Ciudad de México, 28 de mayo de 2026

La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que preside la senadora Edith López Hernández, aprobó un proyecto de decreto para dar mayor solidez a las acciones que se emprenden para defender el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos.

La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas tiene por objetivo reconocer y garantizar la protección, salvaguardia y el desarrollo del patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en términos de los artículos 1, 2, 4 y 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen de la Comisión, avalado por unanimidad, plantea derogar la fracción VII del artículo 69 de dicho ordenamiento, cuyo texto vigente indica que son infracciones “las que deriven de la interpretación de la Ley y su reglamento”.

Con esta derogación, argumentaron los senadores en el dictamen, se cierra el catálogo de infracciones administrativas a aquellas expresamente previstas en el propio ordenamiento legal.

La senadora López Hernández precisó que esta modificación contribuye a dar mayor claridad y certeza al marco jurídico previsto en esa norma, para fortalecer su aplicación y dar mayor solidez a las acciones que se emprenden para defender el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Subrayó que, en particular, se reafirma que las conductas sujetas a sanción deben estar previstas de manera clara en dicha Ley, con lo cual se fortalece la seguridad jurídica y la eficacia de sus mecanismos de protección.

“Esta reforma no reduce ni limita los derechos reconocidos en la ley; por el contrario, contribuye a consolidar un marco jurídico más claro y más sólido para la defensa del patrimonio cultural y de los derechos colectivos reconocidos en el artículo segundo constitucional”, aclaró.

La senadora de Morena y promovente de esta reforma, Ana Lilia Rivera Rivera, acotó que, a pesar de que se trata de un ajuste técnico a la Ley, el cambio posee un trasfondo constitucional, pues la disposición vigente de que se pueden considerar como fracciones aquellas que deriven de la interpretación de la ley, puede generar incertidumbre jurídica.

Por ello, defendió que las conductas sancionables deben estar previstas de manera clara, previa y expresa en la Ley, conforme a los principios de tipicidad y seguridad jurídica, con lo que esta reforma fortalece la solidez del régimen constitucional del país.

La secretaria del órgano legislativo, María Martina Kantún Can, enfatizó que las y los legisladores de la Comisión buscan siempre velar por el patrimonio y la cultura de los pueblos originarios del país, además de que el Senado de la República legisla en favor de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores