20 de octubre de 2026

La diputada del PAN señala que es preciso dejar la “politiquería” y establecer en la ley quienes sí deben ser considerados traidores a la patria

La diputada Kenia López Rabadán (PAN) informó que presentó una iniciativa que reforma y adiciona una fracción 16 al artículo 123 del Código Penal Federal, a fin de que se castigue a las personas servidoras públicas coludidas con el narcotráfico como traidoras a la patria.

“Hoy pareciera que hay un discurso desde el gobierno y desde distintos medios de comunicación a propósito de quién es traidor a la patria y quién no es traidor a la patria. Incluso ha habido algunos integrantes del régimen que, dependiendo de la votación que se dé en alguna ley, consideran a los legisladores traidores a la patria o no traidores a la patria, y eso es pura retórica, eso es puro discurso, eso es simple y sencillamente politiquería”, señaló.

Por ello, en declaraciones a representantes de medios de comunicación, dijo que es preciso dejar claro quiénes sí son traidores a la patria y consideró que se deben considerar así a aquellos que entregan territorio mexicano y la paz de las familias a los cárteles de la droga.

“Por eso, el día de hoy he inscrito esta iniciativa para que el servidor público, esa persona hombre o mujer que cobra del erario, esto es, que cobra de los impuestos y que debería estar obligado a darles resultados positivos a los mexicanos, ese que en lugar de estar haciendo el bien hace el mal porque está coludido con el narcotráfico, porque están amafiados con el narco, esos servidores públicos deben ser sancionados”, aseveró.

López Rabadán llamó a Morena, al PVEM y al PT a que acompañen esta propuesta para que se tenga claro quiénes sí son traidores a la que son esos servidores públicos corruptos ligados con el crimen organizado y con el narco.

“Más allá de una discusión política o incluso ideológica, lo que necesitamos en México son garantías de seguridad, de paz, de estabilidad social. Eso no lo vamos a conseguir mientras haya políticos, mientras haya servidores públicos ligados con el narcotráfico, esos sí son traidores a la patria, hay que dejarlo claro en el Código Penal Federal, hay que investigar y hay que sancionar a esos traidores a la patria”, insistió.

Expuso que su propuesta a la letra dice: “Será considerado como traidor a la patria quien, siendo servidor público establezca acuerdos con una o más organizaciones de la delincuencia organizada dedicadas a la comisión de los delitos contra la salud previstos en los artículos 194 y 195 de este código, les proporciona deliberadamente protección, información, recursos públicos o facilidades operativas para la comisión de sus delitos, cuando mediante dichas conductas se someta o se pretenda someter el ejercicio de atribuciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, control migratorio o aduanero o inteligencia o contra inteligencia del Estado a las decisiones, instrucciones o directrices de dicha organización criminal”

Anotó que quienes estén coludidos con el narcotráfico tienen que ser reconocidos como traidores a la patria y ser sancionados.

Por otra parte, interrogada sobre la crisis de agua contaminada que se vive en Guadalajara, Jalisco, la diputada dijo que el derecho humano al agua es una obligación que deben cumplir los gobierno; sin embargo, esta situación refleja que para ello se requiere de presupuesto, de una estrategia administrativa y de sensibilidad política para que todas las personas puedan ejercer este derecho.

“Si hay una discusión administrativa esa se tiene que resolver, lo que no puede suceder es que los ciudadanos abran la llave y lo que aparezca sea un líquido asqueroso, es terrible.

“Yo tengo familia en Jalisco y me han dicho que es terrible, no puedes tomar agua, no te puedes bañar, no puedes lavarte las manos, las condiciones son infrahumanas. Entonces, me parece que la obligación clara y pública de todos los servidores de Jalisco y de todo el país es garantizar el derecho humano al agua”.

Respecto al supuesto pacto que hizo la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos con el Gobierno Federal para detener al exfiscal de la entidad, César Jáuregui, comentó que hay dos expedientes al respecto, uno local y uno a nivel federal.

Sostuvo que ella respalda las declaraciones de su dirigente nacional, Jorge Romero de que se investigue todo de manera objetiva, sin filias ni fobias y se sancione lo que debe ser sancionado.

“Que una fiscalía no tenga objetividad, sino tenga consignas en contra de alguien por su nombre y apellido, por su militancia o por sus posiciones públicas es terrible, es antidemocrático, es injusto y, por supuesto, hay que exigir que las fiscalías sean autónomas.

“También hay que exigir que el Poder Judicial tome decisiones en función de la ley, en función del Código Penal, en función de la Constitución, no en función de una orden recibida por una autoridad, por un partido político o por una posición ideológica partidista”.

Finalmente, se refirió a que la Unión Internacional de Magistrados (UIM) expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), al considerar que dejó de cumplir las condiciones de independencia y apoliticidad exigidas a las asociaciones integrantes, debido a su respaldo a la reforma judicial que estableció la elección popular de jueces y magistrados.

Mencionó que esto se veía venir, era lógico, era claro, “no puede haber algo bueno de una tómbola con bolitas caídas destruyendo decenas de años de legisladores, digamos, enfocados a la objetividad. Se acabó. Esta tómbola para quitar a jueces, a magistrados, a ministros, fue terrible y ahí están las consecuencias”.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados