Boca del Río, Veracruz, 29 de mayo de 2026

La Consejera Carla Humphrey Jordan, en el marco del panel Fiscalización y Rendición de Cuentas, destacó que el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta desafíos estructurales y tecnológicos sin precedentes rumbo al Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, lo que exige una transformación profunda de sus mecanismos de control y supervisión.

Durante su intervención, la también integrante de la Comisión de Fiscalización del INE subrayó que la magnitud del próximo proceso implicará fiscalizar entre 25 mil y 35 mil candidaturas a nivel nacional, lo que representa “un reto muy importante que exige reforzar capacidades humanas, técnicas y tecnológicas”.

“Tenemos que evolucionar hacia una fiscalización más potente, en tiempo real, con herramientas tecnológicas que nos permitan ser más eficientes y oportunos en la rendición de cuentas”.

La Consejera enfatizó que la fiscalización debe adaptarse a nuevas dinámicas, como el crecimiento de la propaganda digital, el uso de Inteligencia Artificial y la sofisticación de los esquemas de financiamiento, lo que obliga a fortalecer el monitoreo en redes sociales y la trazabilidad de los recursos.

Asimismo, alertó sobre la necesidad de avanzar hacia modelos basados en riesgo que permitan enfocar los esfuerzos institucionales en información relevante y evitar la saturación de datos: “Necesitamos saber qué vamos a pedir, por qué lo vamos a pedir y cómo lo vamos a pedir para obtener información útil para la fiscalización”.

Entre los principales retos identificó la detección de financiamiento ilícito, el rastreo de beneficiarios reales y la posible intervención extranjera en procesos electorales, aspecto derivado de la reciente aprobación de la reforma electoral, así como la urgencia de contar con sistemas interoperables que permitan compartir información y reducir cargas operativas.

En este contexto, la Consejera Humphrey habló sobre la reciente aprobación de una comisión de verificación de integridad de candidaturas, conformada por tres consejerías electorales, con el objetivo de analizar perfiles de personas aspirantes y advertir posibles riesgos relacionados con vínculos ilícitos.

Este mecanismo, indicó, contemplará la coordinación con instancias de seguridad e inteligencia financiera para identificar antecedentes o posibles nexos con actividades delictivas, incluidos aquellos asociados al crimen organizado. No obstante, aclaró que la participación de los partidos políticos será voluntaria, por lo que corresponderá a estos determinar el registro a partir de la información de riesgo que se les proporcione.

En concordancia con lo expuesto por la Consejera, el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, Mario Alberto Alejo García, señaló que la institución enfrenta desafíos operativos y tecnológicos que impactan directamente en la revisión de ingresos y gastos de partidos políticos y candidaturas.

Comentó que la fiscalización implica procesos complejos que van desde la recepción de información hasta la emisión de dictámenes consolidados, en un contexto de creciente volumen de datos, así como de limitaciones presupuestales y de personal.

Asimismo, coincidió en que el aumento de la propaganda digital y los esquemas de simulación representan uno de los mayores retos de cara al 2027, por lo que será clave el uso de herramientas tecnológicas e Inteligencia Artificial para el monitoreo y análisis.

Ma del Refugio García López, Vocal Ejecutiva del INE en Hidalgo, mencionó que la fiscalización en México enfrenta actualmente un escenario de creciente complejidad, que demandará mecanismos más ágiles, preventivos y coordinados para responder a la digitalización de las campañas y a la sofisticación del financiamiento político. En ese sentido, puntualizó que esta función no sólo revisa recursos, sino que “protege principios como la equidad, la legalidad y la transparencia en la competencia electoral”.

Expertas y expertos analizaron Reforma Electoral

En el contexto de la reciente actualización a la legislación electoral, se realizó el Foro Una nueva propuesta de reforma electoral: ¿Derechos políticos y electorales en juego? En el que participó Laura Fabiola Bringas Sánchez, Encargada de Despacho de la Vocalía Ejecutiva de Durango, dijo que la propuesta presidencial implica un cambio estructural hacia un modelo que busca fortalecer la integridad, la seguridad y la soberanía desde las autoridades electorales. Destacó que esta transformación requiere una “arquitectura normativa fina”, ya que un diseño inadecuado podría afectar derechos fundamentales como votar, ser votado y participar en condiciones de equidad, así como el acceso a una justicia electoral independiente.

Resaltó que la reforma electoral puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la integridad democrática, simplificar procesos y modernizar procedimientos sin comprometer las libertades políticas.

Por su parte, Nora Leticia Cerón González, Consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo, explicó que la reforma electoral busca establecer mecanismos para que los partidos políticos cuenten con información suficiente, relevante y oportuna sobre la integridad de las personas aspirantes a cargos de elección popular, fortaleciendo los controles previos a las candidaturas para mejorar la calidad e idoneidad de quienes participan en los procesos electorales.

Respecto de la comisión encargada de verificar las candidaturas, señaló que podría funcionar como un mecanismo preventivo, voluntario y confidencial, respetuoso de la presunción de inocencia y el debido proceso, aunque requeriría recursos para su operación.

Gustavo Hernández Martínez, Consejero del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, expuso que la reforma presenta fortalezas relacionadas con la organización y funcionamiento del sistema electoral y judicial, entre ellas la creación de instancias de coordinación para mejorar la operación de los comités de evaluación, la participación ciudadana en la elección de cargos judiciales y ajustes en la distritación y en la concurrencia de los procesos electorales.

No obstante, advirtió riesgos en materia de seguridad electoral, derechos políticos y autonomía institucional. Asimismo, hizo referencia a la creación de la comisión para prevenir candidaturas con posibles vínculos delictivos.

A su vez, Jesús Miguel Armendáriz Olivares, Consejero del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, indicó que la implementación de la reforma implicará un crecimiento institucional significativo del INE, particularmente en la verificación de integridad de candidaturas, por lo que será necesario desarrollar infraestructura especializada similar a la utilizada actualmente en materia de fiscalización.

La mesa fue moderada por Hernán González Sala, Consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y Tesorero de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI).

De esta manera concluyeron las actividades del Foro Elecciones Concurrentes 2027: Retos del Sistema Nacional Electoral, donde autoridades electorales, fiscalías, así como magistraturas nacionales y estatales, intercambiaron inquietudes y experiencias de cara a la Jornada Electoral más compleja del país.

Texto y Fotografía: Instituto Nacional Electoral