Ciudad de México, 31 de mayo de 2026

El diputado Joaquín Zebadúa Alva (Morena) propuso una iniciativa que busca reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para prevenir y regular el conflicto de interés en el Poder Legislativo, con el objetivo de fortalecer la transparencia y evitar la influencia indebida de intereses privados en las dediciones públicas.

En conferencia de prensa acompañado de representantes de organizaciones como El Poder del Consumidor, Fundar (Centro de Análisis e Investigación), Poder Latam y la colectiva CambiemoslaYa, indicó que busca la creación de un padrón público de cabilderos, mecanismos obligatorios para que legisladores se excusen de participar en asuntos donde exista conflicto de interés.

Así como restricciones para impedir que exdiputados o exsenadores puedan trabajar como cabilderos durante cinco años después de concluir su encargo.

Explicó que la propuesta surgió tras experiencias registradas en la discusión de la reforma a la Ley Minera de la pasada Legislatura, cuando detectó intentos de modificación de última hora al texto legal mediante cabildeo no transparente, por ejemplo, cambios en la redacción relacionada con la consulta previa a pueblos originarios, que alteraban el sentido de la disposición.

“Había una parte que tenía que ver con la regulación de la consulta libre previa informada a los pueblos originarios para la cuestión minera, y decía en el texto normativo propuesto previo a la entrega de la concesión minera que habrá una consulta informada, y a la hora que pasó a la publicación en Gaceta le habían quitado la preposición y el artículo. Entonces decía ‘previo a entrega de la concesión minera se hará la consulta’”, recordó.

En ese sentido, comentó que a inicios de esta Legislatura se creó un grupo de trabajo con las diputadas Claudia Rivera Vivanco, Xóchitl Zagal, Tatiana Ángeles y el diputado José Armando Fernández Samaniego, en coordinación con organizaciones como El Poder del Consumidor, Poder LATAM y Fundar, que elaboraron esta iniciativa de ley que previene el conflicto de interés y lo regula.

“Queremos tener la absoluta certeza de quienes están haciendo cabildeo y quienes tienen conflicto de interés”, puntualizó.

En su oportunidad, Cristian Torres, representante de la organización El Poder del Consumidor, consideró que es una reforma fundamental para fortalecer dicha ley en materia de conflicto de interés, ya que la corrupción empieza cuando los intereses privados interfieren con las responsabilidades públicas.

Añadió que la falta de controles y transparencia permite que decisiones gubernamentales beneficien a sectores particulares por encima del interés colectivo.

“Los conflictos de interés erosionan la confianza pública, distorsionan las políticas públicas y permiten que las decisiones que deberían de responder al bienestar colectivo termine beneficiando a unos cuantos. Cuando no existen mecanismos eficaces de transparencia, vigilancia y rendición de cuentas, esos conflictos de interés se convierten en una corrupción estructural”, señaló.

Asimismo, mencionó el caso de Majahual, Quintana Roo, como ejemplo de posibles conflictos de interés vinculados con proyectos privados y cambios de uso de suelo que afectan ecosistemas y comunidades.

Por su parte, María Julieta Lamberti, en representación de Poder LATAM, sostuvo que declarar conflictos de interés no debe limitarse a un trámite administrativo, sino que deben existir garantías de imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas.

También propuso hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses de funcionarios, además de crear registros de personas políticamente expuestas y de beneficiarios reales de empresas.

En representación de Fundar, Janet Oropeza destacó que la iniciativa establece por primera vez mecanismos específicos y vinculantes para regular el conflicto de interés y el cabildeo en el Congreso mexicano, atendiendo observaciones realizadas previamente por organismos internacionales.

Por otro lado, Óscar Reséndiz, representante de El Poder del Consumidor, señaló que la propuesta busca proteger derechos humanos como la salud, el acceso al agua, la vivienda y el medio ambiente, al evitar que intereses económicos capturen decisiones legislativas.

Zebadúa Alva aseguró que la iniciativa contempla sanciones administrativas, inhabilitaciones y multas, además de reglas claras para transparentar los vínculos de legisladores y grupos de interés.

El diputado sostuvo que el objetivo no es impedir la representación de sectores productivos en el Congreso, sino garantizar que exista transparencia y evitar prácticas opacas o incentivos indebidos, como viajes o beneficios ofrecidos por empresas durante procesos legislativos.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados