señalé, acompañaré este acuerdo, a fin de que se avance en su aprobación, porque he insistido desde hace más de 60 días de que debe instalarse esta Comisión y en cuanto antes se dé inicio a los trabajos y actividades que tienen encomendadas, ya no será en cuanto antes, porque vienen dos semanas de periodo vacacional y por ahí del 17 de agosto empezarán estos trabajos, es decir, días antes de que iniciemos formalmente el proceso electoral.
Por cierto, se afirmó aquí que nosotros elegimos a quien va a ocupar la Presidencia de esa Comisión; pues no, no elegimos, yo no propuse a nadie para integrar esa Comisión y tampoco, por lo menos a mí, se nos comunicó o señaló cómo se iba a determinar esa Presidencia.
Se dijo que así se hacía en otras comisiones, sí, cuando ya están integradas y cuando solamente hay que rotar esa Presidencia.
En las condiciones normales, pues en nuestras deliberaciones determinamos quiénes vamos a presidir o no una Comisión, tan es así que hemos tenido que incluso votar estas presidencias y dejarlas limitadas de un año a otro o determinadas de un año a otro.
También apelo a la sensibilidad, como lo dije en la reunión que tuvimos, para la integración del resto de comisiones de este Instituto Nacional Electoral, para que todas y todas las consejerías podemos tener espacios adecuados en las comisiones que debemos de rotar e integrar a partir de septiembre.
Seguiré en la siguiente ronda.
Gracias, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
Consejero Uuc-kib Espadas.
¿Dónde está? Ah, acá.
Consejero del INE, Uuc-kib Espadas Ancona: Me mudé provisionalmente.
Gracias, Presidenta.
No ofreceré ser breve, porque entonces me entra la rebeldía contra mi auto autoritarismo y termino no siéndolo.
A ver, me parece que la objeción que presenta el Consejero Castillo, a esta objeción se le debe poner atención. Es verdad, hay un mandato legal para que sólo podamos pertenecer a cuatro comisiones permanentes.
Sin embargo, déjenme acordarme cómo lo decía aquel Rafael Acosta, representante del PRI en el Consejo Electoral, no era todavía Comisión Electoral en Yucatán, en 1995.
Sí, por falta de técnica jurídica el legislador no consideró el impacto de la creación de una nueva comisión permanente en la distribución de comisiones entre los consejeros y esta autoridad está obligada a encontrar una solución práctica al problema. Es por esto que yo votaré en la parte formal también en el sentido de este proyecto.
Sí creo que, en el mes de septiembre, más allá de esta condición literalmente emergente, emergió, nos surgió una comisión no prevista; en el mes de septiembre deberemos adecuarnos estrictamente a la ley no integrando más de cuatro comisiones.
Esto representa un problema o puede representarlo, porque los números simplemente no alcancen y entonces habrá comisiones en las que idealmente debieran estar cinco consejeros que sólo puedan ser constituidas por cuatro o menos.
Esto es un problema legislativo, es un defecto legislativo con el que nosotros tendemos que lidiar, pero me parece que el cumplimiento de las funciones sustantivas del Instituto impone en este momento otorgarnos esta licencia, que en todo caso de ser impugnada para cuando se venga a resolver, ya estaremos en el mes de septiembre, creo yo, en la distribución de nuevas comisiones.
Por supuesto, yo ya tengo mi candidata y comisión para renunciar diciendo: tú la traes, ya saben cuál es, no lo expresaré acá.
Pero desde luego yo no tengo ninguna intención de integrar cuatro comisiones permanentes, más las temporales en las que siempre quedamos y que no significan otra cosa que una recarga de trabajo.
Pero bueno, finalmente para eso nos apuntamos, hasta concursamos para esa recarga de trabajo.
Muchas gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Consejero Uuc-kib.
En primera ronda.
Consejero Martín Faz.
Consejero del INE, José Martín Fernando Faz Mora: Buenas tardes.
Como ya se ha señalado por prácticamente todos quienes me han antecedido en el uso de la voz, el asunto que se somete a nuestra consideración tiene que ver con un mandato legal expreso, que tiene que ver con esta reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que ordenó que se creara esta Comisión y que se integrara, se instalara y que funcione antes del inicio del próximo proceso electoral, por tanto, su creación no es optativa, constituye una obligación jurídica que debemos cumplir.
Acompañaré el presente acuerdo porque permite dar cumplimiento a ese mandato y comenzar oportunamente los trabajos de coordinación y reglamentación que exige la reforma.
Extiendo mis mejores deseos para el buen desempeño de sus labores en la Comisión a los colegas que la integrarán. Sin embargo, el cumplimiento formal de la ley no debe impedirnos analizar críticamente el modelo que el propio legislador estableció, ni anticipar algunos de los riesgos que deberán atenderse en los lineamientos que posteriormente conozca este Consejo General.
Una de las preocupaciones se encuentra en el concepto jurídico de riesgo razonable.
No se advierten en la ley parámetros objetivos, umbrales verificables, sino que mandata a las instancias competentes a elaborar una metodología que variará seguramente en cada una de las instituciones para hacer la evaluación de riesgo.
Esto puede colocar al Instituto en una posición institucional particularmente delicada, participar en la transmisión de una evaluación que podría producir consecuencias políticas relevantes, pero sin conocerla, ni mucho menos conocer los elementos que la sustentan ni estar en condiciones de revisar su objetividad, porque esta Comisión va a ser transmisora fundamentalmente de una evaluación que realizan otro tipo de instituciones.
Una advertencia de esta naturaleza, aun cuando formalmente no determine la elegibilidad ni la procedencia de un registro, puede incidir en la decisión de un partido político, afectar la reputación de una persona y limitar materialmente su posibilidad de ser postulado.
El objetivo que inspira la reforma es legítimo y responde a una preocupación de la mayor gravedad, evitar que personas relacionadas con actividades delictivas o con estructuras de la delincuencia organizada accedan a candidaturas y eventualmente a cargos de elección popular. Ninguna autoridad del Estado mexicano puede permanecer indiferente frente a ese fenómeno, cierto.
Sin embargo, existen tensiones respecto de la real eficacia del mecanismo. Desde una perspectiva estrictamente operativa, el modelo anunciado parece partir de la premisa de que la mera consulta interinstitucional entre autoridades de inteligencia, procuración de justicia y entidades financieras permitirán identificar oportunamente vínculos entre aspirantes y delincuencia organizada.
Sin embargo, si la detección de estos vínculos pudiera realizarse de manera relativamente sencilla mediante mecanismos administrativos de intercambio de información, razonablemente dichas personas serían detectadas previamente por el propio Estado en otros ámbitos de control, investigación o seguridad pública, incluso antes de convertirse en aspirantes a candidaturas.
Ello resulta relevante porque el problema de infiltración criminal en la política difícilmente puede entenderse como un fenómeno aislado exclusivamente del momento electoral, sino como parte de dinámicas más amplias y complejas de debilidad institucional, captura local, redes financieras y limitaciones estructurales en las capacidades de investigación y judicialización del Estado mexicano.
En suma, la iniciativa parece responder a una preocupación auténtica respecto de la infiltración criminal en la política electoral. Sin embargo, el modelo genera tensiones relevantes al incorporar a la autoridad electoral dentro de esquemas de evaluación preventiva basados en información de inteligencia y seguridad bajo estándares aún ambiguos y potencialmente difíciles de conciliar con los principios de certeza, legalidad, presunción de inocencia y protección de derechos político-electorales.
Esta incorporación del Instituto a un esquema de inteligencia financiera, criminal y de seguridad genera también otra preocupación, pues puede prestarse a que se genere una narrativa en la que la responsabilidad de que no se infiltre el crimen organizado en la política se traslada al INE a través de tal comisión, y que habría sido responsabilidad de este Instituto quien ha validado previamente una candidatura que luego se viese involucrada probadamente en esquemas de crimen organizado.
Este riesgo es serio y me preocupa.
Además, respecto de su eficacia, la participación en el mecanismo será voluntaria.
Como todos sabemos, los resultados tendrán carácter no vinculante, la determinación final sobre la postulación continuará en manos de los propios partidos políticos. Incluso ante una advertencia de riesgo razonable, la legislación no impide que una candidatura sea postulada o registrada.
En esas condiciones la Comisión podría no cumplir plenamente el objetivo que justificó su creación puede generar información preventiva y alertar a los partidos, pero no necesariamente impedir la infiltración del crimen organizado en las candidaturas o en las estructuras políticas.
Por ello, el verdadero reto comenzará después de la aprobación de este acuerdo. Los lineamientos deberán establecer salvaguardas claras, criterios objetivos y homogéneos para la determinación del riesgo, identificación de la autoridad responsable de cada valoración, mecanismos de trazabilidad, reglas estrictas para el tratamiento de información sensible y procedimientos que permitan a las personas conocer, aclarar o controvertir información incorrecta sin comprometer investigaciones legítimamente reservadas.
También deberá quedar inequívocamente establecido que este Instituto no valida el contenido de los productos de inteligencia y que ninguna valoración podrá emplearse como una limitante al derecho a ser votado.
Cumplamos entonces con la obligación de integrar esta Comisión, pero hagámoslo consciente de sus límites.
Frente a un problema tan grave como la infiltración criminal en la política no basta con crear una estructura institucional al interior del INE ni mecanismos de colaboración interinstitucional.
Mi voto será a favor del acuerdo, con la convicción de que este Consejo General deberá ejercer con especial rigor su facultad reglamentaria para evitar que la Comisión se convierta en una instancia meramente simbólica o en un conducto opaco de valoraciones que el propio Instituto no puede conocer ni verificar.
Es todo.
Consejera del INE, Blanca Cruz García: Gracias, consejero.
Les preguntaría a las y los integrantes de este pleno si alguien más desea hacer uso de la voz en esta primera ronda.
Ya nadie más en primera ronda.
¿En segunda ronda?
La Consejera Carla Humphrey, por favor.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Gracias.
Por otro lado, después de mi intervención y refiriéndome al acuerdo, no puedo apoyar que el proyecto que se nos propone esté incompleto en cuanto a qué persona titular de qué Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica de este Instituto fungirá como Secretaria Técnica de la Comisión, misma que deberá estar instalada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral, conforme lo ordena el segundo transitorio del decreto por el que se creó dicha Comisión.
De acuerdo al artículo 42, y quiero ser enfática, porque ya nos enviaron dos versiones de unos lineamientos para el cual tengo muchísimas observaciones, pero una de ellas tiene que ver que, de acuerdo con el artículo 42, numeral 6, de la LGIPE, las comisiones permanentes, como lo es esta nueva Comisión, deben contar con una Secretaría Técnica, que será la persona titular de la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica correspondiente, la cual tiene a su cargo actividades que resultan necesarias para el adecuado funcionamiento de las comisiones, entre ellas preparar el orden del día de las sesiones de la Comisión, reproducir y circular con toda oportunidad entre sus integrantes los documentos anexos necesarios para el estudio y discusión de los asuntos contenidos en el orden del día, verificar la asistencia, declarar quorum, elaborar los anteproyectos y proyectos de informes, de acuerdos que deban ser conocidos y, en su caso, aprobados por la Comisión, entre otras indispensables.
Por lo anterior, no podría compartir que la designación de la Secretaría Técnica de esta Comisión se posponga hasta la aprobación de los lineamientos para el funcionamiento de dicha Comisión y tampoco compartiría, como se delinea en esos lineamientos, que fuera la Secretaría Ejecutiva la que asumiera esas labores, porque está claramente establecido en el artículo 42, numeral 6, de la LGIPE, quiénes son las personas que pueden ser secretarias técnicas de las comisiones y me parece que la Secretaría Ejecutiva tiene otras muchísimas actividades que le restarían eficiencia en las labores o le quitarían tiempo respecto de otras funciones que debe realizar.
Finalmente, tampoco comparto que, en la propuesta de integración de esta comisión, en el considerando 22 y punto de acuerdo segundo, se proponga que las y los consejeros del Poder Ejecutivo y representaciones de los partidos políticos participen en esta Comisión.
Primero, porque hay una propuesta de reforma al Reglamento de Comisiones del Consejo General que fue circulada para nuestra reunión de mesa de consejerías que preliminarmente prevé que no participen las consejerías del Poder Legislativo y representaciones de los partidos políticos, lo que contradice ahora esta propuesta que se establece en el Proyecto de Acuerdo que estamos analizando.
Pero además, desde mi punto de vista, esta comisión, al igual que las comisiones de Fiscalización, de Quejas y Denuncias, de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como incluso la que preside el Consejero Espadas, del Servicio Profesional Electoral Nacional, esta última conforme a las excepciones que se establecen en el párrafo quinto del artículo 15 del Reglamento de Comisiones de este Consejo General, no deben tener participación las consejeras y consejeros del Poder Legislativo y representaciones de los partidos políticos, considerando la naturaleza de la información y datos que se procesarán en el procedimiento de verificación de integridad de candidaturas que exigen la mayor reserva y confidencialidad en su tratamiento y en todo el ciclo de vida de la información. Por esas razones no compartiría la propuesta señalada en este sentido.
Por otra parte, esta comisión me parece que tiene una alta importancia respecto a la revisión de la integridad de candidaturas para que no tengan ningún vínculo con la delincuencia organizada.
Y en este sentido, estaré pendiente y atenta para conocer si esta comisión cumplirá con esta importante función que tiene encomendada o si solamente la dejaremos en una oficialía de partes, en una oficina, para recibir y entregar documentación, cosa que no compartiría.
De ahí quedó una vez más, lamento no haber sido considerada para integrar esta muy importante comisión.
Gracias, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Consejera Humphrey.
Representante del Partido Político Somos México, Roberto Heycher Cardiel Soto.
Representante de Partido Somos México, Roberto Heycher Cardiel Soto: Gracias, Presidenta.
Muy breve. Un día pronto Morena dejará de ser gobierno y entonces veremos si defienden tanto esta reforma. Es una reforma regresiva, trajo de vuelta a SEGOB a tomar decisiones en el INE, al menos como se ha dicho acá, si no de manera directa, sí son quienes van a estar contribuyendo a esta evaluación de candidaturas.
Es que pensémoslo, si precisamente es al gobierno al que se le acusa por tener ligas con el crimen organizado, ¿y es este gobierno quien evaluará quiénes no tienen vínculo con la delincuencia?, suena difícil.
Por otro lado, creo que coincido con el Consejero Faz, tiene razón, lo más difícil empieza ahora y pedirles, Presidenta, que no nos dejen fuera a los partidos de esa discusión de los alineamientos, que se construyan con inteligencia colectiva, que no lleguemos a una mesa a una propuesta ya construida, sino que se construya desde sus bases en clave de gobernanza, donde todos podamos participar de estos alineamientos que son, me parece, fundamentales para una… pues honestamente lo tengo que decir, para hacer un control de daños de lo que esta reforma puede hacer. Muchas gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, señor representante.
¿Alguien más en segunda ronda?
El Diputado Guillermo Santiago.
Representante del Partido Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Gracias, Consejera Presidente.
Nada más decir: Águila no caza mosca. Es cuanto.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
¿Alguien más?
Representante de Movimiento Ciudadano, Maestro Juan Manuel.
Representante del PMC, Juan Manuel Ramírez Velasco: Muchas gracias, Consejera Presidenta.
Muy brevemente, como para seguir dándole más elementos a esta discusión, yo insistiría en que se trata de un mal diseño, como ya se ha expuesto en esta mesa del Consejo General del INE esta reforma que obviamente puede meter en problemas a este instituto de manera significativa, porque sólo una autoridad competente jurisdiccional puede suspender mediante sentencia firme un derecho como es el derecho a ser votado, pero materialmente, como ya se dijo aquí, puede haber una afectación a ese derecho cuando se emita una resolución de ese tipo por parte de este Instituto.
El problema va a venir cuando esto se judicialice y cuando, como ya sabemos, la Sala Superior suele tener a veces criterios que no coinciden con los de este Consejo General y cuando no se determine que está suficientemente motivado, fundamentada una resolución de este tipo, puede venir por ahí una revocación de una determinación tan severa como ésta.
Y ahí es donde yo sí creo que hay un problema en el diseño institucional, porque hace rato se tuvo una discusión en esta mesa sobre calumnia, qué es calumnia, y la conclusión fue que esto ocurre cuando se imputan delitos a una persona y no hay elementos que soporten esa acusación.
A mí sí me preocuparía mucho que las consejerías de este Consejo General terminen inmiscuidas en procedimientos de este tipo en los que se acusa de calumnia a un actor político, pero en este caso pudiera ser a una consejera, consejero electoral, y que estos procedimientos terminan siendo resueltos por el Tribunal Electoral.
