Ciudad de México, 29 de mayo de 2026

La Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, que preside el diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (Morena), aprobó por ocho votos a favor un dictamen para establecer que los programas de protección civil deben prever la gestión ordenada de entradas, salidas y control de aforos en tiempo real, en eventos masivos.

La adición a los artículos 77 y 78 de la Ley General de Protección Civil precisa que tratándose de eventos en espacios de concentración masiva se deberán prever mecanismos para la gestión ordenada de accesos y salidas, el control de aforos en tiempo real, así como la implementación de sistemas de información y orientación continua al público durante el desarrollo del evento.

Ello, en coordinación con las autoridades competentes en materia de seguridad, y medidas orientadas a prevenir riesgos que afecten la integridad y seguridad de las personas asistentes.

El dictamen explica que México es un país en el que los eventos masivos forman parte de la vida social, cultural, deportiva y económica, como conciertos, ferias, celebraciones religiosas, festivales y eventos deportivos que reúnen cotidianamente a miles de personas en espacios que, en muchos casos, no fueron diseñados originalmente para soportar grandes concentraciones humanas.

Subraya que, a pesar de la existencia de programas internos de protección civil, la regulación vigente se enfoca principalmente en la planeación previa y en la reacción ante emergencias, por lo que es fundamental fortalecer las obligaciones relacionadas con la gestión operativa durante el desarrollo de los eventos.

Puntualiza que es indispensable reconocer que la seguridad en eventos de concentración masiva no se limita únicamente a la atención de emergencias o contingencias, sino que también implica la prevención de riesgos que puedan afectar la integridad de las personas asistentes.

Previamente se avaló por siete votos a favor, uno en contra y cero abstenciones el dictamen, en sentido negativo, a la iniciativa de reforma a los artículos 77 y 78 de la Ley General de Protección Civil, que planteaba que sería requisito indispensable para aquellos servidores públicos de protección civil actualizar su capacitación cuando menos cada año.

Se dictaminó en negativo “debido a que impone una carga administrativa sin dejar margen a los municipios para determinar, conforme a sus capacidades financieras y operativas, los mecanismos de profesionalización de su personal”.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados