Ciudad de México, 30 de abril de 2026

El diputado federal Mario Zamora Gastélum advirtió que en Sinaloa “lo que antes eran testimonios, hoy se convierte en acusaciones formales”, en referencia a la petición surgida en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios por el delito de tráfico de drogas.

En entrevista, el legislador priista recordó que durante el proceso electoral de 2021 se registraron amenazas, intimidación, privación ilegal de la libertad de funcionarios de casilla y presión directa a candidatos, lo que incluso derivó en la ausencia de contendientes de oposición en algunos municipios.

“Pudimos documentar una intervención clara del crimen organizado en apoyo a un proyecto político. Hoy, cinco años después, las consecuencias están a la vista”, señaló.

Mario Zamora subrayó que los sinaloenses tienen derecho a conocer la verdad y exigió que las autoridades mexicanas investiguen a fondo. “Nadie puede estar por encima de la ley. Si hay responsabilidades, deben deslindarse y sancionarse”, afirmó.

Describió la situación actual del estado como “un verdadero desastre”, al señalar que Sinaloa enfrenta una crisis generalizada: incremento en desapariciones, robo de vehículos, cierre de negocios y abandono de sectores productivos como el campo, la pesca y la ganadería. Indicó que no existen indicadores positivos en empleo, turismo o crecimiento económico.

Agregó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 9 de cada 10 habitantes de Culiacán manifiestan sentirse inseguros. “Vivir con miedo no es aceptable. Sinaloa necesita confianza, no propaganda; necesita hechos, no discursos”, puntualizó.

El legislador sinaloense señaló que en su momento se promovieron impugnaciones electorales, incluso ante instancias internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), ante la falta de condiciones equitativas en la contienda.

Por ello, insistió que el Gobierno de México y la Presidenta deben investigar posibles vínculos entre autoridades y grupos criminales, especialmente ante los retiros de visas por parte de Estados Unidos a funcionarios públicos.

“Debe ser motivo suficiente para preguntarnos qué está pasando. México cuenta con instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, las fiscalías y órganos de seguridad que deben actuar”, enfatizó.

El diputado Mario Zamora sostuvo que este momento representa una oportunidad histórica para corregir el rumbo del país. “Más allá de ideologías o partidos, debemos dejar claro que hay una línea que no se puede cruzar: ningún gobernante puede ser empleado del crimen organizado”, concluyó.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Diputados