A mí sí me parece que es un tema a considerar, es una cuestión delicada, sí hay que tomarlo con la seriedad que esto amerita.
Yo también pediría que en la discusión de los lineamientos estemos incluidos los partidos políticos, las representaciones, porque va a ser un tema en el que todas y todos tenemos que intervenir y discutirlo a fondo, con seriedad, para evitar que otra vez este instituto termine siendo politizado de manera innecesaria por otras fuerzas, como ya ha ocurrido.
Lo que necesitamos es fortalecer al INE, que el Instituto sea fuerte, que sea independiente y que no se contamine con ese tipo de discusiones que no abonan a la democracia.
Sería cuanto.
Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
¿Alguien más en segunda ronda?
En segunda ronda solicito la palabra solamente para aclarar lo siguiente: Efectivamente el Instituto Nacional Electoral no determinará el nivel de riesgo, pero sí se coordinará con las instancias adecuadas.
Para eso esta Presidencia inició los trabajos de coordinación e informé puntualmente al colegiado de que eso había sucedido y que, una vez instalada la Comisión, ésta se encargaría de establecer definitivamente cuáles serían los ritmos de trabajo con las instancias externas.
El Instituto Nacional Electoral no puede correr ningún riesgo en términos de juzgar o no juzgar, porque no es nuestra materia el tema de seguridad y nivel de definición de riesgos, pero sí habremos de hacer el trabajo correspondiente de acuerdo a la reforma que el legislador quiso realizar y que así aprobó.
Deberemos de ser congruentes con el trabajo que nos ocupa, debemos de ser exageradamente cuidadosos para no caer efectivamente en estos posibles baches en los que por posiciones políticas o no, quisieran involucrar al Instituto Nacional Electoral.
A toda la estructura del Instituto les estamos comentando, y desde aquí aprovecho para decirles, estemos conscientes de que esta Comisión hará el trabajo que le toca hacer, la coordinación con las instancias de seguridad, pero fundamentalmente con los partidos políticos, porque es los partidos políticos en última y primera instancia quienes serán los responsables de definir sus propias candidaturas, más allá de la voluntad expresada en enviar un listado a este Instituto para ser analizado el nombre y su trayectoria en estos niveles de riesgo establecidos, de acuerdo a las metodologías de cada institución, y después también serán los responsables de definir si sí o no van estas candidaturas.
Finalmente son los partidos políticos los que ponen a consideración de la ciudadanía a los candidatos y candidatas que estaríamos en posibilidad de votar cada uno de los ciudadanos mexicanos. Tengamos claridad en eso, tengamos la certeza de que este Instituto no estará involucrado en ese nivel de información, cuidaremos celosamente nuestro papel, que es el de organizar los procesos electorales.
No es el de definir niveles de riesgo de ninguna candidatura. Eso le corresponde a la ética partidista, a la voluntad partidista y a la posibilidad de que cada partido juegue en el terreno electoral con los candidatos que así defina.
Es decir, no olvidemos, la responsabilidad primigenia y final está en los partidos políticos para lo que va a poner a consideración del pueblo mexicano el siguiente proceso electoral.
Son sus riesgos, son sus voluntades, son sus decisiones, como lo es de igual manera la definición de sus estatutos y sus reglas de actuación internas, y que siempre, por este Consejo General e Instituto han sido extremadamente respetadas.
Por lo demás, esta Presidencia continuará haciendo trabajos de coordinación a nivel de titulares de las dependencias que así se requiera e inmediatamente habré de convocar a las partes involucradas de las Comisiones correspondientes a que continúen con sus labores de trabajo de coordinación institucional.
Así lo haremos, así lo he venido haciendo, así lo continuaré haciendo para beneficio de esta institución.
En segunda ronda, ¿alguien más desea participar?
¿En tercera ronda?
Una vez que se han… Consejera Humphrey.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Solamente primero, para disculparme, la presidencia de la Comisión del Servicio Profesional Electoral está o la tiene el Consejero Faz, no el Consejero Espadas.
Segundo, así lo he determinado y lo he dicho desde 2020, la responsabilidad inicial es de los partidos políticos de ver a quiénes postulan.
