Ciudad de México, 27 de mayo de 2026

En el Senado de la República se firmó el Pacto “Click protegido: articulación para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales”, como la suma de esfuerzos entre organizaciones, instituciones, especialistas, legisladores y sociedad civil, con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia digital y la explotación sexual, y avanzar hacia una ciudadanía digital segura y consciente.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, así como las senadoras Reyna Celeste Ascencio Ortega, Laura Esquivel Torres y Alejandra Barrales Magdaleno firmaron el pacto impulsado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

Con ello, se busca impulsar una estrategia integral que combine prevención, atención, educación digital, participación y coordinación entre sectores, con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interés superior de la niñez.

El presidente de la Comisión de Derechos Digitales, Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló que el nuevo territorio de vulneración sistémica de los derechos de la infancia y de la juventud es en Internet, por ello es fundamental impulsar mecanismos de prevención, educación y alfabetización digital.

El objetivo, subrayó, no debe ser el de alejar a la niñez y a la adolescencia del mundo digital, sino construir condiciones para que puedan habitarlo con seguridad, libertad y dignidad, porque corremos el riesgo de que una sobreprotección termine por truncar oportunidades de aprendizaje, esparcimiento y de sano desarrollo.

“No se trata de cancelar el acceso a Internet o de limitar el desarrollo de las infancias y adolescencias, sino de garantizarles un entorno más seguro, donde sus derechos estén protegidos y en el que las plataformas también asuman la parte que les corresponde”.

Colosio Riojas refirió que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 21 por ciento de la población de 12 años y más que son usuarias de Internet ha vivido algún tipo de ciberacoso, lo que representa alrededor de 18.9 millones de personas.

Además, indicó, que entre adolescentes y jóvenes de 12 y 19 años, la incidencia es todavía más alta: 29.2 por ciento en mujeres y 22.2 por ciento hombres.

Agregó que hasta 30 por ciento de las y los adolescentes han sido expuestos a imágenes sexuales no deseadas, 40 por ciento se ha enfrentado a ciberacoso, lo que confirma que no se hablan de casos aislados, sino de un problema sistémico que ya está instalado en la vida cotidiana de las juventudes y las infancias.

Por ello, puntualizó, se debe construir un espacio de diálogo en el que se puedan identificar rutas de colaboración para impulsar acciones de incidencia legislativa, porque desde el Senado tenemos una necesidad permanente de acompañar todas estas preocupaciones y transformarlas en propuestas serias.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Ascencio Ortega, advirtió que la realidad nos muestra brechas profundas al garantizar los derechos de la infancia en los entornos digitales, como la exposición involuntaria a material pornográfico, la explotación sexual en línea y otras violencias que constituyen violaciones, “y que con frecuencia ocurren en la invisibilidad, sin respuesta institucional coordinada, ni efectiva”.

“Hoy, los derechos de la infancia se juegan en una pantalla, una red social, en un mensaje de texto”; por ello, Estado, sociedad civil, academia, tienen la responsabilidad concreta de protegerlos de toda forma de violencia.

Este pacto, agregó, es el espacio que nos permite a los involucrados asumir de manera articulada los compromisos para garantizar el derecho pleno a la niñez y a la adolescencia en un entorno digital seguro.

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Laura Esquivel Torres, afirmó que un país que no puede defender la inocencia de sus niños no puede aspirar a mucho, porque detrás de una pantalla hay redes criminales.

Para cuidar de las niñas y niños, destacó la legisladora, se requiere de un trabajo coordinado de todas las trincheras, desde el gobierno, sociedad, familia, autoridades escolares, maestros y maestras, porque “todas y todos somos responsables”.

Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, dijo que es fundamental articular esfuerzos, porque es la única forma de impulsar avances que permitan garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. “Debemos garantizarles un acceso seguro a Internet para que se desarrollen de una forma adecuada en su día a día”.

Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de REDIM, señaló que las violencias digitales representan una amenaza creciente para los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues afectan directamente su salud mental y psicosocial, además de que quedan expuestos a ser víctimas de trata, explotación sexual y reclutamiento forzado de grupos criminales.

Indicó que México cuenta con leyes para proteger datos personales y derechos digitales; sin embargo, no existe un marco específico frente a la exposición de material sexual explicito; aún persisten desigualdades de acceso digital; y la coordinación entre instituciones, familias y sector privado es escasa.

Por ello, el objetivo del pacto -explicó-, es conformar una articulación estratégica, intersectorial e intergeneracional que, mediante un proceso de co-creación y corresponsabilidad, diseñe e impulse una estrategia integral para la prevención y atención de las violencias digitales contra niñas, niños y adolescentes, con énfasis en la exposición de pornografía y la comisión de delitos en línea.

Michelle Wong, Vocería del Grupo de Participación Juntas y Juntos por nuestros Derechos, expresó que es importante visibilizar la alfabetización de los entornos digitales en las escuelas para que “nos enseñen a niñas, niños y adolescentes de forma correcta la manera sana para convivir”.

Es necesario que, al formar parte del espacio digital, no se debe culpar a las niñas y niños por las violencias que viven en ese entorno, por el contrario, se deben impulsar acciones que permitan atenderlas.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores