12 de noviembre de 2026

Propuso reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial a fin de exigir unidades adaptadas, rampa, guías, dispositivos auditivos y espacios reservados.

Advirtió que más de 20.7 millones de mexicanas y mexicanos enfrentan barreras de movilidad cotidianas, mientras que en Nuevo León el 6.8% de la población vive con alguna discapacidad.

Para garantizar que el derecho constitucional a la movilidad sea una realidad equitativa para toda la población, la diputada Ana González González presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para hacer obligatoria la incorporación progresiva de unidades de transporte público accesibles para personas con discapacidad.

La propuesta adiciona un párrafo cuarto al artículo 43 del citado ordenamiento legal, exigiendo que las flotas de transporte cuenten con señalización universal, dispositivos auditivos, espacios reservados adaptados y elementos de accesibilidad que aseguren un desplazamiento digno, autónomo e independiente.

Ana González enfatizó que el diseño homogéneo de la infraestructura actual ignora la diversidad funcional y excluye a millones de personas. De acuerdo con datos del INEGI, en México habitan más de 7.1 millones de personas con discapacidad y 13.5 millones con alguna limitación, lo que suma más de 20.7 millones de personas afectadas por barreras físicas y urbanas.

“En estados como Nuevo León, donde más de 405 mil personas viven con alguna discapacidad, la gran mayoría de las rutas urbanas y paraderos carecen de rampas funcionales, piso bajo o señalización táctil y auditiva. Esta falta de accesibilidad se convierte en una barrera estructural que frena el acceso a la educación, la salud y la inclusión laboral”, argumentó la legisladora neoleonesa.

Detalló que la inoperancia de los sistemas concesionados obliga a las familias a destinar ingresos elevados en transporte privado o a depender del auxilio de terceros, perpetuando círculos de pobreza y marginación social.

Con esta reforma, la diputada Ana González, aseguró que las autoridades de los tres órdenes de gobierno contarán con un mandato normativo vinculante para condicionar la entrega y renovación de concesiones al cumplimiento de estándares de accesibilidad universal.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Diputados