Así lo dijimos cuando adoptamos la 3 de 3 contra la violencia, que la queremos hacer obligatoria y todos los partidos se quejaron diciendo que eso no venía en la ley y por eso lo dejamos como un formato bajo protesta de decir verdad.
Pero en ese momento, estamos hablando de estas tres conductas que están contenidas en la 3 de 3, ya avanzamos a la 8 de 8; sin embargo, es por sentencia definitiva.
Pero bueno, lo quiero dejar aquí establecido, simple y sencillamente, porque claramente tiene que ser responsabilidad inicial de los partidos políticos.
Segundo, a mi juicio, si se iba a crear esta comisión debería haber sido obligatoria para todos los partidos y todas las candidaturas, con la finalidad de que todos estuvieran en las mismas circunstancias y entonces los análisis se hicieran para todas las candidaturas y, en su caso, determinar si serían vinculantes o no estos análisis.
Y tercero, pediría que se votara por separado el tema de que no tenemos la Secretaría Técnica aquí establecida. Y también, como ya lo señalé, la no participación de partidos políticos ni representaciones del Poder Legislativo por el tipo de información a la que se va a tener acceso en esa comisión.
Sí, por supuesto, como mencionó el representante de Somos México, en la revisión de los lineamientos que se van a poner a consideración de este Consejo General, pero no en la integración como tal de dicha comisión.
Es cuanto, Presidenta. Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
Nada más para claridad, Consejera Humphrey, en esta solicitud que está haciendo de votación, en el acuerdo no viene contemplada la participación de los partidos, en los lineamientos sí.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: No viene.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: ¿No viene?
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Yo hablé de que se nos propone una reforma reglamentaria justamente en este tema, para el tema de los partidos políticos y yo desde ahora anuncio, si no está aquí establecida, yo desde ahora anuncio que es una observación que creo que ya envié o enviaré, pero lo veremos ahí.
Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Pero es para los lineamientos, no es para este acuerdo, aquí no viene contemplado.
En los lineamientos segura, estoy que estaremos trabajando junto con los partidos, claro que debemos de conocer los lineamientos.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Aquí me están diciendo que en el punto de acuerdo segundo establece que la integran el Consejero Chávez, en la presidencia, la Consejera De la Cruz, el Consejero Espadas, quien señale los lineamientos para el funcionamiento de la comisión, que también es muy abierto, consejeras y consejeros del Poder Legislativo y representantes de los partidos políticos.
Aquí está en el proyecto de acuerdo, por lo cual, si lo van a aprobar así, yo pediría que se votara por su parado.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: ¿Es por el tema de los lineamientos?
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Está en el tema del acuerdo.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: A ver, préstame el punto de acuerdo, según yo viene solamente para revisarse en los lineamientos.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: “Se aprueba la integración de la comisión. Dos, la integración será la siguiente”, y ahí está establecido.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Tiene la redacción de lo que dice la LGIPE, ¿no?, porque no hay prohibición en ley de acuerdo a esta reforma, no hay prohibición de integración por parte de los consejeros del Poder Legislativo, pero sí viene; porque no hay prohibición en ley, solamente la de Quejas y la de Fiscalización que la marca la ley.
Habrá que hacer puntual en este punto de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que los consejeros del Poder Legislativo y partidos políticos no deberán de estar en la Comisión.
Hay que mejorar la redacción y no trasladar lo que dice la LGIPE en el punto de acuerdo.
Muy bien.
¿Alguien más en tercera ronda?
No habiendo ya más participaciones, Secretaria, pasamos a la votación.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Como lo indica, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Con la solicitud de la Consejera Humphrey de que no contempla ese punto de acuerdo la participación.
No, yo creo que, si aceptamos todos de manera inicial que no estén los partidos, vamos con la observación ya de la consejera.
La otra sí la tendríamos que votar, porque ésa es por separado.
¿La otra es cuál, Carla?
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: De que no viene quién será la Secretaría Técnica de esta Comisión, y me parece que un acuerdo así tampoco le da viabilidad a que inicien los trabajos de la Comisión.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Normalmente nos ha tocado varias vivencias, desde tener una encargaduría de despacho en una Dirección, recuerdo perfectamente la Temporal de Presupuesto y no haber sido tomada en cuenta y haber sido declarada Secretaria Técnica a una subdirección, porque así lo definió la propia Comisión.
Entonces yo creo que es posible que se deje a la Comisión la valoración de quién va a fungir como Secretario Técnico de esta Comisión.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Solamente una cuestión, que una Comisión no puede funcionar sin una Secretaria Técnica; de ahí mi insistencia que votáramos en contra o se propusiera quién va a ser la o el Secretario Técnico de esta Comisión, entendiendo que leí el artículo 42, numeral 6, de la LGIPE, que establece claramente que tienen que ser las personas que estén a cargo, las personas titulares de una Dirección Ejecutiva o de una Unidad Técnica.
Si son o no encargadas o encargados pueden asumir estas funciones, pero aquí no estamos estableciendo a nadie y, por lo tanto, ¿quién va a hacer las convocatorias, el orden del día?, incluso para la primera sesión.
Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Y cómo podemos considerar si desde ahorita definimos eso, porque el planteamiento en el acuerdo viene para la definición de los lineamientos y el primer trabajo que harían los tres integrantes de la Comisión sería ése y definir la Secretaría Técnica.
Pero si es que ahorita tendríamos que definir, yo me inclinaría, si ustedes me permiten hacerles la propuesta, de que fuera como lo hemos comentado en las mesas de trabajo de las consejerías, pudiera ser la propia Secretaria Ejecutiva, por el nivel que tiene la creación de esta propia Comisión, si me lo permiten, independientemente que no sea Unidad Técnica ni Dirección Ejecutiva, creo que éste es un momento de excepción y pudiera caminar con la… Que segura estoy que se apoyará en alguna de las áreas que tiene bajo su comando.
Consejero Arturo Chávez.
Consejero del INE, Arturo Chávez López: Sí, nada más para apoyar que efectivamente de momento lo asuma la Secretaria Ejecutiva y ya en el proceso de debate de los lineamientos acordaremos quién la asumirá de manera definitiva y, sí, también sumarme a la posición de que no se incluya a los partidos políticos en la Comisión, sobre todo por la parte del manejo de la información que debe ser muy confidencial.
Ésas son las dos cosas que yo creo que deben quedar muy claras en el acuerdo.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muy bien.
Corrijo nada más, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos que comprende y que está dentro de la… Consejera Carla Humphrey y luego la Consejera Norma.
Consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Bueno, yo señalaba que la propia ley señala quiénes podrían ser Secretarias Técnicas de las comisiones, el artículo 42, numeral 6, de la LGIPE, y dice expresamente que será la persona titular de la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica correspondiente, en el entendido que pueden ser titulares o encargadurías, pero en ese sentido, como está claramente determinado en la norma quiénes pueden fungir como secretarías técnicas de las comisiones, yo no podría acompañar con el debido respeto el que fuera la Secretaria Ejecutiva, porque me parece además que ella tiene que ayudar a coordinar los trabajos de todas.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Asuntos Jurídicos, es decir, sería titular de la Secretaría Técnica la Dirección de Asuntos Jurídicos, que está finalmente a cargo de la Secretaria Ejecutiva.
Consejera Norma Irene De la Cruz.
Consejera del INE, Norma Irene De la Cruz Magaña: Gracias, Presidenta.
Pues muy brevemente, para sumarme a la propuesta de que no integren los partidos políticos esta Comisión.
Y también acompañaría la propuesta de que fuera la Secretaria Ejecutiva.
Gracias, Presidenta.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: A través… La propuesta concreta, Consejera Norma; perdón, Víctor Hugo, en un momento ya te doy el uso de la palabra, es a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Secretaría Ejecutiva, que es su inmediato superior.
Víctor Hugo Sondón.
Representante del PAN, Víctor Hugo Sondón Saavedra: Presidenta, creo que no retomaron mi propuesta que hice en mi intervención, por lo menos no veo que se esté mencionando.
Yo propuse en mi intervención que para una funcionalidad inmediata que se modifique el punto de acuerdo segundo para designar provisionalmente a una Unidad Técnica existente.
Por la naturaleza precisamente de las funciones de esta Comisión, es que propuse que fuera preferentemente una instancia con capacidad jurídica, de seguridad de la información y protección de datos, como puede ser la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, por naturaleza del registro de candidaturas, y no está siendo considerada.
