Ciudad de México, 13 de agosto de 2026

Si se gastaron 17 mil millones para una Megafarmacia que no resolvió el desabasto, debe haber recursos para reembolsar a los pacientes que están pagando los medicamentos de su bolsillo.

Apenas 34% de la población atendida en el IMSS-Bienestar evalúa positivamente la disponibilidad de medicamentos, muy lejos del 98% de abasto que presume la presidenta Sheinbaum.

Ante la persistencia del desabasto de medicamentos en las instituciones públicas y los gastos que las familias deben asumir para mantener sus tratamientos, el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud e integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para incorporar en la Ley General de Salud el derecho al reembolso de los gastos por medicamentos e insumos que las instituciones públicas no suministren a sus pacientes.

Ramírez Barba señaló que el Gobierno federal insiste en presentar el problema del abasto como prácticamente resuelto, pero los datos más recientes muestran una realidad distinta.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que solamente 42.8% de los usuarios del IMSS evaluó favorablemente la disponibilidad de medicamentos; 42.3% en el ISSSTE y apenas 34.1% en IMSS-Bienestar.

A ello se suman los reportes ciudadanos. De acuerdo con información de Cero Desabasto, desde la creación de su plataforma en 2019 y hasta el 16 de julio de 2026 se habían acumulado 12 mil 974 reportes de pacientes y organizaciones por falta de medicamentos, de los cuales 270 corresponden solamente a 2026.

Los registros del colectivo muestran además que, entre 2022 y 2026, el IMSS ordinario concentra 2 mil 11 reportes por falta de medicamentos, insumos y material de curación; IMSS-Bienestar, mil 213; ISSSTE, 432; Pemex, 23; y la Secretaría de la Defensa Nacional, 22.

El legislador contrastó estos datos con el reporte del Gobierno federal de un abasto promedio superior a 98% en IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Ramírez Barba sostuvo que las respuestas implementadas por los gobiernos de Morena no han resuelto de fondo las fallas de planeación, compra, almacenamiento, distribución y entrega de medicamentos. La Megafarmacia del Bienestar alcanzó en 2026 un costo total estimado de 17 mil 635 millones de pesos, considerando la inversión realizada y los recursos proyectados para su operación.

“Si el Gobierno puede comprometer más de 17 mil millones de pesos en una Megafarmacia que no resolvió el desabasto, también puede establecer recursos para reembolsar a los pacientes que tienen que comprar de su bolsillo los medicamentos que el propio sistema público debía entregarles”, señaló.

Frente a este escenario, la iniciativa del PAN propone una consecuencia clara: si una institución pública prescribe un medicamento que debe proporcionar y no lo entrega, obligando al paciente a comprarlo para iniciar o continuar su tratamiento, debe existir un derecho efectivo al reembolso de ese gasto.

La propuesta tiene como fundamento un criterio que ya fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde octubre de 2023. La Primera Sala estableció que el Estado debe garantizar la continuidad de los tratamientos y que, cuando la omisión o el suministro tardío de un medicamento obliga al paciente a adquirirlo por su cuenta para no poner en riesgo su salud, procede el reembolso de los gastos realizados. Jurisprudencia 1a./J. 153/2023 (11a.), registro digital 2027441.

“La Suprema Corte ya reconoció este derecho. Lo que estamos proponiendo es que ningún mexicano tenga que promover un amparo y llegar hasta los tribunales para recuperar el dinero que tuvo que gastar porque una institución pública no le entregó su medicamento”, explicó Ramírez Barba.

Mientras el Gobierno presume gratuidad, los mexicanos siguen pagando de su bolsillo: 38.3% del gasto en salud se destina a medicamentos y 287 mil hogares cayeron en pobreza por pagar atención médica, 60% más que hace seis años.

La reforma del PAN adiciona un artículo 34 Bis a la Ley General de Salud para convertir este criterio en un derecho exigible. De manera general, el reembolso procederá cuando exista una prescripción o indicación de la propia institución, se acredite la falta total o parcial de suministro y el paciente demuestre que tuvo que adquirir con sus recursos el medicamento o insumo necesario.

La propuesta también establece mecanismos para documentar el no surtimiento y deja claro que el reembolso no sustituye la obligación principal de las instituciones de restablecer y garantizar el suministro oportuno, permanente y constante.

“No estamos proponiendo que el paciente salga normalmente a comprar sus medicamentos. La obligación del Estado sigue siendo entregarlos. Lo que decimos es que, si el Gobierno falla y obliga a una familia a pagar para no interrumpir un tratamiento, ese dinero tiene que regresar a su bolsillo”, puntualizó.

La iniciativa será parte de la agenda legislativa en materia de salud que el Grupo Parlamentario del PAN impulsará de cara al próximo periodo ordinario de sesiones.

Ramírez Barba recordó que Morena y sus aliados ya rechazaron una propuesta del PAN en esta misma materia. En julio de 2026, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados desechó una iniciativa presentada por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y legisladores del Grupo Parlamentario del PAN, que proponía incorporar a la Ley General de Salud un mecanismo de reembolso.

“Morena ya rechazó que los pacientes recuperen el dinero que gastan cuando el Gobierno no les entrega sus medicamentos. Hoy tiene la oportunidad de corregir. No puede seguir negando en el Congreso un derecho que la propia Suprema Corte ya reconoció”, afirmó.

El secretario de la Comisión de Salud destacó que el PAN seguirá impulsando medidas para garantizar la continuidad de los tratamientos, especialmente para pacientes con cáncer, enfermedades raras, diabetes, enfermedades renales y otros padecimientos graves, crónicos o degenerativos, en los que la interrupción de los medicamentos puede tener consecuencias irreversibles.

“Para estos pacientes el desabasto no es un problema administrativo. Una semana o un mes sin medicamento puede significar complicaciones, progresión de la enfermedad, hospitalización o poner en riesgo su vida. Si el Gobierno prescribe un tratamiento, tiene que garantizarlo; y si no entrega el medicamento y obliga al paciente a pagarlo, tiene que reembolsarlo. Ese derecho debe quedar en la ley”, concluyó.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PAN en Cámara de Diputados