Le pido de favor que pueda ser considerada esa propuesta.
Es cuanto, gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias.
Estaríamos entonces sometiendo a votación la existencia, primero, si hacemos un recuento, el proyecto de acuerdo con la modificación de que no integren los partidos políticos ni las representaciones del Poder Legislativo, la Comisión.
Y segundo, el nombramiento de una Secretaría Técnica. La primera propuesta es la de Víctor Hugo Sontón, que sea la Unidad Técnica, no la Dirección Ejecutiva, Prerrogativas y Partidos Políticos, y la propuesta que hace esta Presidencia es que sea la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, cualquiera de las dos podrá ser votada.
Votamos primero la de Víctor Hugo o si usted se suma, señor representante, a que sea la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, justo porque ella no funge como Secretaria Técnica de ninguna comisión, eso nos va a permitir que no se le cargue el trabajo de dos comisiones.
Representante del PAN, Víctor Hugo Sondón Saavedra: Presidenta, tengo muy claro que presidencia mata representación del PAN, me sumo.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchas gracias, Víctor Hugo.
Nos quedamos con la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, entonces.
Consejero Martín Faz.
Consejero del INE, José Martín Fernando Faz Mora: Pues no, yo sí retomo la de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para que se proponga también, yo votaría en ese sentido.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Gracias, Consejero Faz.
Entonces, como han sido presentadas las propuestas, Secretaria, primero, como viene con la modificación ya hecha por la Consejera Humphrey, que estamos acompañando de manera…
Representante de Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Sí, Consejera Presidenta, nosotros consideramos que no es necesario en este momento elegir a la Secretaría Técnica de la Comisión, como en otras comisiones y en otros procesos y en otros momentos se ha hecho que, como lo han mencionado otros consejeros y consejeras, una vez que estén los alineamientos se establece y se define la Secretaría Técnica.
Esa es nuestra postura. Gracias.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Muchísimas gracias.
Adelante, Secretaria.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Bien, iniciaremos entonces con la votación en lo general y con lo aquí ya señalado a propuesta de la Consejera Carla Humphrey y que no hubo oposición al respecto delimitando la integración de la Comisión.
Quien esté de acuerdo en esta sala, por favor levantar su mano.
Gracias.
Consejero Arturo Chávez.
Consejero del INE, Arturo Chávez López: A favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejera Norma Irene De la Cruz.
Consejera del INE, Norma Irene De la Cruz Magaña: A favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejero Jorge Montaño.
Consejero del INE, Jorge Montaño Ventura: Jorge Montaño a favor, Secretaria.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: ¿En contra en esta sala?
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Así como viene, no, es cómo viene el proyecto con la observación de Carla, sí, que se quita todo eso.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Entonces, serían nueve votos a favor y dos en contra, resultado de la votación.
Continuaríamos con la propuesta de la Consejera Presidenta para la Secretaría.
Quien esté a favor en esta sala.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: ¿Que sean las direcciones?
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Así es.
Gracias.
Lo hago primero.
¿En esta sala en contra?
Gracias.
Ahora pregunto el sentido de la votación de quien nos acompaña de manera virtual, Consejero Arturo Chávez.
Consejero del INE, Arturo Chávez López: A favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejera Norma Irene De la Cruz.
Consejera del INE, Norma Irene De la Cruz Magaña: A favor.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejero Jorge Montaño.
Consejero del INE, Jorge Montaño Ventura: Jorge Montaño, con la propuesta.
Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino: Gracias.
Consejera Presidenta, le informo que el resultado de la votación son ocho votos a favor y tres en contra.
Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala: Con esto terminamos, no es necesario la siguiente votación.
Gracias a todos.
Una vez agotados los asuntos del orden del día, Secretaria sírvase a proceder a lo conducente para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los documentos aquí aprobados y, en su caso, los que requieran extracto según corresponda.
Asimismo, informe el contenido de este documento a las salas superior y regionales del Tribunal para los efectos conducentes.
Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo, compañeros de este Instituto que hacen posible estas sesiones, agradezco a todos ustedes su presencia.
Buenas tardes.
Se levanta la sesión.
Texto y Fotografía: Instituto Nacional Electoral